Sentencia AA-434-15 — Registro 8686
Resumen
Resolución impugnada que suspende el beneficio de jubilación de impetrantes en virtud de mantener èstos una relación laboral con otra institución del Estado (IHSS) no obstante de percibir dicho beneficio,argumentando recurrentes falta de respuesta a reclamo administrativo a dicha resoluciòn,pero constando que se le dio respuesta por parte de INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad establecida en la ley y en el caso particular de recurrentes con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen el recurso de amparo administrativo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de las señoras MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZLINA contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo del dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental contenido en el artículo 258 de la Constitución de la República, como es el derecho a tener más de un trabajo y al mismo tiempo estar, gozando al derecho de su jubilación, en vista que el artículo en mención no especifica si está jubilado o no, por lo que se pide se proceda a reactivar el derecho de jubilación a sus representadas lo más pronto posible y así poder restituir su derecho, al considerar que la resolución tomada por el INJUMPEMP carece de toda legalidad al suspender el derecho de jubilación a las personas que con tanto esfuerzo obtuvieron su derecho de jubilarse y vivir su vejez de una manera decorosa y a pesar del reclamo administrativo que se interpuso en el mes de mayo del dos mil catorce (2014), el INJUPEMP ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado sobre el mismo solicitando en reiteradas ocasiones su pronta resolución y en vista de la negativa de dar una respuesta a sus representadas el recurrente interpone el presente recurso de reposición con suspensión del acto reclamado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del análisis de los antecedentes, se considera que no se ha quebrantado el artículo constitucional que dispone: “Tanto en el Gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador publico que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones“. Esto en virtud, que se estima que en la relación existente entre la amparista y el INJUMPEMP, no es aplicable la normativa que considera violada, por no existir entre ambos una relación laboral que implique el derecho de uno de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, la relación que existe entre ellos se regula, por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Es así que el artículo 60 de la ley anterior de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, vigente hasta el trece (13) de mayo del dos mil catorce (2014), señalaba: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semi autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades debidamente percibidas”. El espíritu de esta norma es igualmente recogido en el artículo 83 del Decreto 357-2016, que contiene la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, que homologa: “Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibles con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía a la pensión percibida”.-CONSIDERANDO SEIS (6): El amparista, quien pese a estar gozando del beneficio de jubilación por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral producto del cual percibe un salario mensual como empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social es un órgano descentralizado del Estado, lo cual constituye una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en cuyo caso deberá estarse con lo dispuesto en artículo 84 que señala: “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo”..-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular de las recurrentes señoras MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZLINA, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de J
Legislación citada
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11, art. 60 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 2, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 15 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 84 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de los señores MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZLINA contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo del dos mil catorce (2014). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los derechos y garantías consignados en el artículo 258 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha once (11) de mayo de dos mil quince (2015), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado GREGORIO DEL CID, interponiendo recurso de amparo, a favor de las señores MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZLINA contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión de la jubilación a partir del mes de mayo de dos mil catorce, manifestando el recurrente que con dichas actuaciones se han violentado en perjuicio de sus representados los derechos y garantías consignados en el artículo 258 de la Constitución de la República.-2) Que en fecha trece (13) de mayo de dos mil quince (2015), se tuvo por admitido el recurso de amparo, ordenándose librar comunicación a la autoridad recurrida, para que en el término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 18 de la pieza de amparo).-3) Que en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), remitió el informe correspondiente, en el cual se advierte lo siguiente: a) Que los mencionados señores, presentaron ante el INJUPEMP, solicitud de Jubilación voluntaria: MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, efectiva a partir del 29 de agosto del 2005; la señora LIDIA MARINA UCLES CRUZ, efectiva a partir del 25 de junio del 2011; ALTAGRACIA SIERRA efectiva a partir del 29 de agosto del 2007; ELIZABETH CASCO ALVARADO, efectiva a partir del 04 de septiembre del 2012; TEOFILA SALVADORA OSORIO efectiva a partir del 01 de julio del 2011; y, la señora OFELIA RODRIGUEZ efectiva a partir del 22 de diciembre del 2010, percibiendo pagos indebidos desde esas fechas. b) En fecha 22 de abril del 2014 mediante oficio CI IHSS N° 185/2014, la Comisión Interventora del IHSS, envió al INJUPEMP un listado de los empleados que estaban laborando actualmente en el IHSS y recibiendo jubilación del INJUPEMP, asimismo de los empleados del IHSS que se encontraban en su condición de retirada, y que se detectó que continuaron laborando por algún periodo de tiempo posterior a la fecha de jubilación; esto con el propósito de que se adoptaran las medidas legales correspondientes. Después de verificar el listado en el oficio CI IHSS N° 185/2014, cobrados jubilaciones indebidamente se procedió a suspendérseles su jubilación a partir del 6 de mayo de 2014, cancelándoseles el pago de su beneficio hasta el mes de abril de 2014. c) Que en fechas treinta (30) de mayo y cinco (5) de agosto del dos mil catorce (2014), el Abogado GREGORIO DEL CID, presentó escrito mediante el cual solicitaba la reactivación de un derecho de jubilación que le fuera suspendido a sus representadas. Como en todo procedimiento Administrativo, se admitieron dichas reclamaciones, para verificar el alcance legal de lo peticionado por las señoras antes descritas, ya que en la mayoría de los casos, la suspensión se produjo en el marco de vigencia de la Ley anterior del INJUPEMP, por lo que la Dirección Interna del INJUPEMP emitió resolución DI N.-032-2014, a efecto de instruir las dependencias relacionadas del Instituto, que con carácter de urgente se realizara propuesta al procedimiento a seguir para la suspensión y la reactivación oportunamente de las jubilaciones de acuerdo a los artículos 83, 84 de la nueva Ley del INJUPEMP, por lo que tal resolución está orientada además bajo qué condiciones deben de reintegrarse al Instituto, los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, a que los participantes que hubieren percibido pensión de jubilación y salarios en forma simultánea; de igual forma la Dirección Interna en uso de sus facultades legales, mediante resolución número DI 055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014), resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual en otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción de Instituto, el cese de la incompatibilidad en la ley, situación de hecho que ninguno de los reclamantes acreditó al Instituto. En caso similares la pretensión de reactivación del beneficio de jubilación voluntaria se ha fundamentado en el artículo 258 de la Constitución de la República, pero en el caso particular de los reclamantes, se considera no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero que percibe en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado ni trabajador ni como retribución a la labor que desarrolla en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria que no es más que un derecho que se adquiere por razón de edad y años de servicio en un período calificado en atención de las aportaciones personales y patronales contribuidas al sistema de previsión social como lo es el INJUPEMP. d) Que en el caso particular de las mencionadas señoras el artículo 60 de la Ley anterior del INJUPEMP, era causa de incompatibilidad al percibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado salario como retribución de su actividad laboral desarrollada como empleados del IHSS, de forma simultánea, lo que no solo daría lugar a la suspensión de pagos conforme a tal artículo, sino también a exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual manera y de forma específica, que es la situación de derecho que nos ocupa, en la ley vigente de INJUPEMP, que entró en vigencia el trece (13) de mayo del corriente año, también en su artículo 84, se regula la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole en este momento a la Dirección Interina dictaminar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, estableciendo como consecuencia reintegrar a el Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, en los casos que se sucinten dentro del marco de vigencia de la nueva ley, como así se encuentra el parámetro legal determinado a la suspensión de la jubilación de beneficios. (Folios del 13 al 15 de la pieza de amparo).-4) Que en fecha ocho (8) de septiembre del dos mil quince (2015), se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando dar vista al Fiscal por el término de cuarenta y ocho(48) horas para que emitiera su dictamen. (Folios del 29 al 33 de la pieza de amparo).-5) Que con fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil quince (2015), se tuvo por evacuada la vista concedida al Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, y por emitido su dictamen, en el cual es del parecer que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesto.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen el recurso de amparo administrativo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de las señoras MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZLINA contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo del dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental contenido en el artículo 258 de la Constitución de la República, como es el derecho a tener más de un trabajo y al mismo tiempo estar, gozando al derecho de su jubilación, en vista que el artículo en mención no especifica si está jubilado o no, por lo que se pide se proceda a reactivar el derecho de jubilación a sus representadas lo más pronto posible y así poder restituir su derecho, al considerar que la resolución tomada por el INJUMPEMP carece de toda legalidad al suspender el derecho de jubilación a las personas que con tanto esfuerzo obtuvieron su derecho de jubilarse y vivir su vejez de una manera decorosa y a pesar del reclamo administrativo que se interpuso en el mes de mayo del dos mil catorce (2014), el INJUPEMP ha hecho caso omiso y no se ha pronunciado sobre el mismo solicitando en reiteradas ocasiones su pronta resolución y en vista de la negativa de dar una respuesta a sus representadas el recurrente interpone el presente recurso de reposición con suspensión del acto reclamado.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del análisis de los antecedentes, se considera que no se ha quebrantado el artículo constitucional que dispone: “Tanto en el Gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador publico que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones“. Esto en virtud, que se estima que en la relación existente entre la amparista y el INJUMPEMP, no es aplicable la normativa que considera violada, por no existir entre ambos una relación laboral que implique el derecho de uno de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, la relación que existe entre ellos se regula, por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Es así que el artículo 60 de la ley anterior de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, vigente hasta el trece (13) de mayo del dos mil catorce (2014), señalaba: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semi autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades debidamente percibidas”. El espíritu de esta norma es igualmente recogido en el artículo 83 del Decreto 357-2016, que contiene la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, que homologa: “Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibles con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía a la pensión percibida”.-CONSIDERANDO SEIS (6): El amparista, quien pese a estar gozando del beneficio de jubilación por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral producto del cual percibe un salario mensual como empleado del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social es un órgano descentralizado del Estado, lo cual constituye una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en cuyo caso deberá estarse con lo dispuesto en artículo 84 que señala: “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo”..-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular de las recurrentes señoras MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZLINA, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad con el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 183, 258, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 60 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11; 2 numeral 3), 15), y 20) y 83 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013; 8 y 84 de la Ley del Seguro Social (Decreto 80-2001); 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, a favor de las señoras MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZLINA contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo del dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID; en su condición de Apoderado Procesal de las señoras MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZ, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veintitrés (23) de mayo del presente año dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado GREGORIO DEL CID a favor de las señoras MARIA TERESA NUÑEZ PERATTO, OFELIA RODRIGUEZ, TEOFILA SALVADORA OSORIO, ALTAGRACIA SIERRA, ELIZABETH CASCO ALVARADO y LIDIA MARINA UCLES CRUZ, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistente en la suspensión del beneficio de jubilación a partir del mes de mayo del año dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (2): Que vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso arguyendo que: 1.-En fecha seis de mayo del año 2014, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)[1], tomó la decisión de suspender el derecho de jubilación a sus representadas, por lo tanto procedió a interponer el reclamo administrativo correspondiente, sin embargo INJUPEMP nunca dio respuesta al reclamo administrativo a pesar de las múltiples solicitudes que se hicieron con el fin que se resolviera el reclamo; 2.- De la lectura del artículo 258[2] constitucional se puede apreciar claramente que se está violentando un derecho, como lo es el derecho a tener mas de un trabajo y si es que la jubilación se considera un trabajo, que no debe verse como un trabajo, es un derecho adquirido por muchos años de servicio prestado a una institución del Estado, en vista que el artículo 258 de la Constitución de la República, no específica si esta jubilado o no y está dirigido a personas naturales y que trabajan en la rama de la salud o de la docencia; 3.- Que la sentencia se fundamenta en el artículo 60 de la antigua Ley del INJUPEMP, asimismo se apega a lo que establece el artículo 84 de la nueva Ley del INJUPEMP la cual no es compatible a lo que establece el artículo 258 de la Constitución de la República, siendo las leyes de INJUPEMP de tercera categoría según el ordenamiento jurídico de nuestro país, en comparación con nuestra Carta Magna que es la Máxima Ley del país; 4.- Que ya existe Doctrina Legal en el amparo, tal como lo expresa el artículo 73 de la Ley de Justicia Constitucional donde expresa que tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional de las demandas de amparo, constituyen Doctrina legal, sin embrago la sala no ha tomado en cuenta dicha Doctrina legal y para ilustración acompaña dos sentencias en donde se demuestra que efectivamente ya existe mas de tres sentencias que trata de los mismos asuntos y que se encuentran en los archivos de dicha Corte Suprema; 5.- Sostiene asimismo el impetrante que se ha violentado el derecho de defensa en virtud que a sus representados se les suspendió su derecho de jubilación sin ninguna explicación, muchos menos el ser oídos por lo que existe una clara violación al derecho de defensa que establece el artículo 82 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.-CONSIDERANDO (4): Que dando respuesta a las pretensiones del impetrante en el Recurso de Reposición promovido en fecha veintiocho de junio del presente año dos mil diecisiete, contra la sentencia de fecha veintitrés de mayo del presente año y dictada por este Alto Tribunal es menester indicar que mediante resolución DI No.055-2014 de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, se estableció el Procedimiento Administrativo para la Recuperación de Jubilaciones Percibidas Indebidamente, por lo que se insta a la División de Beneficios para que en coordinación con las Divisiones de Actuaría, Servicios Legales, Finanzas y la Unidad de Desarrollo Institucional procedan a elaborar el Reglamento y Manual de Procedimientos que norme lo concerniente a la suspensión y reactivación de las prestaciones conforme a lo prescrito en los artículos 83 y 84 de la Ley del INJUPEMP; en el numeral 1 de la parte resolutiva de la mencionada resolución se establece: (Sic) “Para activar el pago de la jubilación suspendida, el pensionado debe presentar la solicitud correspondiente ante el Instituto, acreditando a satisfacción del mismo el cese de la incompatibilidad establecida en la Ley…”; dando con ello respuesta en relación al procedimiento a seguir para reactivar el pago de jubilaciones suspendidas.-CONSIDERANDO (5): Que en relación a la vulneración del artículo 258 constitucional, este Alto tribunal mantiene su criterio en cuanto a que no se vulnera la relacionada norma constitucional, en tanto no exista entre los recurrentes y el INJUPEMP una relación laboral que implique el derecho de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia la relación que existe entre ellos se regula por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Entendiendo el beneficio de jubilación como el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o por enfermedad crónica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación monetaria para el resto de su vida.-CONSIDERANDO (6): Que dice el impetrante en el recurso de reposición promovido, que la sentencia dictada por este Alto Tribunal se fundamenta en el artículo 60 de la antigua Ley del INJUPEMP y en el artículo 84 de la nueva Ley, al respecto es importante determinar que el beneficio de jubilación fue suspendido a las recurrentes a partir del seis (6) de mayo del año dos mil catorce (2014), y la nueva ley del INJUPEMP entró en vigencia el trece (13) de mayo del mismo año dos mil catorce (2014); que según el informe remitido a esta Sala de lo Constitucional por la Directora Interina del INJUPEMP MSc. Martha Vicenta Doblado Andara –Folios del 13 al 16 del expediente-, el recurrente en Amparo presentó solicitud de Reactivación del Derecho de Jubilación en fechas 30 de mayo y 5 de agosto del año 2014, encontrándose ya vigente la nueva Ley del INJUPEMP; por lo que no obstante la suspensión del derecho de jubilación a las recurrentes fue realizado con la vigencia de la anterior ley del INJUPEMP, el procedimiento para la reactivación del derecho que les ha sido suspendido se realizará conforme a la ley en vigencia que es la creada mediante Decreto Legislativo No.357-2013. Deviene esta Sala de lo Constitucional en la obligación de recordar que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado, principio recogido en el precepto constitucional número 96.- CONSIDERANDO (7): Que en relación a la pretensión expuesta por el recurrente que existe doctrina legal que resuelve favorablemente lo peticionado en el Recurso de Amparo interpuesto, señalando al efecto el primer párrafo del artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no obstante el segundo párrafo de la norma indicada establece “Sin embargo, la Sala de lo Constitucional, podrá apartarse de su propia doctrina, razonando la innovación.”; el pedidor del recurso de reposición que se resuelve, acompaña copia de dos juzgamientos constitucionales emitidos por este Alto Tribunal, registrados bajo los números de expedientes el primero AA-SCO-0120-2015 de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis y el otro Amparo Administrativo 1287-2014 de fecha once de enero del mismo año dos mil dieciséis; de la lectura de las copias de las relacionadas sentencias que acompaña el recurrente, se aprecia que la primera fue otorgada no por estimarse la vulneración al artículo 258 constitucional, sino por falta de motivación y justificación probatoria y jurídica de la resolución impugnada y emitida por el INJUPEMP; por lo tanto no constituye doctrina legal tal y como lo asevera el impetrante.- CONSIDERANDO (8): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado GREGORIO DEL CID, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintitrés (23) de mayo del presente año dos mil diecisiete (2017), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de idea se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (9): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado GREGORIO DEL CID, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) y Resolución de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0434-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
KIM
[1] En adelante INJUPEMP.
[2] “Tanto en el Gobierno Central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez (2) dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones.”