Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-430-15 — Registro 12125

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó parcialmente auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar incidente de liquidación de sentencia definitiva firme en demanda de nulidad de acto administrativo por silencio negativo promovido por Inversiones Hoteleras S de R L contra recurrente; En apelación se estableció que la liquidación debe ser en moneda de curso legal en el país al cambio de dos lempiras por dólar (en 1981), retrotrayéndose al cambio vigente al momento de la expropiación, es decir a L.824.00 por vara cuadrada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"estimando la Sala que el Ad-Quem toma su decisión respetando los parámetros ordenados en la sentencia condenatoria para efectos de ejecución, o sea tiene a bien considerar el valor justipreciado, rendido en el informe del Instituto de la Propiedad tomando en cuenta que había sido solicitado por el Juzgado en el momento procesal oportuno y por ser un medio imparcial, por lo que el Ad-Quem en directa vinculación con la sentencia consideró que el justiprecio se ejecute al tiempo en que operó la expropiación como bien se ordena, y siendo que los informes plasmaron los valores justipreciados en dólares americanos por vara cuadra, se aprecia que el fallo recurrido, no se excede al ejecutar la sentencia de fecha 18 de marzo del año 2013, ya que otorga valores económicos a la parte demandante conforme al momento de la expropiación según se desprende del informe del Instituto de la Propiedad, el que reza que el valor del justiprecio al momento del la expropiación por vara cuadrada era de US$ 412.00, valor que se calculo de conformidad al cambio al momento de la expropiación (1981) de dos lempiras por un dólar, resultando a Lps. 824.00 por vara cuadrada, acorde con lo que se deriva de la ley, que el pago ordenado de contratos o acuerdos entre partes se realiza en moneda de curso legal en la República de Honduras, según laLEY MONETARIA, contenida en el DECRETO No. 51-1950 y en el Decreto No. 102, de fecha 3 de abril de 1926..."..."del estudio de las piezas queda establecido, que la Corte de Apelaciones recurrida no ha vulnerado las garantías invocadas por el impetrante relativas al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que el Ad-Quem respetuoso de la normativa vigente observó de forma correcta el cómputo del cambio del dólar en relación al lempiras, en razón de dos lempiras por un dólar que era el cambio que operaba en el año 1981, como lo ordena el auto resolutivo de liquidación, al momento en que ocurrió la expropiación; considera además el informe del Instituto de la Propiedad que como ya se expresó en los considerando anteriores, especifica el valor por vara cuadrada al momento de la expropiación como lo expresa en el informe rendido, igualmente hace la modificación de la liquidación reclamada, respetando los parámetros en que se dictó la sentencia condenatoria para efectos de resolver la impugnación presentada por el recurrente..."..."la Sala al analizar las piezas del proceso, específicamente en lo relativo a la liquidación que es el punto toral y que es lo que deberá pagarse a la parte demandante, estima que el fallo del Tribunal de Alzada y por el cual se recurre en Amparo, para efectos de la liquidación, le ha fallado en estricto cumplimiento a la sentencia dictada en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil trece (2013), haciéndolo en alto apego a lo consignado en el numeral SEGUNDO del fallo, que reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento resolvió el pago del valor justipreciado al momento de la expropiación, correspondiente a 13,623.88 Varas Cuadradas; reconoce igualmente, los daños y perjuicios consistentes en el interés legal del seis por ciento (6%) anual, sobre la cantidad justipreciada desde el momento en que ocurrió la expropiación hasta que se ejecute la sentencia por el cercenamiento o expropiación del inmueble sin título de domino por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en contra de la Sociedad Inversiones Hoteleras, S. de R.L. los que se calcularán en base al justiprecio que se establezca al momento de la ejecución..."..."el Ad-Quem consideró para efectos de la ejecución la moneda de curso legal en la República de Honduras como es “El Lempira”, por lo tanto, en plena vinculación a lo ordenado en el fallo, retrotrajo el cambio del dólar a la fecha de la expropiación que era de dos lempiras por un dólar, resultando la vara cuadrada a OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS (LPS.824.00),..para un gran total de la suma del valor justipreciado y los intereses en TREINTAY CUATRO MILLONES CIENTO VIENTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps.34,127,274.40), cantidad que en paralelo con la fallada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo muestra una disminución considerable, que se contraer a una correcta y concreta interpretación a lo condenado en sentencia definitiva, valores económicos que de forma clara el valor justipreciado al momento de la expropiación, igualmente el computo de los intereses condenados de un seis por ciento anual, suma que deberá pagar la demandada ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a la demandante SOCIEDAD INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L. por lo que, los alcances de la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada, al revocar parcialmente el fallo del Ad-Quo como respecto a la interpretación del valor justipreciado y los intereses anuales condenados, son conforme a derecho como lo contempla el artículo 715 del Código Procesal Civil..."..."queda evidenciado que la Corte de Apelaciones recurrida no ha vulnerado las garantías invocadas por el impetrante relativas al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que al declara con lugar el recurso y revocar el fallo con respecto a los valores justipreciados y el computo de los intereses condenados hizo lo propio al interpretar de forma correcta el fallo condenatorio y proceder a cuantificar los valores justipreciados conforme a lo ordenado por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto, por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, teniendo como efecto jurídico la confirmación del veredicto resuelto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"estimando la Sala que el Ad-Quem toma su decisión respetando los parámetros ordenados en la sentencia condenatoria para efectos de ejecución, o sea tiene a bien considerar el valor justipreciado, rendido en el informe del Instituto de la Propiedad tomando en cuenta que había sido solicitado por el Juzgado en el momento procesal oportuno y por ser un medio imparcial, por lo que el Ad-Quem en directa vinculación con la sentencia consideró que el justiprecio se ejecute al tiempo en que operó la expropiación como bien se ordena, y siendo que los informes plasmaron los valores justipreciados en dólares americanos por vara cuadra, se aprecia que el fallo recurrido, no se excede al ejecutar la sentencia de fecha 18 de marzo del año 2013, ya que otorga valores económicos a la parte demandante conforme al momento de la expropiación según se desprende del informe del Instituto de la Propiedad, el que reza que el valor del justiprecio al momento del la expropiación por vara cuadrada era de US$ 412.00, valor que se calculo de conformidad al cambio al momento de la expropiación (1981) de dos lempiras por un dólar, resultando a Lps. 824.00 por vara cuadrada, acorde con lo que se deriva de la ley, que el pago ordenado de contratos o acuerdos entre partes se realiza en moneda de curso legal en la República de Honduras, según laLEY MONETARIA, contenida en el DECRETO No. 51-1950 y en el Decreto No. 102, de fecha 3 de abril de 1926..."..."del estudio de las piezas queda establecido, que la Corte de Apelaciones recurrida no ha vulnerado las garantías invocadas por el impetrante relativas al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que el Ad-Quem respetuoso de la normativa vigente observó de forma correcta el cómputo del cambio del dólar en relación al lempiras, en razón de dos lempiras por un dólar que era el cambio que operaba en el año 1981, como lo ordena el auto resolutivo de liquidación, al momento en que ocurrió la expropiación; considera además el informe del Instituto de la Propiedad que como ya se expresó en los considerando anteriores, especifica el valor por vara cuadrada al momento de la expropiación como lo expresa en el informe rendido, igualmente hace la modificación de la liquidación reclamada, respetando los parámetros en que se dictó la sentencia condenatoria para efectos de resolver la impugnación presentada por el recurrente..."..."la Sala al analizar las piezas del proceso, específicamente en lo relativo a la liquidación que es el punto toral y que es lo que deberá pagarse a la parte demandante, estima que el fallo del Tribunal de Alzada y por el cual se recurre en Amparo, para efectos de la liquidación, le ha fallado en estricto cumplimiento a la sentencia dictada en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil trece (2013), haciéndolo en alto apego a lo consignado en el numeral SEGUNDO del fallo, que reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento resolvió el pago del valor justipreciado al momento de la expropiación, correspondiente a 13,623.88 Varas Cuadradas; reconoce igualmente, los daños y perjuicios consistentes en el interés legal del seis por ciento (6%) anual, sobre la cantidad justipreciada desde el momento en que ocurrió la expropiación hasta que se ejecute la sentencia por el cercenamiento o expropiación del inmueble sin título de domino por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en contra de la Sociedad Inversiones Hoteleras, S. de R.L. los que se calcularán en base al justiprecio que se establezca al momento de la ejecución..."..."el Ad-Quem consideró para efectos de la ejecución la moneda de curso legal en la República de Honduras como es “El Lempira”, por lo tanto, en plena vinculación a lo ordenado en el fallo, retrotrajo el cambio del dólar a la fecha de la expropiación que era de dos lempiras por un dólar, resultando la vara cuadrada a OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS (LPS.824.00),..para un gran total de la suma del valor justipreciado y los intereses en TREINTAY CUATRO MILLONES CIENTO VIENTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps.34,127,274.40), cantidad que en paralelo con la fallada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo muestra una disminución considerable, que se contraer a una correcta y concreta interpretación a lo condenado en sentencia definitiva, valores económicos que de forma clara el valor justipreciado al momento de la expropiación, igualmente el computo de los intereses condenados de un seis por ciento anual, suma que deberá pagar la demandada ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a la demandante SOCIEDAD INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L. por lo que, los alcances de la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada, al revocar parcialmente el fallo del Ad-Quo como respecto a la interpretación del valor justipreciado y los intereses anuales condenados, son conforme a derecho como lo contempla el artículo 715 del Código Procesal Civil..."..."queda evidenciado que la Corte de Apelaciones recurrida no ha vulnerado las garantías invocadas por el impetrante relativas al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que al declara con lugar el recurso y revocar el fallo con respecto a los valores justipreciados y el computo de los intereses condenados hizo lo propio al interpretar de forma correcta el fallo condenatorio y proceder a cuantificar los valores justipreciados conforme a lo ordenado por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto, por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, teniendo como efecto jurídico la confirmación del veredicto resuelto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha cinco de febrero de dos mil quince, la que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó parcialmente el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, el cinco de septiembre de dos mil catorce, con relación a la demanda de nulidad de un acto administrativo promovida por la sociedad mercantil denominada “INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L., contra la CORPORACION MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC). Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo, se han violado en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil diez, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, el Abogado RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI, interponiendo demanda para que se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo presunto negativo por el silencio de la administración, la nulidad del mismo y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, a favor de la sociedad mercantil denominada “INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L., contra la CORPORACION MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC). (Folios 01 al 07 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, el citado Juzgado, dictó sentencia definitiva, mediante la cual falló: “FALLA: PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por el demandante Abogado RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI, quien representa a la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES HOTELERAS por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado identificado como acto presunto por el silencio negativo constituido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, al no resolver dentro del plazo legalmente establecido lo relacionado con la cercenación o expropiación de un bien inmueble propiedad del demandante SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES HOTELERAS, en contra de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento, se resuelve el pago del valor justipreciado al momento de la expropiación correspondiente a NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PUNTO OCHENTA Y NUEVE MTS2 equivalentes a TRECE MIL SEISCIENTAS VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y OCHO VRS2 (13,623.88VRS2), se reconocen también los daños y perjuicios consistentes en el interés legal del seis por ciento (6%) anual sobre la cantidad justipreciada desde el momento en que ocurrió la expropiación hasta que se ejecute la presente sentencia, por el cercenamiento o expropiación del inmueble sin título de dominio por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en contra de la Sociedad INVERSIONES HOTELERAS, las cuales se calcularan en base al justiprecio que se establezca en la fase de ejecución de la sentencia por lo que dicha cantidad diferida, y en la cual las partes acudirán acreditando toda la documentación pertinente que ayude a establecer el valor del justiprecio, TERCERO: Condenar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, al pago a favor del demandante que por concepto adeuda la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a la Sociedad INVERSIONES HOTELERAS, por el cercenamiento o expropiación de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO PUNTO OCHENTA Y NUEVE MTS2 equivalentes a TRECE MIL SEISCIENTAS VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y OCHO VRS2 (13,623.88VRS2), al pago del valor justipreciado al momento de la expropiación junto con el pago que en concepto de interés legal del 6% adeuda sobre la cantidad justipreciada desde el momento en que ocurrió la expropiación hasta que se ejecute el presente fallo, CUARTO: Diferir al periodo de ejecución la cuantificación del pago del justiprecio con intereses ordenado en el numeral segundo del presente fallo en virtud de no contar con elementos indispensables para cuantificar los mismos …” (Folios 239 al 245 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha ocho de abril de dos mil de dos mil catorce, la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES HOTELERAS, S. DE R.L., solicitando la ejecución de la sentencia definitiva firme de fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, relacionada en el numeral anterior. (Folios 01 al 04 de la pieza separada de Liquidación de Intereses). 4) Que seguido el procedimiento, en fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia en la que falló: “…PRIMERO: declarar con lugar el incidente de liquidación de sentencia definitiva de fecha dieciocho de marzo del 2013 cuantificando el valor justipreciado en la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 37/100 ($285.37) por vara cuadrada a un cambio de L.20.83.SEGUNDO: Condenar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central al pago del valor de justiprecio por vara cuadrada, tomando como base la cuantificación de justiprecio en DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 37/100 ($285.37) por vara cuadrada a un cambio L.20.83 da un resultado de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 (Lps.5,944.25) por vara cuadrada y tomando como base la cantidad expropiada de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y OCHO VRS2 (13,623.88 VRS 2)hacen un gran total de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69/100 (LPS. 80,983,748.69), sobre este monto se calcula el 6% anual, lo que equivale a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 92/100 (LPS. 4,859,024.92) cantidad que corresponde desde el año de la expropiación al año 2014 (34 años), dando como resultado CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100; (LPS. 165,206,847.20), haciendo un total de interés simple mas justiprecio de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 (LPS.246,190,595.80). …” (Folios 270 al 275 de la pieza separada de Liquidación de Intereses). 5) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, en su condición de apoderado legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), contra la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, que se deja relacionada en el numeral anterior, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, dictó sentencia en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, mediante la cual falló:“PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, accionando en su carácter de Apoderado Legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Resolutivo de fecha Cinco de Septiembre de Dos Mil Catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corren a folios del Numero Doscientos Setenta (270) al Numero Doscientos Setenta Y Cinco vuelto (275v.) de la pieza separada de Liquidación de Intereses, en el sentido de liquidar la sentencia definitiva firme de fecha 18 de Marzo del año 2013, en la cantidad de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS. 34,127,274.40), cantidad que resulta de multiplicar el justiprecio de la vara cuadrada a la fecha de expropiación, establecido en el informe rendido por el Instituto de la Propiedad, el cual, al haber sido establecido en dólares, y siendo la moneda de curso legal en el país el lempira, será en esta moneda que se hará la liquidación respectiva, al cambio de dos lempiras por dólar que era el cambio que estaba vigente al momento de la expropiación, es decir, LPS.824.00 por las 13,623.88 varas cuadradas que es la cantidad del inmueble expropiado, resultando la cantidad de ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (LPS.11,226,077.12), como el justiprecio del inmueble expropiado, cantidad que se multiplica por 6% que es el interés anual condenado, resultando la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (LPS. 673,564.62), como interés anual, por los 34 años que fue condenada la demandada a pagar como intereses, siendo la cantidad de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (LPS. 22,901,197.28), la suma de dichos intereses, lo cual hace un gran total de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS. 34,127,274.40), que es la cantidad que la demandada debe de pagar a la demandante por la expropiación de que fue objeto en el año 1981.-…” (Folios 09 al 14 de la pieza de apelación). 6) Que el recurrente Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, compareció ante este Tribunal, en fecha once de mayo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), afirmando que la sentencia emitida por el Ad-Quem, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 7) Que en providencia de fecha tres de agosto de dos mil quince, la Sala declaró por caducado el término concedido para formalizar el presente recurso, pero conforme se desprende del escrito de interposición de la acción de amparo, ésta Sala apreció que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual se estimó procedente continuar con el trámite de la presente acción. 8) Que en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, la Sala tuvo evacuado y por emitido el dictamen emitido por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que “SEOTORGUE el presente recurso de amparo, por existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista, con las consecuencias jurídicas del caso.” CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución otorga. Igualmente el artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no se obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitucional interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que la Sala conoce la Acción de Amparo presentada por el abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC), contra la sentencia dictado por la Corte de Apelaciones delo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial de Francisco Morazán, en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015), que resolvió: PRIMERO: DECLARARCON LUGAR parcialmente, el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, quien acciona en su calidad de Apoderado Legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- SEGUNDO: REVOCARPARCIALMENTE, el auto resolutivo de liquidación de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil catorce(2014), dictado por el Juzgado de Letras delo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.- CONSIDERANDO (3): Que el suplicante motiva los hechos del recurso de amparo en que a su representada la Alcaldía Municipal del Distrito Central se le han vulnerado derechos y garantías constitucionales, contenidos en el articulo 82 sobre el Derecho de Defensa y 90 párrafo primero relativo al debido proceso, por cuanto al momento de que la parte demandante solicita la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 18 de marzo del 2013, no se consideraron los alcances establecidos en la precitada sentencia, específicamente en lo relativo al pago del valor justipreciado por vara cuadrada de un bien inmueble expropiado por mi representada, ordenando en la sentencia condenatoria que el pago con los valores justipreciados se realizaran al momento de la expropiación o sea el año en que ocurrió la expropiación año 1981, oponiéndose en tiempo y forma siguiendo el tramite en todas las instancias, y siendo que los fallos son atentatorios y lesivos a los intereses de mi representada y de la colectividad en general, pidió que se anule en forma parcial la sentencia de fecha 5 de febrero del año 2015 dictada por la Honorable Corte de apelaciones de lo Contencioso Administrativo de este Departamento Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4): Que el auto resolutivo apelado y emitido por el Juzgado de Letras delo Contencioso Administrativo, condenó: DECLARANDO:CON LUGAR el incidente de liquidación de la sentencia definitiva de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil trece (2013), cuantificando el valor justipreciado en la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR($ 285.37) por vara cuadrada a un cambio de VEINTE PUNTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS (L. 20.83).- Condenando a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, al pago del valor de justiprecio por vara cuadrada, tomando como base la cuantificación del justiprecio en DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 37/100 ($ 285.37),por vara cuadrada a un cambio de L. 20.83, dando un resultado de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 (LPS. 5,944.25)y tomando como base la cantidad expropiada de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y OCHO VRS2 (13,623.88 VR2) hacen un gran total de OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 69/100 (LPS. 80,983,748.69),sobre este monto se calculó el 6% anual, lo que equivale a CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 92/100 (LPS. 4,859,024.92), cantidad que corresponde desde el año de la expropiación, año 2014, (34 años), dando como resultado CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 (LPS. 165,206,847.20), haciendo un total de interés simple más justiprecio de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTAYCINCO LEMPIRAS CON 80/100 (LP. 246,190,595.80). CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil quince (2015), resolvió declarando: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, en su calidad de Apoderado Legal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y REVOCAPARCIALMENTE EL AUTO RESOLUTIVO de fecha cinco (5) de septiembre de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el sentido de liquidar la sentencia definitiva de fecha 18 de marzo del año 2013, la cual es firme y pasa a Cosa Juzgada en la cantidad de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA YCUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS. 34,127,274.40), cantidad que resulta de multiplicar el justiprecio de la vara cuadrada a la fecha de expropiación, tomado el valor establecido en el informe rendido por el Instituto de la Propiedad, el que se fijó en dólares, sin embargo se consideró para efectos de la liquidación la moneda de curso legal en el país, el lempira, al cambio de dos lempiras por dólar, retrotrayéndose al cambio vigente al momento de la expropiación, es decir a Lps. 824.00 por vara cuadrada, por lo que el cercenamiento o expropiación del área es de13,623.88 varas cuadradas, de lo que resulta la cantidad de ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (LPS. 11,226,077.12),como el justiprecio del inmueble expropiado, cantidad que se multiplica por el Seis Por Ciento (6%) que es el interés anual condenado, resultando la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (LPS. 673,564.62), como interés anual, y al haber transcurrido34 años desde la expropiación a la fecha de la liquidación, computado el tiempo por el intereses anual, la demandada es condenada a pagar por este concepto la suma de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (LPS. 22,901,197.28),los que sumados al valor justipreciado hacen un gran total de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS. 34,127,274.40), cantidad que la demandada debe pagar a la demandante por la expropiación de que fue objeto desde el año 1981.- CONSIDERANDO (6):Que las partes concurrieron al Tribunal de Alzada a presentar sus alegatos, cuyo punto contradictorio versó sobre los montos del valor justipreciado por vara cuadrada del bien inmueble expropiado, en donde el apelante refiere que el Juez A-Quo no consideró la prueba sobre el valor catastral aportado por la parte demandada (AMDC), cuyo valor justipreciado por vara cuadrada era de Lps.60.00 al momento de la expropiación, lo que vulnera el derecho positivo vigente, como ordenaba la sentencia condenatoria, articulo 208.1 del Código Procesal Civil, habiendo tomado como valor US$285.27 por vara cuadrada y al cambio de un dólar por Lps.20.83, lo que no es razonable ni lógico, al momento de la expropiación o sea al año 1981, cuando el cambio era de dos lempiras por un dólar, expresando que el juzgador al utilizar las reglas de la sana crítica para darle valor a los dictámenes periciales, lo hace de forma errónea, por lo que solicitó revocar el auto resolutivo impugnado. CONSIDERANDO (7) : Que el Apelado por su parte expresó agravios en el sentido que la parte apelada pretende hacer valer un medio probatorio creado por ella misma, que refleja un valor arbitrario y a su conveniencia, que no puede considerarse como valor justipreciado al inmueble expropiado, ya que no es un valor catastral sino un precio justo que suponga una compensación integra por la pérdida patrimonial, un valor suficiente para sustituir lo expropiado acorde al valor real, que en principio es el de mercado, que el informe rendido por el Instituto de la Propiedad no carece de validez como pretende el apelante, más bien es el órgano competente según artículo 3 de la Ley de Propiedad y que si bien es cierto materialmente la limitación al derecho de su representada sucedió en 1981, tal situación constituye un acto de hecho, ya que la expropiación opera desde que se procede al pago del valor justipreciado, y con ello la transferencia del inmueble, articulo 12 Ley de Expropiación, peticionando que deberá tomarse como momento para la expropiación de derecho, la declaratoria judicial establecida en la sentencia definitiva de fecha 18 de marzo del 2013. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal de Alzada una vez evacuados los agravios hace una valoración exhaustiva de lo actuado en el proceso, estimando la Sala que el Ad-Quem toma su decisión respetando los parámetros ordenados en la sentencia condenatoria para efectos de ejecución, o sea tiene a bien considerar el valor justipreciado, rendido en el informe del Instituto de la Propiedad tomando en cuenta que había sido solicitado por el Juzgado en el momento procesal oportuno y por ser un medio imparcial, por lo que el Ad-Quem en directa vinculación con la sentencia consideró que el justiprecio se ejecute al tiempo en que operó la expropiación como bien se ordena, y siendo que los informes plasmaron los valores justipreciados en dólares americanos por vara cuadra, se aprecia que el fallo recurrido, no se excede al ejecutar la sentencia de fecha 18 de marzo del año 2013, ya que otorga valores económicos a la parte demandante conforme al momento de la expropiación según se desprende del informe del Instituto de la Propiedad, el que reza que el valor del justiprecio al momento del la expropiación por vara cuadrada era de US$ 412.00, valor que se calculo de conformidad al cambio al momento de la expropiación (1981) de dos lempiras por un dólar, resultando a Lps. 824.00 por vara cuadrada, acorde con lo que se deriva de la ley, que el pago ordenado de contratos o acuerdos entre partes se realiza en moneda de curso legal en la República de Honduras, según laLEY MONETARIA, contenida en el DECRETO No. 51-1950 y en el Decreto No. 102, de fecha 3 de abril de 1926. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de las piezas queda establecido, que la Corte de Apelaciones recurrida no ha vulnerado las garantías invocadas por el impetrante relativas al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que el Ad-Quem respetuoso de la normativa vigente observó de forma correcta el cómputo del cambio del dólar en relación al lempiras, en razón de dos lempiras por un dólar que era el cambio que operaba en el año 1981, como lo ordena el auto resolutivo de liquidación, al momento en que ocurrió la expropiación; considera además el informe del Instituto de la Propiedad que como ya se expresó en los considerando anteriores, especifica el valor por vara cuadrada al momento de la expropiación como lo expresa en el informe rendido, igualmente hace la modificación de la liquidación reclamada, respetando los parámetros en que se dictó la sentencia condenatoria para efectos de resolver la impugnación presentada por el recurrente. CONSIDERANDO (10): Que la Sala al analizar las piezas del proceso, específicamente en lo relativo a la liquidación que es el punto toral y que es lo que deberá pagarse a la parte demandante, estima que el fallo del Tribunal de Alzada y por el cual se recurre en Amparo, para efectos de la liquidación, le ha fallado en estricto cumplimiento a la sentencia dictada en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil trece (2013), haciéndolo en alto apego a lo consignado en el numeral SEGUNDO del fallo, que reconoció la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento resolvió el pago del valor justipreciado al momento de la expropiación, correspondiente a 13,623.88 Varas Cuadradas; reconoce igualmente, los daños y perjuicios consistentes en el interés legal del seis por ciento (6%) anual, sobre la cantidad justipreciada desde el momento en que ocurrió la expropiación hasta que se ejecute la sentencia por el cercenamiento o expropiación del inmueble sin título de domino por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en contra de la Sociedad Inversiones Hoteleras, S. de R.L. los que se calcularán en base al justiprecio que se establezca al momento de la ejecución. El Ad-Quem en la motivación fáctica del fallo, justifica la revocatoria del fallo impugnado y emitido por el A-Quo en lo relativo a la liquidación de intereses, en el sentido de satisfacer la sentencia definitiva que pasó a cosa juzgada en la cantidad de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS, (Lps.34, 127,274.40), valor que resulta de multiplicar el justiprecio de la vara cuadrada a la fecha de expropiación (año 1981), tal como lo ordena la sentencia y como quedó establecido en el informe del Instituto de la Propiedad, que si bien es cierto lo estimó en dólares a US$ 412.00 por vara cuadrada al momento de la expropiación, se reconoce que el Ad-Quem consideró para efectos de la ejecución la moneda de curso legal en la República de Honduras como es “El Lempira”, por lo tanto, en plena vinculación a lo ordenado en el fallo, retrotrajo el cambio del dólar a la fecha de la expropiación que era de dos lempiras por un dólar, resultando la vara cuadrada a OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS (LPS.824.00), y siendo que el área expropiada según lo condenado es de TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PUNTO OCHENTA Y OCHO VARAS CUADRAS (13,623.88 Vrs2) de lo que resulta que la cantidad a pagar es de ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIES MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (Lps.11,226.077.12), cantidad que se multiplica por el Seis por ciento (6%) de interés anual, de lo que se deriva la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Lps.673,564.62) los que computados por los 34 años transcurridos desde el momento de la expropiación a la fecha de ejecución del fallo y por lo que es condenada a pagar en concepto de intereses, lo que resulta reflejado de una simple operación aritmética en VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (Lps.22,901.197.28) para un gran total de la suma del valor justipreciado y los intereses en TREINTAY CUATRO MILLONES CIENTO VIENTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (Lps.34,127,274.40), cantidad que en paralelo con la fallada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo muestra una disminución considerable, que se contraer a una correcta y concreta interpretación a lo condenado en sentencia definitiva, valores económicos que de forma clara el valor justipreciado al momento de la expropiación, igualmente el computo de los intereses condenados de un seis por ciento anual, suma que deberá pagar la demandada ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL a la demandante SOCIEDAD INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L. por lo que, los alcances de la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada, al revocar parcialmente el fallo del Ad-Quo como respecto a la interpretación del valor justipreciado y los intereses anuales condenados, son conforme a derecho como lo contempla el artículo 715 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (11): Que por lo anteriormente expuesto, queda evidenciado que la Corte de Apelaciones recurrida no ha vulnerado las garantías invocadas por el impetrante relativas al debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que al declara con lugar el recurso y revocar el fallo con respecto a los valores justipreciados y el computo de los intereses condenados hizo lo propio al interpretar de forma correcta el fallo condenatorio y proceder a cuantificar los valores justipreciados conforme a lo ordenado por lo que es procedente denegar el recurso de amparo interpuesto, por el Abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA, teniendo como efecto jurídico la confirmación del veredicto resuelto por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos Números: 1, 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304 y 313 numeral 5 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No.2, 41, 45, 47, 51, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; DECRETO No. 51-1950 y en el Decreto No. 102, de fecha 3 de abril de 1926. FALLA: DENEGANDO elRecurso de Amparo interpuesto por el abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones delo Contencioso Administrativo, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0430-15.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

13