Sentencia AA-429-17 — Registro 9599
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la corte de apelaciones que sobresee el recurso de amparo el auto de en relación a la solicitud de personamiento como parte coadyuvante en la pieza principal de autos y pieza separada de liquidación. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los derechos de petición, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a ser oído por autoridad competente y garantía de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que es evidente que el recurrente dejó caducar el plazo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al promover la presente acción de amparo el 22 de septiembre del año dos mil dieciséis, es decir, a los cuatro meses después de haberse notificado de la resolución impugnada.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3)… 4). Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48…”.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR DE HONDURAS, S.A., contra el auto de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la solicitud de personamiento como parte coadyuvante en la pieza principal de autos y pieza separada de liquidación, presentada por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR DE HONDURAS S.A., en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra el ESTADO DE HONDURAS por actos realizados por LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los derechos de petición, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a ser oído por autoridad competente y garantía de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha seis de agosto del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUIMICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), interponiendo demanda contra el ESTADO DE HONDURAS, para que se declare la ilegalidad y la anulación de unos actos administrativos, consistentes en las resoluciones DAL No. 1051/09-07-2012 y DPUF No. 886/20-05-2013, emitidas por la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, por no estar dictadas dentro de los parámetros legales que franquea la ley, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordenara a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, que la Compañía HSBC SEGUROS hoy DAVIVIENDA pague a la sociedad mercantil PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. (PROAGRO), la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del pago del seguro contemplado en la póliza No. 12147, con vigencia del 08 de julio de 2008 al 08 de julio de 2009, más los intereses moratorios y legales producidos después de la presentación de la demanda hasta que se cause ejecutoria sentencia, y las costas procesales y personales en concepto de honorarios profesionales para el apoderado legal del demandante. (Folios del 01 al 16 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que agotado el procedimiento, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la Abogada SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA, en su condición de Apoderada Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL “PRODUCTOS AGROQUIMICOS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO) por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, identificados como LA RESOLUCION No. 1051/09-07-2012 Y DPUF No. 886/20-05-2013 EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.). SEGUNDO: Se reconozca la situación jurídica individualizada de la parte demandante y para su pleno restablecimiento que la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.) anule totalmente LAS RESOLUCIONES No. 1051/09-07-2012 Y DPUF No. 886/20-05-2013 en vista de no estar dictadas conforme a derecho. TERCERO: Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento de conformidad a las facultades que otorga el Art. 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que instruya a la Compañía Aseguradora HSBC SEGUROS, S.A., hoy compañía de Seguros DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., para que haga efectivo en cumplimiento a la Póliza de Seguros suscrita, el pago del valor de las 14,867 bolsas de fertilizantes de la SOCIEDAD MERCANTIL “PRODUCTOS AGROQUIMICOS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO) y que ascienden a la cuantía establecida en el escrito de demanda, más la indemnización de daños y perjuicios y los intereses que por ley se establecen que se causaron y que serán calculados al momento de la Ejecución de la Sentencia. …” (Folios 703 al 711 de la pieza principal de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante el citado Juzgado, el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, presentando personamiento como Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A., para poder participar directa y activamente en el proceso como parte coadyuvante del demandado, por tener interés directo en el mantenimiento del acto que motivó la acción contencioso- administrativa, con la finalidad de que se le notifique a su representante procesal de la sentencia definitiva, para poder ejercitar su derecho a recurrirla. (Folios del 800 al 803 de la pieza principal de antecedentes de primera instancia).-4) Que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, admitió el escrito relacionado en el numeral anterior, resolviendo el citado Juzgado: (Sic) “…SIN LUGAR POR EXTEMPORÁNEO; en virtud, que para formar parte del litigio como persona a cuyo favor deriven derechos del propio acto impugnado, deberá personarse en autos dentro del término del emplazamiento ordenada en el Artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, y al tenor de lo establecido en el artículo 18 de dicha Ley, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante del demandado cualquier persona que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto que motivó la acción Contencioso Administrativo, el cual fue anulado por no estar dictado conforme a derecho, mediante Sentencia Firme de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil catorce (2014); por lo cual, es imposible continuar con el mantenimiento del mismo. En consecuencia, se rechaza tener por personado al Abogado MARCO ANTONIO CÁLIX MOLINA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A., y, a su representada como coadyuvante de la parte demandada en el presente juicio.…” (Folio 810 de la pieza principal de los antecedentes de primera instancia).-5) Que en fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR DE HONDURAS, S.A., también conocida como SEGUROS DAVIVIENDA, antes Seguros HSBC HONDURAS, S.A., contra el auto de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, por estimar que la misma es violatoria de los derechos de petición, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a ser oído por autoridad competente y garantía de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 06 de la pieza de antecedentes de amparo).-6) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, mediante la cual falló: (Sic) “RESUELVE: SOBRESEER POR INADMISIBLE LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA en su condición de apoderado Procesal de la Sociedad Mercantil SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A. (también conocida como SEGUROS DAVIVIENDA, antes Seguros HSBC Honduras, S.A..- SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce que obra a folio ochocientos diez (810) de la pieza principal de autos.…” (Folios del 36 al 39fv de la pieza de amparo).-7) Que en fecha dos de junio del año dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, contra la resolución de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que declara extemporánea la solicitud de personamiento como parte coadyuvante del demandado, presentada por el recurrente en amparo, en relación a la Demanda ordinaria administrativa, para que se declare la ilegalidad y anulación de unos actos administrativos y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada; promovida por la Sociedad Mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra el ESTADO DE HONDURAS por actos realizados por LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).-CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de los derechos de petición, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a ser oído por autoridad competente y garantía de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; asimismo la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en relación a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar el derecho de defensa, con el propósito de que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de los plazos.-CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público por conducto de la Fiscal Elisa Amador emitió Dictamen en fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, a través del cual concluye que no se otorgue el amparo solicitado; arguye la Fiscal del Ministerio Público que si bien es cierto el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo preceptúa que rige como supletorio el Código Procesal Civil en lo no previsto en dicha ley, también lo es, que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, prevé esta circunstancia, ya que de acuerdo al artículo 50, una vez presentada la demanda, el juzgador debe ordenar que se publique sucintamente el contenido de la demanda en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de circulación nacional, a fin de que se persone cualquier otra persona que pueda tener interés en el asunto, publicaciones que se encuentran agregadas al expediente de mérito bajo los folios 91, 92 y 93, por ende cuando el representante de SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A., solicita que se le tenga como parte, lo hace de manera extemporánea, de acuerdo a lo que regula la normativa especial; además se debe tener en cuenta lo prescrito en el artículo 18 del mismo cuerpo de leyes, respecto a que aquellos que tuvieren interés directo en el mantenimiento que motive la acción contencioso administrativo, pueden intervenir en el proceso como parte coadyuvante, pero deberán litigar unidos y bajo una misma representación y dirección (Artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo).-CONSIDERANDO (6): Que el plazo de dos meses otorgado por la Ley Sobre Justicia Constitucional para la interposición de un recurso de amparo, empieza a correr al día siguiente a la fecha de la última notificación al afectado, o de aquélla en que esta haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle; es decir, el veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, ya que al recurrente le fue notificada la resolución que impugna en fecha veintitrés del mismo mes y año. Sin embargo, el recurrente interpuso el recurso en fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, surgiendo con ello la causal de inadmisibilidad por haberse interpuesto de manera extemporánea. La extemporaneidad opera no solamente cuando el término ha expirado, sino también cuando se realiza alguna acción cuando dicho término no ha comenzado a correr, ya que la ley es exacta al señalar a partir de cuando debe comenzar a computar un término y hasta cuando termina.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que es evidente que el recurrente dejó caducar el plazo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al promover la presente acción de amparo el 22 de septiembre del año dos mil dieciséis, es decir, a los cuatro meses después de haberse notificado de la resolución impugnada.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3)… 4). Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48…”.-CONSIDERANDO (9): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Marco Antonio Calix Molina. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.4, 48, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor adscrito a la Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 429-2017-B.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA a favor de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR DE HONDURAS, S.A., contra el auto de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la solicitud de personamiento como parte coadyuvante en la pieza principal de autos y pieza separada de liquidación, presentada por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR DE HONDURAS S.A., en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra el ESTADO DE HONDURAS por actos realizados por LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los derechos de petición, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a ser oído por autoridad competente y garantía de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha seis de agosto del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la Abogada SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUIMICOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO), interponiendo demanda contra el ESTADO DE HONDURAS, para que se declare la ilegalidad y la anulación de unos actos administrativos, consistentes en las resoluciones DAL No. 1051/09-07-2012 y DPUF No. 886/20-05-2013, emitidas por la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, por no estar dictadas dentro de los parámetros legales que franquea la ley, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordenara a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, que la Compañía HSBC SEGUROS hoy DAVIVIENDA pague a la sociedad mercantil PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. (PROAGRO), la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del pago del seguro contemplado en la póliza No. 12147, con vigencia del 08 de julio de 2008 al 08 de julio de 2009, más los intereses moratorios y legales producidos después de la presentación de la demanda hasta que se cause ejecutoria sentencia, y las costas procesales y personales en concepto de honorarios profesionales para el apoderado legal del demandante. (Folios del 01 al 16 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que agotado el procedimiento, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por la Abogada SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA, en su condición de Apoderada Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL “PRODUCTOS AGROQUIMICOS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO) por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, identificados como LA RESOLUCION No. 1051/09-07-2012 Y DPUF No. 886/20-05-2013 EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.). SEGUNDO: Se reconozca la situación jurídica individualizada de la parte demandante y para su pleno restablecimiento que la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (C.N.B.S.) anule totalmente LAS RESOLUCIONES No. 1051/09-07-2012 Y DPUF No. 886/20-05-2013 en vista de no estar dictadas conforme a derecho. TERCERO: Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento de conformidad a las facultades que otorga el Art. 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que instruya a la Compañía Aseguradora HSBC SEGUROS, S.A., hoy compañía de Seguros DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., para que haga efectivo en cumplimiento a la Póliza de Seguros suscrita, el pago del valor de las 14,867 bolsas de fertilizantes de la SOCIEDAD MERCANTIL “PRODUCTOS AGROQUIMICOS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V. (PROAGRO) y que ascienden a la cuantía establecida en el escrito de demanda, más la indemnización de daños y perjuicios y los intereses que por ley se establecen que se causaron y que serán calculados al momento de la Ejecución de la Sentencia. …” (Folios 703 al 711 de la pieza principal de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante el citado Juzgado, el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, presentando personamiento como Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A., para poder participar directa y activamente en el proceso como parte coadyuvante del demandado, por tener interés directo en el mantenimiento del acto que motivó la acción contencioso- administrativa, con la finalidad de que se le notifique a su representante procesal de la sentencia definitiva, para poder ejercitar su derecho a recurrirla. (Folios del 800 al 803 de la pieza principal de antecedentes de primera instancia).-4) Que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, admitió el escrito relacionado en el numeral anterior, resolviendo el citado Juzgado: (Sic) “…SIN LUGAR POR EXTEMPORÁNEO; en virtud, que para formar parte del litigio como persona a cuyo favor deriven derechos del propio acto impugnado, deberá personarse en autos dentro del término del emplazamiento ordenada en el Artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, y al tenor de lo establecido en el artículo 18 de dicha Ley, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante del demandado cualquier persona que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto que motivó la acción Contencioso Administrativo, el cual fue anulado por no estar dictado conforme a derecho, mediante Sentencia Firme de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil catorce (2014); por lo cual, es imposible continuar con el mantenimiento del mismo. En consecuencia, se rechaza tener por personado al Abogado MARCO ANTONIO CÁLIX MOLINA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A., y, a su representada como coadyuvante de la parte demandada en el presente juicio.…” (Folio 810 de la pieza principal de los antecedentes de primera instancia).-5) Que en fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada SEGUROS BOLIVAR DE HONDURAS, S.A., también conocida como SEGUROS DAVIVIENDA, antes Seguros HSBC HONDURAS, S.A., contra el auto de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, por estimar que la misma es violatoria de los derechos de petición, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a ser oído por autoridad competente y garantía de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 06 de la pieza de antecedentes de amparo).-6) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, mediante la cual falló: (Sic) “RESUELVE: SOBRESEER POR INADMISIBLE LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA en su condición de apoderado Procesal de la Sociedad Mercantil SEGUROS BOLIVAR HONDURAS, S.A. (también conocida como SEGUROS DAVIVIENDA, antes Seguros HSBC Honduras, S.A..- SEGUNDO: SE CONFIRMA el auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce que obra a folio ochocientos diez (810) de la pieza principal de autos.…” (Folios del 36 al 39fv de la pieza de amparo).-7) Que en fecha dos de junio del año dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO CALIX MOLINA, contra la resolución de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que declara extemporánea la solicitud de personamiento como parte coadyuvante del demandado, presentada por el recurrente en amparo, en relación a la Demanda ordinaria administrativa, para que se declare la ilegalidad y anulación de unos actos administrativos y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada; promovida por la Sociedad Mercantil denominada PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (PROAGRO), contra el ESTADO DE HONDURAS por actos realizados por LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS).-CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de los derechos de petición, defensa, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a ser oído por autoridad competente y garantía de legalidad, contenidos en los artículos 80, 82 párrafo primero, 90 párrafo primero, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; asimismo la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en relación a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar el derecho de defensa, con el propósito de que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de los plazos.-CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público por conducto de la Fiscal Elisa Amador emitió Dictamen en fecha diecisiete de enero del año dos mil diecisiete, a través del cual concluye que no se otorgue el amparo solicitado; arguye la Fiscal del Ministerio Público que si bien es cierto el Artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo preceptúa que rige como supletorio el Código Procesal Civil en lo no previsto en dicha ley, también lo es, que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, prevé esta circunstancia, ya que de acuerdo al artículo 50, una vez presentada la demanda, el juzgador debe ordenar que se publique sucintamente el contenido de la demanda en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de circulación nacional, a fin de que se persone cualquier otra persona que pueda tener interés en el asunto, publicaciones que se encuentran agregadas al expediente de mérito bajo los folios 91, 92 y 93, por ende cuando el representante de SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A., solicita que se le tenga como parte, lo hace de manera extemporánea, de acuerdo a lo que regula la normativa especial; además se debe tener en cuenta lo prescrito en el artículo 18 del mismo cuerpo de leyes, respecto a que aquellos que tuvieren interés directo en el mantenimiento que motive la acción contencioso administrativo, pueden intervenir en el proceso como parte coadyuvante, pero deberán litigar unidos y bajo una misma representación y dirección (Artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo).-CONSIDERANDO (6): Que el plazo de dos meses otorgado por la Ley Sobre Justicia Constitucional para la interposición de un recurso de amparo, empieza a correr al día siguiente a la fecha de la última notificación al afectado, o de aquélla en que esta haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle; es decir, el veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, ya que al recurrente le fue notificada la resolución que impugna en fecha veintitrés del mismo mes y año. Sin embargo, el recurrente interpuso el recurso en fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, surgiendo con ello la causal de inadmisibilidad por haberse interpuesto de manera extemporánea. La extemporaneidad opera no solamente cuando el término ha expirado, sino también cuando se realiza alguna acción cuando dicho término no ha comenzado a correr, ya que la ley es exacta al señalar a partir de cuando debe comenzar a computar un término y hasta cuando termina.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que es evidente que el recurrente dejó caducar el plazo establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, al promover la presente acción de amparo el 22 de septiembre del año dos mil dieciséis, es decir, a los cuatro meses después de haberse notificado de la resolución impugnada.-CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1)… 2)… 3)… 4). Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48…”.-CONSIDERANDO (9): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Marco Antonio Calix Molina. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.4, 48, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de mayo del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor adscrito a la Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 429-2017-B.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL