Sentencia AA-425-14 — Registro 10525
Resumen
Acto recurrido que resolvio un recurso de apelación y denegaron un recurso de casación interpuesto contra actuaciones del a-quo, con relación a la demanda promovida por la señora Daniela Villafranca lamas en su condición de Apoderada Legal de la Empresa Sociedad Televisora Nacional S.A de C.V. (SOTEL) contra la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala se ha pronunciado sobre los argumentos esgrimidos por el impetrante quien de manera equivocada ha considerado que está facultado por el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para interponer el Recurso de Casación, plazo que venció veinte días después de la notificación, por lo cual dio lugar a la causa de inadmisibilidad de la acción contenida en el artículo 46 No.3 que dispone: “cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”. Por todo ello procede SOBRESEER las diligencias de las que se ha hecho mérito. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numeral 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre del dos mil diecisiete. VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ a favor de la SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL S.A DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fechas once de noviembre y dos de diciembre de dos mil trece, respectivamente, que resolvieron un recurso de apelación y denegaron un recurso de casación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN de fecha siete de septiembre del dos mil doce, con relación a la demanda promovida por la señora DANIELA VILLAFRANCA LAMAS en su condición de Apoderada Legal de la Empresa Sociedad TELEVISORA NACIONAL S.A DE C.V. (SOTEL) contra la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En virtud de no haberse remitido la pieza del A-quo a este Tribunal se relaciona según se desprende de la sentencia de la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de fecha siete de junio de dos mil trece, (folio 10 del antecedente) la parte resolutiva de la sentencia del JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA de fecha siete de septiembre de dos mil doce, en la cual el referido Juzgado falló: “PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la demanda incoada por el Abogado ANDRES ALEJANDRO ALVARADO BUESO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SOTEL), quien sustituyó poder en la Abogada DANIELA VILLAFRANCA LAMAS, “Por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado”, identificado como la Resolución AS123/07, de fecha veintiséis (26) de enero de 2007 y la Resolución AS123/07 de fecha catorce de marzo de 2007.-SEGUNDO: Absorber al Estado de Honduras a través de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) del pago de CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L.5,000,000.00) reclamados por el demandante en concepto de daños y perjuicios.-TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio por tener motivos suficientes para litigar.-CUARTO: Contra la presente sentencia Definitiva procede el Recurso de Apelación el que debe interponerse ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo.-SIN COSTAS.-NOTIIFIQUESE.” (Folio 10 del antecedente) 2) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada DANIELA VILLAFRANCA LAMAS en su condición de Apoderada Legal de la Empresa Sociedad TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SOTEL) contra la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil doce, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha siete de junio de dos mil trece, falló: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DANIELA VILLAFRANCA LAMAS en su condición de apoderada legal de la Empresa Sociedad TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SOTEL).-SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de fecha siete de septiembre del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y que aparece a folio numero cuatrocientos veintiséis frente (426 f.) al folio cuatrocientos veinticinco frente (425 f) de la pieza principal de autos…” (Folios 10-17 del antecedente). 3)Que conociendo sobre la interposición del recurso de casación presentado por la Abogada DANIELA VILLAFRANCA LAMAS en su condición antes referida contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha once de noviembre de dos mil trece, falló: “PRIMERO: Declarar inadmisible la interposición y formalización del recurso de casación presentado por la Abogada DANIELA VILLAFRANCA LAMAS en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Sociedad TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SOTEL), contra la sentencia de fecha siete de junio de dos mil trece, dictada por este Tribunal, por estar firme la sentencia…” (Folio 37-38 de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de reposición interpuesto por el Abogado LUIS ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Sociedad TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SOTEL), contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha dos de diciembre del año dos mil trece, resolvió: “DECLARAR INADMISIBLE el escrito que antecede presentado por el Abogado LUIS ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ en su condición de apoderado legal de la Empresa SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SOTEL) contra la resolución de fecha once de noviembre de dos mil trece, dictada por este Tribunal, en virtud de que auto recurrido tiene el carácter de definitivo…” (Folios 46-47 del antecedente).4) Que el recurrente Abogado LUIS ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ, compareció ante este alto Tribunal, en fecha veinticinco de abril del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Empresa SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V. (SOTEL), por considerar que la decisión del Ad-quem en fechas once de noviembre y dos de diciembre de dos mil trece, respectivamente, de que se ha hecho referencia en los numerales que anteceden, son violatorias de lo dispuesto en artículos 82 y 94 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha doce de septiembre de dos mil catorce. 5) Que en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión de “SOBRESEER LAS DILIGENCIAS”, con los correspondientes efectos legales, pues en el expediente consta la causa de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional el Recurso de amparo presentado por el abogado LUIS ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL, S.A., DE C.V., contra las actuaciones de la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Que denegó el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO de esta Sección Judicial, en relación a la demanda ordinaria promovida por la SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL S. A., DE C.V., contra la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL). CONSIDERANDO (4): Que la resolución contra la que se recurre en amparo, es la dictada por la Corte de apelaciones de lo contenciosos administrativo, en fecha once de noviembre y dos de diciembre del dos mil trece, respectivamente que resolvieron: un recurso de apelación y denegó un recurso de casación.CONSIDERANDO (5): Que el recurrente al formalizar la acción de amparo expone, que la Corte de apelaciones impugnada, ha violentado los derechos y garantías constitucionales de sus representadas ya que mediante la providencia de fecha once de noviembre del año dos mil trece y la providencia de fecha dos de diciembre del año dos mil trece ha negado el recurso de casación de manera arbitraria, mediante una interpretación errónea del artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, haciendo caso omiso de lo que este literalmente expresa, dejando por fuera su aplicación a los recursos que literalmente se incluyen en esta excepción, para la presentación de un escrito que proceda, siempre y cuando se presente dentro del día en que notifique la oportuna providencia, donde se caduca el derecho. De esta forma dejando a mi representada en una clara indefensión y violentando el debido proceso. Sigue manifestando que tanto el A-Quo con la sentencia de fecha siete de septiembre del año dos mil doce como la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo en fecha siete de junio del dos mil trece, el primero declarando sin lugar la demanda y el segundo declarando sin lugar el recurso de apelación y de esta forma yendo en contra de lo establecido en la ley Marco del Sector de las Telecomunicaciones y Reglamento general específicamente en su artículo 148, donde establece el procedimiento cuando existe interés concurrente de dos o mas solicitantes de las mismas frecuencia radioeléctricas o rango de frecuencia, el otorgamiento respectivo se realizara mediante el procedimiento de concurso público, precepto que no es congruente con la determinación de CONATEL en su resolución AS030/07, que es el objeto de la demanda interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia y que por ende debe anularse. Manifiesta además que en fecha siete de junio del dos mil trece se dictó sentencia en la Corte de apelaciones ahora impugnada confirmando la sentencia de primera instancia, declarando sin lugar la demanda, de esta forma procediendo en contra de sentencia el Recurso de Casación. Considera que las resoluciones impugnadas han quebrantado el Debido Proceso y el derecho de Defensa. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en fecha once de noviembre dicta resolución sobre la interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha siete de junio del dos mil trece dictada por el mismo tribual. Expone el Tribunal que confirmó la sentencia de fecha siete de septiembre del dos mil doce, dictada por la A-Quo Mandando que contra ésta sentencia procedía el recurso de Casación. Sigue exponiendo que en fecha veintisiete de agosto del dos mil trece ese Tribunal declaró la preclusión del término señalado por la ley para interponer y formalizar el recurso de casación por parte de Televisora Nacional S.a. de C.V. (SOTEL), contra la sentencia relacionada, que la sentencia recurrida que es ya firme y tiene el carácter de cosa juzgada. CONSIDERANDO (7): Que el recurso de casación, es una institución que garantiza la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la constitución, para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también el mantenimiento del orden jurídico, por una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. CONSIDERANDO (8): Que la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso administrativo en el Capítulo II de Los Recursos, artículo 89 establece “Los recursos se regirán por la legislación Procesal Civil, salvo lo dispuesto en esta Ley. En los artículos siguientes del 90 al 93, desarrolla el recurso de apelación, sin referirse ni establecer términos para la interposición del Recurso de Casación. Haciendo un contraste con el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: “Salvo que expresamente se disponga lo contrario en esta Ley, los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo instarán de oficio los Trámites que les correspondan, después de interpuesta la demanda. Los Plazos fijados en esta ley o en ocasión de su aplicación serán improrrogables, y una vez transcurridos, se tendrá por caducado el derecho y por perdido el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad del apremio, dándose a los autos de oficio el curso que corresponda; sin embargo, se admitirá el escrito que proceda y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que notifique la oportuna providencia (las negritas son nuestras), el recurrente invoca el párrafo resaltado, referido a la oportunidad de presentar escrito dentro del día en que se le notifique la oportuna providencia, sin apreciar que la referida Ley de lo Contencioso Administrativo, no desarrolla dentro del capítulo de lo Recursos el Recurso de Casación, por ende no existen dentro de dicha ley términos referidos a dicho recurso, por lo que deberá aplicarse la normativa Procesal Civil, que en su artículo 721, dispone de la interposición y formalización del recurso de casación señalando “El Recurso de Casación se interpondrá por escrito ante la Corte de apelaciones que hubiere dictado la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al de la notificación. Pasado dicho plazo sin haberlo interpuesto, quedará de derecho firme la sentencia”. El Artículo 132 se refiere a los plazos fijados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que su aplicación no procede en las disposiciones que deban cumplirse de acuerdo a otra Ley, en el caso de la Casación el Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que observa los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso. CONSIDERANDO (10):Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. CONSIDERANDO (11): Que del estudio de los antecedentes y la normativa aplicable al caso concreto esta Sala aprecia que los argumentos invocados por el recurrente no son de recibo por las razones señaladas en los considerandos que anteceden. De acuerdo a lo antes expuesto esta Sala observa que el Debido Proceso y el Derecho de Defensa del Recurrente no han sido quebrantados, derechos que se ha garantizado a lo largo del proceso, donde el recurrente ha tenido la mismas oportunidades procesales que su contendiente, así como el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, tal y como acontece con el recurso que ahora nos ocupa, en consecuencia no existe la vulneración al derecho a la defensa invocado por la recurrente.CONSIDERANDO (12): Que de acuerdo a los antecedentes se aprecia que el recurrente no hizo uso del RECURSO DE CASACIÓN dentro del término que le señala el código Procesal Civil en su artículo 721, es decir veinte días siguientes al de la notificación, al haber transcurrido dicho plazo la sentencia queda firme. Observando que el recurrente ha realizado una interpretación equivocada en cuanto a la aplicación del artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, que, a su parecer, le permite interponer el recurso de casación el mismo día de notificado de la oportuna providencia, lo que ha quedado suficientemente explicado, no es conforme a derecho en el caso subjudice. CONSIDERANDO (13): Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil catorce; habiendo sometido a estudio la foliada concluye que en el caso de autos existe una causa de inadmisibilidad de la acción, siendo del parecer porque Se SOBRESEAN la acción de amparo interpuesta. CONSIDERNADO(14): Que esta Sala se ha pronunciado sobre los argumentos esgrimidos por el impetrante quien de manera equivocada ha considerado que está facultado por el artículo 132 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para interponer el Recurso de Casación, plazo que venció veinte días después de la notificación, por lo cual dio lugar a la causa de inadmisibilidad de la acción contenida en el artículo 46 No.3 que dispone: “cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”. Por todo ello procede SOBRESEER las diligencias de las que se ha hecho mérito. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. 84, 241 y 242 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 44, 46 No.2 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el amparo de mérito interpuesto por el abogado LUIS ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ, a favor de la sociedad mercantil denominada TELEVISORA NACIONAL, S.A. DE C.V. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- RECEPTOR ADSCRITO Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0425=2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.