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Sentencia AA-419-15 — Registro 12078

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la corte de apelaciones que denegó el recurso de amparo contra el auto que desestima las defensas previas. - Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 párrafo primero, 183 numeral 1), 228, 321 y 323 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que los derechos fundamentales que a juicio de la representación del Instituto de la Propiedad Industrial la sentencia venida en consulta le vulnera el derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso. Con relación al derecho de defensa esta Sala estima que el mismo ha sido ejercido a lo largo de las actuaciones tanto administrativas como jurisdiccionales, llevándose a cabo el proceso con respeto al principio de legalidad, desarrollándose el procedimiento ordinario en la jurisdicción competente, lo que conlleva a afirmar que el derecho a un debido proceso también ha sido respetado y garantizado, tanto por el A-quo como por el Ad-quem en sus resoluciones. Se dice lo anterior en tanto el artículo 521 del Código Procesal Civil requiere, para el conocimiento de pretensiones en materia de propiedad industrial, que quien ejerza la acción sea el titular de una patente, pues el objeto es la tutela de derechos en materia de Propiedad Industrial, y en el caso de autos, el demandante no es titular de una patente, sino que es su pretensión serlo. La falta de titularidad de una patente exime que este caso sea conocido en materia civil, razón suficiente para que las defensas previas opuestas sean desestimadas, ya que las mismas están basadas en la jurisdicción errónea en la cual fue intentada la demanda.CONSIDERANDO (9): Que al no lesionarse el derecho de defensa y consecuentemente el derecho a un debido proceso, tal como queda expresado en los considerandos anteriores, los servidores judiciales de segunda instancia en este caso, han actuado conforme a la Ley.CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se confirme la sentencia venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ Apoderado Legal Sustituto a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto que desestima las defensas previas, adoptado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 párrafo primero, 183 numeral 1), 228, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha seis de febrero del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado Contencioso Administrativo, el Abogado HECTOR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V, interponiendo Demanda Ordinaria de Nulidad de un Acto Administrativo.- Reconocimiento de una Situación Jurídica Individualizada y su Restablecimiento, promovida por la Sociedad denominada POLLO CAMPESTRE S.A. de C.V., contra el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad. 2) Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dictó resolución en el cual resolvió: “UNICO: DECLARAR SIN LUGAR los presentes alegatos de defensas previas, presentado por la parte Incidentista (Demandada) por INEXISTENTES. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique en legal y debida forma la presente resolución, asimismo, que haga constar sus incidencias en la pieza principal de autos.- Por haber motivos relacionados para litigar, se exime de costas a la parte vencida en juicio.”(Folios catorce (F-14) al dieciséis (F 16) de los antecedentes de las Defensa Previas.3) Que en fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, compareció ante la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ en su condición de Procurador judicial delegado del Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad, interponiendo Acción de Amparo a favor del Estado de Honduras, contra la Resolución dictada mediante la sentencia de Defensas Previas de fecha veinticuatro de junio del 2014, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 párrafo primero, 183 numeral 1), 228, 321 y 323 de la Constitución de la República; la cual fue remitida a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. 4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dicto Sentencia en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, mediante la cual falló: “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras, contra la Resolución descrita en el preámbulo del presente fallo.-”(Folios treinta y tres (F 33) al treinta y cinco (F 35) de la pieza de Amparo).5) Que en fecha ocho de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta las sentencias recaídas en los recursos de amparo interpuestos ante las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO(2):Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO(3): Que se conoce en consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintitrés de abril del año dos mil trece, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ Apoderado Legal Sustituto a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto que desestima las defensas previas, adoptado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, en la demanda ordinaria de nulidad de un acto administrativo; reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, interpuesta por la sociedad Pollo Campestre, S.A. de C.V.; en contra del Instituto de la Propiedad IP. CONSIDERANDO(4): Que como antecedentes en el presente caso se debe mencionar que consta en el expediente administrativo N° 14741-11 que en fecha 3 de Mayo de 2011, que el abogado RICARDO ANIBAL MEJIA en representación de la Sociedad denominada “POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V” presentó ante la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial la solicitud No. 14741-11 para registrar como marca de Servicio el distintivo “POLLO CAMPESTRE Y DISEÑO” para amparar servicios comprendidos en la clase internacional(43). La Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, después de efectuar el examen de forma y de fondo, admitió la solicitud de registro como marca y ordenó las publicaciones correspondientes en el Diario Oficial La Gaceta. En fecha 31 de Julio del 2012, las Sociedades POLLO CAMPERO, S.A. y POLLO CAMPERO INTERNACIONAL CORP., comparecieron ante el Instituto de la propiedad presentando oposición al registro de la marca “POLLO CAMPESTRE Y DISEÑO”, por estimar que es similar y genera un grado de confusión con la marca POLLO CAMPERO S.A. Y DISEÑO. En fecha 27 de Junio del 2013, la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, emitió resolución número 419-2013, en la que resuelve Declarar sin lugar las Oposiciones planteadas, por lo que los Representantes de las Sociedades POLLO CAMPERO, S.A. y POLLO CAMPERO INTERNACIONAL CORP, presentaron recurso de Reposición, emitiendo la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual Resolución 570-13 en fecha 20 de Septiembre del ano 2013 declarando SIN LUGAR dicho recurso de Reposición. El 8 de Octubre del 2013 el Apoderado Legal de las Sociedades POLLO CAMPERO, S.A. y POLLO CAMPERO INTERNACIONAL CORP., interpuso Recurso de Apelación ante La Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad, contra la Resolución 570-13 de fecha 20 de Septiembre del 2013, emitiéndose en fecha 6 de Diciembre del 2013 Resolución número 126-SR-I3, la cual revocó 1a Resolución 570-13 mediante la cual la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual había declarado SIN LUGAR el Recurso de Reposición ya mencionado. En fecha 6 de Febrero del 2014, el abogado HECTOR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad “POLLO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.”, compareció ante los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo a interponer Demanda Ordinaria de Nulidad de un Acto Administrativo consistente en la Resolución N° 126-SR-13 de fecha 6 de Diciembre del año 2013, emitida por el Instituto de la Propiedad a través de la Superintendencia de Recursos.CONSIDERANDO(5): Que en el momento procesal indicado, la representación del Instituto de la Propiedad Industrial, opuso dos defensas previas siguientes: PRIMERA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: CUANDO SU CONOCIMIENTO NO CORREPONDE A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Expone el demandado incidentista que el presente conflicto debe ser resuelto en la jurisdicción Civil, por estipularlo así el artículo 520 del Código Procesal Civil que literalmente manda: “Artículo 520.- OBJETO. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que una parte exija la tutela de derechos en materia de propiedad industrial, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclame, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.”. y SEGUNDA CAUSA DE INADMISIBILIDAD: QUE SE HUBIERE INTERPUESTO POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA. Señala que la falta de legitimación se deriva de la falta de jurisdicción o de la jurisdicción errónea en la cual se ejercitó la acción, es decir esta es consecuencia de la anterior. CONSIDERANDO(6): El A-quo emitió resolución en fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, argumentando que la resolución señalada de ilegal y arbitraria, es un acto de carácter particular emitido por la administración pública por tanto sujeto a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declarando con ello SIN LUGAR las defensas previas opuestas. Esta Resolución fue recurrida vía recurso de amparo ante el Tribunal de Alzada, quien determino denegar la acción constitucional intentada, por estimar que la respuesta brindada no vulnera derecho fundamental alguno, y además de confirmar aquel argumento, añade que para que la jurisdicción civil sea la competente, se requiere de la existencia de un derecho ya adquirido por el demandante, lo que no ocurre en el presente caso, lo que existe hasta este momento es una mera pretensión. CONSIDERANDO(7): Que revisado los antecedentes y en consulta la sentencia aludida, esta Sala observa que el conflicto principal y de fondo se plantea para determinar si la Resolución N° 126-SR-13 de fecha 6 de Diciembre del año 2013, emitida por el Instituto de la Propiedad a través de la Superintendencia de Recursos, que declara CON LUGAR la oposición interpuesta por POLLO CAMPERO, teniendo como consecuencia jurídica la imposibilidad que la MARCA Y DISEÑO de POLLO CAMPESTRE sea inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, esta dictada conforme a derecho o no. No obstante y para evitar llegar al fondo del asunto, es decir si la solicitud de registro de un signo distintivo incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 83 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial, la representación del Instituto de la Propiedad Industrial opuso las supramencionadas defensas previas, denegadas en sentencia por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, sentencia venida en consulta y objeto directo de la actividad jurisdiccional de esta Sala.CONSIDERANDO(8): Que los derechos fundamentales que a juicio de la representación del Instituto de la Propiedad Industrial la sentencia venida en consulta le vulnera el derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso. Con relación al derecho de defensa esta Sala estima que el mismo ha sido ejercido a lo largo de las actuaciones tanto administrativas como jurisdiccionales, llevándose a cabo el proceso con respeto al principio de legalidad, desarrollándose el procedimiento ordinario en la jurisdicción competente, lo que conlleva a afirmar que el derecho a un debido proceso también ha sido respetado y garantizado, tanto por el A-quo como por el Ad-quem en sus resoluciones. Se dice lo anterior en tanto el artículo 521 del Código Procesal Civil requiere, para el conocimiento de pretensiones en materia de propiedad industrial, que quien ejerza la acción sea el titular de una patente, pues el objeto es la tutela de derechos en materia de Propiedad Industrial, y en el caso de autos, el demandante no es titular de una patente, sino que es su pretensión serlo. La falta de titularidad de una patente exime que este caso sea conocido en materia civil, razón suficiente para que las defensas previas opuestas sean desestimadas, ya que las mismas están basadas en la jurisdicción errónea en la cual fue intentada la demanda.CONSIDERANDO (9): Que al no lesionarse el derecho de defensa y consecuentemente el derecho a un debido proceso, tal como queda expresado en los considerandos anteriores, los servidores judiciales de segunda instancia en este caso, han actuado conforme a la Ley.CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se confirme la sentencia venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 90 párrafo primero, 255, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 28, 64 y 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo 1, 9 No. 3) literal b), 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de amparo venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ Apoderado Legal Sustituto a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto que desestima las defensas previas, adoptado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA la sentencia que se co en la sentencia que se co oce en consulta24-2012, plicable, verbigracia, la Ley de. NOTIFIQUESE. Firma y Sello ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017) Certificación del fallo de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0419=2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL