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Sentencia AA-411-14 — Registro 8707

Resumen

Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013 determinó que recurrente debe pagar impuesto adicional por activo neto en el período verificado a éste y declaró caducado el término para interponer recurso por lo que se ordenó proceder a su ejecución por medio del Departamento de Cobranzas en relación a la auditoría practicada a la declaración del Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal del año dos mil diez

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general..."..."CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata evidentemente de de la vulneración al debido proceso, al proceder a inadmitir un recurso permitido por la ley; aún y cuando fue presentado dentro del plazo señalado por la autoridad recurrida; y, ni permitir que el recurso que proceda y produjera efectos, cuando se presentó antes o dentro del día en que se notificó el acto que se tuvo por transcurrido el plazo. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAUL MONTES AMAYA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V. (SERSA), contra actuaciones realizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contenidas según el recurrente, en la Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013 en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, emitida por la Administración de Grandes Contribuyentes del Departamento de Asistencia al Contribuyente, asimismo, contra las providencias de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, tres de marzo del dos mil catorce y once de marzo de dos mil catorce, respectivamente, emitidas las tres últimas por la Sección de Recepción y Notificación, ambos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; con relación a la auditoria practicada a la declaración del Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal No.35051627606 del año dos mil diez, del Contribuyente SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V.ANTECEDENTES. 1) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, emitió la Resolución No DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Proceder a notificar el resultado de la auditoría practicada, a la Declaración del Impuesto Sobre La Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal No.35051627606 del año 2010 del Contribuyente SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V. con RTN. No.05019998175170 del periodo 2010, en la cual se determinó lo siguiente: …En el Impuesto al Activo Neto, se determinó un impuesto adicional a pagar, por L.932, 935.26 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100) por no haberse cumplido con la obligación material del pago de Impuesto Activo Neto en el período verificado, debido a que se verificó que el contribuyente mantiene en sus libros un total de Activos por valor de L.96,293.526.28; estos valores no han sido presentados correctamente en las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal, por lo que no han generado Impuesto a pagar al Activo Neto; según consta en los papeles de trabajo de Renta 2010, folios 16 y número 24. …”. Resolución que fue notificada en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece.- (Folios del 99 al 101 y 104 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través de la Oficina de Administración de Grandes Contribuyentes - Departamento de Asistencia al Contribuyente de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió auto mediante el cual resuelve: “…Declárese caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término de 15 días dejado de utilizar por LUIS NAPOLEON LARACH LARACH en su condición de Representante Legal de la Empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V., en consecuencia sin más trámite procédase a su ejecución y trasládense las presentes diligencias al Departamento de Recaudación y Cobranzas de la Administración de Grandes Contribuyentes Región Noroccidental.-…” (Folio 108 del Tomo II de los antecedentes).3) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, el Abogado JOSE ARTURO ZELAYA MARADIAGA, compareció ante la Dirección Ejecutivo de Ingresos, interponiendo recurso de Reposición contra la Resolución No DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013.4) Que en fecha tres de marzo de dos mil catorce, la Oficina de Administración de Grandes Contribuyentes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de la Regional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió auto en el cual resolvió DECLARAR INADMISIBLE POR EXTEMPORANEO, el recurso de reposición interpuesto. (Folio 90 del Tomo I de los antecedentes).5) Que en fecha once de marzo de dos mil catorce, la referida Autoridad, emitió providencia en la cual informó que el término de tres días hábiles para interponer recurso de apelación contra la providencia de fecha tres de marzo de dos mil catorce, venció en fecha diez de marzo de dos mil catorce, sin que se hubiese realizado ninguna actuación administrativa sobre la misma, en consecuencia, se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente dicho término, por lo tanto se ordenó se procediese a su Ejecución trasladándose las diligencias al Departamento de Cobranzas de esa Administración para continuara con las diligencias de cobro correspondientes. (Folio 94 del tomo I de los antecedentes). 6) Que en fecha once (11) de abril de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado SAUL MONTES AMAYA, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V. (SERSA), interponiendo Recurso de Amparo contra actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS manifestados en los actos: 1) Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013 de fecha treinta de agosto del año dos mil trece, emitida por la Administración de Grandes Contribuyentes del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la DEI; 2) Providencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece; 3) Providencia de fecha tres de marzo del dos mil catorce; 4) Providencia de fecha once de marzo de dos mil catorce, emitidas las tres últimas por la Sección de Recepción y Notificación de la Oficina de Administración de Grandes Contribuyentes, Dirección Ejecutiva de Ingresos de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; por considerar el recurrente que dichas actuaciones vulneran las garantías constitucionales contenidos en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 27 del recurso de amparo).7) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas al recurrente para que formalizara su acción de amparo y en virtud de que el recurrente no hizo uso del mismo, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso, asimismo y desprendiéndose del escrito de interposición del recurso de amparo, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, dando vista al fiscal del despacho de las presentes diligencias para que emitiera su dictamen. (Folio 101 del recurso de amparo).8) Que en fecha quince de junio del año dos mil quince, la Sala tuvo por evacuado y por emitido el dictamen del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el presente Recurso de Amparo, por existir ultraje a las garantías constitucionales a la que el amparista hace referencia. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo las actuaciones realizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contenidas según el recurrente, en la Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013 en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, emitida por la Administración de Grandes Contribuyentes del Departamento de Asistencia al Contribuyente, asimismo, contra las providencias de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, tres de marzo del dos mil catorce y once de marzo de dos mil catorce, respectivamente, emitidas las tres últimas por la Sección de Recepción y Notificación, ambos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; con relación a la auditoria practicada a la declaración del Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal No.35051627606 del año dos mil diez, del Contribuyente SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante señala que en una clara violación de las normas que regulan el comportamiento de la Administración Pública, puesto que no se ha tomado en cuenta lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de forma errónea la Dirección Ejecutiva de Ingresos a través de la Administración de Grandes Contribuyentes, Departamento de Asistencia al Contribuyente de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de forma indebida pretende aplicar el Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo, obviando el segundo párrafo del mismo artículado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha once de junio de dos mil quince, en el sentido de que se pudo determinar que en el presente caso no se permitió el acceso a los recurso que franquea la ley. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se otorgue el presente recurso de amparo, por encontrarse acreditada en autos la violación del derecho constitucional del defensa, debido proceso; al declararse indamisible un recurso, aún y cuando fue presentado dentro del plazo establecido.CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular de la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de rentas (SAR), conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Providencia de fecha tres de marzo de dos mil catorce en su parte conducente señala: “Siendo inaplicable el segundo párrafo del Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo ya que este procede cuando se da el caso previsto en el primer párrafo del citado artículo, es decir se aplica cuando ha transcurrido un plazo a la prorroga otorgada en tiempo y transcurrido un plazo en el presente caso se trata de un plazo improrrogable de quince días hábiles para presentar el recurso de reposición anunciado en la Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013.”.CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo permite: “Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo. Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo.”.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata evidentemente de de la vulneración al debido proceso, al proceder a inadmitir un recurso permitido por la ley; aún y cuando fue presentado dentro del plazo señalado por la autoridad recurrida; y, ni permitir que el recurso que proceda y produjera efectos, cuando se presentó antes o dentro del día en que se notificó el acto que se tuvo por transcurrido el plazo. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 62, 89, numeral 1) y 90 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas; 133, 156 y 157 de su Reglamento.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituyan los derechos a SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V. (SERSA), rehabilitando su derecho a impugnar; sin perjuicio que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ahora SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS (SAR), dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-411-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SAUL MONTES AMAYA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V. (SERSA), contra actuaciones realizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contenidas según el recurrente, en la Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013 en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, emitida por la Administración de Grandes Contribuyentes del Departamento de Asistencia al Contribuyente, asimismo, contra las providencias de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, tres de marzo del dos mil catorce y once de marzo de dos mil catorce, respectivamente, emitidas las tres últimas por la Sección de Recepción y Notificación, ambos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; con relación a la auditoria practicada a la declaración del Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal No.35051627606 del año dos mil diez, del Contribuyente SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V.ANTECEDENTES.1) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, emitió la Resolución No DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Proceder a notificar el resultado de la auditoría practicada, a la Declaración del Impuesto Sobre La Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal No.35051627606 del año 2010 del Contribuyente SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V. con RTN. No.05019998175170 del periodo 2010, en la cual se determinó lo siguiente: …En el Impuesto al Activo Neto, se determinó un impuesto adicional a pagar, por L.932, 935.26 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100) por no haberse cumplido con la obligación material del pago de Impuesto Activo Neto en el período verificado, debido a que se verificó que el contribuyente mantiene en sus libros un total de Activos por valor de L.96,293.526.28; estos valores no han sido presentados correctamente en las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal, por lo que no han generado Impuesto a pagar al Activo Neto; según consta en los papeles de trabajo de Renta 2010, folios 16 y número 24. …”. Resolución que fue notificada en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece.- (Folios del 99 al 101 y 104 del Tomo II de la primera pieza de los antecedentes).2) Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través de la Oficina de Administración de Grandes Contribuyentes - Departamento de Asistencia al Contribuyente de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió auto mediante el cual resuelve: “…Declárese caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término de 15 días dejado de utilizar por LUIS NAPOLEON LARACH LARACH en su condición de Representante Legal de la Empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V., en consecuencia sin más trámite procédase a su ejecución y trasládense las presentes diligencias al Departamento de Recaudación y Cobranzas de la Administración de Grandes Contribuyentes Región Noroccidental.-…” (Folio 108 del Tomo II de los antecedentes).3) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, el Abogado JOSE ARTURO ZELAYA MARADIAGA, compareció ante la Dirección Ejecutivo de Ingresos, interponiendo recurso de Reposición contra la Resolución No DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013.4) Que en fecha tres de marzo de dos mil catorce, la Oficina de Administración de Grandes Contribuyentes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de la Regional de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, emitió auto en el cual resolvió DECLARAR INADMISIBLE POR EXTEMPORANEO, el recurso de reposición interpuesto. (Folio 90 del Tomo I de los antecedentes).5) Que en fecha once de marzo de dos mil catorce, la referida Autoridad, emitió providencia en la cual informó que el término de tres días hábiles para interponer recurso de apelación contra la providencia de fecha tres de marzo de dos mil catorce, venció en fecha diez de marzo de dos mil catorce, sin que se hubiese realizado ninguna actuación administrativa sobre la misma, en consecuencia, se declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente dicho término, por lo tanto se ordenó se procediese a su Ejecución trasladándose las diligencias al Departamento de Cobranzas de esa Administración para continuara con las diligencias de cobro correspondientes. (Folio 94 del tomo I de los antecedentes). 6) Que en fecha once (11) de abril de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado SAUL MONTES AMAYA, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V. (SERSA), interponiendo Recurso de Amparo contra actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS manifestados en los actos: 1) Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013 de fecha treinta de agosto del año dos mil trece, emitida por la Administración de Grandes Contribuyentes del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la DEI; 2) Providencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece; 3) Providencia de fecha tres de marzo del dos mil catorce; 4) Providencia de fecha once de marzo de dos mil catorce, emitidas las tres últimas por la Sección de Recepción y Notificación de la Oficina de Administración de Grandes Contribuyentes, Dirección Ejecutiva de Ingresos de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; por considerar el recurrente que dichas actuaciones vulneran las garantías constitucionales contenidos en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 27 del recurso de amparo).7) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas al recurrente para que formalizara su acción de amparo y en virtud de que el recurrente no hizo uso del mismo, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso, asimismo y desprendiéndose del escrito de interposición del recurso de amparo, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, dando vista al fiscal del despacho de las presentes diligencias para que emitiera su dictamen. (Folio 101 del recurso de amparo).8) Que en fecha quince de junio del año dos mil quince, la Sala tuvo por evacuado y por emitido el dictamen del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el presente Recurso de Amparo, por existir ultraje a las garantías constitucionales a la que el amparista hace referencia. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo las actuaciones realizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contenidas según el recurrente, en la Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013 en fecha treinta de agosto del año dos mil trece, emitida por la Administración de Grandes Contribuyentes del Departamento de Asistencia al Contribuyente, asimismo, contra las providencias de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, tres de marzo del dos mil catorce y once de marzo de dos mil catorce, respectivamente, emitidas las tres últimas por la Sección de Recepción y Notificación, ambos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; con relación a la auditoria practicada a la declaración del Impuesto Sobre la Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal No.35051627606 del año dos mil diez, del Contribuyente SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante señala que en una clara violación de las normas que regulan el comportamiento de la Administración Pública, puesto que no se ha tomado en cuenta lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de forma errónea la Dirección Ejecutiva de Ingresos a través de la Administración de Grandes Contribuyentes, Departamento de Asistencia al Contribuyente de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de forma indebida pretende aplicar el Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo, obviando el segundo párrafo del mismo artículado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha once de junio de dos mil quince, en el sentido de que se pudo determinar que en el presente caso no se permitió el acceso a los recurso que franquea la ley. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se otorgue el presente recurso de amparo, por encontrarse acreditada en autos la violación del derecho constitucional del defensa, debido proceso; al declararse indamisible un recurso, aún y cuando fue presentado dentro del plazo establecido.CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular de la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI) ahora Servicio de Administración de rentas (SAR), conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la Providencia de fecha tres de marzo de dos mil catorce en su parte conducente señala: “Siendo inaplicable el segundo párrafo del Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo ya que este procede cuando se da el caso previsto en el primer párrafo del citado artículo, es decir se aplica cuando ha transcurrido un plazo a la prorroga otorgada en tiempo y transcurrido un plazo en el presente caso se trata de un plazo improrrogable de quince días hábiles para presentar el recurso de reposición anunciado en la Resolución DEI-AGCRNO-DA-150-H-2013.”.CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo permite: “Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo. Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo.”.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.CONSIDERANDO TRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata evidentemente de de la vulneración al debido proceso, al proceder a inadmitir un recurso permitido por la ley; aún y cuando fue presentado dentro del plazo señalado por la autoridad recurrida; y, ni permitir que el recurso que proceda y produjera efectos, cuando se presentó antes o dentro del día en que se notificó el acto que se tuvo por transcurrido el plazo. Amén de lo anterior, son circunstancias que dan pie a OTORGAR el presente recurso.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 62, 89, numeral 1) y 90 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas; 133, 156 y 157 de su Reglamento.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se le restituyan los derechos a SERVICIOS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V. (SERSA), rehabilitando su derecho a impugnar; sin perjuicio que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ahora SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS (SAR), dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-411-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL