Sentencia AA-400-15 — Registro 6676
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo contra resolución dictada por el juzgado de letras de primera instancia que desestimó defensas previas por considerar que no existen las causas de inadmisibilidad alegadas en relación a la demanda en materia de personal promovida por el Señor Jaime Omar Coello Valladares en contra del recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista.-En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha veintitrés de abril de dos mil quince mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda en materia de personal promovida por el Señor JAIME OMAR COELLO VALLADARES contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS – HOSPITAL ESCUELA..- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Señor JAIME OMAR COELLO VALLADARES interponiendo demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica violentada de derecho al ser separado sin mediar causa justificada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser ordenar el reintegro a su cargo de Supervisor de Servicios Generales más salarios dejados de percibir, vacaciones, aguinaldos, intereses legales y costas del juicio, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS – HOSPITAL ESCUELA.-2) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el referido Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA actuando en su condición de Apoderado Legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada.-3) Que seguido el tramite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, dictó Auto Resolutivo mediante el cual resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegas. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno.-” (Folios cuarenta y tres (43) al cuarenta y siete (47) de la pieza separada de defensas previas).-4) Que en fecha diecisiete de febrero del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA interponiendo Recurso de Amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo de fecha treinta de enero del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República.-5) Que seguido el trámite que para efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, falló: “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, Apoderada Legal por Delegación de la Universidad Autónoma de Honduras.-” (Folios veinticuatro (24) y veinticinco (25) de la pieza de amparo). -6) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. -Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. -En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación del artículo 82 de la Constitución de la República. Que la petente de amparo básicamente reclama que “el A-quo no ha observado el estudio debido sobre la existencia de la causal de defensa previa que se ha invocado ( QUE EL ESCRITO DE LA DEMANDA ADOLECIERA DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO); consecuentemente, al haberla desestimado le han vulnerado su Derecho de Defensa, pues ha quedado demostrado que la parte actora dirige la demanda contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, señalando como representante legal a la Rectora Julieta Castellanos y no al Procurador General de la República, quien es el llamado a la defensa del Estado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el juez no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya sea en forma favorable o desfavorable, en virtud que su fallo resultaría desde todo punto de vista ilegal”.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el Tribunal de Alzada decidió denegar el amparo a la recurrente, basándose en que el alegato de defensas previas es equivocado, porque no tiene relación la comparecencia de las partes en juicio, con el fondo del juicio contencioso administrativo, que será la de determinar si es ilegal o no un acto administrativo, y de dicho resultado decretar la nulidad o no del mismo.-Asimismo señala la Corte que el actor en juicio designa correctamente al demandado, ya que al tenor del Convenio Ejecutivo PCM-024-12 la administración de personal del Hospital Escuela está bajo el cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que el Rector o Rectora tiene la representación legal para comparecer en juicio, y no el Procurador General de la República, que únicamente podría hacerlo a petición de esta, ya que como fue explicado, es la Rectoría quien tiene la representación legal en juicio. -CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista.-En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha veintitrés de abril de dos mil quince mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO .-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual DENIEGA la garantía de amparo interpuesta por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda en materia de personal promovida por el Señor JAIME OMAR COELLO VALLADARES contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS – HOSPITAL ESCUELA.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0400-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda en materia de personal promovida por el Señor JAIME OMAR COELLO VALLADARES contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS – HOSPITAL ESCUELA..- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Señor JAIME OMAR COELLO VALLADARES interponiendo demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica violentada de derecho al ser separado sin mediar causa justificada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser ordenar el reintegro a su cargo de Supervisor de Servicios Generales más salarios dejados de percibir, vacaciones, aguinaldos, intereses legales y costas del juicio, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS – HOSPITAL ESCUELA.-2) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil catorce, compareció ante el referido Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA actuando en su condición de Apoderado Legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, alegando Defensas Previas en la demanda antes relacionada.-3) Que seguido el tramite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, dictó Auto Resolutivo mediante el cual resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegas. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno.-” (Folios cuarenta y tres (43) al cuarenta y siete (47) de la pieza separada de defensas previas).-4) Que en fecha diecisiete de febrero del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA interponiendo Recurso de Amparo a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo de fecha treinta de enero del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República.-5) Que seguido el trámite que para efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, falló: “DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, Apoderada Legal por Delegación de la Universidad Autónoma de Honduras.-” (Folios veinticuatro (24) y veinticinco (25) de la pieza de amparo). -6) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.-CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. -Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. -En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación del artículo 82 de la Constitución de la República. Que la petente de amparo básicamente reclama que “el A-quo no ha observado el estudio debido sobre la existencia de la causal de defensa previa que se ha invocado ( QUE EL ESCRITO DE LA DEMANDA ADOLECIERA DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO); consecuentemente, al haberla desestimado le han vulnerado su Derecho de Defensa, pues ha quedado demostrado que la parte actora dirige la demanda contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, señalando como representante legal a la Rectora Julieta Castellanos y no al Procurador General de la República, quien es el llamado a la defensa del Estado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual el juez no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya sea en forma favorable o desfavorable, en virtud que su fallo resultaría desde todo punto de vista ilegal”.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. Que el Tribunal de Alzada decidió denegar el amparo a la recurrente, basándose en que el alegato de defensas previas es equivocado, porque no tiene relación la comparecencia de las partes en juicio, con el fondo del juicio contencioso administrativo, que será la de determinar si es ilegal o no un acto administrativo, y de dicho resultado decretar la nulidad o no del mismo.-Asimismo señala la Corte que el actor en juicio designa correctamente al demandado, ya que al tenor del Convenio Ejecutivo PCM-024-12 la administración de personal del Hospital Escuela está bajo el cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que el Rector o Rectora tiene la representación legal para comparecer en juicio, y no el Procurador General de la República, que únicamente podría hacerlo a petición de esta, ya que como fue explicado, es la Rectoría quien tiene la representación legal en juicio. -CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y por tanto no es violatoria de las normas constitucionales citadas por el garantista.-En consecuencia procede la confirmatoria de la sentencia proferida en fecha veintitrés de abril de dos mil quince mediante la cual la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resolvió denegar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO .-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual DENIEGA la garantía de amparo interpuesta por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil quince, que desestimó las Defensas Previas presentadas en la demanda en materia de personal promovida por el Señor JAIME OMAR COELLO VALLADARES contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS – HOSPITAL ESCUELA.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0400-2015.- firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”