Sentencia AA-395-15 — Registro 6670
Resumen
En consulta denegatoria de amparo en relación a incidente de defensas previas interpuesta por impetrante en relación a demanda de restitución,nivelación de salarios,Nulidad de un acto Presunto Negativo y salarios dejados de percibir interpuesta contra éste,considerando la firmeza de acto impugnado y la falta de legitimidad de demandantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"10: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las causas de inadmisibilidad de la demanda, alegadas por la demandada, en el momento procesal oportuno, fueron apreciadas correctamente por el A-quo, esto porque el alegato de la demandada de ser un Acto firme el impugnado, por no haber sido recurrido en tiempo y forma, en virtud que la demandante dejó pasar el término de 60 días previstos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para comparecer ante la Autoridad Nominadora y hacer uso de los recursos para reclamar que le estaban afectando su salario, no es correcto, ya que de la revisión de los autos se concluye que el reclamo administrativo lo interpusieron los demandantes, entre otras cosas, para que se les restituyera a los cargos que por Ley les asiste, por ser un derecho que les corresponde, lo cual fue reclamado dentro del término legalmente establecido y tal como lo señala el A-quo, al ser el reclamado un Acto Presunto de la Administración Pública, no puede pronunciarse en esta etapa del juicio, sobre algún derecho reclamado por el mismo, ya que sobre ello deberá pronunciarse en sentencia definitiva, estando legitimados los demandantes para ejercer la acción de mérito, por tener interés directo en la misma y ser la demanda de origen laboral, por lo que no es requisito la presentación de la caución relacionada.-CONSIDERANDO 11: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que del análisis del Amparo promovido y de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y lo señalado en la motivación de su fallo, no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a la acción incoada, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentar los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por tener los demandantes legitimación para ejercer la presente acción, cumpliendo con los requisitos que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y en cuanto al acto impugnado el mismo no es firme, al seguirse el tramite legalmente establecido para agotar la vía administrativa en cuanto a un acto presunto y en lo demás será en la sentencia definitiva que el A-quo deberá pronunciarse a efecto de conceder o denegar las pretensiones de los demandantes.-CONSIDERANDO 12: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, que por Unanimidad de Votos, falla Denegando el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ"...
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, que deniega la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de defensas previas emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, en relación a la demanda en materia de personal, por infracción del ordenamiento jurídico nacional, promovida por el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, en su condición de Apoderado Legal de los señores EDIS GRISELA HERRERA BACA, BENITA CARRANZA VILLALOBOS, JORGE ALBERTO FLORES ANDINO, CARLOS ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, JERSON RUBEN CANALES URBINA, WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO, VICTORIA REYES, LORENA SUYAPA RAMIREZ SANCHEZ y CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK, contra el ESTADO DE HONDURAS. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado la garantía constitucional del derecho fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores EDIS GRISELA HERRERA BACA, BENITA CARRANZA VILLALOBOS, JORGE ALBERTO FLORES ANDINO, CARLOS ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, JERSON RUBEN CANALES URBINA, WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO, VICTORIA REYES, LORENA SUYAPA RAMIREZ SANCHEZ y CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK, interponiendo Demanda LABORAL ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA PERSONAL POR INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL.- A FIN DE RESTITUIR EN LOS PUESTOS DE TRABAJO A VARIOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS “DEI” COMO ADMINISTRADORES DE ADUANAS Y OFICIALES DE AFORO Y DESPACHO RESPECTIVAMENTE. NIVELACIÓN DE SALARIOS.- DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN ACTO PRESUNTO NEGATIVO.- RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURÍDICA INDIVIDUALIZADA Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA SU RESTABLECIMIENTO.- A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS “DEI”, institución representada por la Ministra y Directora señora MIRIAM GUZMAN. (Folios del 01 al 09 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha Veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por ende representante legal del Estado, alegando defensas previas a saber: 1) Ser un acto firme, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente; 2) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; y 3) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. En la demanda promovida por el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, relacionada en el numeral que precede. (Folios del 01 al 03 de la pieza de antecedentes de Defensas Previas).-3) Que en fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, emitió auto resolutivo en relación a las defensas previas planteadas por la parte demandada, mediante el cual falló: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR las causas de inadmisibilidad alegadas por el incidentista demandado consistente en: a) QUE ES UN ACTO FIRME, ES DECIR AQUELLOS QUE NO FUERON RECURRIDOS EN TIEMPO Y FORMA O QUE HUBIEREN SIDO CONSENTIDOS EXPRESAMENTE B) QUE LA DEMANDA HA SIDO INTERPUESTA POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA C) EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECIERE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO; por las causas ya establecidas en el presente auto resolutivo…”(Folios del 31 al 33 de la pieza de antecedentes de Defensas Previas).- 4) Que en fecha doce de enero del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo Recurso de Amparo contra el auto resolutivo de defensas previas de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, por considerar que el acto recurrido ha violentado la garantía constitucional del derecho fundamental del Debido Proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 y 02 de la pieza de antecedentes de Amparo).-5) Que en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, accionando en su carácter de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución descrita en el Preámbulo del presente fallo….”. (Folios del 20 al 22 de la pieza de antecedentes de Amparo).-6) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, contra la resolución de fecha trece de noviembre, del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que falla desestimando las defensas previas promovidas a saber: 1) Ser un acto firme, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente; 2) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; y 3) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, promovidas por la parte demandada, en relación a la Demanda en Materia de Personal, promovida por el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, en su condición de Apoderado Legal de los señores EDIS GRISELA HERRERA BACA, BENITA CARRANZA VILLALOBOS, JORGE ALBERTO FLORES ANDINO, CARLOS ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, JERSON RUBEN CANALES URBINA, WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO, VICTORIA REYES, LORENA SUYAPA RAMIREZ SANCHEZ y CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).-CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al desestimar las defensas previas alegadas por el Estado, violenta la garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Arguye la impetrante que los reclamos administrativos fueron resueltos por el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante providencias de fechas cuatro de noviembre del año 2013, y 13 de noviembre del año 2013, a los reclamos administrativos presentados en el departamento de Recursos Humanos en fechas 31 de octubre del año 2013 y 13 de noviembre del año 2013, donde se resolvió declarar improcedentes los mismos, por haber prescrito el mismo y haber perdido irrevocablemente el término para hacer uso de su derecho, fundamentándose en los artículos 116 del Régimen especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, párrafo segundo y el artículo 198 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento. Sostiene la impetrante que a los demandantes no les ampara el derecho a demandar la nulidad de un Acto Negativo Presunto, Reconocimiento de una situación jurídica individualizada, lo cual esta fuera de contexto, ya que sus reclamos administrativos fueron declarados improcedentes por haber prescrito el mismo y haber perdido irrevocablemente el término para hacer uso de sus derechos. Preceptos legales que el juez de Letras Contencioso Administrativo obvió, y violentó al no darles el cumplimiento y observancia, pues el A-quo inobservó lo contenido en los cuerpos legales enunciados.-CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta Sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en Amparo la resolución de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falla desestimar las defensas previas interpuestas por la parte incidentista, consistentes en: 1) Ser un acto firme, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente; 2) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; y 3) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.-CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto con el cual la recurrente considera vulnerado el derecho constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, lo explica señalando que existen tres causales de inadmisibilidad de la demanda, fundamentando las mismas en los motivos establecidos en los artículos 31 literal a), 51, 63 literal a), 80 literales c) y d), de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO 7: Que en la formalización de la acción constitucional, la garantía constitucional que invoca la recurrente ha sido vulnerada es la siguiente: artículo 90 párrafo primero que dispone “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” .-CONSIDERANDO 8: Que el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada Sandra Lorena Zúniga García emitió Dictamen en fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince, en el que concluye que no se otorgue el recurso de amparo solicitado por el impetrante; sostiene la Fiscal del Ministerio Público que del estudio de los autos se colige que el acto impugnado no se encuentra firme cuando se insta el procedimiento administrativo, así como tampoco ha prescrito el termino cuando el representante de la parte actora incoa la demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, dado que cuando no le resuelven el escrito de reposición presentado en fecha 31 de marzo del 2014 y el cual debía haberse resuelto a mas tardar el 15 de abril del 2014, y al no haberse resuelto dentro de los plazos establecidos en la ley, el representante de los demandantes, ante una negativa presunta de la administración, interpone la presente demanda el 20 de mayo de 2014, fecha para la cual no había vencido el plazo para promover la acción, por lo cual no se cumple la primera causa de inadmisibilidad, en lo referente a que el acto impugnado se encuentra firme, por ende el no concurrir esta causal, claramente se evidencia que los demandantes están legitimados para poder acudir a la instancia judicial a efecto de hacer valer su pretensión al ser un titular de un derecho derivado del ordenamiento que considera infringido al haber un silencio administrativo. Finalmente aduce la Fiscal del Ministerio Público, no concurre la tercera cusa de inadmisibilidad en torno a que no adolece de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, dado que el caso en comento deviene de una acción laboral y que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 266-2013, publicado en fecha 23 de enero de 2014, que contiene las reformas a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo donde establece que la caución no será requerida en este tipo de materia.-CONSIDERANDO 9: Que la recurrente en la explicación y alegaciones de la acción constitucional invocada, aduce que existen tres causas de inadmisibilidad, para que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no conozca de la demanda, fundamentando sus alegaciones en los artículos 31 literal a), 51, 63 literal a), 80 literales c) y d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese orden los precitados artículos señalan: artículo 31 literal a) “No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: a) Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes;…”; artículo 80 “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a)…; b)…; c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa, al tenor del articulo 31; ch)…; d)Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos;…-”.-CONSIDERANDO 10: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las causas de inadmisibilidad de la demanda, alegadas por la demandada, en el momento procesal oportuno, fueron apreciadas correctamente por el A-quo, esto porque el alegato de la demandada de ser un Acto firme el impugnado, por no haber sido recurrido en tiempo y forma, en virtud que la demandante dejó pasar el término de 60 días previstos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para comparecer ante la Autoridad Nominadora y hacer uso de los recursos para reclamar que le estaban afectando su salario, no es correcto, ya que de la revisión de los autos se concluye que el reclamo administrativo lo interpusieron los demandantes, entre otras cosas, para que se les restituyera a los cargos que por Ley les asiste, por ser un derecho que les corresponde, lo cual fue reclamado dentro del término legalmente establecido y tal como lo señala el A-quo, al ser el reclamado un Acto Presunto de la Administración Pública, no puede pronunciarse en esta etapa del juicio, sobre algún derecho reclamado por el mismo, ya que sobre ello deberá pronunciarse en sentencia definitiva, estando legitimados los demandantes para ejercer la acción de mérito, por tener interés directo en la misma y ser la demanda de origen laboral, por lo que no es requisito la presentación de la caución relacionada.-CONSIDERANDO 11: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que del análisis del Amparo promovido y de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y lo señalado en la motivación de su fallo, no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a la acción incoada, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentar los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por tener los demandantes legitimación para ejercer la presente acción, cumpliendo con los requisitos que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y en cuanto al acto impugnado el mismo no es firme, al seguirse el tramite legalmente establecido para agotar la vía administrativa en cuanto a un acto presunto y en lo demás será en la sentencia definitiva que el A-quo deberá pronunciarse a efecto de conceder o denegar las pretensiones de los demandantes.-CONSIDERANDO 12: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, que por Unanimidad de Votos, falla Denegando el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 3, 14, 49, 63 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de abril del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0395-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, que deniega la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo de defensas previas emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, en relación a la demanda en materia de personal, por infracción del ordenamiento jurídico nacional, promovida por el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, en su condición de Apoderado Legal de los señores EDIS GRISELA HERRERA BACA, BENITA CARRANZA VILLALOBOS, JORGE ALBERTO FLORES ANDINO, CARLOS ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, JERSON RUBEN CANALES URBINA, WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO, VICTORIA REYES, LORENA SUYAPA RAMIREZ SANCHEZ y CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK, contra el ESTADO DE HONDURAS. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado la garantía constitucional del derecho fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veinte de mayo del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores EDIS GRISELA HERRERA BACA, BENITA CARRANZA VILLALOBOS, JORGE ALBERTO FLORES ANDINO, CARLOS ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, JERSON RUBEN CANALES URBINA, WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO, VICTORIA REYES, LORENA SUYAPA RAMIREZ SANCHEZ y CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK, interponiendo Demanda LABORAL ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA PERSONAL POR INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL.- A FIN DE RESTITUIR EN LOS PUESTOS DE TRABAJO A VARIOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS “DEI” COMO ADMINISTRADORES DE ADUANAS Y OFICIALES DE AFORO Y DESPACHO RESPECTIVAMENTE. NIVELACIÓN DE SALARIOS.- DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UN ACTO PRESUNTO NEGATIVO.- RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURÍDICA INDIVIDUALIZADA Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA SU RESTABLECIMIENTO.- A TÍTULO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS “DEI”, institución representada por la Ministra y Directora señora MIRIAM GUZMAN. (Folios del 01 al 09 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha Veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, por ende representante legal del Estado, alegando defensas previas a saber: 1) Ser un acto firme, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente; 2) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; y 3) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. En la demanda promovida por el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, relacionada en el numeral que precede. (Folios del 01 al 03 de la pieza de antecedentes de Defensas Previas).-3) Que en fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, emitió auto resolutivo en relación a las defensas previas planteadas por la parte demandada, mediante el cual falló: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR las causas de inadmisibilidad alegadas por el incidentista demandado consistente en: a) QUE ES UN ACTO FIRME, ES DECIR AQUELLOS QUE NO FUERON RECURRIDOS EN TIEMPO Y FORMA O QUE HUBIEREN SIDO CONSENTIDOS EXPRESAMENTE B) QUE LA DEMANDA HA SIDO INTERPUESTA POR PERSONA INCAPAZ, NO REPRESENTADA DEBIDAMENTE O NO LEGITIMADA C) EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECIERE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO; por las causas ya establecidas en el presente auto resolutivo…”(Folios del 31 al 33 de la pieza de antecedentes de Defensas Previas).- 4) Que en fecha doce de enero del año dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo Recurso de Amparo contra el auto resolutivo de defensas previas de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, por considerar que el acto recurrido ha violentado la garantía constitucional del derecho fundamental del Debido Proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 y 02 de la pieza de antecedentes de Amparo).-5) Que en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “DENEGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, accionando en su carácter de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución descrita en el Preámbulo del presente fallo….”. (Folios del 20 al 22 de la pieza de antecedentes de Amparo).-6) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, contra la resolución de fecha trece de noviembre, del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que falla desestimando las defensas previas promovidas a saber: 1) Ser un acto firme, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente; 2) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; y 3) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, promovidas por la parte demandada, en relación a la Demanda en Materia de Personal, promovida por el Abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, en su condición de Apoderado Legal de los señores EDIS GRISELA HERRERA BACA, BENITA CARRANZA VILLALOBOS, JORGE ALBERTO FLORES ANDINO, CARLOS ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ, JERSON RUBEN CANALES URBINA, WENDY ROSIBEL OCHOA ANDINO, VICTORIA REYES, LORENA SUYAPA RAMIREZ SANCHEZ y CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).-CONSIDERANDO 2: Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al desestimar las defensas previas alegadas por el Estado, violenta la garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Arguye la impetrante que los reclamos administrativos fueron resueltos por el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante providencias de fechas cuatro de noviembre del año 2013, y 13 de noviembre del año 2013, a los reclamos administrativos presentados en el departamento de Recursos Humanos en fechas 31 de octubre del año 2013 y 13 de noviembre del año 2013, donde se resolvió declarar improcedentes los mismos, por haber prescrito el mismo y haber perdido irrevocablemente el término para hacer uso de su derecho, fundamentándose en los artículos 116 del Régimen especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, párrafo segundo y el artículo 198 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento. Sostiene la impetrante que a los demandantes no les ampara el derecho a demandar la nulidad de un Acto Negativo Presunto, Reconocimiento de una situación jurídica individualizada, lo cual esta fuera de contexto, ya que sus reclamos administrativos fueron declarados improcedentes por haber prescrito el mismo y haber perdido irrevocablemente el término para hacer uso de sus derechos. Preceptos legales que el juez de Letras Contencioso Administrativo obvió, y violentó al no darles el cumplimiento y observancia, pues el A-quo inobservó lo contenido en los cuerpos legales enunciados.-CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta Sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en Amparo la resolución de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falla desestimar las defensas previas interpuestas por la parte incidentista, consistentes en: 1) Ser un acto firme, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente; 2) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada; y 3) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.-CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto con el cual la recurrente considera vulnerado el derecho constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, lo explica señalando que existen tres causales de inadmisibilidad de la demanda, fundamentando las mismas en los motivos establecidos en los artículos 31 literal a), 51, 63 literal a), 80 literales c) y d), de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIDERANDO 7: Que en la formalización de la acción constitucional, la garantía constitucional que invoca la recurrente ha sido vulnerada es la siguiente: artículo 90 párrafo primero que dispone “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” .-CONSIDERANDO 8: Que el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada Sandra Lorena Zúniga García emitió Dictamen en fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince, en el que concluye que no se otorgue el recurso de amparo solicitado por el impetrante; sostiene la Fiscal del Ministerio Público que del estudio de los autos se colige que el acto impugnado no se encuentra firme cuando se insta el procedimiento administrativo, así como tampoco ha prescrito el termino cuando el representante de la parte actora incoa la demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, dado que cuando no le resuelven el escrito de reposición presentado en fecha 31 de marzo del 2014 y el cual debía haberse resuelto a mas tardar el 15 de abril del 2014, y al no haberse resuelto dentro de los plazos establecidos en la ley, el representante de los demandantes, ante una negativa presunta de la administración, interpone la presente demanda el 20 de mayo de 2014, fecha para la cual no había vencido el plazo para promover la acción, por lo cual no se cumple la primera causa de inadmisibilidad, en lo referente a que el acto impugnado se encuentra firme, por ende el no concurrir esta causal, claramente se evidencia que los demandantes están legitimados para poder acudir a la instancia judicial a efecto de hacer valer su pretensión al ser un titular de un derecho derivado del ordenamiento que considera infringido al haber un silencio administrativo. Finalmente aduce la Fiscal del Ministerio Público, no concurre la tercera cusa de inadmisibilidad en torno a que no adolece de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, dado que el caso en comento deviene de una acción laboral y que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 266-2013, publicado en fecha 23 de enero de 2014, que contiene las reformas a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo donde establece que la caución no será requerida en este tipo de materia.-CONSIDERANDO 9: Que la recurrente en la explicación y alegaciones de la acción constitucional invocada, aduce que existen tres causas de inadmisibilidad, para que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no conozca de la demanda, fundamentando sus alegaciones en los artículos 31 literal a), 51, 63 literal a), 80 literales c) y d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En ese orden los precitados artículos señalan: artículo 31 literal a) “No se admitirá la acción contencioso-administrativa respecto de: a) Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes;…”; artículo 80 “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a)…; b)…; c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa, al tenor del articulo 31; ch)…; d)Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos;…-”.-CONSIDERANDO 10: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las causas de inadmisibilidad de la demanda, alegadas por la demandada, en el momento procesal oportuno, fueron apreciadas correctamente por el A-quo, esto porque el alegato de la demandada de ser un Acto firme el impugnado, por no haber sido recurrido en tiempo y forma, en virtud que la demandante dejó pasar el término de 60 días previstos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para comparecer ante la Autoridad Nominadora y hacer uso de los recursos para reclamar que le estaban afectando su salario, no es correcto, ya que de la revisión de los autos se concluye que el reclamo administrativo lo interpusieron los demandantes, entre otras cosas, para que se les restituyera a los cargos que por Ley les asiste, por ser un derecho que les corresponde, lo cual fue reclamado dentro del término legalmente establecido y tal como lo señala el A-quo, al ser el reclamado un Acto Presunto de la Administración Pública, no puede pronunciarse en esta etapa del juicio, sobre algún derecho reclamado por el mismo, ya que sobre ello deberá pronunciarse en sentencia definitiva, estando legitimados los demandantes para ejercer la acción de mérito, por tener interés directo en la misma y ser la demanda de origen laboral, por lo que no es requisito la presentación de la caución relacionada.-CONSIDERANDO 11: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca la recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que del análisis del Amparo promovido y de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y lo señalado en la motivación de su fallo, no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a la acción incoada, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentar los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por tener los demandantes legitimación para ejercer la presente acción, cumpliendo con los requisitos que establece la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y en cuanto al acto impugnado el mismo no es firme, al seguirse el tramite legalmente establecido para agotar la vía administrativa en cuanto a un acto presunto y en lo demás será en la sentencia definitiva que el A-quo deberá pronunciarse a efecto de conceder o denegar las pretensiones de los demandantes.-CONSIDERANDO 12: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, que por Unanimidad de Votos, falla Denegando el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 3, 14, 49, 63 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de abril del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0395-2015.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
JML