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Sentencia AA-389-17 — Registro 8684

Resumen

Actuaciones de Autoridad recurrida efectuaron traslado de recurrente del Centro Penitenciario de San Pedro Sula, Cortés, al Centro Penitenciario Ilama, Santa Bárbara

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional que si bien el Estado se encuentra en una posición de garante frente a las personas bajo su custodia y por tanto tiene el deber de garantizar sus derechos fundamentales y asegurar que las condiciones de reclusión en las que éstas se encuentran sean acordes con el respeto a la dignidad inherente a todo ser humano, también lo es que el Estado cumple con dicha garantía que bajo la existencia de recursos judiciales, mecanismos y vías de comunicación para que los reclusos hagan llegar a la administración penitenciaria sus peticiones, reclamos y quejas relativos a aspectos propios de las condiciones de detención y la vida en prisión, que por su naturaleza no correspondería presentar por la vía judicial..."..."el quebrantamiento del derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se les limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a alguna de las partes, lo cual no sucede en el presente caso toda vez que conforme al informe ya relacionado se establece que la recurrente no hizo uso de ninguna actuación o recursos para impugnar el acto que considera le ocasiona agravios a su representado, tal como lo estipula el articulo 69 relacionado con el 103 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional[4] en consonancia con los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Penal, referentes a que los condenados pueden presentar peticiones o quejas ante el Director del Establecimiento Penitenciario o al Juez de Ejecución para hacer valer sus derechos y facultades que la ley les otorga, de manera que al no indicar la reclamante que se le ha obstaculizado ejercer alguna acción o recurso, no se aprecia por lo ya expuesto que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales señalados por la quejosa..."..."por lo que se impone declarar inadmisible el presente amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, contra actuaciones dictadas en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecisiete, relacionadas según la recurrente al traslado del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, al CENTRO PENITENCIARIO ILAMA, SANTA BÁRBARA. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante auto de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecisiete, dispuso previo a resolver sobre la admisión del presente amparo que la autoridad recurrida rindiera un informe indicando los recursos que la parte recurrente agotó contra el acto reclamado y la fecha en que se notificó de lo resuelto en el mismo. CONSIDERANDO: Que conforme se desprende del informe emitido por la autoridad denunciada, el señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, ingresó a ese Centro Penitenciario en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecisiete, en calidad de condenado, proveniente del Centro Penitenciario de San Pedro sula, Departamento de Cortés, indicando además que la parte recurrente no hizo uso de recurso alguno para obtener la subsanación del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que ésta Sala advierte que la quejosa invoca la protección a los derechos de: 1) la dignidad humana en razón a que estima que previo al traslado de que fue objeto su representado debió efectuarse un estudio con base a la peligrosidad de cada individuo, asimismo indica que el CENTRO PENITENCIARIO ILAMA, ubicado en el Departamento de SANTA BÁRBARA, aún no reúne las condiciones adecuadas para albergar a los privados de libertad circunstancias que indica la quejosa constituye un trato cruel, inhumano o degradante hacia su representado al no brindarle la asistencia y tratamiento médico necesario en razón a sus padecimientos así como no facilitar acceso al agua para consumo personal como acontecía en el Centro Penal de San Pedro Sula, con lo que a su parecer peligra la salud del interno que representa; 2) en lo referente al derecho de defensa refiere la denunciante que se ha vulnerado en el sentido de que se ha impedido la comunicación privada cliente Abogado, señalando además que al finalizar la visita que hizo a su poderdante, se realizó copia de los apuntes y teléfonos que anotó en razón a la defensa de su poderdante. CONSIDERANDO: Que tal y como lo dispone el artículo ciento ochenta y tres de la Constitución de la República, el recurso de amparo procede entre otros casos: “Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece...”. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República establece en el artículo 59 que “La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, crease la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una Ley Especial[1].” CONSIDERANDO: Que el artículo 68 de la Constitución de la República establece:”Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” CONSIDERANDO: Que la peticionaria invoca el reconocimiento del derecho de la dignidad humana vinculada al derecho a la integridad personal[2], en este sentido[3], aprecia esta Sala de lo Constitucional que si bien el Estado se encuentra en una posición de garante frente a las personas bajo su custodia y por tanto tiene el deber de garantizar sus derechos fundamentales y asegurar que las condiciones de reclusión en las que éstas se encuentran sean acordes con el respeto a la dignidad inherente a todo ser humano, también lo es que el Estado cumple con dicha garantía que bajo la existencia de recursos judiciales, mecanismos y vías de comunicación para que los reclusos hagan llegar a la administración penitenciaria sus peticiones, reclamos y quejas relativos a aspectos propios de las condiciones de detención y la vida en prisión, que por su naturaleza no correspondería presentar por la vía judicial. CONSIDERANDO: Que el quebrantamiento del derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se les limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a alguna de las partes, lo cual no sucede en el presente caso toda vez que conforme al informe ya relacionado se establece que la recurrente no hizo uso de ninguna actuación o recursos para impugnar el acto que considera le ocasiona agravios a su representado, tal como lo estipula el articulo 69 relacionado con el 103 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional[4] en consonancia con los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Penal, referentes a que los condenados pueden presentar peticiones o quejas ante el Director del Establecimiento Penitenciario o al Juez de Ejecución para hacer valer sus derechos y facultades que la ley les otorga, de manera que al no indicar la reclamante que se le ha obstaculizado ejercer alguna acción o recurso, no se aprecia por lo ya expuesto que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales señalados por la quejosa. CONSIDERANDO: Que según el artículo cuarenta y seis numeral 3) y último párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones,....” “Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”; por lo que se impone declarar inadmisible el presente amparo. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 4, 9, 41, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada BRENDA JANETH CRUZ HERNANDEZ, a favor del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, contra actuaciones dictadas en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil diecisiete, relacionadas según la recurrente al traslado del señor SAMUEL AUGUSTO BAUTISTA HERNANDEZ, al CENTRO PENITENCIARIO ILAMA, SANTA BÁRBARA, por las razones que se han dejado expuestas en la presente resolución. Y MANDA: que una vez notificada y firme la presente resolución se archive el amparo de mérito. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIDORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-389-2017.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Articulo 59. Reformado por Decreto 191-94 de fecha 15 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.27, 553 de fecha 14 de Enero de 1995. Ratificado por el Decreto No. 2-95 de fecha 07 de Febrero de 1995e publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 27,595 del 4 de Marzo de 1995.

[2] Su conocimiento efectivo corresponde al recurso de Habeas Corpus.

[3] Pronunciamiento referente al derecho de la dignidad humana en éste caso.

[4] Las personas que cumplen condenas en los Centros Penitenciarios pueden solicitar al Juez de Ejecución reclamos contra las resoluciones de las autoridades del Establecimiento Penitenciario que viole sus derechos fundamentales, que denieguen el disfrute de beneficios penitenciarios, o que impongan sanciones disciplinarias, así contra las decisiones referentes a su clasificación inicial y a las progresivas y regresiones en los periodos del Tratamiento Penitenciario Progresivo. Ley del Sistema Penitenciario Nacional Decreto No.64-2012 3 de diciembre del año 2017.