Sentencia AA-387-17 — Registro 10524
Resumen
Acto recurrido que declaró SIN LUGAR una Acción de Nulidad de Declaratoria de Elecciones del Proceso Electoral Primario dos mil diecisiete (2017), para el Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras y Partido Libertad y Refundación (LIBRE), acción de nulidad que fue parcial, pues se refirió únicamente a las elecciones en el nivel electoral de Corporación Municipal realizadas en el Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales y/o administrativas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..." ..." Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA a favor de la Señora KAREN LEZETH DUBON DURON, contra la Resolución No. IMPUG.148-2017, de fecha cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017), emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE), que declaró SIN LUGAR una Acción de Nulidad de Declaratoria de Elecciones del Proceso Electoral Primario dos mil diecisiete (2017), para el Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras y Partido Libertad y Refundación (LIBRE), emitida por dicho Tribunal Electoral y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 34,315 del lunes 17 de abril del 2017, acción de nulidad que fue parcial, pues se refirió únicamente a las elecciones en el nivel electoral de Corporación Municipal realizadas en el Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro; resolución que declara sin lugar la acción de nulidad interpuesta por el recurrente, contra la Resolución supra relacionada; considera el impetrante que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales al debido proceso, defensa, falta de motivación de las resoluciones, contenidos en los artículos 63, 80, 82 y 94 de la Constitución de la República, en relación con diversos preceptos de la Ley electoral.ANTECEDENTES1) Que en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de la Señora KAREN LEZETH DUBON DURON, interponiendo Acción de Nulidad de Declaratoria de Elecciones del Proceso Electoral Primario dos mil diecisiete (2017), solicitando que se declare CON LUGAR la presente demanda, declarar la nulidad de la declaratoria de las elecciones en el nivel electoral de la Corporación Municipal de Sulaco, departamento de Yoro, y proceder a rectificarla de inmediato. (Folios del 1 al 17 de la Pieza de los antecedentes –Exp. No. 1536-2017 del TSE) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), el referido Tribunal Supremo Electoral, dictó la Resolución No. IMPUG.148-2017 mediante la cual resuelve: (Sic) “PRIMERO: Declarar sin lugar la acción de nulidad interpuesta por el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, actuando en su condición de apoderado de la señora KAREN LEZETH DUBON DUBON; contra la DECLARATORIA DE ELECCIONES DEL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2017 para el Partido Liberal de Honduras, PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS y Partido Libertad y Refundación, emitida por este Honorable Tribunal Supremo de Elecciones publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 34,315 del lunes 17 de abril del 2017, acción de nulidad que es parcial pues se refiere únicamente a las elecciones en el nivel electoral de Corporación Municipal realizadas en el Municipio de Sulaco, departamento de Yoro, por falta de pruebas. SEGUNDO: La presente resolución deberá notificarse al peticionario y agota la vía administrativa y procede contra ella el recurso de amparo constitucional.” (Folios del 48 al 54 de la Pieza de los antecedentes –Exp. No. 1536-2017 del TSE) 3) Que el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora KAREN LEZETH DUBON DURON, contra la Resolución No. IMPUG.148-2017 de fecha cuatro (4) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos constitucionales al debido proceso, defensa, falta de motivación de las resoluciones, contenidos en los artículos 63, 80, 82 y 94 de la Constitución de la República, en relación con diversos preceptos de la Ley electoral; teniendo esta Sala de lo Constitucional, por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 207 de la pieza de Amparo) 4) Que en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente acción de Amparo, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE EL AMPARO, en virtud de no vislumbrarse violación alguna a los preceptos constitucionales señalados por el amparista.” (Folios del 278 al 283 de la pieza de Amparo) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, fecha en la que compareció ante el Tribunal Supremo Electoral, el señor Edy Agenor Chacón Flores, en su condición personal, solicitando la revisión de actas y escrutinio especial de mesas electorales números 08296, 08297, 08300, 08306 y 8307 de centros de votación del Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro, en el nivel electivo de Corporación Municipal del Movimiento Juntos por mas Cambios del Partido Nacional. CONSIDERANDO (5): Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la señora KAREN LEZETH DURON DUBON, contra la Resolución No.IMPUG.148-2017 de fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que resuelve la acción de nulidad de declaratoria de elecciones del proceso electoral primario 2017, para el Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras y Partido Libertad y Refundación, emitida por dicho Tribunal Electoral y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 34,315 del lunes 17 de abril del 2017, acción de nulidad que fue parcial, pues se refirió únicamente a las elecciones en el nivel electoral de Corporación Municipal realizadas en el Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro; resolución que declara sin lugar la acción de nulidad interpuesta por el recurrente, contra la Resolución supra relacionada; considera el impetrante que la resolución impugnada es violatoria de los derechos constitucionales al debido proceso, defensa, falta de motivación de las resoluciones, contenidos en los artículos 63, 80, 82 y 94 de la Constitución de la República, en relación con diversos preceptos de la Ley electoral. CONSIDERANDO (6): Que en la interposición de la acción constitucional promovida, el recurrente señala que es importante relacionar el expediente administrativo No. 1206-2017 del 17 de marzo de 2017, y que se formó para conocer una solicitud de revisión de actas y escrutinio especial de determinadas mesas electorales de centros de votación de el Municipio de Sulaco, Yoro, en el nivel electivo de Corporación Municipal del Partido Nacional de Honduras presentada por el señor Edy Agenor Chacón Flores del movimiento Juntos por mas Cambios, como aspirante a Alcalde Municipal, pues dicho expediente administrativo es lo que llevó al Honorable Tribunal Supremo Electoral a hacer la declaratoria en cuestión. Señala el recurrente que dicho expediente contiene varias irregularidades que implica violación de derechos fundamentales y contravención a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Sostiene el impetrante que después de una serie de irregularidades el Tribunal Supremo Electoral acordó declarar al señor Edy Agenor Chacón Flores en la posición de Alcalde Municipal, en detrimento de los derechos de su representada, legitima ganadora de dicha posición y a quien el Tribunal Supremo Electoral[1] indebidamente le despojo de las mismas, basado nada mas en un par de solicitudes presentadas por el señor Chacón Flores, sin pruebas, aventurado solo a la apertura que el TSE le diera a sus peticiones, sin acreditar los motivos de sus solicitudes.CONSIDERANDO (7): Que el impetrante arguye que el TSE, incurrió en omisiones trascendentales, al no notificarle a la señora Karen Lezeth Dubon o hacerle saber la acción que había recibido de parte del señor Chacón Flores, violentando el principio de igualdad de armas y el principio de transparencia, que ante la falta de un procedimiento especifico establecido en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, debe aplicarse el procedimiento común que en materia administrativa es el que señala la Ley de Procedimiento Administrativo; el pedidor señala también que al declarar y hacer la revisión de votos nulos y blancos ordenados por el TSE, los comisionados tuvieron que desempacar los materiales electorales y abrir la bolsa de seguridad a fin de hacer la revisión. Que el procedimiento de revisión de votos no se hizo ante un Ministro de Fe Pública, sino ante la Abogada Laura Victoria Salgado, en su condición de Jefe de Asesoría Legal del TSE, no ostentando Fe Pública y por ende no puede dar fe válida de lo sucedido. CONSIDERANDO (8): Que continuando con sus argumentos, el recurrente expresa que la integralidad del derecho fue ignorada por el TSE, el principio de Transparencia exige motivación en las decisiones de los funcionarios a fin de evitar exceso de poder y abuso de autoridad, debiendo observar lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 189 de la Ley Electoral, que el señor Chacón Flores no probó que existiera inconsistencia alguna, que si bien el TSE tiene potestad para emitir la declaratoria final de elecciones, esta obligado a motivar esa decisión a fin de no incurrir en exceso; sostiene de igual forma el recurrente que en el expediente que resultó la resolución hoy recurrida, violenta el derecho de defensa y se observa la falta del procedimiento administrativo, ya que propuso el medio de prueba testifical y pidió apertura a pruebas, mismo que le fue denegado. CONSIDERANDO (9): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la Resolución No. IMPUG-148-2017 emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete, que declara sin lugar la acción de nulidad interpuesto contra la declaratoria de elecciones del proceso electoral primario 2017, para el Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras y Partido Libertad y Refundación emitida por dicho Tribunal y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 34,315 del lunes 17 de abril del 2017, acción de nulidad parcial, pues se refiere únicamente a las elecciones en el nivel electoral de Corporación Municipal realizadas en el Municipio de Sulaco, departamento de Yoro. (Folios del 48 al 54 de la pieza de los antecedentes del TSE)CONSIDERANDO (10): Que el Ministerio Público por medio del Fiscal asignado al Despacho, Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, emitió el dictamen correspóndiente en fecha diez de noviembre del año dos mil diecisiete, en el que fue de la opinión porque no se otorgue el Amparo de mérito; arguye el Fiscal que mediante Resolución No. 123-2017 de fecha 7 de abril de 2017, el TSE declara con lugar la revisión de votos nulos y votos en blanco, resolución que nunca fue objetada ni impugnada por el quejoso, aun y cuando de los antecedentes del mencionado expediente –No. 1206-2017- se desprende, que el impetrante así como otros profesionales del derecho en representación de la señora Karen Lizeth Dubon Duron se personaron y cuyos personamientos fueron admitidos por la autoridad hoy recurrida. Que el recurrente ha fijado su atención no contra el acto o resolución No. 148-2017, de fecha 4 de mayo del presente año, dictada por el TSE, en el expediente No. 1536-2017, mediante el cual se resolvió declarar sin lugar la nulidad interpuesta por el Abogado Eneas Portillo Cabrera, contra la declaratoria de Elecciones del Proceso Electoral Primario 2017, sino que se centró en la solicitud contenida en el expediente No. 1206-2017 y en la resolución No. 123-2017 que como ya se expresó, no fue objetada ni impugnada, lo cual limita de alguna forma pronunciarse concretamente sobre todos los alegatos expresados por el censor, habida cuenta que las supuestas violaciones no se derivan firmemente de la resolución que hoy es objeto del presente recurso. Por otro lado se observa que la autoridad recurrida ha resuelto en los términos y con las formalidades debidas, observando que con la emisión del acto reclamado se han respetado los derechos de la parte que se considera agraviada.CONSIDERANDO (11): Que analizados que han sido los autos, esta Sala de lo Constitucional observa que se ha recurrido en amparo la Resolución No. IMPUG.148-2017, emitida por el TSE, en fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete, que declara sin lugar la acción de nulidad interpuesta por el Abogado Eneas Portillo Cabrera, actuando en su condición de Apoderado legal de la señora Karen Lezeth Dubon Duron, contra la Declaratoria de Elecciones del Proceso Electoral Primario 2017, para el Partido Liberal de Honduras, Partido Nacional de Honduras y Partido Libertad y Refundación, emitida por dicho Tribunal Electoral y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 34,315 del lunes 17 de abril del 2017, acción de nulidad que fue parcial, pues se refirió únicamente a las elecciones en el nivel electoral de Corporación Municipal realizadas en el Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro; no obstante a ello, el impetrante se enfoca en hacer alusión a las supuestas violaciones a derechos constitucionales realizados en el expediente administrativo No. 1206-2017, específicamente en la resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil diecisiete, en relación a la solicitud de revisión de actas y escrutinio especial de un determinado número de mesas electoras de centros de votación del Municipio de Sulaco, departamento de Yoro, solicitada por el señor Edy Agenor Chacón Flores y refiriendo únicamente en la resolución que impugna No. IMPUG. 148-2017, de fecha 4 de mayo del año 2017, la falta de motivación en su emisión. CONSIDERANDO (12): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[2], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[3]. Sin embargo también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[4]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[5], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[6] CONSIDERANDO (13): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y derecho de defensa, trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de peticionar ante las entidades del Estado, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas tanto administrativas como jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al observar lo dispuesto en el artículo 90 constitucional, en relación a lo preceptuado en los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que arguye el impetrante como vulnerados, siendo la motivación de los actos emitidos por los diferentes órganos administrativos y judiciales, de obligatorio cumplimiento, no obstante, la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad. CONSIDERANDO (15): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa y debido proceso, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales y/o administrativas contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (16): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;1, 2, 9, 15, 17, 189, 203, 205 y 207 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, a favor de la señora KAREN LEZETH DUBON DURON, contra la Resolución No.IMPUG.148-2017 de fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete, dictada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al órgano de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE. Firma y Sello Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- RECEPTOR ADSCRITO Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Electoral) registrado en este Tribunal bajo el Numero 0387=2017
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En adelante TSE.
[2] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[4] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[6] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.