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Sentencia AA-384-15 — Registro 10523

Resumen

Acto recurrido mediante el cual rechaza un escrito de nulidad de actuaciones, con relación al Pliego de Responsabilidad Civil No. 013-006-2006- DASII, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que se estima que la resolución emitida por el ente recurrido ha sido pronunciada en observancia al principio de legalidad, ya que el caso al cual se refiere el recurrente en amparo, ha llegado a su fin, lo que implica que ya no es atribución del Tribunal Superior de Cuentas su conocimiento..." ..." Que hasta este momento procesal no se aprecia la vulneración o quebrantamiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, sin perjuicio de que oportunamente y satisfecho el requisito omitido pueda surtir sus efectos la figura jurídica antes relacionada..."

Legislación citada

  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto el Abogado MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA a favor de OSCAR ALFREDO PINTO AGUILERA, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS en fecha seis de marzo del año dos mil quince, mediante la cual rechaza un escrito de nulidad de actuaciones por considerarlo improcedente. Manifestando el recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados los derechos constitucionales consagrados en los artículos 80, 82 y 90 de la constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cuatro de marzo del año dos mil quince, el Abogado MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA en su condición de representante legal del señor OSCAR ALFREDO PINTO AGUILERA, compareció ante el Tribunal Superior de Cuentas, presentando Nulidad de Actuaciones por notificación defectuosa en virtud del Pliego de Responsabilidad Civil No. 013-006-2006- DASII.- 2) Que el recurrente, Abogado MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de abril del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del señor OSCAR ALFREDO PINTO AGUILAR, por considerar que la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, de fecha seis de marzo del dos mil quince, con relación al Pliego de Responsabilidad Civil No. 013-006-2006- DASII contra OSCAR PINTO, quien fungió como funcionario de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, afirmando que la referida resolución violenta a su representado los derechos de petición, debido proceso y defensa, los cuales emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluidos en la Constitución de la República ( Folio 1 al 5 de la pieza de amparo).- 3) En fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil quince (2015), se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el informe remitido por parte de la señora ELVA BENECIA RIVERA RODRIGUEZ, Secretaría General del Tribunal Superior de Cuentas, del cual se desprende: “Rechazar por improcedente en virtud que tal como lo establece el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas se ha concluido con el trámite administrativo correspondiente, habiéndose remitido el expediente referido por el Abogado MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA, a la Procuraduría General de la República, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil catorce (2014), a fin que dicho órgano iniciara las acciones civiles que fueron procedentes.- En consecuencia es la Procuraduría General de la República, la Institución que actualmente conoce sobre la causa que hoy nos ocupa…”- 4) Que en fecha doce de agosto del año dos mil quince, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folios 35 de la pieza de amparo).- 5) Que con fecha veintiocho de agosto del año dos mil quince, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 38 al 40 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que el auto contra el cual se reclama amparo es el emitido por el Tribunal Superior De Cuentas, en fecha seis de marzo de dos mil quince, el cual literalmente dice: “Téngase por recibido el escrito que antecede, y en cuanto a lo solicitado rechácese por improcedente en virtud que tal como establece el Articulo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se ha concluido con el tramite administrativo correspondiente, habiéndose remitido el Expediente referido por el Abogado MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA a la Procuraduría General de la República en fecha dieciocho (18) de noviembre del ano dos mil catorce (2014), a fin que dicho Órgano iniciara las acciones civiles que fueren procedentes. En consecuencia, es la Procuraduría General de la República, la institución que actualmente conoce sobre la causa que hoy nos ocupa. En virtud de lo anterior, procédase sin más trámite al archivo de la presente diligencia. Artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. CUMPLASE.”- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expone como concepto de la violación, la vulneración a su derecho de defensa al impedirle notificarse del auto de fecha seis de marzo de dos mil quince, que recurre, asimismo alega la vulneración a su derecho de petición en tanto se le obstaculiza su derecho a interponer recursos que no sea el presente recurso de amparo.- CONSIDERANDO (5): Que al respecto, la Secretaria General del Tribunal Superior de Cuentas envió el informe solicitado (ver folio 7 s.p.), en atención a la comunicación girada por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el cual, entre otros informa: “… Que en fecha 21 de julio del 2011, fue emitida Resolución N° 876/2011-SG-TSC mediante la cual, este Tribunal Superior de Cuentas confirma Responsabilidad Civil al ciudadano OSCAR ALFREDO PINTO AGUILERA por la cantidad de CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DOS Lempiras CON CINCUENTA CENTAVOS (L.108,202.50); dicha Resolución fue notificada a la parte impugnante en legal y debida forma, mediante Tabla de Avisos en fecha 21 de febrero del 2013 y una vez firme fue remitido a la Procuraduría General de la República en fecha 18 de noviembre del 2014; en tal virtud, dicho expediente se encuentra para efectos de recuperación, en la Procuraduría General de la República, al tenor de lo establecido en el articulo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Cabe mencionar que en fecha 04 de marzo del presente ano, el Abogado Manuel Arturo López Samra, presentó ante esta Secretaria General, escrito contentivo de Personamiento y Nulidad de Actuaciones entre otros, el cual, mediante providencia de fecha 06 del mismo mes y año, fue rechazado por improcedente, ya que como se ha hecho mención anteriormente, el expediente respectivo no se encuentra ya bajo el conocimiento de este Ente Contralor, lo que no hace posible tenerlo por personado en actuación alguna y menos aun, proceder por nuestra parte a retirar el mismo de la Procuraduría General de la República, cuando esta instancia ya no conoce del expediente en relación.” Lo remarcado es nuestro.- CONSIDERANDO (6): Que en materia recursiva, son los agravios los que limitan al conocedor del recurso los parámetros dentro de los cuales se debe realizar el análisis para posteriormente brindar una respuesta jurídica. En ese caso, el recurrente se limita a impugnar la resolución de fecha seis de marzo de dos mil quince, antes transcrita, señalando el haberla finalizado con la formula CUMPLASE, le vulnera su derecho de petición, defensa y debido proceso. Al respecto, la Sala de lo Constitucional, fundada en la información aportada tanto por el recurrente así como por el Tribunal Superior de Cuentas, encuentra que el procedimiento administrativo de fiscalización a posteriori llevado a cabo por el Tribunal Superior de Cuentas, en el ejercicio de su función contralora ya sea de los fondos bienes y recursos del funcionario del Poder Ejecutivo ahora recurrente, ha llegado a su fin, de tal manera que en observancia al artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, una vez firme la Resolución, debe trasladarla a la Procuraduría General de la República, como en efecto ya se había ejecutado esta disposición legal, cuando el recurrente en amparo presentó ante el Tribunal Superior de Cuentas una petición de nulidad.- CONSIDERANDO (7): Que se estima que la resolución emitida por el ente recurrido ha sido pronunciada en observancia al principio de legalidad, ya que el caso al cual se refiere el recurrente en amparo, ha llegado a su fin, lo que implica que ya no es atribución del Tribunal Superior de Cuentas su conocimiento.- CONSIDERANDO (8): Que hasta este momento procesal no se aprecia la vulneración o quebrantamiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, sin perjuicio de que oportunamente y satisfecho el requisito omitido pueda surtir sus efectos la figura jurídica antes relacionada.- CONSIDERANDO (9): Que en atención a las razones anteriormente expuestas, el amparo interpuesto por el recurrente debe ser denegado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 95 de la Ley Orgánica del Tribunal superior de Cuentas; 1, 2, 3 No. 2), 9 No. 3) literal a) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Amparo interpuesto el Abogado MANUEL ARTURO LOPEZ SAMRA a favor de OSCAR ALFREDO PINTO AGUILERA, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS en fecha seis de marzo del año dos mil quince, mediante la cual rechaza un escrito de nulidad de actuaciones por considerarlo improcedente, Y MANDA: Que para los efectos legales pertinentes, se remita copia certificada del presente fallo al lugar de su procedencia.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0384-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL