Sentencia AA-33-17 — Registro 12130
Resumen
Sentencia en consulta denegó acción de amparo a favor de recurrente contra auto resolutivo que desestimó defensas previas dictado por juzgado de primera instancia por considerar que no existe causa de inadmisibilidad de la demanda especial en Materia Tributaria para declarar Nulidad de Acto Administrativo en dicha materia, promovida por Pricesmart Honduras S A de C V contra recurrente; el Tribunal de Alzada consideró que la pretensión del actor es la nulidad de actos de naturaleza tributaria que denegaron ajuste de un crédito fiscal por lo que los requisitos que se exigen según reforma a la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación a la caución del 20%, no es aplicable pues son requisitos imperativos siempre y cuando se solicite un daño real
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece..."..."el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes..."..."esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto la Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), que DENEGO la acción de amparo interpuesta por el abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo de Defensas Previas dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO, en fecha cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en relación a un incidente alegado en la Demanda Especial en Materia Tributaria para declarar la Nulidad de un Acto Administrativo en Materia Tributaria, promovida por la sociedad mercantil PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la entonces DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).- Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Fiscal Administrativo el Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V., promoviendo Demanda Especial en Materia Tributaria para declarar la Nulidad de un Acto Administrativo en Materia Tributaria, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la entonces DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), siendo esta admitida en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015), tras su subsanación. (Folios 1–11 y 150 de los antecedentes de Primera Instancia).2) Que en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda promovida por el Abogado MILTON GABRIEL RIVERA URQUIA, en su condición de apoderado legal de sociedad mercantil PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V., misma que fue admitida en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015). (Folios 1–7 de la pieza de Defensas Previas).3) Que en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, emitió auto resolutivo en la demanda relacionada, mediante el cual Falla: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las cusas de Inadmisibilidad alegadas.- SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima las Defensas Previas no procede recurso alguno…” (Folios 32–37 de la pieza de Defensas Previas).4) Que en fecha primero (1) de abril de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en su carácter de procurador judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas de fecha cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis (2016), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; siendo este admitido en fecha cinco (05) de abril de dos mil dieciséis (2016). (Folios 1–4 al de los antecedentes de Segunda Instancia).5) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, Falla: (SIC) “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en su condición de procurador judicial del Estado de Honduras contra la resolución de fecha cinco de febrero de dos mi dieciséis dictada por el Juzgado de Letras Fiscal Administrativo y que obra a folios del treinta y dos (32) al treinta y seis (36) de la pieza separada de Defensas Previas.- SEGUNDO: Por disposición legal, remítase las presentes diligencias en consulta obligatoria a la Sala Constitucional para los efectos legales que correspondan…” (Folios 24–26 al de los antecedentes de Segunda Instancia).6) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con nuestro texto constitucional, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (5): Que resulta que el acto reclamado en amparo lo constituye la resolución emitida en fecha cinco de febrero de dos mil dieciséis, por el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, mediante el cual determinó desestimar las defensas previas opuestas por la parte demandada al encontrar las mismas improcedentes según se advierte de su motivación. Las defensas previas alegadas y fundadas en causas de inadmisibilidad de la demanda, fueron señaladas y razonadas por el demandado así: PRIMERA CAUSAL: El escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. El incidentista alega que se aprecia la existencia de un defecto formal que no solo impide verter un pronunciamiento sobre el fondo del asunto sino que vuelve sustancialmente insuperable el conocimiento del caso debido a que infringen los artículos artículo 34, 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, reformado por el decreto número 266-2013, ya que la norma contenida en el decreto ya referido constata la existencia de requisitos sine qua non para ejercer una acción contra el Estado de Honduras como es el rendimiento de una caución por del 20% y acompañarse además constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de encontrarse solvente por las obligaciones tributarias de los últimos cinco años a la fecha de presentación del escrito para que la acción pueda ser admitida por ese honorable juzgado.Al no cumplirse dichos requisitos por parte de la sociedad mercantil PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V., ya prefijados por la ley, y no habiendo sido observado por el juzgado en el momento de admisión de la demanda, es claro y evidente que la posición de la parte actora es evitar el cumplimiento de un requisito básico para la interposición de toda acción contra el Estado de Honduras, por lo que la misma no se encuentra legitimada, ni le corresponde derecho para poder demandar la impugnación de los quince actos administrativos, consistentes en resoluciones emitidas por la Secretaría de Finanzas, y Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo anterior en virtud de que el demandante no cumplió con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia interlocutoria que resolvió la denegatoria de la cuestión de defensas previas opuestas por el Estado, el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA destacó en su motivación que a su criterio (sic) “Bien sin entrar en el fondo del asunto el suscrito juez estima que esto no es cierto porque en el caso de mérito la parte demandante impugna las resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos y Secretaría de Finanzas, donde impugna actos administrativos por ajustes y denegación de un crédito fiscal que se le hicieron a la parte demandante y del cual solicita su nulidad para que se le emita nota de crédito, esto por un lado y por otro se aprecia en el libelo de su demanda que solo pide la anulación de acto emitidos por la administración donde no se pide el pago de un daño real no existiendo impedimento para que el suscrito juez pueda verter pronunciamiento en cuanto al fondo el asunto, por lo que no le es aplicable el artículo 39 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, referente a que el demandante debe rendir una caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor reclamado; ni tampoco es aplicable el requisito que exige el Articulo 47 literal d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone” Al escrito a que se refiere el Artículo anterior se acompañará: …d) En el caso de solicitar el pago del daño real efectivamente causado, a la demanda se acompañará, además, constancia emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de encontrarse solvente por las obligaciones tributarias de los últimos cinco (5) años, a la fecha de presentación del escrito, siendo el actor quien tiene que probar sus alegatos en esta instancia, es por ello que se debe desestimar esta defensa previa alegada.”.CONSIDERANDO (7): Que en la sentencia que se conoce en consulta y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO estableció en sus consideraciones que “SEPTIMO (7): Que estudiados que han sido los autos y sin entorpecer la facultad revisora del Juez sobre el fondo del asunto, es posible observar que la pretensión del demandante ante la instancia contenciosa administrativa es la nulidad de actos de naturaleza tributaria emitidos por la administración pública por denegación y ajuste de un crédito fiscal tal y como se aprecia en la suma de la demanda interpuesta por el actor así como en el objeto del debate en la cual no solicita el resarcimiento de algún daño real efectivamente causado, por lo que no hay obligación de cumplir con los requisitos que por reforma a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se exigen a través de los artículos 39 referente a solicitar la caución del 20% si la cuantía de la demanda se fija sobre la base del daño real y articulo 47 consistente en la constancia de solvencia de los últimos cinco años, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, estos son requisitos imperativos siempre y cuando se solicite un daño real; En relación a lo manifestado por el incidentista referente al requisito de acompañar un recibo de pago o un arreglo de pago es innecesario, en virtud de que los actos impugnados no van encaminados a la nulidad sobre la imposición de un impuesto, contribuciones, tasa, multas y demás rentas o créditos públicos, tal y como lo establecen los articulo 103 y 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; Es preciso aclarar que el impetrante impetra la presente acción de amparo sobre la resolución de fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis consistente en el auto resolutivo de defensas previas que contiene la causa de inadmisibilidad relacionada con “ Que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”, por lo que cualquier otro alegato relacionado al proceso, no se enmarca dentro de la causa de inadmisibilidad planteadas objeto del presente amparo, teniendo la posibilidad de haberlo alegado a través de otras figuras procesales.- Por lo que de los argumentos del impetrante esta Corte no aprecia ningún tipo de laceración al debido proceso.”.CONSIDERANDO (8): Que el Ministerio Publico, fue del parecer porque NO SE OTORGUE el amparo de mérito. La fiscal destaca “1.-No obstante, la presente demanda se sustancia bajo el amparo del procedimiento especial, establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de materia tributaria; la exigencia instituida en el artículo 104 del referido cuerpo legal, a nuestro criterio debe aplicarse casuísticamente, pues en el proceso objeto de análisis, tal norma no tiene aplicabilidad, ya que se evidencia del contenido de la demanda planteada por la empresa PRICESMART S.A. de C.V.. que su reclamo no va dirigido a que se le deje sin valor algún pago que deba realzar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, con motivo de una obligación tributaria, sino que impugna actos administrativos por denegación y ajuste de un crédito fiscal, entonces, no puede pedirse que acompañe un recibo de pago o un arreglo de pago, porque tal requisito no puede cumplirse en el caso subjudice.2.- En relación al resto de argumento que efectúa el censor, atinentes a que no se fijó la cuantía de la demanda y no se otorgó caución del 20% de daño real solicitado, conforme al Decreto 266-13, debemos referir, que como bien indica el juzgador en la sentencia incidental de Defensas Previas, se desprende de los antecedentes, específicamente de la audiencia de oposición a la cuantía promovida por el Estado; por una parte, que el actor si fijó la cuantía de la demanda y por otra, que solicita únicamente el restablecimiento de la situación jurídica individualizada mediante la devolución de los Lps.7,77,035,94.00 que la Administración Publica se negó a devolverle y que precisamente es la cantidad a la que asciende su reclamo, manifestando el impetrante de manera expresa, que si bien el Articulo 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo comprende como una medida para el restablecimiento de un derecho, la indemnización de daños y perjuicios, la misma es enunciativa, no limitativa y en el presente caso, no es solicitada por su representada; consecuentemente, no deben cumplirse las exigencias de los artículos 39 y 47 de la Ley antes mencionada.”.En virtud de los razonamientos expuestos, la fiscal estima que en el caso in examine no existe impedimento que impida verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por ende, no existe la vulneración al DEBIDO PROCESO con la decisión del ente jurisdiccional de desestimar las Defensas previas planteadas por el Estado, ya que la misma se encuentra dictada respetando los derechos y garantías que la Ley establece, para ambas partes.”.CONSIDERANDO (9): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece. CONSIDERANDO (10): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto la Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo de Defensas Previas dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO FISCAL ADMINISTRATIVO, en fecha cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en relación a un incidente alegado en la Demanda Especial en Materia Tributaria para declarar la Nulidad de un Acto Administrativo en Materia Tributaria, promovida por la sociedad mercantil PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la entonces DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta bajo el número SCO-0033-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL