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Sentencia AA-323-17 — Registro 9596

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la corte de apelaciones que sobresee la acción de amparo interpuesto en relación a las Defensas Previas alegadas en la demanda. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa de fecha seis de abril del dos mil diecisiete (2017), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis(2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en relación a las Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS OPTICOS NACIONALES S.A, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el abogado DARLIN ISRRAEL TURCIOS, promoviendo Demanda Ordinaria de nulidad de un acto administrativo que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra una resolución que a su vez confirmo declarar sin lugar una solicitud de registro de marca de fábrica.- (Folios 01 al 10 de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, alegando defensas previas, por considerar que existen causales de inadmisibilidad en la demanda de merito. (Folio 1 al 4 de la pieza de Defensa).- 3) Que en fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, resolvió: PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas consistentes en : I) CUANDO SU CONOCIMIENTO NO CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO; II) QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGNACION MEDIANTE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL TENOR DE ARTICULO 31 LETRA C) LOS ACTOS QUE SE DICTEN EN VIRTUD DE UNA LEY QUE EXPRESAMENTE LES EXCLUYA; Y IV) QUE EL ESCRITO DE LA DEMANDA ADOLECIERRE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, alegadas por la parte Incidentista por las razones anteriormente expuestas en los fundamentos de Derechos.- SEGUNDO : Contra el presente Auto, que resuelve las Defensas Previas, no cabe recurso alguno.- TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte INCIDENTISTA (DEMANDA), por tener motivos suficientes para litigar”.- (Folios 13 al 14 de la pieza del Juzgado)- 4) Que en fecha diez (10) de octubre del dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, interponiendo recurso de amparo a favor de EL ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.- 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha seis (6) de abril del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS” (Folio 25 al 28 de la pieza de Corte de apelaciones).- 6) Que en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en la misma determinó el sobreseimiento de la acción de amparo interpuesta por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, acción que fuera promovida a favor del ESTADO DE HONDURAS y contra el ya mencionado auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que desestimó las defensas previas alegadas por la parte demandada en el trámite de la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LABORATORIOS OPTICOS NACIONALES S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, el amparista se limitó a reproducir las alegaciones presentadas ante el juzgado de instancia, mismas que fueron calificadas por la Alzada como de mera legalidad, recalcando el Ad-Quem en su fallo, que el papel del juez constitucional no conlleva el conocimiento de asuntos de estricto derecho, sino la garantía y protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, los que a pesar de haber sido invocados por el recurrente como transgredidos, ésta no alcanzó a justificar o acreditar tales extremos, al circunscribirse a reiterar las alegaciones presentadas ante el juez de primer grado, omitiendo con ello sustentar debidamente la acción constitucional interpuesta.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el amparista ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual sus argumentaciones resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas.- CONSIDERANDO (8): Que tal y como ha sido advertido por el Ad-Quem, la resolución emitida por el juez de instancia contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, coincidiendo esta Sala que con la resolución impugnada no se ha violentado, lesionado ni atentado contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. Se observa que el juez de instancia se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- CONSIDERANDO (9): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha seis de abril del dos mil diecisiete (2017), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis(2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en relación a las Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS OPTICOS NACIONALES S.A, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0323-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa de fecha seis de abril del dos mil diecisiete (2017), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis(2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en relación a las Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS OPTICOS NACIONALES S.A, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, el abogado DARLIN ISRRAEL TURCIOS, promoviendo Demanda Ordinaria de nulidad de un acto administrativo que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra una resolución que a su vez confirmo declarar sin lugar una solicitud de registro de marca de fábrica.- (Folios 01 al 10 de la pieza del Juzgado).- 2) Que en fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, alegando defensas previas, por considerar que existen causales de inadmisibilidad en la demanda de merito. (Folio 1 al 4 de la pieza de Defensa).- 3) Que en fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, resolvió: PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas consistentes en : I) CUANDO SU CONOCIMIENTO NO CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO; II) QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGNACION MEDIANTE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL TENOR DE ARTICULO 31 LETRA C) LOS ACTOS QUE SE DICTEN EN VIRTUD DE UNA LEY QUE EXPRESAMENTE LES EXCLUYA; Y IV) QUE EL ESCRITO DE LA DEMANDA ADOLECIERRE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, alegadas por la parte Incidentista por las razones anteriormente expuestas en los fundamentos de Derechos.- SEGUNDO : Contra el presente Auto, que resuelve las Defensas Previas, no cabe recurso alguno.- TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte INCIDENTISTA (DEMANDA), por tener motivos suficientes para litigar”.- (Folios 13 al 14 de la pieza del Juzgado)- 4) Que en fecha diez (10) de octubre del dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, interponiendo recurso de amparo a favor de EL ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.- 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha seis (6) de abril del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS” (Folio 25 al 28 de la pieza de Corte de apelaciones).- 6) Que en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en la misma determinó el sobreseimiento de la acción de amparo interpuesta por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, acción que fuera promovida a favor del ESTADO DE HONDURAS y contra el ya mencionado auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que desestimó las defensas previas alegadas por la parte demandada en el trámite de la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LABORATORIOS OPTICOS NACIONALES S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, el amparista se limitó a reproducir las alegaciones presentadas ante el juzgado de instancia, mismas que fueron calificadas por la Alzada como de mera legalidad, recalcando el Ad-Quem en su fallo, que el papel del juez constitucional no conlleva el conocimiento de asuntos de estricto derecho, sino la garantía y protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, los que a pesar de haber sido invocados por el recurrente como transgredidos, ésta no alcanzó a justificar o acreditar tales extremos, al circunscribirse a reiterar las alegaciones presentadas ante el juez de primer grado, omitiendo con ello sustentar debidamente la acción constitucional interpuesta.- CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, el amparista ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual sus argumentaciones resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas.- CONSIDERANDO (8): Que tal y como ha sido advertido por el Ad-Quem, la resolución emitida por el juez de instancia contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, coincidiendo esta Sala que con la resolución impugnada no se ha violentado, lesionado ni atentado contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. Se observa que el juez de instancia se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- CONSIDERANDO (9): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha seis de abril del dos mil diecisiete (2017), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis(2016), dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en relación a las Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS OPTICOS NACIONALES S.A, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES, Receptor Adscrito a la Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0323-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional