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Sentencia AA-321-14 — Registro 12124

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó fallo interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró con lugar solicitud de tasación de honorarios profesionales a favor de profesional del derecho quien fungió como asistente asesora institucional contra recurrente por actos de procuración en demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo presunto, promovida por Compañia de Arriendos Diversos S de R L (CADI S de R L) contra recurrente; En apelación se estableció que constan actuaciones de la profesional del derecho en el proceso a partir de la evacuación de pruebas por lo que le corresponde una tercera parte de los honorarios totales conforme al Arancel del Profesional del Derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía constitucional de mérito, observa que el amparista plantea parte de su alegación en cuestionamientos que son propios del ámbito jurisdiccional de instancia y no del constitucional...Tampoco corresponde pronunciarse con relación a la prescripción de la acción, expuesta por el amparista, en virtud de que este instituto procesal no corresponde ser declarado ex officio sino que siempre debe ser a petición de parte y en el momento procesal oportuno. En el presente caso consta en autos que la parte incidentada dejó caducar el término legal dispuesto para oponerse al incidente de tasación de costas. Por lo que no aprovecho la oportunidad que le ofrecía la ley para deducir en el proceso su petición de prescripción de la acción. Por otra parte consta en autos también, que el apoderado de la alcaldía en su escrito de formulación de cargos deja claramente establecido que el tema de la prescripción, es nada más que un “comentario” y además que lo presenta “antes de expresar los agravios”; de lo cual este tribunal de justicia colige que la prescripción no es uno de los agravios que sustentan la apelación. En confirmatoria de esto último, se observa que en el petitum de su escrito de apelación, nada dice en relación con la prescripción. En todo caso es un asunto que debió en principio oponerlo en primera instancia, salvo las excepciones que autoriza la ley para hacerlo en el momento de la apelación. Finalmente se observa que en el desarrollo de los motivos por los que pide amparo, el censor nada expresa en relación con los derechos que invoca como conculcados; no teniendo por tanto este alto tribunal de justicia, nada que valorar o juzgar, tomando en cuenta que la exposición de las razones por las que se pide amparo, son una carga procesal de quien las alega. Es por ello que procede desestimar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERAa favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la sentencia dictada en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento del Francisco Morazán, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, con relación a la tasación de honorarios profesionales promovida por la abogada KRISTA KARINA RUBÍ RODRÍGUEZ, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 331 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES PROCESALES.1. En fecha veintiséis de abril del año dos mil, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, el licenciado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de representante legal de la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE ARRIENDOS DIVERSOS S. de R.L. (CADI S. de R.L.), promoviendo demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo presunto, agotamiento de la vía administrativa por silencio administrativo, por no haberse notificado la correspondiente resolución en los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo; declarar la ilegalidad del acto y su nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para el restablecimiento del derecho subjetivo violado a su representada, pago de los intereses que devengaría la cantidad reclamada en un banco de sistema nacional, desde la fecha que se debió realizar el pago hasta la fecha que se ejecute la sentencia, en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; en consecuencia el referido juzgado dictó sentencia definitiva en fecha catorce de junio de dos mil cuatro, mediante la cual condenó a la parte demanda al pago de daños y perjuicios a favor del demandante y posteriormente aprueba liquidación de daños y perjuicios por la cantidad de L. 41,671,281. 92. (Folios 760 al 771 y 957 al 960 de la primera pieza de antecedentes)2. En fecha seis de mayo del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada KRISTA KARINA RUBÍ RODRÍGUEZ, actuando a favor de SÍ MISMA, presentando tasación de honorarios profesionales por haber representado a la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, en la referida demanda.3. En fecha veintiuno de junio del año dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria en la cuestión incidental de tasación honorarios profesionales, mediante la cual se resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de honorarios profesionales de poderdante moroso, presentada por la abogada KRISTA KARINA RODRÍGUEZ, representada por WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, los que se tasan y liquidan, en la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.429,712.82). SEGUNDO: Condenar a la alcaldía municipal del Distrito Central (AMDC), al pago de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L. 429,712.82), en concepto de honorarios profesionales a favor de la abogada KRISTA KARINA RODRÍGUEZ, cantidad que deberá ser cancelada de una sola vez y en su totalidad.” (Folios catorce (F-14) al diecisiete (F-17) de la pieza separada de tasación de honorarios).4. Conociendo del recurso de apelación promovido por el abogado HUGO RAFAEL LAÍNEZ OCHOA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado HUGO RAFAEL LAÍNEZ OCHOA, actuando en su condición de apoderado legal de la ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, y que corre a folios número catorce frente (14 f.) al número diecisiete frente (17 f.) de la pieza de tasación de honorarios profesionales.” (Folios cuarenta y uno (F-41) al cuarenta y cuatro (F-44) de la pieza de segunda instancia).5. El recurrente abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERA compareció ante este alto tribunal, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por considerar que la decisión del ad quem de fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 127, 294 y 331 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de julio del año dos mil catorce.6. En fecha doce de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través del fiscal, abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la garantía constitucional de amparo de mérito.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia.CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82, 90 y 331 de la Constitución de la República. El petente formaliza la garantía constitucional de amparo reclamando que la sentencia proferida en fecha veintiuno de junio de dos mil catorce por la honorable corte de alzada violenta los derechos de defensa (artículo 82 constitucional); y libre contratación (artículo 331 constitucional). Al desarrollar los motivos de amparo el censor señala que la reclamante de honorarios omitió que era una empleada permanente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el cargo de asistente de asesora institucional extremo que quedó acreditado en el proceso. Que tenía entre sus funciones principales, la de representar a dicha alcaldía ante los tribunales y demás dependencias, en las demandas y reclamos que se incoaran en su contra. Que la abogada en mención entró al juicio como procuradora demandada en sustitución del abogado Roberto Carlos Guzmán, después de que el juicio ya había sido iniciado, realizando funciones propias de su cargo como asistente asesora institucional y no como profesional independiente. El amparista manifiesta que las actuaciones de la abogada Krista Karina Rubí Rodríguez, no merecen ser incluidas en la tasación de honorarios profesionales en virtud de que esta acción prescribe en un año por el mero lapso de tiempo, contado desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 2289 y 2296 del Código Civil.Lo anterior, señala el amparista, se expone porque la acción de tasación de costas se encontraba prescrita por lo que la corte de apelaciones debió declarar con lugar la apelación. El no hacerlo provoca la violación de los derechos constitucionales ya descritos. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, confirmar la sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, proferida por el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que declaró con lugar la solicitud de honorarios profesionales presentada por la abogada Krista Karina Rodríguez, condenando a la alcaldía municipal del Distrito Central a pagarle la cantidad de cuatrocientos veintinueve mil setecientos doce lempiras con doce centavos por dicho concepto.La corte estableció que constan en autos las actuaciones de la abogada Krista Karina Rodríguez en el proceso por el cual reclama sus honorarios profesionales. Luego cita los artículos 2 y 3 del Arancel del profesional del derecho de la siguiente manera:“ARTÍCULO 2. LOS HONORARIOS PROFESIONALES. El profesional del derecho puede, aislada o conjuntamente, prestar sus servicios como procurador, gestor, conciliador, árbitro, curador, asesor, consultor, abogado o notario. tales actuaciones son independientes y deben retribuirse en forma separada.” “ARTÍCULO 3. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES. El profesional del derecho devengará y percibirá honorarios de quienes le soliciten sus servicios o se beneficien de ellos, en las oportunidades que correspondan y de conformidad con el presente arancel, sea cual fuere el resultado del asunto a su cargo. Todo profesional del derecho que conforme al presente arancel devengare honorarios, podrá pedir en cualquier estado del pleito o negocio que se le paguen los devengados, si por cualquier circunstancia cesare en el ejercicio de la representación.” La corte de apelaciones se pronuncia conforme con la cantidad fijada en primera instancia, indicando que la abogada Krista Karina Rodríguez actuó en el proceso a partir de la evacuación de pruebas por lo que le corresponde una tercera parte de los honorarios totales de acuerdo con lo que establece el literal b) del artículo 27 del arancel ya mencionado y que dice:“ARTÍCULO 27. … b) una tercera parte prudencialmente estimada al concluir el período probatorio” CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen del dictamen emitido por el agente de tribunales del Ministerio Público. El fiscal Roger Ludovico Matus Zelaya, opinó que no se otorgue la presente garantía constitucional de amparo.Con relación a lo expuesto por la amparista, el fiscal es del parecer que durante la tramitación de la petitoria de costas los dos órganos de instancia le respetaron a las partes los derechos del debido proceso y defensa.Luego al referirse a la prescripción reclamada por el amparista,[4] el fiscal señala que este asunto no fue controvertido en ninguna de la dos instancias. En este sentido acota que cuando el amparista se refiere a la prescripción en segunda instancia, más bien lo hace a manera de comentario y no como un agravio que la resolución del a quo le causa.El fiscal expresa que en relación con el pago de honorarios reconocidos a la abogada mencionada, ésta fue contratada por tiempo completo e indefinido y que dentro de las funciones que desempeñaba se encontraba la de comparecer en las contiendas judiciales que se le asignaba, en nombre de la alcaldía municipal del Distrito Central; sin embargo, agrega el fiscal, no existe prueba de las condiciones en que fue contratada, por lo que de acuerdo a los artículos 2 y 3 del Arancel del profesional del Derecho, corresponde que se le paguen honorarios. Finalmente el fiscal, observa que en relación con la vulneración de la autonomía municipal, libre contratación y derecho al trabajo, el amparista no desarrolló la forma en que la resolución impugnada les causa perjuicio. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía constitucional de mérito, observa que el amparista plantea parte de su alegación en cuestionamientos que son propios del ámbito jurisdiccional de instancia y no del constitucional. A la sazón señala los siguientes extremos: a)Que la reclamante de honorarios omitió que era una empleada permanente de la alcaldía municipal en el cargo de asistente de asesora institucional, extremo que señala haber quedado acreditado en el proceso; b) que tenía entre sus funciones principales, la de representar la alcaldía ante los tribunales y demás dependencias, en las demandas y reclamos que se incoaran en su contra; c) que en el juicio de mérito fue procuradora demandada en sustitución del abogado Roberto Carlos Guzmán, pero no como profesional independiente, sino como asistente asesora institucional.Todos estos extremos corresponden, como ya se adelantó, ser dilucidados por los órganos jurisdiccionales de instancia de conformidad con los argumentos y las pruebas que las partes aporten. La jurisdicción constitucional se circunscribe a lo dispuesto por el artículo 183 constitucional, descrito ut supra en esta sentencia. Tampoco corresponde pronunciarse con relación a la prescripción de la acción, expuesta por el amparista, en virtud de que este instituto procesal no corresponde ser declarado ex officio sino que siempre debe ser a petición de parte y en el momento procesal oportuno.En el presente caso consta en autos que la parte incidentada dejó caducar el término legal dispuesto para oponerse al incidente de tasación de costas. Por lo que no aprovecho la oportunidad que le ofrecía la ley para deducir en el proceso su petición de prescripción de la acción. Por otra parte consta en autos también, que el apoderado de la alcaldía en su escrito de formulación de cargos deja claramente establecido que el tema de la prescripción, es nada más que un “comentario” y además que lo presenta “antes de expresar los agravios”; de lo cual este tribunal de justicia colige que la prescripción no es uno de los agravios que sustentan la apelación. En confirmatoria de esto último, se observa que en el petitum de su escrito de apelación, nada dice en relación con la prescripción.En todo caso es un asunto que debió en principio oponerlo en primera instancia, salvo las excepciones que autoriza la ley para hacerlo en el momento de la apelación. Finalmente se observa que en el desarrollo de los motivos por los que pide amparo, el censor nada expresa en relación con los derechos que invoca como conculcados; no teniendo por tanto este alto tribunal de justicia, nada que valorar o juzgar, tomando en cuenta que la exposición de las razones por las que se pide amparo, son una carga procesal de quien las alega. Es por ello que procede desestimar la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183,301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado WILMER ANTONIO NUÑEZ CABRERAa favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la sentencia dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento del Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, del departamento de Francisco Morazán, con relación a la tasación de honorarios profesionales promovida por la abogada KRISTA KARINA RUBÍ RODRÍGUEZ, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.YMANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz.NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL.REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.FIRMA Y SELLO. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece de febrero del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-321-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4]El amparista alega que la prescripción opuesta debió ser estimada por el a quo y así no acceder a la admisión de la tasación de honorarios presentada por la abogada Krista Karina Rubí Rodríguez.