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Sentencia AA-32-17 — Registro 12129

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas por considerar que no existe causa de inadmisibilidad en la demandaen de materia de personal promovida por demandante contra recurrente, el Tribunal de Alzada considera que la acción tiene el propósito de dilatar el proceso, por tanto existe causa de inadmisibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"El razonamiento de la Alzada para estimar el sobreseimiento del recurso de mérito fue la concurrencia de la causal 9ª del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone que es inadmisible el recurso de amparo cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso..."..."la Corte de Alzada determinó que la causal de inadmisibilidad resultaba acreditada en virtud que el recurrente no logró puntualizar el concepto de la violación, una deficiencia que a juicio del Tribunal de Apelación hacía inadmisible el recurso de amparo. De acuerdo con el razonamiento aplicado en su fallo, el concepto de violación que se alegó por el impetrante no se hizo valer en el trámite de la acción constitucional que nos ocupa, lo cual fue considerado como una pretensión dilatoria del recurrente y en consecuencia se dispuso el sobreseimiento del recurso de mérito..."..."esta Sala observa que efectivamente, tal y como fue advertido por la Alzada, el amparista limitó sus intervenciones a hacer una relación de las actuaciones de instancia, omitiendo de manera enfática presentar argumentos o razonamientos para explicar qué manera la resolución impugnada conlleva a la violación de las garantías y derechos invocados. Es más, el propio recurrente refirió en el escrito de interposición de su acción, que explicaría de una manera (sic) “más amplia y específica” el concepto de la violación alegada, sin embargo, al momento de la formalización de su recurso omitió hacerlo. Esta Sala observa incluso que el escrito de formalización que corre agregado a folio VEINTICINCO (25) del expediente de amparo, es prácticamente una reproducción del escrito de interposición, al punto que en el ordinal TERCERO de la relación de los hechos, el amparista reitera que explicará el concepto de la violación con más detalle al momento de formalizar la acción, olvidando que era en ese escrito estaba formalizando su recurso. Siendo así, la omisión del recurrente y su falta de cuidado tienen como lógica consecuencia que sus alegaciones resulten ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas, evidenciándose en forma manifiesta que el propósito de la acción de amparo presentada no era más que la dilación del proceso principal, como ha sido acertadamente indicado por la Alzada en el fallo que se revisa..."..."la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 9º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que procedía por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones, y al haber sido así dispuesto por la referida Alzada, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo del dos mil diecisiete. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda ordinaria promovida por el señor GERMAN DANIEL LICONA MOYA contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su Representado los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de abril de dos mil quince, compareció ante la JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo Defensas Previas, en la demanda en materia de personal promovida por el señor GERMAN DANIEL LICONA MONTOYA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por estimar que la misma contiene causales de inadmisibilidad. (Folios 01 al 03 de la pieza de Defensas Previas). 2) Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, el referido Juzgado dictó resolución mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte incidentista (demandada), por no existir la causa de inadmisibilidad alegada…”- (Folios 29 al 33 de la pieza de Defensas Previas). 3) Que en fecha diez de diciembre de dos mil quince, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Procurador Judicial Sustituto del ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, por considerar el recurrente, que vulnera garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero, de la Constitución de la República. (Folios 1 al 4 del amparo). 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: SOBRESEER la solicitud de acción de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras.” (Folios 25 al 26 del amparo). 5) Que en fecha trece de enero de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, determinando en la misma, el sobreseimiento del recurso de amparo promovido por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición ya indicada y a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince. El razonamiento de la Alzada para estimar el sobreseimiento del recurso de mérito fue la concurrencia de la causal 9ª del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone que es inadmisible el recurso de amparo cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Alzada determinó que la causal de inadmisibilidad resultaba acreditada en virtud que el recurrente no logró puntualizar el concepto de la violación, una deficiencia que a juicio del Tribunal de Apelación hacía inadmisible el recurso de amparo. De acuerdo con el razonamiento aplicado en su fallo, el concepto de violación que se alegó por el impetrante no se hizo valer en el trámite de la acción constitucional que nos ocupa, lo cual fue considerado como una pretensión dilatoria del recurrente y en consecuencia se dispuso el sobreseimiento del recurso de mérito. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala observa que efectivamente, tal y como fue advertido por la Alzada, el amparista limitó sus intervenciones a hacer una relación de las actuaciones de instancia, omitiendo de manera enfática presentar argumentos o razonamientos para explicar qué manera la resolución impugnada conlleva a la violación de las garantías y derechos invocados. Es más, el propio recurrente refirió en el escrito de interposición de su acción, que explicaría de una manera (sic) “más amplia y específica” el concepto de la violación alegada, sin embargo, al momento de la formalización de su recurso omitió hacerlo. Esta Sala observa incluso que el escrito de formalización que corre agregado a folio VEINTICINCO (25) del expediente de amparo, es prácticamente una reproducción del escrito de interposición, al punto que en el ordinal TERCERO de la relación de los hechos, el amparista reitera que explicará el concepto de la violación con más detalle al momento de formalizar la acción, olvidando que era en ese escrito estaba formalizando su recurso. Siendo así, la omisión del recurrente y su falta de cuidado tienen como lógica consecuencia que sus alegaciones resulten ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas, evidenciándose en forma manifiesta que el propósito de la acción de amparo presentada no era más que la dilación del proceso principal, como ha sido acertadamente indicado por la Alzada en el fallo que se revisa. CONSIDERANDO (8): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (9): Que en acatamiento a la ley, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numeral 9º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que procedía por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones, y al haber sido así dispuesto por la referida Alzada, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 9), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda ordinaria promovida por el señor GERMAN DANIEL LICONA MOYA contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, bajo el número SCO-0032-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL