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Sentencia AA-318-14 — Registro 12100

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la sentencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria con relación a la liquidación de los intereses comerciales y moratorios. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de sus representadas el artículo 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...”CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía constitucional de mérito, observa que el patenté centra su alegación en cuestionamientos que son propios del ámbito jurisdiccional de instancia y no del constitucional. A la sazón éste refiere que disiente del sentido y aplicación que el ad quem le dio al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que como resultado de ello se ha violentado el debido proceso. De lo alegado se extrae que la pretensión real del censor es que la Sala de lo Constitucional, señale el sentido y alcance del artículo impugnado, o sea pretende que este tribunal le indique al juzgador de instancia cómo debe interpretar el artículo 100 relacionado; pero no lo exige desde el punto de vista, o haciendo contraste con lo que establece la Constitución de la República, sino que el señalamiento lo hace del contenido mismo de la norma legal invocada, o sea desde sus propios términos, exigiéndole de esa manera a este tribunal que haga un análisis propio de instancia. Es por esta razón que a la Sala no le es posible declarar de recibo el vicio o motivo alegado. Observando además que el criterio de la corte de apelaciones fue ampliamente explicado y es acorde a la literalidad de la norma impugnada. En virtud de lo anterior es procedente declarar la desestimatoria de la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de Septiembre de dos mil diecisiete. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesto por el abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO ROMERO a favor de las sociedades mercantiles denominadas HOLDING ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, sociedad por acciones (HECA, SpA); AGAC sociedad por acciones, (AGAC SpA); ACEA sociedad por acciones (ACEA, SpA); AMA, sociedad por acciones (AMA, SpA), las que conformaron el Consorcio AGAC Y OTROS y de la sociedad denominada AGAC Y OTROS, S.A., antes denominada SULAMBIENTE, S.A., representada por el señor AUGUSTO RENATO MONTANARI, contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento del Francisco Morazán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de fecha trece de junio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la liquidación de los intereses comerciales y moratorios promovida por las sociedades mercantiles denominadas HOLDING ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, AGAC, ACEA, AMA, todas sociedades por acciones y que conforman el consorcio AGAC Y OTROS, y de la sociedad denominada AGAC Y OTROS, S.A., antes denominada SULAMBIENTE, S.A., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de sus representadas el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES.1) En fecha seis de febrero del año dos mil cuatro, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés la abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de apoderada judicial de las sociedades mercantiles denominadas HOLDING ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, sociedad por acciones (HECA, SpA), AGAC sociedad por acciones, (AGAC SpA), ACEA sociedad por acciones (ACEA, SpA), AMA, sociedad por acciones (AMA, SpA), las que conformaron el consorcio AGAC y otros y de la sociedad denominada AGAC Y OTROS, S.A., antes denominada SULAMBIENTE, S.A.,promoviendo demanda ordinaria para se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo y en consecuencia se decrete la nulidad del mismo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento; en consecuencia el referido juzgado dictó sentencia definitiva en fecha veinticinco de enero de dos mil cinco, mediante la cual condenó a la municipalidad de San Pedro Sula al pago de U$ 6,615,794.92, más las costas personales y de conformidad al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al pago de los intereses comerciales e intereses moratorios(Folios 1 al 23 y 536 al 547 de la primera pieza de antecedentes).2) En fecha catorce de octubre del año dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada SULAMBIENTE, S.A. presentando solicitud para ejecución de sentencia firme de condena de pago de intereses comerciales e intereses moratorios, dictada en el juicio promovido por su representada en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, monto que asciende a la cantidad de U$ 4,298,453.86 correspondiente a intereses comerciales, más los intereses moratorios por la cantidad de U$1.210,642.00 haciendo un total de (sic) U$5,894,546.10. (Folios del 1 al 2 de la pieza separada).3) En fecha trece de junio del año dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual falló: “…SEGUNDO: Aprobar la presente liquidación de intereses comerciales y moratorios en la suma de treinta y nueve millones, treinta y un mil trescientos treinta y siete lempiras con setenta y nueve centavos (L.39,031,337.79). TERCERO: Deducir la cantidad de doce millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos diecinueve lempiras con noventa y un centavos (L. 12,477.519.91) del referido monto. CUARTO: Por lo resuelto en el numeral anterior, se ordena a la corporación municipal de San Pedro Sula a pagar a la demandante la cantidad de veintiséis millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos diecisiete lempiras con ochenta y ocho centavos (L.26,553.817.88). …” (Folios 67 al 69 de la pieza separada).4) Conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los abogados CROSBY ENRIQUE AGÜERO ROMERO, en su condición antes indicada, y JUAN RECARTE PINEDA CHÁVEZ, en su condición de apoderado legal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO R., accionando en su condición de apoderado legal de SULAMBIENTE, S.A. SEGUNDO: Declarar parcialmente Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado JUAN RECARTE PINEDA CHÁVEZ accionando en su condición de apoderado legal deMUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO [SULA]. SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la sentencia interlocutoria apelada, la cual corre a folios del sesenta y siete (67) al sesenta y nueve (69) de la pieza separada de intereses comerciales y moratorios, únicamente en cuanto a la cantidad a LIQUIDAR de intereses comerciales y moratorios, conforme al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los cuales se liquidan en la cantidad de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (LPS.27,360,873.07), siendo el interés comercial de LPS.23,361,976.24 y el interés moratorio de LPS.3,998,896.83, debiéndose deducir dicha cantidad a los LPS.12,477,519.91 que le fueron entregados al demandante en exceso a lo debido, tal como así lo estableció el A QUO en la sentencia apelada. …” (Folios 27 al 31 de la pieza de segunda instancia).5) El recurrente abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO ROMERO, compareció ante este alto tribunal, en fecha veintinueve de marzo de dos mil catorce, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de las sociedades mercantiles denominadas HOLDING ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, sociedad por acciones (HECA, SpA), AGAC sociedad por acciones, (AGAC SpA), ACEA sociedad por acciones (ACEA, SpA), AMA, sociedad por acciones (AMA, SpA), las que conformaron el consorcio AGAC y otros y de la sociedad denominada AGAC Y OTROS, S.A., antes denominada SULAMBIENTE, S.A., representada por el señor AUGUSTO RENATO MONTANARI, por considerar que la decisión del ad quem de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince.6) En fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su fiscal, abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “NO SE OTORGUE” el recurso de amparo de mérito.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia.CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación del debido proceso contenido en elartículo 90 de la Constitución de la República. El petente formaliza la garantía constitucional de amparo reclamando que la sentencia proferida en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece por la honorable corte de alzada violenta el artículo 90 constitucional y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones que instituyen el debido proceso, el cual entre otros derechos fundamentales incluye, el que tiene toda persona a no ser juzgada sino por juez o tribunal competente, independiente e imparcial.Desarrolla el concepto de la violación señalando que es erróneo el considerando once del fallo impugnado, mediante el cual la corte de apelaciones, dispuso dar como cierto que la sociedad mercantil SULAMBIENTE, S.A. recibió la cantidad de 126 millones 280 mil 952 lempiras con setenta centavos, como producto de la pena a que fue condenada la municipalidad de San Pedro Sula. Asimismo señaló que este acto se efectuó el once de diciembre de dos mil once, fecha en que fue depositado el último cheque por parte de la demandada, por la cual se terminaba de pagar lo adeudado; en consecuencia determina que los intereses devengados por la cantidad condenada y pagada fue calculada desde el tres de diciembre de dos mil nueve, fecha en que la cantidad condenada quedó firme al no proceder su cambio por ningún medio hasta el dos mil once que fue pagada la última cantidad adeudada, calculándose a mayo de dos mil diez los intereses a una tasa promedio durante los mismos de 37%, según información obtenida de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su correspondiente hoja de Internet, siendo por lo tanto los intereses comerciales de 23 millones 361 mil 976 lempiras con veinticuatro centavos y los intereses moratorios siempre a la tasa de dos por ciento de junio de dos mil diez a diciembre de dos mil once de tres millones 998 mil 896 lempiras con 83 centavos haciendo un gran total de intereses comerciales y moratorios de 27 millones 360 mil 873 lempiras con siete centavos, aplicando la misma fórmula utilizada por el a quo por ser la correcta para este caso de autos.Pues bien para el amparista la anterior motivación es errónea, por cuanto los intereses comerciales y moratorios deben calcularse desde el día veinticinco de enero de dos mil cinco al once de diciembre de dos mil once, aplicando la fórmula en el cálculo de intereses que dispone el Banco Central de Honduras, como rector de la política monetaria del país; y no lo que establece la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por ser éste un ente regulador del sistema financiero nacional.Explica que es posible apreciar que los cálculos efectuados y aplicados en la sentencia por la corte recurrida es errónea; primero por desconocer que la condena fue en dólares; segundo por establecer como fecha en que adquirió firmeza la sentencia el día tres de diciembre de dos mil nueve; y tercero por aplicar una fórmula establecida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en un sitio de la Internet, desconociéndose que para fines de intereses comerciales y bancarios e intereses moratorios el órgano rector para establecer los porcentajes y fórmulas de aplicación es el Banco Central de Honduras.CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que constituye el acto impugnado. El ad quem por unanimidad de votos dispuso mediante resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, revocar parcialmente la sentencia interlocutoria, únicamente en cuanto a la cantidad a liquidar de intereses comerciales y moratorios conforme al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los cuales se liquidan en la cantidad de 27 millones 360 mil 873 lempiras con siete centavos, siendo el interés comercial de 23 millones 361 mil 976 lempiras con 24 centavos y el interés moratorio de tres millones 998 mil 896 lempiras con 83 centavos, debiéndose deducir la cantidad de doce millones 477 mil 519 con 91 centavos que le fueron entregados al demandante en exceso a lo debido, tal como estableció el a quo en la sentencia apelada. La corte estableció que la pretensión de SULAMBIENTE, S.A. es que se le liquiden los intereses comerciales y moratorios conforme a lo estableció en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual presentó su propio cálculo de dichos intereses, oponiéndose el apoderado de la municipalidad de San Pedro Sula a dichos intereses. Al expresar agravios el apoderado de SULAMBIENTE, S.A. alega entre otras cosas, que la parte demandada reconoce aunque en menor cantidad que el importe de intereses que se debe de pagar a su representada es en dólares y no en lempiras como lo condenó el a quo; que el mes de inicio para el pago de los intereses es febrero de dos mil seis; que pretender sustituir el interés comercial por el moratorio es un error de concepto; que tácitamente se está incentivando a pagar más tarde las deudas, que no está de acuerdo con los considerandos sexto y séptimo de la sentencia apelada. También el apoderado de la municipalidad sampedrana expresa agravios, alegando entre otras cosas que el cálculo que efectúa el abogado demandante es erróneo, en virtud que se toma como fecha inicial del adeudo por concepto de intereses comerciales y moratorios desde el catorce de marzo de dos mil seis hasta el catorce de dos mil once, incurriendo así en el mismo error del a quo, en la parte final del considerando cuatro de la sentencia apelada; también que en aplicación del artículo 188 del Código Procedimientos la sentencia definitiva proferida en contra de su representada, adquirió el carácter de firme el tres de diciembre de dos mil nueve, cuando ésta regresó de la Corte Suprema de Justicia en virtud de un amparo presentado por la defensa de su representada; de manera que el tiempo que el a quo establece para calcular los intereses comerciales y moratorios es erróneo, porque fue mucho antes en que se terminó de ejecutar el total de lo sentenciado, en virtud de que se embargó por encima de la suma sentenciada. La cantidad que su representada debe de pagar por concepto de intereses comerciales y moratorios es de 655 mil 223 dólares con seis centavos y no la que establece el a quo. Al contestar agravios SULAMBIENTE, S.A. refiere en cuanto al cuestionamiento que se hace sobre el importe de los intereses comerciales y moratorios, que deben ser cancelados en el sentido que el mismo fue expresado en lempiras y no en dólares, olvidando el apelante que la moneda de curso legal en Honduras es el lempira y que debió expresarse desde la primera sentencia en lempiras. En cuanto a la fecha de inicio para efectuar los cálculos de los referidos intereses, desconoce el apelante el alcance del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o, ya que las sentencias son ejecutorias, según el artículo 188 del Código de Procedimientos, cuando no cabe contra ellas recurso alguno ordinario o extraordinario en consecuencia el cálculo que efectuara el apoderado de la parte demandante es erróneo. Esto en virtud de que toma como fecha inicial para calcular el adeudo de dichos intereses desde el catorce de marzo de dos mil seis, incurriendo en el mismo error el a quo ya que la sentencia relacionada adquirió el carácter de firme el tres de diciembre de dos mil nueve, cuando regresó de la Corte Suprema de Justicia. Establece como cantidad a cancelar en concepto de intereses comerciales y moratorios de 655 mil 223 dólares como seis centavos o su equivalente en lempiras. La corte de apelaciones establece que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone que las cantidades liquidas reconocidas en las sentencias que condenan al Estado o a sus entidades devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria, y moratorios después de este término aunque la sentencia no lo dispusiere. Señala que en el caso de mérito consta que la municipalidad sampedrana como parte demandada fue condenada en sentencia definitiva de fecha veinticinco de enero de dos mil cinco al pago de seis millones 615 mil 794 de dólares a la parte demandada; que dicha sentencia adquirió el carácter de firme, por lo cual dicha cantidad devengó intereses comerciales y moratorios hasta la fecha de su ejecución. También consta en autos que la sentencia definitiva relacionada fue objeto de amparo, el cual fue denegado y luego confirmado en consulta obligatoria en fecha tres de diciembre de dos mil mueve, empezando a devengar desde entonces intereses. El ad quem señaló además que habiendo sido pagada la cantidad adeudada en lempiras, moneda de curso legal en el país, debe ser en esta moneda que se ha de calcular y pagar los intereses comerciales y moratorios a que tiene derecho el demandante. Asimismo señaló que consta en autos que la cantidad que fue pagada por el demandante es de 126 millones 280 mil 952 lempiras con 70 centavos, la cual fue totalmente pagada el once de diciembre de dos mil once, fecha en que fue depositado el último cheque por parte de la demandada, con lo cual se terminaba de pagar lo adeudado; en consecuencia los intereses devengados por la cantidad condenada y pagada se calcularán desde el tres de diciembre de mil nueve, fecha en que la cantidad condenada quedó firme al no proceder su cambio por ningún medio hasta el once de diciembre de dos mil once, fecha en que fue pagada la última cantidad adeudada, calculándose los primeros seis meses es decir de diciembre de dos mil nueve y de enero a mayo de dos mil diez, los intereses comerciales, a una tasa promedio durante los mismos de 37 por ciento, según información obtenida de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en su correspondiente hoja de Internet, siendo por lo tanto los intereses comerciales de 23 millones 361 mil 976 lempiras con 24 centavos; y los intereses moratorios siempre calculados a la tasa del dos por ciento, de junio de dos mil diez a diciembre de dos mil once de 3 millones 998 mil, 896 lempiras con 83 centavos y un gran total de intereses comerciales y moratorios de 27 millones 360 mil 873 lempiras con siete centavos, aplicando la misma fórmula utilizada por el a quo por ser la correcta para el caso de autos. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen del dictamen emitido por el agente de tribunales del Ministerio Público. El fiscal Roger Ludovico Matus Zelaya, opinó que no se otorgue la presente garantía constitucional de amparo. Con relación a lo expuesto por la amparista, el fiscal cita el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “Aunque la sentencia no lo dispusiere, las cantidades líquidas reconocidas en las sentencias que condenen al Estado o a sus entidades, devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término.” Luego observa que del contenido de dicha norma no se obtiene que converjan ambos tipos de intereses en las cantidades condenadas; sino más bien una en sucesión de otra; por otro lado el establecimiento del momento en que un fallo judicial es ejecutorio; para tal efecto el contenido del artículo 188 del Código de Procedimientos lo aclaró al disponer: “Las sentencias son firmes o ejecutorias, cuando no cabe contra ellas recurso alguno, ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido contenidas por las partes.” En el presente caso, consta que contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de enero de dos mil cinco por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo se interpuso garantía constitucional de amparo por la parte demandada, la cual fue resuelta mediante la sentencia del treinta y uno de octubre de dos mil seis por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, misma que fue confirmada en consulta obligatoria el tres de diciembre de dos mil nueve. De manera que es a partir de esa fecha que adquirió ejecutoria, por lo que consecuentemente durante los seis meses siguientes se incurre en intereses comerciales y posteriormente intereses moratorios, constando en autos que la parte demandada /condenada pagó en su totalidad su obligación el once de diciembre de dos mil once (folios del 11 al 42 de la pieza de intereses comerciales y moratorios); por lo tanto los intereses deben ser calculados entre la fecha que el fallo se volvió ejecutorio y la satisfacción total de la deuda. En relación con el tipo de moneda que se ordena el pago, hace notar que la moneda oficial en nuestro país es el Lempira de acuerdo al decreto 102 del dos de abril de 1926, que si bien es cierto la parte demandada acepta la deuda en dólares, no es menos cierto que la cantidad líquida fue cancelada en lempiras, la cual igualmente fue aceptada por la parte demandante; en consecuencia no existe ninguna vulneración en el hecho de que los intereses sean calculados en lempiras, siempre y cuanto este cálculo se haga con base a la tasa cambiaria establecida por el Banco Central de Honduras; en el caso de autos únicamente su inconformidad se basa en el tipo de moneda en que se cuantifican los intereses comerciales y moratorios. Con relación a la tasa de interés, sobre la cual se calcularon los mismos, es de hacer notar que la política económica en nuestro país es fijada por el Banco Central de Honduras; si bien es cierto el ad quem señala como fuente de consulta para establecer el promedio de la tasa de interés a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, o dice que ésta institución haya fijado dicho promedio; y en todo caso el amparista no acreditó en instancia que exista una diferencia entre el promedio utilizado y el fijado por el Banco Central de Honduras.CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía de amparo de la que se hace mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar la formalización de la garantía constitucional de mérito, observa que el petente centra su alegación en cuestionamientos que son propios del ámbito jurisdiccional de instancia y no del constitucional. A la sazón éste refiere que disiente del sentido y aplicación que el ad quem le dio al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que como resultado de ello se ha violentado el debido proceso.De lo alegado se extrae que la pretensión real del censor es que la Sala de lo Constitucional, señale el sentido y alcance del artículo impugnado, o sea pretende que este tribunal le indique al juzgador de instancia cómo debe interpretar el artículo 100 relacionado; pero no lo exige desde el punto de vista, o haciendo contraste con lo que establece la Constitución de la República, sino que el señalamiento lo hace del contenido mismo de la norma legal invocada, o sea desde sus propios términos, exigiéndole de esa manera a este tribunal que haga un análisis propio de instancia. Es por esta razón que a la Sala no le es posible declarar de recibo el vicio o motivo alegado. Observando además que el criterio de la corte de apelaciones fue ampliamente explicado y es acorde a la literalidad de la norma impugnada. En virtud de lo anterior es procedente declarar la desestimatoria de la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 90, 183,301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado CROSBY ENRIQUE AGÜERO ROMERO, a favor de las sociedades mercantiles denominadas HOLDING ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, sociedad por acciones (HECA, SpA); AGAC sociedad por acciones, (AGAC SpA); ACEA sociedad por acciones (ACEA,SpA); AMA, sociedad por acciones (AMA, SpA), las que conformaron el Consorcio AGAC Y OTROS y de la sociedad denominada AGAC Y OTROS, S.A., antes denominada SULAMBIENTE, S.A., representada por el señor AUGUSTO RENATO MONTANARI, contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento del Francisco Morazán, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de fecha trece de junio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la liquidación de los intereses comerciales y moratorios promovida por las sociedades mercantiles denominadas HOLDING ELÉCTRICA CENTROAMERICANA, AGAC, ACEA, AMA, todas sociedades por acciones y que conforman el consorcio AGAC y otros, y de la sociedad denominada AGAC Y OTROS, S.A., antes denominada SULAMBIENTE, S.A., contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz.NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo bajo el número SCO-318-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”