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Sentencia AA-317-16 — Registro 6822

Resumen

Resolución declaró con lugar recurso de revisión interpuesto por miembros de Empresa Asociativa Campesina "Santo Tomás", también tuvo por entregada de manera extemporánea la información púbica solicitada y ordenó apertura de oficio de expediente sancionatorio contra recurrente en su condición de juez de letras seccional del municipio de Puerto Cortés

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha revisado los antecedentes en la presente acción de amparo, y observa que se trata de que Miembros de la Empresa Asociativa Campesina “SANTO TOMAS” quienes son parte en un proceso penal, incoado por el Ministerio Público por considerárseles responsables de la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, se han visto obligados a utilizar los servicios de una entidad del Estado, como ser el Instituto de Acceso a la Información, para poder acceder al proceso penal registrado bajo el Expediente No. 21-2006. Es menester señalar que se trata de un Juzgado Seccional, en este caso el de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en donde los jueces que conocen de la jurisdicción por materia civil y penal, están ubicados en la misma instalación física. Se observa a folio cuatro de la primera pieza, que la acción que se solicita consiste en el auxilio para poder acceder al expediente en el cual se diligencia un proceso incoado en contra del solicitante..."..."la Sala señala la responsabilidad de la funcionaria que ejerce como Secretaria del Juzgado en materia Civil, quien como fedataria, esta obligada a leer los escritos que se le presentan, debiendo percatarse que el escrito esta dirigido a la Juez que conoce la jurisdicción Penal y no al Juez del Juzgado de lo Civil. Debió aplicar la ley objetiva en lo relativo a la subsanación, en caso de que el escrito se dirigiera para el Juez de lo Civil, caso contrario, es su obligación, comunicarse con el solicitante de información y explicarle que su escrito va dirigido a la Juez de otro Juzgado, era obligación de la Secretaría no recibir el mismo pero SÍ señalarle donde debía presentarlo, Juzgado que queda en el mismo edificio. Todas las acciones antes señaladas son las que hacen posible, el derecho al acceso pronto y expedito a la justicia, en lugar de actuar automáticamente y convertirse en un funcionario que obstruye la administración de la tutela justicia efectiva..."..."En el caso particular, la representación del IAIP, respetuoso de un debido proceso al evacuar el procedimiento que la Ley especial les manda, debieron escuchar a la Juez hoy recurrente y considerar las circunstancias particulares que rodean el presente caso y realizar un juicio de ponderación previo a ordenar de oficio abrir un expediente sancionatorio..."..."si bien es cierto, consta la facultad sancionatoria del Instituto de Acceso a la Información Publica, también es cierto que no puede ser ilimitada. Sus resoluciones, que concretan el procedimiento administrativo y se convierten en ley especial y particular, no pueden o no deben ser dictados sin explicación, que es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso. No quiere decir, por supuesto, que la eficacia de la motivación dependa de lo extenso del texto (probablemente una frase apropiada respalde suficientemente la decisión),pero sí que en todo caso la lealtad para con el obligado por su confianza de acudir a la administración publica exige que se le relate la fundamentación del fallo que les afecta, sin esperar que el interesado, acaso predispuesto por su problema, quede satisfecho, porque lo que se busca es en beneficio de la seguridad en este caso jurídica, que debe dar el derecho a todos..."..."es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares (en este caso una funcionaria judicial), en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración..."..."de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de de la vulneración al debido proceso, al proceder al inicio de acciones sancionatorias, sin la respectiva investigación para determinar si existieron razones entendibles y aceptables que evitaron brindar la información en tiempo, como ocurrió en el presente caso, lo que hace procedente a OTORGAR el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada WENDY SUYAPA LAKEMAN OSEGUERA a favor de SI MISMA, contra la resolución No.SO-089-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP)de fecha veinte de octubre de dos mil quince, en la cual se declaró CON LUGAR el recurso de Revisión interpuesto por los señores JOSÉ MANUEL FROMM ZUNIGA, ROLANDO MARQUEZ CHACÓN, RUBEN GARCÍA SERRANO y ELICEO GARCÍA MEDINA en su condición de miembros de la Empresa ASOCIATIVA CAMPESINA “SANTO TOMAS” contra la ABOGADA WENDY LAKEMAN OSEGUERA JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, “mediante la cual se ordena la apertura de oficio del expediente sancionatorio en perjuicio de la recurrente”.Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82 y90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, compareció ante este Tribunal la Abogada WENDY SUYAPA LAKEMAN OSEGUERA a favor de SI MISMA, contra la contra la resolución dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA de fecha veinte de octubre de dos mil quince, en la cual se declaró CON LUGAR el recurso de Revisión interpuesto por los señores JOSÉ MANUEL FROMM ZUNIGA, ROLANDO MARQUEZ CHACÓN, RUBEN GARCÍA SERRANO y ELICEO GARCÍA MEDINA en su condición de miembros de la Empresa ASOCIATIVA CAMPESINA “SANTO TOMAS” contra la ABOGADA WENDY LAKEMAN OSEGUERA, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, “mediante la cual se ordena la apertura de oficio del expediente sancionatorio en perjuicio de la recurrente”. (Folios 1-4 del amparo).- 2) Que en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que dentro del plazo de un(01) día hábil, remitiera los antecedentes relacionados al Recurso de Revisión interpuesto por los señores JOSE MANUEL FROMM ZUNIGA, ROLANDO MARQUEZ CHACÓN Y OTROS en su condición de miembros de la empresa ASOCIATIVA CAMPESINA “SANTO TOMAS” contra el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, CORTÉS. Haciéndose la observación a la referida autoridad que el envío de los antecedentes no obsta para que tales funcionarios o empleados continúen con el conocimiento del asunto, y con tal fin, dejarán un extracto de las actuaciones principales. (Folio 6 del amparo).- 3) Que en fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, ésta Sala recibió el antecedente solicitado a la autoridad recurrida, a través de su Secretaria YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ, desprendiéndose del mismo la resolución No.SO-089-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA(IAIP)en la que resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por los señores JOSÉ MANUEL FROMM ZUNIGA, ROLANDO MARQUEZ CHACÓN, RUBEN GARCÍA SERRANO y ELICEO GARCÍA MEDINA, actuando en su condición de miembros de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINO “SANTO TOMAS”, contra el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, por no haberse resuelto en el plazo que señala la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA la correspondiente solicitud de información.-SEGUNDO: Se tenga por entregada de manera extemporánea la información Publica solicitada por los Recurrentes al JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS referente a: “Información publica por escrito y detallada del expediente No.21-06”, tal como consta a folio ochenta y nueve (F89) del presente curso de autos. Asimismo se indica, que tal como lo prescribe el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, los solicitantes o usuarios serán directamente responsables por el uso, manejo y difusión de la información publica a la que tenga acceso.-TERCERO: Se ordena a la Secretaría General del IAIP, la apertura de oficio del correspondiente expediente sancionatorio, contra la JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, sobre el incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en lo que respecta a la TRANSPARENCIA REACTIVA.-CUARTO: La presente resolución pone fin a la vía administrativa y de no interponerse el RECURSO DE AMPARO al tenor de los artículos 183 de la Constitución de la República; 41,44,47 y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, la misma quedará firme con los efectos pertinentes.-QUINTO: Extiéndase Certificación integra de esta Resolución a los interesados una vez que acrediten la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00) conforme al articulo 49, inciso 8) de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico y remítase copia de la misma al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), para los efectos legales correspondientes.-NOTIFIQUESE.” (Folios 92-95 de los antecedentes).- 4) Remitidos que fueron los antecedentes se continuó con el procedimiento, concediéndose vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas ala recurrente para que formalizara su petición por escrito, esta Sala según auto de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito, en consecuencia se ordenó dar vista de los antecedentes ala Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera su correspondiente dictamen. (Folios 12/29/54 de la pieza de amparo).- 5) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal SUSSY G. COELLO, siendo de la opinión porque “SE OTORGUE” la presente acción de amparo de que se ha hecho merito, por existir ultraje a los artículos constitucionales invocados por la recurrente.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada WENDY SUYAPA LAKEMAN OSEGUERA a favor de SI MISMA, esta dirigida contra la resolución No.SO-089-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP) de fecha veinte de octubre de dos mil quince, en la cual se declaró CON LUGAR el recurso de Revisión interpuesto por los señores JOSÉ MANUEL FROMM ZUNIGA, ROLANDO MARQUEZ CHACÓN, RUBEN GARCÍA SERRANO y ELICEO GARCÍA MEDINA en su condición de miembros de la Empresa ASOCIATIVA CAMPESINA “SANTO TOMAS” contra la ABOGADA WENDY LAKEMAN OSEGUERA, JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, “mediante la cual se ordena la apertura de oficio del expediente sancionatorio en perjuicio de la recurrente”, por entrega extemporánea de la información solicitada consistente en: “brindar información pública y detallada del expediente 21-06, que contiene un proceso judicial que se lleva en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés, en vista de que los peticionarios de información son parte en el proceso.”- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que la resolución aludida vulnera su derecho de defensa y consecuentemente a un debido proceso, ya que, iniciarle un expediente sancionatorio, por incumplimiento de brindar en tiempo, una información solicitada a la recurrente; sería improcedente, pues la información fue facilitada con posterioridad a los términos de Ley, por desconocimiento de la petición, pues se ha acreditado en autos, que la solicitud de información fue presentada ante la Secretaria del Juez que conoce la materia civil, cuando la información que se solicita es en el proceso penal Exp. No. 21-2006. Sostiene que dicha solicitud presentada por el señor JOSE MANUEL FROMM ZUNIGA, fue anexada al expediente No. 78-2005, que registra una demanda ordinaria de nulidad de Escritura Pública, proceso civil en el cual el requirente de información, señor JOSE MANUEL FROMM ZUNIGA, es parte; debiendo anexarla en el expediente No. 21-2006, contentivo de una causa penal. Reitera que en ningún momento se negó la información requerida, por el contrario, expone la Juez Titular del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, que al tener conocimiento de tal situación, procedió a brindar la información a la representación del Instituto de Acceso a la Información; por lo que no procede la apertura de oficio del correspondiente expediente sancionatorio por parte del Instituto de Acceso a la Información Publica.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que lo correcto conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, es que la solicitud debía ser presentada ante la instancia correspondiente, como en efecto se hizo, se presentó ante el Juzgado Seccional de Puerto Cortés. Ahora, la distribución interna de los tribunales, no es exigible que la conozcan las partes, máxime si no son profesionales del derecho que ejerzan la procuración en dicho Juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que no se puede deducir responsabilidad a la Juez WENDY SUYAPA LAKEMAN, pues esta probado que desconocía de la solicitud, por el contrario la Juez Titular del Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, documentó en autos que mostró el expediente, en cuanto tuvo conocimiento de la resolución del Instituto de Acceso a la Información.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que no obstante lo manifestado en el considerando anterior, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha revisado los antecedentes en la presente acción de amparo, y observa que se trata de que Miembros de la Empresa Asociativa Campesina “SANTO TOMAS” quienes son parte en un proceso penal, incoado por el Ministerio Público por considerárseles responsables de la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, se han visto obligados a utilizar los servicios de una entidad del Estado, como ser el Instituto de Acceso a la Información, para poder acceder al proceso penal registrado bajo el Expediente No. 21-2006. Es menester señalar que se trata de un Juzgado Seccional, en este caso el de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en donde los jueces que conocen de la jurisdicción por materia civil y penal, están ubicados en la misma instalación física. Se observa a folio cuatro de la primera pieza, que la acción que se solicita consiste en el auxilio para poder acceder al expediente en el cual se diligencia un proceso incoado en contra del solicitante.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Sala señala la responsabilidad de la funcionaria que ejerce como Secretaria del Juzgado en materia Civil, quien como fedataria, esta obligada a leer los escritos que se le presentan, debiendo percatarse que el escrito esta dirigido a la Juez que conoce la jurisdicción Penal y no al Juez del Juzgado de lo Civil. Debió aplicar la ley objetiva en lo relativo a la subsanación, en caso de que el escrito se dirigiera para el Juez de lo Civil, caso contrario, es su obligación, comunicarse con el solicitante de información y explicarle que su escrito va dirigido a la Juez de otro Juzgado, era obligación de la Secretaría no recibir el mismo pero SÍ señalarle donde debía presentarlo, Juzgado que queda en el mismo edificio. Todas las acciones antes señaladas son las que hacen posible, el derecho al acceso pronto y expedito a la justicia, en lugar de actuar automáticamente y convertirse en un funcionario que obstruye la administración de la tutela justicia efectiva.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso condena la afectación de derechos fundamentales de las personas jurídicas o naturales, debiendo existir un adecuado derecho de defensa que implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido. En el caso particular, la representación del IAIP, respetuoso de un debido proceso al evacuar el procedimiento que la Ley especial les manda, debieron escuchar a la Juez hoy recurrente y considerar las circunstancias particulares que rodean el presente caso y realizar un juicio de ponderación previo a ordenar de oficio abrir un expediente sancionatorio.- CONSIDERANDOONCE (11): Que si bien es cierto, consta la facultad sancionatoria del Instituto de Acceso a la Información Publica, también es cierto que no puede ser ilimitada. Sus resoluciones, que concretan el procedimiento administrativo y se convierten en ley especial y particular, no pueden o no deben ser dictados sin explicación, que es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso. No quiere decir, por supuesto, que la eficacia de la motivación dependa de lo extenso del texto (probablemente una frase apropiada respalde suficientemente la decisión),pero sí que en todo caso la lealtad para con el obligado por su confianza de acudir a la administración publica exige que se le relate la fundamentación del fallo que les afecta, sin esperar que el interesado, acaso predispuesto por su problema, quede satisfecho, porque lo que se busca es en beneficio de la seguridad en este caso jurídica, que debe dar el derecho a todos.- CONSIDERANDODOCE (12): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares (en este caso una funcionaria judicial), en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se garantice continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.- CONSIDERANDOTRECE (13): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata de de la vulneración al debido proceso, al proceder al inicio de acciones sancionatorias, sin la respectiva investigación para determinar si existieron razones entendibles y aceptables que evitaron brindar la información en tiempo, como ocurrió en el presente caso, lo que hace procedente a OTORGAR el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY SUYAPA LAKEMAN OSEGUERA a favor de SI MISMA, contra la resolución No.SO-089-2015, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA(IAIP) de fecha veinte de octubre de dos mil quince, en la cual se declaró CON LUGAR el recurso de Revisión interpuesto por los señores JOSÉ MANUEL FROMM ZUNIGA, ROLANDO MARQUEZ CHACÓN, RUBEN GARCÍA SERRANO y ELICEO GARCÍA MEDINA, a efecto que se le restituyan los derechos ala Juez la Abogada WENDY SUYAPA LAKEMAN OSEGUERA, rehabilitando su derecho a la defensa a través de un procedimiento correcto, en donde se escuchen las razones que evitaron brindar la información en el tiempo legalmente establecido, y que se procedan a realizar las investigaciones a fondo para la aplicación de las sanciones respectivas a los funcionarios que obstruyeron la pronta y efectiva aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, haciendo caer en error al peticionario de información JOSÉ MANUEL FROMM ZUNIGA; sin perjuicio que el Instituto de Acceso a la Información Publica, dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia, y mande dicha resolución con una certificación de la presente sentencia al CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA), para los efectos legales correspondientes . Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la institución de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0317-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CEDV