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Sentencia AA-310-17 — Registro 6828

Resumen

Se interpuso acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas , dictado por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso contenidos en los artículos 82, 90, de la Constitución de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha treinta y uno(31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2016), que desestimó las defensas previas alegadas por la parte demandada en el trámite de la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A. contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho(8) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de Tegucigalpa, la Abogada BRENDA RAMONA HERNÁNDEZ REYES, en su condición de apoderada legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., promoviendo demanda para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, siendo admitida en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince. (Folios 1–47 de los antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), compareció dentro del trámite ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas a favor de su representada, por considerar que existen causales de inadmisiblidad de la demada, mismas que fueron admitidas a trámite en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016). (Folio 82 de la pieza de Defensas Previas)- 3) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, celebró audiencia de defensas previas, dictando posteriormente en fecha treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016), el correspondiente auto resolutivo, mediante el cual resolvió: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTE la causa de DEFENSAS PREVIAS ALEGADAS POR LA PARTE INCIDENTISTA, POR LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EXPUESTOS ANTERIORMENTE.”- 4) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su carácter de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas relacionado en el numeral anterior, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso contenidos en los artículos 82, 90, de la Constitución de la República.(Folios 1-7 de los antecedentes de Segunda Instancia)- 5) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, falló: (SIC) “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, a TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS…” (Folios 33-35 de la Pieza de Amparo)- 6) Que en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3):Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en la misma determinó el sobreseimiento de la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, acción que fuera promovida a favor del ESTADO DE HONDURAS y contra el ya mencionado auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2016), que desestimó las defensas previas alegadas por la parte demandada en el trámite de la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.- CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, la amparista se limitó a reproducir las alegaciones presentadas ante el juzgado de instancia, mismas que fueron calificadas por la Alzada como de mera legalidad, en tanto detonan la simple inconformidad con la denegatoria de las defensas previas opuestas en el trámite de la demanda que se conoce, recalcando el Ad-Quem en su fallo, que el papel del juez constitucional no conlleva el conocimiento de asuntos de estricto derecho, sino la garantía y protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, los que a pesar de haber sido invocados por la recurrente como transgredidos, ésta no alcanzó a justificar o acreditar tales extremos, al circunscribirse a reiterar las alegaciones presentadas ante el juez de primer grado, omitiendo con ello sustentar debidamente la acción constitucional interpuesta.- CONSIDERANDO (7):Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, la amparista ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual sus argumentaciones resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas.- CONSIDERANDO (8): Que tal y como ha sido advertido por el Ad-Quem, la resolución emitida por el juez de instancia contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, coincidiendo esta Sala que con la resolución impugnada no se ha violentado, lesionado ni atentado contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. Se observa que el juez de instancia se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- CONSIDERANDO (9): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (10):Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDOla sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2016); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0310-2017.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio de dos mil diecisiete.- VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, de fecha treinta y uno(31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2016), que desestimó las defensas previas alegadas por la parte demandada en el trámite de la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A. contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho(8) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de Tegucigalpa, la Abogada BRENDA RAMONA HERNÁNDEZ REYES, en su condición de apoderada legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., promoviendo demanda para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, siendo admitida en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince. (Folios 1–47 de los antecedentes de Primera Instancia)- 2) Que en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), compareció dentro del trámite ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas a favor de su representada, por considerar que existen causales de inadmisiblidad de la demada, mismas que fueron admitidas a trámite en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016). (Folio 82 de la pieza de Defensas Previas)- 3) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, celebró audiencia de defensas previas, dictando posteriormente en fecha treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016), el correspondiente auto resolutivo, mediante el cual resolvió: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTE la causa de DEFENSAS PREVIAS ALEGADAS POR LA PARTE INCIDENTISTA, POR LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EXPUESTOS ANTERIORMENTE.”- 4) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su carácter de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas relacionado en el numeral anterior, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso contenidos en los artículos 82, 90, de la Constitución de la República.(Folios 1-7 de los antecedentes de Segunda Instancia)- 5) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, falló: (SIC) “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, a TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS…” (Folios 33-35 de la Pieza de Amparo)- 6) Que en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3):Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en la misma determinó el sobreseimiento de la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, acción que fuera promovida a favor del ESTADO DE HONDURAS y contra el ya mencionado auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2016), que desestimó las defensas previas alegadas por la parte demandada en el trámite de la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA FINANCIERA POPULAR CEIBEÑA S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.- CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, la amparista se limitó a reproducir las alegaciones presentadas ante el juzgado de instancia, mismas que fueron calificadas por la Alzada como de mera legalidad, en tanto detonan la simple inconformidad con la denegatoria de las defensas previas opuestas en el trámite de la demanda que se conoce, recalcando el Ad-Quem en su fallo, que el papel del juez constitucional no conlleva el conocimiento de asuntos de estricto derecho, sino la garantía y protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, los que a pesar de haber sido invocados por la recurrente como transgredidos, ésta no alcanzó a justificar o acreditar tales extremos, al circunscribirse a reiterar las alegaciones presentadas ante el juez de primer grado, omitiendo con ello sustentar debidamente la acción constitucional interpuesta.- CONSIDERANDO (7):Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, la amparista ha limitado sus argumentaciones a la enunciación de los derechos que se afirma han sido transgredidos, pero sin presentar argumentos o razonamientos para explicar de qué manera la resolución impugnada conllevó a la violación de las garantías y derechos invocados, con lo cual sus argumentaciones resultan ser insuficientes para afirmar, sostener o acreditar la existencia de las violaciones invocadas.- CONSIDERANDO (8): Que tal y como ha sido advertido por el Ad-Quem, la resolución emitida por el juez de instancia contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, coincidiendo esta Sala que con la resolución impugnada no se ha violentado, lesionado ni atentado contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. Se observa que el juez de instancia se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- CONSIDERANDO (9): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (10):Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.- CONSIDERANDO (11): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- CONSIDERANDO (12): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.- CONSIDERANDO (13): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDOla sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada ANA LIA YNESTROZA PINEDA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2016); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0310-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional