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Sentencia AA-291-2015 — Registro 8676

Resumen

Acto recurrido relaciónado con la suspensión de jubilación realizada por dicho Instituto a partir del mes de mayo de dos mil catorce en perjuicio del impetrante.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que asisten al presente caso las causas de inadmisibilidad previstas en los numerales 3) y 8) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC), en virtud que los motivos de amparo que ha planteado el amparista resultan susceptibles de resolverse mediante las acciones y recursos que ya precave la legislación ordinaria; de los cuales aún no se ha hecho uso y ejercicio legítimo, mas no directamente en sede de justicia constitucional. Por todo lo cual resulta improcedente referirse en el fondo a la vulneración al debido proceso, al derecho de defensa y demás derechos fundamentales invocados; debiendo procederse, por ende, al SOBRESEIMIENTO de la presente acción constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor HORACIO ERNESTO MEDINA REYES, a favor de SI MISMO, contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEM), en relación a la suspensión de la jubilación realizada por dicho Instituto a partir del mes de mayo de dos mil catorce al señor HORACIO ERNESTO MEDINA REYES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los artículos 59, 64, 65 82, 90, 127 y 145 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil quince (2015), compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el señor HORACIO ERNESTO MEDINA REYES, interponiendo recurso de amparo, a favor de SI MISMO contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes según el recurrente, en la suspensión de su jubilación voluntaria, a partir del mes de mayo de dos mil catorce (2014).2) Que en fecha seis (6) de mayo de dos mil quince (2015), se tuvo por admitido el recurso de mérito, librándose comunicación a la autoridad recurrida para que en el término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 22 del recurso).3) Que del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte lo siguiente: a) Que el señor HORACIO ERNESTO MEDINA REYES, solicitó jubilación voluntaria, misma que le fue aprobada en fecha catorce de septiembre de dos mil cinco. b) En fecha 22 de abril del 2014, mediante oficio CI IHSS N° 185/2014, la Comisión Interventora del IHSS, envió al INJUPEMP un listado de los empleados que estaban laborando actualmente en el IHSS y recibiendo jubilación del INJUPEMP, asimismo de los empleados del IHSS que se encontraban en su condición de retirada, y que se detectó que continuaron laborando por algún periodo de tiempo posterior a la fecha de su jubilación; esto con el propósito de que se adoptaran las medidas legales correspondientes. Después de verificar el listado en el oficio CI IHSS N° 185/2014, se constató que el señor HORACIO ERNESTO MEDINA REYES era una de esas personas recibían jubilación por parte del INJUPEMP, habiendo cobrado su jubilación indebidamente, por lo que se procedió a suspendérsele su jubilación en virtud de encontrarse desempeñando un cargo en el sector público en contravención a la Ley de INJUPEMP. c) Que en fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, el señor HORACIO ERNESTO MEDINA REYES, presentó la reactivación de su jubilación y el reembolso de los meses dejados de percibir. d) Como en todo procedimiento Administrativo, se admitió dicha reclamación, para verificar el alcance legal de lo peticionado por el señor Medina Reyes, ya que en este caso, la suspensión se produjo en el marco de vigencia de la Ley anterior del INJUPEMP, por lo que la Dirección Interna del INJUPEMP emitió resolución DI N.- 032-2014, a efecto de instruir las dependencias relacionadas del Instituto, que con carácter de urgente se realizara propuesta al procedimiento a seguir para la suspensión y la reactivación oportunamente de las jubilaciones de acuerdo a los artículos 83, 84 de la nueva Ley del INJUPEMP, por lo que tal resolución está orientada además bajo qué condiciones deben de reintegrarse al Instituto, los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, a que los participantes que hubieren percibido pensión de jubilación y salarios en forma simultánea; de igual forma la Dirección Interna en uso de sus facultades Legales, mediante resolución número DI 055-2014, de fecha 17 de noviembre del año 2014, resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual en otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad en la ley, situación de hecho que el reclamante acreditó ante el Instituto.- En caso similares la pretensión de reactivación del beneficio de jubilación voluntaria se ha fundamentado en el artículo 258 de la Constitución de la República, pero en el caso particular del reclamante, se considera no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero que percibió en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado ni trabajador ni como retribución a la labor que desarrollaba en una institución del Estado, sino que correspondía al beneficio de jubilación voluntaria que no es más que un derecho que se adquiere por razón de edad y años de servicio en un periodo calificado en atención de las aportaciones personales y patronales contribuidas al sistema de previsión social como lo es el INJUPEM.- e) Que en el caso particular del referido señor, el artículo 60 de la Ley anterior del INJUPEMP, era causa de incompatibilidad al percibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado salario como retribución de su actividad laboral desarrollada como empleado del IHSS, de forma simultánea, lo que no solo daría lugar a la suspensión de pagos conforme a tal artículo, sino también a exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual manera y de forma específica, que es la situación de derecho que nos ocupa, en la ley vigente de INJUPEMP, que entró en vigencia el 13 de mayo del corriente año, también en su artículo 84, se regula la incompatibilidad del disfrute de una pensión por desempeño de cargos remunerados, correspondiéndole en este momento a la Dirección Interina dictaminar la existencia de la incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, estableciendo como consecuencia reintegrar al Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, en los casos que se sucinten dentro del marco de vigencia de la nueva ley, como así se encuentra el parámetro legal determinado a la suspensión de la jubilación de beneficios. (Folios 26 al 28 del recurso de amparo).4) Que en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito, ordenando en consecuencia dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera su dictamen. (Folio 36 del recurso de amparo). 5) Que en fecha siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015), la Sala tuvo por evacuado y por emitido el dictamen de la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual concluyó porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista y existir causas de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5, en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que en la interposición y formalización del presente recurso, el solicitante manifiesta que el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), le ha conculcado el derecho a recibir su legítima jubilación, el cual inclusive conceptúa como un derecho adquirido, perjudicándole en su acceso a una adecuada calidad de vida humana, sobre todo en la etapa de la vejez; aduciendo para tal proceder que, a raíz de oficio CI IHSS N° 185/2014 recibido de la COMISIÓN INTERVENTORA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (CI IHSS), por lo cual se puso en conocimiento del INJUPEMP que el solicitante labora en dicho instituto, encontrándose a la vez gozando del beneficio social de la jubilación, procedía suspender la misma al agraviado; debido a que la Constitución y las leyes no le permiten percibirla simultáneamente a ingresos salariales causados por un cargo público, lo cual se encontraría – a juicio del demandante de amparo - en contravención a lo que establece el artículo 258 de la Constitución de la República y demás normativa legal y reglamentaria pertinente, según aduce INJUPEMP. Ha referido, asimismo, el solicitante, que la normativa legal que rige el Instituto no sería aplicable, en todo caso, por contradecir el contenido de los derechos y garantías constitucionales, los cuales deben aplicarse e interpretarse por los servidores públicos de la manera que favorezca más efectivamente la vigencia de los derechos humanos. - Por todo lo cual, habiendo actuado a contrario la autoridad preindicada, se contravienen, disminuyen y tergiversan derechos reconocidos en los artículos 59, 64, 65 82, 90, 127 y 145 de la Constitución de la República, en su perjuicio, por lo cual solicita se otorgue por esta Sala el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (4): Que como una consideración previa al caso, cabe mencionar la entidad denunciada es parte integrante de la Administración Pública Descentralizada, en tanto es una entidad de las denominadas “Instituciones Autónomas del Estado”, las cuales se crean mediante ley, siempre que se garanticen con ello la mayor eficiencia en la administración de los intereses nacionales;[1] tal es el caso de INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), dotado de Ley Orgánica en el marco jurídico constitucional,[2] y regulado en forma eminente por el Derecho Administrativo, al cual se encuentran sujetos los actos de la Administración Pública, tanto Central como Descentralizada.CONSIDERANDO (5): Que analizado el caso y ponderados los argumentos esbozados por el recurrente, y oído que fue el parecer de la Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, la Sala de lo Constitucional toma ante todo en consideración, asimismo, lo establecido en el párrafo primero del articulo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando expresa: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley, o la presente Convención, aun y cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; derecho fundamental establecido por el cual se protege y garantiza a toda persona a fin de que sus derechos fundamentales puedan ser amparados mediante un recurso ágil y efectivo, lo que ha tenido lugar en nuestro país, principalmente, a través del desarrollo efectivo de la garantía constitucional de Amparo. CONSIDERANDO (6): Que, no obstante a lo anteriormente expuesto, es doctrina consolidada de esta Sala, que para acudir al Amparo, es menester previamente que el solicitante haya hecho uso en tiempo y forma de los recursos correspondientes y demás remedios legales que se preceptúan propios de la vía ordinaria; no correspondiendo a la jurisdicción constitucional pronunciarse sobre cuestiones de mera legalidad o de instancia (Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional); o fuera del plazo de dos (2) meses desde la fecha de última notificación del afectado, o de la que fecha en que éste tuvo conocimiento de la acción u omisión lesiva a sus derechos constitucionales (Artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional); o de aquellas en que el solicitante tuvo la correlativa obligación de ejercer dentro de los términos legales, los recursos o acciones que le competen, salvo los casos de probada imposibilidad para hacerlo (Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional); y, finalmente, se encuentra la prevención legal de que no deberá admitirse la acción de amparo, en la tipología de casos a presentar por el garantista recaiga o se subsuma en lo preceptuado en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual prescribe: “Por la presente ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo”. (Cfr., Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional).CONSIDERANDO (7): Así las cosas, el solicitante no ha demostrado haber hecho uso de los recursos que la Ley le franquea, ni haberse visto imposibilitado de hacer uso de dichos recursos de conformidad a ley, para obtener la subsanación o enmienda del acto contra el cual se recurre en amparo. Asimismo, por las consideraciones jurídicas que anteceden, resulta que el acto denunciado resulta susceptible, inclusive, de eventual conocimiento y resolución por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, quien tiene competencia para evaluar la regularidad de lo actuado por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) en las presentes diligencias, en función de la pretensión que se deduzca, en su oportunidad legal, por el interesado, con relación al acto de carácter particular que se estime lesivo a su derecho. CONSIDERANDO (8): Que asisten al presente caso las causas de inadmisibilidad previstas en los numerales 3) y 8) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC), en virtud que los motivos de amparo que ha planteado el amparista resultan susceptibles de resolverse mediante las acciones y recursos que ya precave la legislación ordinaria; de los cuales aun no se ha hecho uso y ejercicio legitimo, mas no directamente en sede de justicia constitucional. Por todo lo cual resulta improcedente referirse en el fondo a la vulneración al debido proceso, al derecho de defensa y demás derechos fundamentales invocados; debiendo procederse, por ende, al SOBRESEIMIENTO de la presente acción constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 60, 64, 80, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numerales 3) y 8); 48 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO de la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en los artículos 183, con relación al artículo 316, de la Constitución de la República. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-291-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver artículo 49 numeral 1) de la Ley General de la Administración Pública.

[2] Según establece orgánicamente el artículo 260 numeral primero de la Constitución de la República.