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Sentencia AA-254-17 — Registro 12076

Resumen

En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la corte de apelaciones que otorgó la acción de amparo contra la resolución dictada por el juzgado de letras en relación a un incidente de nulidad de actuaciones, alegado por la parte demandada. Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO 12: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a restituir los derechos que han sido vulnerados a la recurrente en amparo, con la resolución emitida en fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, y conforme a ello a ordenado se decrete la nulidad de actuaciones que especifica la sentencia que se revisa; siendo evidente la vulneración al debido proceso, cuando se ha pretendido fraccionar la sentencia definitiva que se dictó en fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, y conforme a ello se ejecute la misma en relación a uno de los expedientes que fue acumulado; acumulación de expedientes que fue aceptada precisamente a efecto de dictar una sola sentencia, evitando con ello lo que pretende realizar el A-quo con el dictado de la resolución que se recurre en amparo; en consecuencia el debido proceso se ve afectado cuando los órganos jurisdiccionales se apartan o no observan las formas procesales exigidas en la ley, aplicable al caso concreto. Por ello esta Sala concluye que se han restituido los derechos constitucionales que fueron vulnerados por el A-quo con el dictado del auto de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis. CONSIDERANDO 13: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, que por Unanimidad de Votos, falla Otorgando el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Dassia Yareny Perez Herrera.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que otorgó la acción de amparo interpuesta por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), en relación a un incidente de nulidad de actuaciones, alegado por la parte demandada, en la Demanda para declarar la Nulidad e Ilegalidad de un Acto Administrativo, promovida por los Señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA, FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO Y ELMER EULICES VALDEZ BENITEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS.- Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil doce (2012), comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, los Señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA y FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, promoviendo Demanda para declarar la Nulidad e Ilegalidad de un Acto Administrativo, contra el ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 1 al 15 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia)

  1. Que mediante auto de fecha quince (15) de marzo del año dos mil trece (2013), tras una Solicitud de Acumulación de Procesos presentada por el abogado ALEJANDRO DUARTE SALGADO, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dispuso acumular los siguientes procesos con registros de expedientes Nº 220-12 y 326-12, demandas interpuestas por BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO y ELMER EULICES VALDEZ BENITEZ, en su respectivo orden; al apreciarse de los autos que existe suficiente conexión directa, pues se observa que los Actos Administrativos impugnados resuelven similares situaciones jurídicas, siendo lo procedente para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y que las mismas produzcan una sola sentencia. (Folios del 156 al 158 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la acción incoada por los señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA Y FREDY LEONEL AMADOR; ELMER EULISES VALDEZ BENITES Y BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO quien actúa en causa propia y en representación de su mejor hija MONICA VALERIA PALMA RIVERA por ser Herederos Ab-Intestados del señor JOSE GERARDO PALMA SAN MARTIN, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acto administrativo presunto de carácter particular expresado a través del silencio administrativo negativo, al no haberse resuelto dentro del plazo establecido los reclamos administrativos interpuestos ante la Secretaria de Seguridad de acuerdo a su orden, en fecha 07 de octubre del 2011; 16 de abril de 2012 y 09 de diciembre de 2011, en consecuencia se anulan totalmente. SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, al pago a favor de los demandantes MERLIN IVAN MEZA SIERRA Y FREDY LEONEL AMADOR; ELMER EULISES VALDEZ BENITES Y BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO quien actúa en causa propia y en representación de su menor hija MONICA VALERIA PALMA RIVERA, por ser Herederos Ab-Intestados del señor JOSE GERARDO PALMA SAN MARTIN, de los daños y perjuicios ocasionados, para lo cual su calculo se difiere para la fase de ejecución de Sentencia Definitiva.- TERCERO: Que en cuanto a las causas de inadmisibilidad señalados por la parte demandada en la contestación de cada una de las demandas que se han acumulado a la presente causa, este Tribunal ya se había pronunciado sobre las mismas en los incidentes de Defensas Previas alegadas por la parte demandada en cada una de las demandas acumuladas. CUARTO: Que contra la presente sentencia definitiva procede la interposición del Recurso de Apelación, el cual se interpondrá ante esta judicatura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, debiendo en el mismo escrito de expresar sus respectivos agravios…” (Folios del 629 al 653fv de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que conociendo de una solicitud de nulidad de actuaciones, presentada en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis, por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de Procuradora Judicial Sustituta del ESTADO DE HONDURAS, el citado Juzgado, dictó Auto Interlocutorio en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), mediante el cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR DE PLANO el presente incidente de nulidad de actuaciones, alegado por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de apoderada legal de la parte demandada, en la causa incoada ante este Tribunal por los señores Merlin Ivan Meza Sierra y Fredy Leonel Amador y Blanca Zulema Rivera Posso, quien actúa en causa propia y en representación de su mejor hija Mónica Valeria Palma Rivera, por ser herederos Ab-Intestados del señor José Gerardo Palma San Martín, a partir del auto de fecha 22 de abril de 2016, POR INEXISTENTE.- SEGUNDO: Que contra la presente resolución no cabra la interposición de Recurso alguno, por mandamiento expreso del artículo 215.3 del Código Procesal Civil…” (Folios 723 y 724fv de la Pieza de antecedentes de primera instancia) 5) Que en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de Procuradora Judicial del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el Auto Resolutivo de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90parrafo primero de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 7 de la pieza de antecedentes de Amparo) 6) Que en fecha seis (6) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina a Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia a través de la cual falló: (Sic) “PRIMERO: OTORGAR RECURSO EL AMPARO interpuesto por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de apoderada legal del ESTADO DE HONDURAS; SEGUNDO: SE REVOCA el auto resolutivo de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis y que obra a folio 723 (setecientos veintitrés) de la pieza principal de autos; TERCERO: SE DECRETA LA NULIDAD PARCIAL DE ACTUACIONES del folio 693 hasta el folio 737 (seiscientos noventa y tres al setecientos treinta y siete) de la pieza principal de autos, así como el folio 716 (setecientos dieciséis) relacionado únicamente con la notificación de la resolución de fecha veintidós de abril del 2016 y del folio 735 al 739 (setecientos treinta y cinco al setecientos treinta y nueve), del 745 al 750 (setecientos cuarenta y cinco al setecientos cincuenta) siempre de la pieza principal de autos y en su totalidad la pieza separada de liquidación de sentencia que consta de 28 (veintiocho) folios útiles, por ser actuaciones que conllevan a la fracción o división de la acumulación ya decretada por el Juez A-Quo y que aún la sentencia definitiva de fecha 17 de marzo del 2016 emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, no ha adquirido el carácter de firme…” (Folios del 66 al 70 de la pieza de antecedentes de Amparo) 7) Que en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando estricto cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, contra la resolución de fecha treinta de mayo, del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que falla desestimando el incidente de nulidad de actuaciones alegado por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en relación a la Demanda para declarar la Nulidad e Ilegalidad de un Acto Administrativo, promovida por los Señores MERLIN IVAN MEZA SIERRA, FREDY LEONEL AMADOR SIERRA, BLANCA ZULEMA RIVERA POSSO Y ELMER EULICES VALDEZ BENITEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO 2: Que la recurrente en la acción de amparo promovida, estima, que el acto contra el cual se reclama, de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falla desestimar el incidente de nulidad de actuaciones interpuesta por la parte incidentista; estima el A-quo que dicho tribunal tuvo por interpuesto el recurso de apelación únicamente en contra de las causas interpuestas por los demandantes Merlín Iván Meza Sierra, Fredy Leonel Amador y Blanca Zulema Rivera Posso, quien actúa en causa propia y en representación de su menor hija Mónica Valeria Palma Rivera, por ser herederos Ab-Intestados del señor José Gerardo Palma San Martin, no así en contra de la causa incoada por el señor Elmer Eulices Valdez Benítez, en vista que a su apoderado procesal Abogado Franklin Yovany Sánchez se le precluyó el término para recurrir la sentencia definitiva, según auto de fecha 22 de abril de 2016. CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto con el cual, la recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, los desarrolla indicando que se erige como una de las potestades o facultades a los jueces controlar la concurrencia de todos los presupuestos procesales antes de dictar sentencia, so pena de nulidad y uno de los presupuestos procesales lo constituye la Postulación Procesal, que como se reitera en el proceso acumulado la venia ostentando su persona únicamente como Representante Procesal del Estado; aduce la impetrante que el Juez actuó correctamente al dictar sentencia al concurrir este requisito para el desarrollo y la validez del proceso, pues caso contrario no podría dictar sentencia en el fondo, so pena de nulidad; asimismo dice la recurrente el A-quo admitió su recurso de apelación sin división de los procesos, pero posteriormente de manera sorpresiva, rectifica de oficio el auto de admisión del recurso de apelación y tener únicamente presentada la apelación en los procesos 207-2012 y 220-2012, no así el expediente 326-2012. Tal infracción de las leyes procesales causa completa indefensión a su representada -dice la recurrente en amparo-, y es una evidente violación al debido proceso, en virtud que el A-quo aprobó la unión de los procesos, aceptó desde la audiencia preliminar en adelante su representación procesal en el expediente unificado, para posteriormente ir en contra de sus propias actuaciones y dividir un proceso que él mismo ordenó conocer como uno solo, negándole el derecho a su representada de poder apelar en su totalidad el fallo emitido, el cual ya había sido admitido en tiempo y forma en su conjunto y posteriormente de manera arbitraria y en completa violación al derecho de defensa de su representada, pretende dejar firme de manera parcial el proceso 326-12, arguyendo que la sentencia no fue recurrida en tiempo y forma por una de las partes, cuando basto que uno de los Representantes Procesales representara al estado como una sola parte. Como corolario de lo anterior dice la recurrente en amparo, el A-quo falto a lo preceptuado en los artículos 12, 199.1, 203 y 205 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 7: Que en la formalización de la acción constitucional, los derechos constitucionales que invoca la recurrente han sido vulnerados son los siguientes: artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; y el artículo 90 párrafo primero que dispone “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” CONSIDERANDO 8: Que el Ministerio Público a través de la Fiscal Abogada Roxana Lucila Castro, emitió Dictamen en fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, en el que concluye que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto; sostiene la Fiscal del Ministerio Público que al analizar el alegato de la amparista estima que la resolución de 30 de mayo del 2016, no vulnera las garantías constitucionales que señala, pues al revisar el expediente de mérito, observa que en todo el procedimiento el órgano jurisdiccional ha tenido como representantes judiciales de la parte demandada a los Abogados Dassia Yareny Perez Herrera, en los expedientes con números de ingresos 207-12 y 220-12 y al Abogado Franklin Yovany Sánchez en el expediente número 326-12, ya que todas las actuaciones fueron notificadas a todos los apoderados legales que ostentaban la representación tanto de la parte actora como para el demandado, pues si pretendían actuar en una misma representación lo hubiesen solicitado al órgano jurisdiccional, a efecto de que se siguiera el procedimiento que claramente señala el artículo 87 del Código Procesal civil, numeral 1.CONSIDERANDO 9: Que la recurrente en la explicación y alegaciones de la acción constitucional invocada, aduce que existe una clara y completa violación al derecho de defensa de su representada, puesto que se pretende hacer ver que la apelación que al efecto presentó, fue únicamente de manera parcial y no en su conjunto, por lo que es oportuno mencionar que se unieron los procesos para dictarse una sola sentencia la cual debía ser recurrida en un solo acto y no en actos separados como lo mal interpreta el Juzgador. Al respecto es importante señalar lo que indica el artículo 95 del Código Procesal Civil en relación a la acumulación: “ADMISIBILIDAD GENERAL Y CLASES. 1. Como regla general, serán admisibles tanto la acumulación de pretensiones como la de proceso, siempre que tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo se cumplan los requisitos especificados en los artículos siguientes. 2. Admitiéndose la acumulación de pretensiones, todas ellas se tramitaran en un único procedimiento y se resolverán en una única sentencia, que contendrá los correspondientes pronunciamientos separadamente. 3. Lo mismo sucederá siendo procedente la acumulación de procesos.”; del estudio de los autos se observa a folios del 156 al 158 de la pieza de antecedentes de primera instancia, auto de fecha quince de marzo del año dos mil trece que ordena aceptar la acumulación de los procesos con registro de expedientes 220-12 y 326-12, al apreciar el A-quo que existe conexión directa, pues los actos administrativos impugnados resuelven similares situaciones jurídicas. CONSIDERANDO 10: Que el artículo 87 del Código Procesal Civil determina la designación del profesional del derecho único y común, en el supuesto que diversas personas constituyan una sola parte, actuarán conjuntamente bajo la dirección de un solo profesional del derecho. Si no lo hicieran, el Juez les exigirá la actuación común y les requerirá para que en un plazo de diez días nombren un profesional del derecho para todos ellos, bajo el apercibimiento de designarlo de oficio. La designación que señala la precitada norma, no fue realizada por el A-quo tal y como lo indica el Tribunal que dicta la sentencia que es revisada por esta sala de lo Constitucional, aceptando con ello actuaciones de ambos profesionales del derecho que representaban al Estado de Honduras como Procuradores Judiciales, asimismo aceptando actuaciones que fueron realizadas únicamente por la recurrente en amparo y que fueron bien aceptadas por el A-quo, como se observa con las diligencias de formulación de conclusiones –Folio 627- y recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva –Folio 692fv-.CONSIDERANDO 11: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es del criterio que no obstante el A-quo haber aceptado la representación única de la recurrente en amparo, en varias actuaciones en el desarrollo del proceso, de oficio mediante resolución de fecha 22 de abril del 2016, rectifica la resolución de fecha 19 de abril del mismo año –resolución que concede el recurso de apelación contra la sentencia definitiva-, dividiendo, separando, la causa al conceder la apelación solicitada por la demandada únicamente para dos de los expedientes acumulados y prelucir el término para interponer el recurso de apelación sobre uno de los expedientes acumulados y declarar la firmeza de la misma sentencia con respecto a uno de los expedientes acumulados; causando evidentemente alteración al debido proceso y destruyendo totalmente los efectos de la acumulación de los procesos, por ende ha dejado indefensa a la parte demandada, pues en actuaciones anteriores se había convalidado la actuación de la Abogada Dassia Perez Herrera, como representante procesal única del Estado de Honduras, parte demandada en juicio, en los procesos acumulados y por ende el recurso de apelación por ella interpuesto era y es contra la sentencia definitiva de fecha 17 de marzo del 2016 y que constituye un acto procesal único, sin la posibilidad de dividirse y fraccionarse, misma que no ha adquirido el carácter de firme por encontrase pendiente de resolución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva en comento. CONSIDERANDO 12: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a restituir los derechos que han sido vulnerados a la recurrente en amparo, con la resolución emitida en fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, y conforme a ello a ordenado se decrete la nulidad de actuaciones que especifica la sentencia que se revisa; siendo evidente la vulneración al debido proceso, cuando se ha pretendido fraccionar la sentencia definitiva que se dictó en fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, y conforme a ello se ejecute la misma en relación a uno de los expedientes que fue acumulado; acumulación de expedientes que fue aceptada precisamente a efecto de dictar una sola sentencia, evitando con ello lo que pretende realizar el A-quo con el dictado de la resolución que se recurre en amparo; en consecuencia el debido proceso se ve afectado cuando los órganos jurisdiccionales se apartan o no observan las formas procesales exigidas en la ley, aplicable al caso concreto. Por ello esta Sala concluye que se han restituido los derechos constitucionales que fueron vulnerados por el A-quo con el dictado del auto de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciséis. CONSIDERANDO 13: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, que por Unanimidad de Votos, falla Otorgando el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Dassia Yareny Perez Herrera. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 87 y 95 del Código Procesal Civil. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- RECEPTOR ADSCRITO Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0254=2017

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL