Sentencia AA-211-17 — Registro 9595
Resumen
En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la corte de apelaciones que sobreseyó en el recurso con relación a la estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 60, 82, 90, 321, y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, el A-Quo, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Sin embargo esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a sobreseer las diligencias por considerar que la acción de amparo es un reexamen del fondo del asunto controvertido, puesto que la función de la Sala se ejerce desde el prisma constitucional de protección, garantía y libre ejercicio de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO (7): Que de todo lo anteriormente expuesto, no se denota cómo o de qué manera se ha violentado con la resolución impugnada la preceptiva constitucional invocada por el Amparista, la cual establece, en síntesis que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que preceda evidencia probatoria de la existencia de un delito y sin que resulte indicio racional de que el imputado es autor o cómplice, lo cual fue respetado en forma irrestricta por la Corte de Apelaciones el íter de la presente resolución”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que sobreseyó en el recurso presentado por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 60, 82, 90, 321, Y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA, en su condición personal compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, promoviendo DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD EN UN ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO NO MANIFESTADO POR ESCRITO, DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA PERSONAL, POR NO SER EL MISMO CONFORME A DERECHO. QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA DE DESPIDO INDEBIDO, ILEGAL E INJUSTIFICADO. Y COMO MEDIDAS PARA SU PLENO ESTABLECIMIENTO EL REINTEGRO AL CARGO QUE OCUPABA EN IGUALES CONDICIONES Y EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE LA FECHA DE LA CANCELACION, INCREMENTOS SALARIALES Y OTROS DERECHOS OTORGADOS A LOS DEMAS TRABAJADORES, O BIEN EL PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES Y LOS SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, A PARTIR DE LA FECHA DE LA CANCELACION HASTA LA EJECUCION DEL FALLO. QUE DECLARE PROCEDENTE LA ACCION EN CASO QUE SEA CONSIDERADO ASI POR EL TRIBUNAL.- 2) Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 01 al 03 de la pieza separada de defensas previas).- 3) Que en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, dictó sentencia en la cual: FALLA: DESESTIMAR LAS DEFENSAS PREVIAS ALEGADAS POR LA PARTE INCIDENTISTA, POR IMPROCEDENTES. (Folios 11 al 15 de la pieza separada de defensas previas).- 4) Que en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, compareció la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA en su condición de representante Procesal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) interponiendo recurso de amparo contra la sentencia relacionada en el numeral anterior, por estimar que la misma es violatoria de los artículos 60, 82, 90, 321, Y 323 de la Constitución de la República.- 5) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, en la cual falla: “ PRIMERO: SOBRESEEER la acción de amparo interpuesta por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras contra la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, de Defensas Previas (Folios 28 al 30 de la pieza de amparo).- 6) Que en fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, que sobresee el recurso de amparo presentado contra el auto dictado, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda promovida por el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, señala en el numeral Séptimo de los Fundamentos de Derecho que analizados los hechos y alegatos que motivan la presente acción de amparo, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria y como tales han sido ya resueltos, además señala que han sido resueltos en un procedimiento que no irrespeta el Debido Proceso y demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el proceso de defensas previas. Señala que revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir los alegatos que motivaron la interposición de las defensas previas, la procedencia o no de éstas, llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas, como así lo pretende el impetrante lo que convierte al amparo y al Juez Constitucional en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria más.- CONSIDERANDO (5): Que el objetivo de la justicia constitucional, materializada a través de sus jueces, es la defensa del orden jurídico constitucional lo que implica y garantizar el ejercicio, reconocimiento y restablecimiento de los derechos fundamentales, en ese orden de ideas el Juez Constitucional no se pronuncia sobre el fondo del asunto que esta reservado exclusivamente para los órganos jurisdiccionales competentes. De acuerdo al Ad-Quem, la instrucción de la acción de amparo, en el caso en estudio daría lugar a un reexamen de la resolución del A-Quo, convirtiendo la acción en un recurso ordinario a la vez que otra instancia. Lo cierto es que la resolución del juez en el caso sub judice tiene efectos contra los derechos de las partes, ya que de la resolución del A-Quo, en cuanto a declarar con lugar o no las defensas previas, dará lugar a la admisibilidad o no de la demanda, lo que para las partes o para una de ellas, representa la vulneración de derechos fundamentales, es por ello que se invoca la acción de amparo, en ese orden de ideas, es conforme a la facultad del Juez Constitucional, examinar de manera detallada la resolución por la que se pide amparo, a fin de determinar o desvanecer el más leve indicio de que el A-Quo siguió o no el procedimiento previamente establecido en la ley para emitir su resolución, todo ello conlleva al análisis de el Debido Proceso, si éste se ha seguido o no en la resolución impugnada, si se han llenado los requisitos, exigencias, solemnidades establecidas en la ley para hacer prevalecer el derecho material. Es decir cuando los derechos fundamentales se encuentran comprometidos en la resolución impugnada, es preciso, dar respuesta desde el prisma de la justicia constitucional a las pretensiones expuestas, lo contrario daría como resultado la falta de tutela judicial efectiva por mera arbitrariedad.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, el A-Quo, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Sin embargo esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a sobreseer las diligencias por considerar que la acción de amparo es un reexamen del fondo del asunto controvertido, puesto que la función de la Sala se ejerce desde el prisma constitucional de protección, garantía y libre ejercicio de los derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, debe REFORMARSE: REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO PRONUNCIADO, en virtud que en el caso que nos ocupa, la resolución dictada por el A-Quo involucra los derechos fundamentales de las partes, lo que no son cuestiones de mera legalidad. No aprecia la Sala ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la ley. Debe DENEGARSE la acción de amparo interpuesta, por no apreciar vulneración del derecho-garantía del Debido proceso invocado por el recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 68 párrafo 2do., 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: REVOCA la sentencia dictada en fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: DENIEGA la acción de Amparo de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 2011-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que sobreseyó en el recurso presentado por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, con relación a la demanda promovida por el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado los artículos 60, 82, 90, 321, Y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA, en su condición personal compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, promoviendo DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE SE DECRETE LA NULIDAD EN UN ACTO ADMINISTRATIVO PRESUNTO NO MANIFESTADO POR ESCRITO, DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA PERSONAL, POR NO SER EL MISMO CONFORME A DERECHO. QUE SE RECONOZCA UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA DE DESPIDO INDEBIDO, ILEGAL E INJUSTIFICADO. Y COMO MEDIDAS PARA SU PLENO ESTABLECIMIENTO EL REINTEGRO AL CARGO QUE OCUPABA EN IGUALES CONDICIONES Y EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DE LA FECHA DE LA CANCELACION, INCREMENTOS SALARIALES Y OTROS DERECHOS OTORGADOS A LOS DEMAS TRABAJADORES, O BIEN EL PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES Y LOS SUELDOS DEJADOS DE PERCIBIR, A PARTIR DE LA FECHA DE LA CANCELACION HASTA LA EJECUCION DEL FALLO. QUE DECLARE PROCEDENTE LA ACCION EN CASO QUE SEA CONSIDERADO ASI POR EL TRIBUNAL.- 2) Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, actuando en su condición de Procurador General de la República, en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 01 al 03 de la pieza separada de defensas previas).- 3) Que en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, dictó sentencia en la cual: FALLA: DESESTIMAR LAS DEFENSAS PREVIAS ALEGADAS POR LA PARTE INCIDENTISTA, POR IMPROCEDENTES. (Folios 11 al 15 de la pieza separada de defensas previas).- 4) Que en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, compareció la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA en su condición de representante Procesal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) interponiendo recurso de amparo contra la sentencia relacionada en el numeral anterior, por estimar que la misma es violatoria de los artículos 60, 82, 90, 321, Y 323 de la Constitución de la República.- 5) Que seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, en la cual falla: “ PRIMERO: SOBRESEEER la acción de amparo interpuesta por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras contra la sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, de Defensas Previas (Folios 28 al 30 de la pieza de amparo).- 6) Que en fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, que sobresee el recurso de amparo presentado contra el auto dictado, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda promovida por el señor ISRAEL DE JESUS VALLEJO MENDOZA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, señala en el numeral Séptimo de los Fundamentos de Derecho que analizados los hechos y alegatos que motivan la presente acción de amparo, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria y como tales han sido ya resueltos, además señala que han sido resueltos en un procedimiento que no irrespeta el Debido Proceso y demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el proceso de defensas previas. Señala que revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir los alegatos que motivaron la interposición de las defensas previas, la procedencia o no de éstas, llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas, como así lo pretende el impetrante lo que convierte al amparo y al Juez Constitucional en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria más.- CONSIDERANDO (5): Que el objetivo de la justicia constitucional, materializada a través de sus jueces, es la defensa del orden jurídico constitucional lo que implica y garantizar el ejercicio, reconocimiento y restablecimiento de los derechos fundamentales, en ese orden de ideas el Juez Constitucional no se pronuncia sobre el fondo del asunto que esta reservado exclusivamente para los órganos jurisdiccionales competentes. De acuerdo al Ad-Quem, la instrucción de la acción de amparo, en el caso en estudio daría lugar a un reexamen de la resolución del A-Quo, convirtiendo la acción en un recurso ordinario a la vez que otra instancia. Lo cierto es que la resolución del juez en el caso sub judice tiene efectos contra los derechos de las partes, ya que de la resolución del A-Quo, en cuanto a declarar con lugar o no las defensas previas, dará lugar a la admisibilidad o no de la demanda, lo que para las partes o para una de ellas, representa la vulneración de derechos fundamentales, es por ello que se invoca la acción de amparo, en ese orden de ideas, es conforme a la facultad del Juez Constitucional, examinar de manera detallada la resolución por la que se pide amparo, a fin de determinar o desvanecer el más leve indicio de que el A-Quo siguió o no el procedimiento previamente establecido en la ley para emitir su resolución, todo ello conlleva al análisis de el Debido Proceso, si éste se ha seguido o no en la resolución impugnada, si se han llenado los requisitos, exigencias, solemnidades establecidas en la ley para hacer prevalecer el derecho material. Es decir cuando los derechos fundamentales se encuentran comprometidos en la resolución impugnada, es preciso, dar respuesta desde el prisma de la justicia constitucional a las pretensiones expuestas, lo contrario daría como resultado la falta de tutela judicial efectiva por mera arbitrariedad.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, el A-Quo, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Sin embargo esta Sala no comparte el criterio de la Corte de Apelaciones en cuanto a sobreseer las diligencias por considerar que la acción de amparo es un reexamen del fondo del asunto controvertido, puesto que la función de la Sala se ejerce desde el prisma constitucional de protección, garantía y libre ejercicio de los derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, debe REFORMARSE: REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO PRONUNCIADO, en virtud que en el caso que nos ocupa, la resolución dictada por el A-Quo involucra los derechos fundamentales de las partes, lo que no son cuestiones de mera legalidad. No aprecia la Sala ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la ley. Debe DENEGARSE la acción de amparo interpuesta, por no apreciar vulneración del derecho-garantía del Debido proceso invocado por el recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 68 párrafo 2do., 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: REVOCA la sentencia dictada en fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: DENIEGA la acción de Amparo de la que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 2011-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional