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Sentencia AA-202-15 — Registro 6626

Resumen

Sentencia en consulta denegó acción de amparo a favor de recurrente contra Auto Interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que anuló actuaciones a fin de adecuar el procedimiento procedente al caso de cobro de honorarios profesionales en demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo para ejecutar un acto material promovida por Trade Wind Investments Inc S A contra recurrente; La Autoridad recurrida considera que el A-quo al emitir el acto recurrido lo hizo en aplicación de la normativa legal por haberse dado un procedimiento no establecido legalmente para la Tasación de Honorarios Profesionales por lo que no se violena garantía constitucional alguna a ninguna de las partes; en consecuencia procede denegar la acción de mérito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la Sentencia Interlocutoria dictada por el A quo en fecha 04 de septiembre del año 2014, no ha vulnerado derechos y garantías constitucionales al recurrente, en virtud de aplicar al caso concreto la normativa que corresponde para el cobro de honorarios profesionales solicitada, lo cual fortalece el debido proceso, como garantía derecho que le asiste a las partes en conflicto, asegurando además la tutela judicial efectiva. Por todo ello esta Sala aprecia que los argumentos e invocación de quebranto de derechos constitucionales no son de recibo. Como resultado del estudio de la sentencia venida en consulta, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso de las partes en litigio, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem apreció que no se han vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de enero de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil quince (2015), que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), contra el Auto Interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil catorce (2014), en relación a la Tasación de Honorarios alegados en la Demanda promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de Apoderado Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “TRADE WIND INVESTMENTS INC, S.A.” contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LUIS FERNANDO SAUCEDA GODOY en su condición de representante legal del Estado de Honduras, PRESENTANDO TASACION DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA DEMANDA ORDINARIA “PARA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE SURTE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA AL EVIDENCIAR UN COMPORTAMIENTO DE LA ADMINISTRACION QUE ES UNIVOCO E INCOMPATIBLE CON UNA VOLUNTAD DISTINTA NEGATIVA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE EJECUTAR UN ACTO MATERIAL QUE NACE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO FIRME QUE ES CONFIGURADOR DE DERECHOS SUBJETIVOS Y CON ELLO LA LIMITACIÓN DE ESOS DERECHOS.- QUE SE RECONOZCA LA SITUACIÓN JURIDICA INDIVIDUALIZADA Y ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU RESTABLECIMIENTO, que fuese promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil TRADE WIND INVESTMENTS INC, S.A., en contra del ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto de Resolutivo en el cual falló: “PRIMERO: “DECLARA PROCEDENTE, la excepción de nulidad de actuaciones presentada por el Abogado LUIS FERNANDO SAUCEDA GODOY, en su condición de incidentista, a partir del auto de fecha once de febrero del año dos mi catorce.- SEGUNDO: Tener por suspendida la audiencia programada para el día cuatro de septiembre del año en curso.- TERCERO: Requiérase al deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.- CUARTO: Contra el presente auto no cabe recurso alguno”.-(Folios 108 y 109) de los antecedentes de la primera pieza).- 3) Que fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil catorce (2014), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.- 4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó Sentencia en fecha doce (12) de febrero del año dos mil quince (2015), mediante la cual falló: “DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), contra el Auto Resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo.-.” (Folios 57 al 60) de la segunda pieza).- 5) Que en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil quince (2015), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor del ESTADO DE HONDURAS, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, a favor de LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), mediante la cual se DENIEGA el Recurso de amparo interpuesto contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, con relación a la Tasación de Honorarios alegados en la demanda promovida por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de Apoderado Legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “TRADE WIND INVESTMENTS INC. S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el considerando número ocho (8) del fallo emitido, señala que el recurrente en la exposición del recurso de amparo manifiesta que el auto emitido por el A quo, mediante el cual se anulan las actuaciones en el proceso de mérito, por haber aplicado un procedimiento que no es el correcto y haber ordenado el procedente, le violenta la garantía Constitucional del Debido Proceso, lo cual no es cierto ya que lo que hizo el A quo fue adecuar el procedimiento procedente al caso de autos, es decir el de cobro de honorarios profesionales, por lo que no se le ha violentado dicha garantía y tampoco se violenta el Debido Proceso en cuanto a la oposición planteada, ya que existen varias causas de oposición que fueron denunciadas oportunamente y que no fueron escuchadas por el Tribunal, esto porque tal como lo establece el artículo 89 del Código Procesal Civil aplicable al caso de autos, el impetrante tendrá la oportunidad de impugnar y oponerse a la Tasación relacionada, pero con el procedimiento procedente al caso, sin violentar el derecho de defensa. En el considerando nueve (9), parte conducente, señala la Sentencia de mérito deja establecido que de acuerdo a lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable no existe violación a la garantía Constitucional alegada por el recurrente, en virtud de que el A quo, al emitir el acto recurrido, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y del Código Procesal Civil, por haberse dado, a la Tasación de Honorarios Profesionales presentada en el caso de autos, el procedimiento que no es el establecido legalmente para el mismo, por lo cual anula actuaciones, para dar el debido proceso a dicha actuación, lo cual no violenta garantía constitucional alguna, a ninguna de las partes. En consecuencia fallo Denegando la acción de amparo instruida.- CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la Sentencia Interlocutoria dictada por el A quo en fecha 04 de septiembre del año 2014, no ha vulnerado derechos y garantías constitucionales al recurrente, en virtud de aplicar al caso concreto la normativa que corresponde para el cobro de honorarios profesionales solicitada, lo cual fortalece el debido proceso, como garantía derecho que le asiste a las partes en conflicto, asegurando además la tutela judicial efectiva. Por todo ello esta Sala aprecia que los argumentos e invocación de quebranto de derechos constitucionales no son de recibo. Como resultado del estudio de la sentencia venida en consulta, esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso de las partes en litigio, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad quem apreció que no se han vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 4, de la Ley Monetaria; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha doce de febrero del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0202-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL