Sentencia AA-18-17 — Registro 6674
Resumen
Amparo en consulta contra sentencia que desestimo incidente de defensas previas interpuestas por impetrante,sobreseyendo las mismas en relación a demanda para la nulidad de un acto administrativo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. - Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar.- En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Que la petente de amparo básicamente reclama que se produce violación a las normas constitucionales alegadas en virtud de que las causales de inadmisibilidad presentadas como defensas previas según la Ley de lo Contencioso Administrativo, enmarcadas bajo los artículos 80 inciso d); 31 inciso e) y 109 de la Ley de Servicio Civil, no fueron consideradas por el juzgador en contravención de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que se negó el derecho de defensa al no considerar sus defensas previas, emitiendo una decisión lesiva a los derechos de la Administración Publica, que se violentó el debido proceso, porque no se tuvo clara oportunidad de defender a su representado por no apegarse al artículo 42 respecto a que previo a demandar, debe agotarse el procedimiento de impugnación en instancia administrativa; se le vulneraron los derechos de igualdad por denegársele los elementos igualitarios para poder gozar de los mismos; no se le reconoció el derecho a que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas; arguyendo además que el andamiaje jurídico supracitado se quebrantó debido a que la parte actora no agoto la instancia administrativa. - CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió SOBRESEER el amparo al recurrente, basándose en que: “QUINTO (5): Que del estudio y análisis de las presentes diligencias que conforman la tramitación del presente recurso de amparo, así como de la opinión de la Señora Fiscal del Ministerio Publico, se desprende que no existen las violaciones a las garantías Constitucionales del Derecho de Defensa, Igualdad Jurídica y el Debido Proceso que alega el impetrante, ya que los alegatos esgrimidos por la impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de derecho que debió haber hecho ante el Juez de Primera Instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la norma Constitucional, deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión el impetrante, ha sido debidamente motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el debido proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio. SEXTO(6): Debe de recordarse que el Juez Constitucional, que conoce del recurso excepcional extraordinario de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando este ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el que hacer fundamental del Juez Constitucional garantizar el respecto y cumplimiento de los Derechos y Garantías reconocidos por la Constitución de la República Tratados Internacionales.- Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral primero, es procedente SOBRESEER el recurso de mérito, al apreciarse que el recurrente alega violaciones de mera legalidad”.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho, en virtud de que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso - El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.-En consecuencia la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINITARTIVO, en su sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de alegatos de mera legalidad.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 17, 18,60, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Licenciada REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR, interponiendo demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, por no haber sido dictada conforme a derecho e infringir el ordenamiento jurídico establecido, se declare la ilegalidad y su nulidad y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social.- 2) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, alegando Defensas Previas por estimar que existen causales de inadmisibilidad en la relacionada demanda.- 3) Que en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, el citado Juzgado resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte incidentista, por no existir la causa de inadmisibilidad alegada.-…” (Folios 13 al 15 de la pieza de las defensas previas).- 4) Que en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al considerar el recurrente que la misma vulnera garantías constitucionales contenidas en los artículos 17, 18,60, 82 y 90 de la Constitución de la República. - 5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “SOBRESEER la demanda de amparo interpuesta por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.” (Folios 28 al 29 de la pieza del Ad-quem).- 6) Que en fecha diez de enero de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. - Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar.- En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Que la petente de amparo básicamente reclama que se produce violación a las normas constitucionales alegadas en virtud de que las causales de inadmisibilidad presentadas como defensas previas según la Ley de lo Contencioso Administrativo, enmarcadas bajo los artículos 80 inciso d); 31 inciso e) y 109 de la Ley de Servicio Civil, no fueron consideradas por el juzgador en contravención de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que se negó el derecho de defensa al no considerar sus defensas previas, emitiendo una decisión lesiva a los derechos de la Administración Publica, que se violentó el debido proceso, porque no se tuvo clara oportunidad de defender a su representado por no apegarse al artículo 42 respecto a que previo a demandar, debe agotarse el procedimiento de impugnación en instancia administrativa; se le vulneraron los derechos de igualdad por denegársele los elementos igualitarios para poder gozar de los mismos; no se le reconoció el derecho a que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas; arguyendo además que el andamiaje jurídico supracitado se quebrantó debido a que la parte actora no agoto la instancia administrativa. - CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió SOBRESEER el amparo al recurrente, basándose en que: “QUINTO (5): Que del estudio y análisis de las presentes diligencias que conforman la tramitación del presente recurso de amparo, así como de la opinión de la Señora Fiscal del Ministerio Publico, se desprende que no existen las violaciones a las garantías Constitucionales del Derecho de Defensa, Igualdad Jurídica y el Debido Proceso que alega el impetrante, ya que los alegatos esgrimidos por la impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de derecho que debió haber hecho ante el Juez de Primera Instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la norma Constitucional, deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión el impetrante, ha sido debidamente motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el debido proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio. SEXTO(6): Debe de recordarse que el Juez Constitucional, que conoce del recurso excepcional extraordinario de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando este ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el que hacer fundamental del Juez Constitucional garantizar el respecto y cumplimiento de los Derechos y Garantías reconocidos por la Constitución de la República Tratados Internacionales.- Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral primero, es procedente SOBRESEER el recurso de mérito, al apreciarse que el recurrente alega violaciones de mera legalidad”.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho, en virtud de que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso - El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.-En consecuencia la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINITARTIVO, en su sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de alegatos de mera legalidad.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO : POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual SOBRESEE la garantía de amparo interpuesta por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS).. -Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0018-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que SOBRESEYÓ el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 17, 18,60, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES : 1) Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Licenciada REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR, interponiendo demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, por no haber sido dictada conforme a derecho e infringir el ordenamiento jurídico establecido, se declare la ilegalidad y su nulidad y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social.- 2) Que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, alegando Defensas Previas por estimar que existen causales de inadmisibilidad en la relacionada demanda.- 3) Que en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, el citado Juzgado resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte incidentista, por no existir la causa de inadmisibilidad alegada.-…” (Folios 13 al 15 de la pieza de las defensas previas).- 4) Que en fecha siete de abril de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, al considerar el recurrente que la misma vulnera garantías constitucionales contenidas en los artículos 17, 18,60, 82 y 90 de la Constitución de la República. - 5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual falló: “SOBRESEER la demanda de amparo interpuesta por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.” (Folios 28 al 29 de la pieza del Ad-quem).- 6) Que en fecha diez de enero de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. - Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar.- En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Que la petente de amparo básicamente reclama que se produce violación a las normas constitucionales alegadas en virtud de que las causales de inadmisibilidad presentadas como defensas previas según la Ley de lo Contencioso Administrativo, enmarcadas bajo los artículos 80 inciso d); 31 inciso e) y 109 de la Ley de Servicio Civil, no fueron consideradas por el juzgador en contravención de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que se negó el derecho de defensa al no considerar sus defensas previas, emitiendo una decisión lesiva a los derechos de la Administración Publica, que se violentó el debido proceso, porque no se tuvo clara oportunidad de defender a su representado por no apegarse al artículo 42 respecto a que previo a demandar, debe agotarse el procedimiento de impugnación en instancia administrativa; se le vulneraron los derechos de igualdad por denegársele los elementos igualitarios para poder gozar de los mismos; no se le reconoció el derecho a que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas; arguyendo además que el andamiaje jurídico supracitado se quebrantó debido a que la parte actora no agoto la instancia administrativa. - CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió SOBRESEER el amparo al recurrente, basándose en que: “QUINTO (5): Que del estudio y análisis de las presentes diligencias que conforman la tramitación del presente recurso de amparo, así como de la opinión de la Señora Fiscal del Ministerio Publico, se desprende que no existen las violaciones a las garantías Constitucionales del Derecho de Defensa, Igualdad Jurídica y el Debido Proceso que alega el impetrante, ya que los alegatos esgrimidos por la impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, pues en su exposición hace alusión a cuestiones de derecho que debió haber hecho ante el Juez de Primera Instancia, que si bien dichos puntos están vinculados intrínsecamente con la norma Constitucional, deben juzgarse y decidirse por el Juez Natural competente sobre los extremos que se exponen; la resolución que dice le causa lesión el impetrante, ha sido debidamente motivada, explicando en forma razonada las causas de derecho que lo orientaron a tomar su decisión, fundamentando la misma en la norma jurídica y respetando en todo momento el Derecho de Defensa, el debido proceso y las demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio. SEXTO(6): Debe de recordarse que el Juez Constitucional, que conoce del recurso excepcional extraordinario de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando este ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el que hacer fundamental del Juez Constitucional garantizar el respecto y cumplimiento de los Derechos y Garantías reconocidos por la Constitución de la República Tratados Internacionales.- Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral primero, es procedente SOBRESEER el recurso de mérito, al apreciarse que el recurrente alega violaciones de mera legalidad”.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho, en virtud de que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso - El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.-En consecuencia la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINITARTIVO, en su sentencia de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de alegatos de mera legalidad.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO : POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual SOBRESEE la garantía de amparo interpuesta por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, con relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la señora REYNA LETICIA ZUNIGA ELVIR contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS).. -Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0018-2017”.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”