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Sentencia AA-178-16 — Registro 10426

Resumen

Recurso de amparo contra la Resolución No. 190-SEDP de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que cancela el contrato individual de trabajo de la de la recurrente del cargo de Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el Valle de Sula. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que una vez analizado los antecedentes y lo expuesto por la recurrente en su acción constitucional, la Sala de lo Constitucional reitera que el procedimiento administrativo que la recurrente estaba obligada a evacuar, es el legalmente preestablecido en el Código de Trabajo, en consecuencia las diligencias que contienen la acción de amparo que se conoce, deben ser sobreseídas, en vista de que la recurrente tenía expedito el interponer una acción ante la jurisdicción de lo Laboral y omitió hacerlo, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que regula la inadmisibilidad de la acción y manda que son inadmisibles los recursos de amparo, en el numeral tres, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, señalando que se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. Así las cosas, agrega; que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que en virtud de ser patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo y consecuentemente cesa de inmediato la suspensión provisional del auto reclamado."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ a favor de SI MISMA, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), relacionadas a la Resolución No. 190-SEDP de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que cancela el contrato individual de trabajo de la señora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ del cargo de Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el Valle de Sula. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violentado, en su perjuicio, los derechos consignados en los artículos 68, 70, 82, 89, 90, 94, 95, 127 y 128 numeral 3, 4, y 5, de la Constitución de la República; 5.1, 8.1, 8.2, 9, 11 y 25.2 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 y 7.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ANTECEDENTES 1) Que el Coordinador de Efectividad del Departamento de Recursos Humanos de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), el licenciado EDGARDO PINEDA REYES, envía el Oficio UNAH-VS CERH 16/10, a la Coordinadora de Recursos Humanos, la Licenciada ELBA RUTH GOMEZ RIERA, para informarle que la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, no ha marcado en el reloj de asistencia, los días diecinueve (19) al veintidós (22) de enero del año dos mil dieciséis (2016), y no se encuentra justificación de su ausencia. 2) Que seguido el trámite correspondiente, en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la citada Institución, dictó la Resolución No. 190-SEDP mediante la cual se le puso en conocimiento a la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ del Acuerdo No. 278-2016, de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual se Acuerda: (SIC) “Cancelar el Contrato Individual de Trabajo a partir de la fecha de su notificación, sin responsabilidad para la UNAH, a la EMPLEADA INES YADIRA CUBERO GONZALEZ,… por haber faltado a su trabajo los días 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de enero del 2016, sin justa causa, engañando además a su patrono, presentando constancias del Ministerio Publico, del Poder Judicial, listado de Procuradores de la 53 Promoción según horario 1:00 p.m. a 4:00 p.m. para justificar sus ausencias; así como también presentando Certificado de Incapacidad extendido por un medico particular en fecha 24 de enero de 2016, donde incapacita a la empleada CUBERO GONZALEZ, 25, 26 y 27 de enero del 2016, fecha esta en la que según Movimiento Migratorio extendido por el Instituto Nacional de Migración,… se encontraba fuera del país, saliendo del mismo desde 19 de enero del 2016, con destino a Estados Unidos de Norte América, e ingresando el 27 de enero de 2016…”. 3) Que la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, compareció ante este Tribunal en fecha tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMA, contra la Resolución No. 190-SEDP de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que cancela el contrato individual de trabajo de la señora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ del cargo de Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el Valle de Sula; por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 68, 70, 82, 89, 90, 94, 95, 127 y 128 numeral 3, 4, y 5, de la Constitución de la República; 5.1, 8.1, 8.2, 9, 11 y 25.2 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 y 7.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Folios 1–12 del presente Recurso) 4) Que en fecha dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de merito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 78 del presente Recurso). 5) Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer por que SE DENIEGUE el presente Recurso de Amparo, pues no han ocurrido las vulneraciones alegadas por la recurrente, con las correspondientes consecuencias legales”. (Folio 174–179 del presente Recurso). CONSIDERANDO(1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(3): Que la recurrente sostiene que no impugnó en la vía administrativa dicha decisión de cancelación de contrato individual de Trabajo, en vista de que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, carece de una reglamentación en la cual se desarrolle dicho procedimiento, hecho que la obligó a interponer el amparo directo que ahora se conoce, obviando la aplicación de lo dispuesto en el artículo 691 reformado del Código del Trabajo que manda: “Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse solo cuando el actor, a su elección haya agotado bien el procedimiento gubernativo; o bien el procedimiento reglamentario correspondiente.” Obsérvese que al carecer la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del procedimiento reglamentario correspondiente, ya la ley le indica que el que se considere agraviado podrá iniciar una acción, solo cuando el actor haya agotado bien el procedimiento gubernativo, es decir ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, previo a interponer una acción ante la jurisdicción de lo laboral. CONSIDERANDO(4): Que los procesos por la naturaleza jurídica de la cuestión controvertida, pueden clasificarse en civiles laborales, administrativos etc., lo que define la competencia del órgano jurisdiccional específicamente establecidos, para conocer de determinados juicios y no de otros, al que las partes deben someter la controversia. En ese sentido; el tipo de contratos de trabajo celebrados entre la recurrente con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS para el Valle de Sula, aun y cuando puedan denominarse contrato de servicios profesionales, reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador desarrolla sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las ordenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral.- CONSIDERANDO (5): Que la jurisdicción del trabajo esta Instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo.- CONSIDERANDO(6): Que una vez analizado los antecedentes y lo expuesto por la recurrente en su acción constitucional, la Sala de lo Constitucional reitera que el procedimiento administrativo que la recurrente estaba obligada a evacuar, es el legalmente preestablecido en el Código de Trabajo, en consecuencia las diligencias que contienen la acción de amparo que se conoce, deben ser sobreseídas, en vista de que la recurrente tenía expedito el interponer una acción ante la jurisdicción de lo Laboral y omitió hacerlo, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que regula la inadmisibilidad de la acción y manda que son inadmisibles los recursos de amparo, en el numeral tres, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, señalando que se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. Así las cosas, agrega; que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que en virtud de ser patente la causal de inadmisibilidad del presente recurso de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo y consecuentemente cesa de inmediato la suspensión provisional del auto reclamado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.3 y párrafo último del artículo 46 No.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 77 y 78 del Código Tributario; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, 20 y 691 del Código del Trabajo; FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo interpuesto por la abogada INES YADIRA CUBERO GONZALES, a favor de SI MISMA, contra el Acuerdo 278-2016 de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se le canceló el contrato individual de trabajo suscrito entre la recurrente y la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS para el Valle de Sula; Y MANDA: 1.- El cese de la suspensión provisional del auto reclamado. 2.- Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firma y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.-PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- RECEPTOR ADSCRITO.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, actuando a favor de SI MISMA; contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete, en la que, dentro del trámite se SOBRESEYÓ LAS DILIGENCIAS en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ a favor de SI MISMA, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), relacionadas con la Resolución No. 190-SEDP de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que cancela el contrato individual de trabajo de la señora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ del cargo de Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el Valle de Sula. CONSIDERANDO (1): Que el sobreseimiento dictado por la Sala de lo Constitucional cifra su basamento legal en que el contrato celebrado entre la recurrente y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, reúne los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, por tanto, como bien se explica la sentencia por sí sola, la recurrente debió, en principio, agotar la vía administrativa , posteriormente ejercitar la acción judicial todo ello previo a interponer la acción de amparo. CONSIDERANDO (2): Que la suplicante pretende, a través del recurso de reposición, que la Sala de lo Constitucional le habilite el término para iniciar el trámite administrativo en la materia laboral, el mismo que dejó de utilizar, al recurrir el acto, vía amparo directo. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente peticiona la aplicación de la ratio decidendi que resuelve acciones de amparo ya sea en materia laboral o Contencioso administrativo, en su caso, a saber: “La Sala de lo Constitucional observa que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo señala que cuando una persona presenta una demanda en forma equivocada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez le indicará la jurisdicción correcta, además le concederá un nuevo plazo de diez días para que interponga la demanda ante el órgano judicial competente. Dicho precepto establece que la demanda presentada en el tiempo fijado por el juez, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado esta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa. Sin embargo, dice la Sala, el caso bajo examen se trata del supuesto inverso, es decir, en el que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Jurisdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuestión que en el Código del Trabajo no se regula expresamente, es decir no existe ninguna disposición legal parecida a la expuesta en el artículo 6 precitado. En vista de este vacío, la Sala de lo Constitucional se decanta por la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también hace una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, lo que le lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación.” CONSIDERANDO (4): Que no es aplicable la posición jurisprudencial antes referida al caso concreto que nos ocupa. En los casos relatados por la recurrente, ya ha sido evacuada la etapa administrativa previo a la jurisdiccional, pues es un requisito legal tanto en la jurisdicción de lo contencioso administrativo como en la laboral. Una vez agotada la vía administrativa, ya en el ámbito judicial y en caso de ocurrir la confusión de jurisdicción por materia, es aplicable el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y al caso inverso, como producto de una interpretación convencional a favor de garantizar los derechos fundamentales al trabajador. CONSIDERANDO (5): Que La Sala de lo Constitucional afirma que, dado su carácter extraordinario, el Amparo solamente es procedente cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún medio legal de reparación. No obstante, en el caso subjudice, Ley de Procedimiento Administrativo, así como el Código del Trabajo, sí prevén la posibilidad de atacar la providencia conocida en amparo, mediante la interposición de las respectivas demandas y posteriores recursos hasta llegar a la acción constitucional de amparo. Implica que solo ha de prosperar en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido todas las instancias en virtud del ejercicio previo de las acciones legales y los recursos ordinarios, caso contrario la ley manda que se sobresean las diligencias por haberse consentido el acto, como ocurre en el caso de autos. CONSIDERANDO (6): Que el derecho al acceso a la justicia constitucional es un derecho de configuración legal y no un derecho de libertad; es decir que se deben seguir los cauces marcados por el legislador o los procedimientos legalmente preestablecidos. CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y 46 Nº 8, 119, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 7 de la Ley de INJUPEMP RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, actuando a favor de SI MISMA, contra la sentencia dictada por esta Sala, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete; Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), Certificación de la sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), y la resolución de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018), recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el número 0178=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.