Sentencia AA-167-15 — Registro 8668
Resumen
Recurso de amparo contra resolución de suspensión de beneficio de jubilación a favor de Impetrante,considerando que no obstante de éste beneficio por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral como Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,sin embargo impetrante no hizo las impugnaciones administrativas correspondientes, solicitando por escrito explicación de las razones del acto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."…"(6): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular del amparista señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad, hasta que haya un acuerdo de pago de lo percibido indebidamente. -CONSIDERANDO SIETE (7): Por otro lado de acuerdo al artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: "Es inadmisible el recurso de amparo: l)....;2).....; 3)…; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6)....; 7)...; 8)...; 9)....; El órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad". En el presente caso resulta evidente que estamos ante una acción que fue interpuesta después del término concedido, ya que las resoluciones en donde se ordenó la suspensión del beneficio fue conocida por el Amparista a partir del momento en que no se le acreditó la pensión mensual, es decir a más tardar en el mes de mayo de 2014, sin embargo no hizo las impugnaciones administrativas correspondientes, solicitando por escrito explicación de las razones del acto en fecha 19 de junio de 2014 (folio 43 expediente 13204235), siendo resulta tal pretensión en fecha 22 de julio de 2014, y acudió a esta Sala hasta seis meses después, es decir que fueron hechos consentidos y ejercitaron la acción fuera del término señalado en el artículo 48 que expresa: "La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle". Por lo cual en la presente acción existe una causa de inadmisibilidad, por lo que procede sobreseer el presente recurso de amparo"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, NUMERAL 5 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, a favor de SI MISMO contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo de dos mil catorce. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 59, 60, 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha trece de febrero de dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, interponiendo recurso de amparo, a favor de SI MISMO contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión de la jubilación a partir del mes de mayo de dos mil catorce, manifestando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 59, 60, 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.-2) Que en fecha cinco de mayo de dos mil quince, se tuvo por admitido el recurso de amparo, ordenándose librar comunicación a la autoridad recurrida, para que en el término de dos días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo (Folio 18 de la pieza de amparo).-3) Que en fecha quince de mayo de dos mil quince, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), remitió el informe correspondiente, en el cual se advierte lo siguiente: a) Que el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, presentó ante el INJUPEMP, solicitud de Jubilación voluntaria, la cual fue efectiva a partir del 24 de mayo de 2007, con una asignación mensual de L.18, 544.00, percibiendo pagos indebidos desde esa fecha. b) Que como parte de un control se procedió a verificar que empleados se encontraban laborando y que contaban con la edad propia para el otorgamiento del beneficio de jubilación y detectar una incompatibilidad en la percepción de recursos económicos provenientes del sector público y simultáneamente una pensión por el régimen de previsión social, constatándose que el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO era de las personas que recibía jubilación otorgada por el Instituto y desempeñaba un cargo en el sector público, como Profesor Titular III del Departamento de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a partir del 2 de febrero de 1987, en contravención de la Ley del INJUPEMP, por lo de conformidad a la ley se le debía suspender el pago de la jubilación, siendo efectiva a partir del mes de mayo de dos mil catorce. c) Que en fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, presentó escrito mediante el cual solicitaba información sobre el por qué se le suspendió el beneficio de jubilación, por tanto la Dirección Interina del INJUPEMP emitió la Resolución número DI-055-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014, en la cual resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de la jubilación suspendida, y entre algunos criterios el pensionado debía acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley, situación que ninguno de los reclamantes ha acreditado en su momento. d) Que en el caso particular del señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, la pretensión de solicitud de reactivación el beneficio de jubilación se fundamentó en el artículo 258 de la Constitución de la República, en la que se establece que: …”ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.” En este caso, las autoridades del INJUPEMP, consideran no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero percibida en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado, ni trabajador, ni como una retribución a la labor desarrollada en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria, que se adquiere por razón de la edad y años de servicio en un período calificado en atención a las aportaciones personales y patronales contributivas a un sistema de prevención. (Folios 22 al 24 de la pieza de amparo) .-4) Que en fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando dar vista al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 33 de la pieza de amparo).- 5) Que con fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen el recurso de amparo administrativo interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO a favor de sí misma, contra las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) relacionada según la recurrente a la suspensión del pago de su jubilación desde el mes de mayo del año dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental contenido en el artículo 258 de la Constitución de la República; que del análisis de los antecedentes, se considera que no se ha quebrantado el artículo constitucional que dispone: “Tanto en el Gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones“. Esto en virtud, que se estima que en la relación existente entre EL amparista y el INJUMPEMP, no es aplicable la normativa que considera violada, por no existir entre ambos una relación laboral que implique el derecho de uno de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, la relación que existe entre ellos se regula, por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Es así que el artículo 60 de la ley anterior de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, vigente hasta el trece (13) de mayo del dos mil catorce (2014), señalaba: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semi autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades debidamente percibidas”. El espíritu de esta norma es igualmente recogido en el artículo 83 del Decreto 357-2016, que contiene la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, que homologa; “Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibles con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía a la pensión percibida”.-CONSIDERANDO CINCO (5): El amparista, quien pese a estar gozando del beneficio de jubilación por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral producto del cual percibe un salario mensual como Profesor Titular III Departamento de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a partir del 2 de febrero de 1987, lo cual constituye una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en cuyo caso deberá estarse con lo dispuesto en el artículo 84 que señala: “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular del amparista señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad, hasta que haya un acuerdo de pago de lo percibido indebidamente. -CONSIDERANDO SIETE (7): Por otro lado de acuerdo al artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: "Es inadmisible el recurso de amparo: l)....;2).....; 3)…; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6)....; 7)...; 8)...; 9)....; El órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad". En el presente caso resulta evidente que estamos ante una acción que fue interpuesta después del término concedido, ya que las resoluciones en donde se ordenó la suspensión del beneficio fue conocida por el Amparista a partir del momento en que no se le acreditó la pensión mensual, es decir a más tardar en el mes de mayo de 2014, sin embargo no hizo las impugnaciones administrativas correspondientes, solicitando por escrito explicación de las razones del acto en fecha 19 de junio de 2014 (folio 43 expediente 13204235), siendo resulta tal pretensión en fecha 22 de julio de 2014, y acudió a esta Sala hasta seis meses después, es decir que fueron hechos consentidos y ejercitaron la acción fuera del término señalado en el artículo 48 que expresa: "La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle". Por lo cual en la presente acción existe una causa de inadmisibilidad, por lo que procede sobreseer el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 60, 64,65, 82, 90, 127, 128, 145, 165, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 60 de la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11; 2 numeral 3), 15), y 20), 83 y 84 de la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 10, 41, 46 numeral 5), 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: SOBRESSER el recurso de amparo interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO a favor de sí mismo, contra las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) relacionada según la recurrente a la suspensión del pago de su jubilación desde el mes de mayo del año dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0167-2015 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, a favor de SI MISMO contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión del beneficio de la jubilación a partir del mes de mayo de dos mil catorce. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 59, 60, 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.-1) Que en fecha trece de febrero de dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, interponiendo recurso de amparo, a favor de SI MISMO contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes en la suspensión de la jubilación a partir del mes de mayo de dos mil catorce, manifestando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los derechos consignados en los artículos 59, 60, 65, 82 y 90 de la Constitución de la República.-2) Que en fecha cinco de mayo de dos mil quince, se tuvo por admitido el recurso de amparo, ordenándose librar comunicación a la autoridad recurrida, para que en el término de dos días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo (Folio 18 de la pieza de amparo).-3) Que en fecha quince de mayo de dos mil quince, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), remitió el informe correspondiente, en el cual se advierte lo siguiente: a) Que el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, presentó ante el INJUPEMP, solicitud de Jubilación voluntaria, la cual fue efectiva a partir del 24 de mayo de 2007, con una asignación mensual de L.18, 544.00, percibiendo pagos indebidos desde esa fecha. b) Que como parte de un control se procedió a verificar que empleados se encontraban laborando y que contaban con la edad propia para el otorgamiento del beneficio de jubilación y detectar una incompatibilidad en la percepción de recursos económicos provenientes del sector público y simultáneamente una pensión por el régimen de previsión social, constatándose que el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO era de las personas que recibía jubilación otorgada por el Instituto y desempeñaba un cargo en el sector público, como Profesor Titular III del Departamento de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a partir del 2 de febrero de 1987, en contravención de la Ley del INJUPEMP, por lo de conformidad a la ley se le debía suspender el pago de la jubilación, siendo efectiva a partir del mes de mayo de dos mil catorce. c) Que en fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, presentó escrito mediante el cual solicitaba información sobre el por qué se le suspendió el beneficio de jubilación, por tanto la Dirección Interina del INJUPEMP emitió la Resolución número DI-055-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014, en la cual resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de la jubilación suspendida, y entre algunos criterios el pensionado debía acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley, situación que ninguno de los reclamantes ha acreditado en su momento. d) Que en el caso particular del señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, la pretensión de solicitud de reactivación el beneficio de jubilación se fundamentó en el artículo 258 de la Constitución de la República, en la que se establece que: …”ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.” En este caso, las autoridades del INJUPEMP, consideran no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero percibida en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado, ni trabajador, ni como una retribución a la labor desarrollada en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria, que se adquiere por razón de la edad y años de servicio en un período calificado en atención a las aportaciones personales y patronales contributivas a un sistema de prevención. (Folios 22 al 24 de la pieza de amparo) .-4) Que en fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando dar vista al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 33 de la pieza de amparo).- 5) Que con fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen el recurso de amparo administrativo interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO a favor de sí misma, contra las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) relacionada según la recurrente a la suspensión del pago de su jubilación desde el mes de mayo del año dos mil catorce (2014).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le ha vulnerado el derecho fundamental contenido en el artículo 258 de la Constitución de la República; que del análisis de los antecedentes, se considera que no se ha quebrantado el artículo constitucional que dispone: “Tanto en el Gobierno central como en los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia. Ningún funcionario, empleado o trabajador público que perciba un sueldo regular, devengará dieta o bonificación por la prestación de un servicio en cumplimiento de sus funciones“. Esto en virtud, que se estima que en la relación existente entre EL amparista y el INJUMPEMP, no es aplicable la normativa que considera violada, por no existir entre ambos una relación laboral que implique el derecho de uno de percibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, la relación que existe entre ellos se regula, por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos del Poder Ejecutivo. Es así que el artículo 60 de la ley anterior de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, vigente hasta el trece (13) de mayo del dos mil catorce (2014), señalaba: “Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomas y Semi autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades debidamente percibidas”. El espíritu de esta norma es igualmente recogido en el artículo 83 del Decreto 357-2016, que contiene la nueva Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, que homologa; “Todas las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y las únicas incompatibles con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía a la pensión percibida”.-CONSIDERANDO CINCO (5): El amparista, quien pese a estar gozando del beneficio de jubilación por parte del INJUMPEMP, también mantiene una relación laboral producto del cual percibe un salario mensual como Profesor Titular III Departamento de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a partir del 2 de febrero de 1987, lo cual constituye una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en cuyo caso deberá estarse con lo dispuesto en el artículo 84 que señala: “En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Dirección Interina del INJUPEMP informó todos los reclamos administrativos que fueron admitidos, las que mediante Resolución Número DI-032-2014, instruyó a las dependencias relacionadas del Instituto elaborara una propuesta al procedimiento a seguir para la reactivación oportuna de las jubilaciones, donde se establezca condiciones, valores a devolver, intereses devengados. Agregada a la Resolución Número DI-055-2014, de fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil catorce (2014) resolvió el procedimiento general para reactivar el pago de jubilación suspendida, en la cual entre otros criterios el pensionado debe acreditar a satisfacción del Instituto, el cese de la incompatibilidad establecida en la ley y, en el caso particular del amparista señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO, se le dio respuesta por el INJUMPEMP donde le informa que su petición no puede ser resuelta mientras continúe la incompatibilidad, hasta que haya un acuerdo de pago de lo percibido indebidamente. -CONSIDERANDO SIETE (7): Por otro lado de acuerdo al artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: "Es inadmisible el recurso de amparo: l)....;2).....; 3)…; 4)…; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6)....; 7)...; 8)...; 9)....; El órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad". En el presente caso resulta evidente que estamos ante una acción que fue interpuesta después del término concedido, ya que las resoluciones en donde se ordenó la suspensión del beneficio fue conocida por el Amparista a partir del momento en que no se le acreditó la pensión mensual, es decir a más tardar en el mes de mayo de 2014, sin embargo no hizo las impugnaciones administrativas correspondientes, solicitando por escrito explicación de las razones del acto en fecha 19 de junio de 2014 (folio 43 expediente 13204235), siendo resulta tal pretensión en fecha 22 de julio de 2014, y acudió a esta Sala hasta seis meses después, es decir que fueron hechos consentidos y ejercitaron la acción fuera del término señalado en el artículo 48 que expresa: "La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle". Por lo cual en la presente acción existe una causa de inadmisibilidad, por lo que procede sobreseer el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 60, 64,65, 82, 90, 127, 128, 145, 165, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 60 de la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11; 2 numeral 3), 15), y 20), 83 y 84 de la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013; 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 10, 41, 46 numeral 5), 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: SOBRESSER el recurso de amparo interpuesto por el señor CARLOS ANTONIO MEZA GALO a favor de sí mismo, contra las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) relacionada según la recurrente a la suspensión del pago de su jubilación desde el mes de mayo del año dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0167-2015 .- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL