Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-157-17 — Registro 8672

Resumen

Actas de Sesión del Pleno del Congreso Nacional, una moción para adicionar en el artículo uno del Dictamen supuestamente aprobado en sesión anterior de un nuevo artículo denominado como Artículo 335-B

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."sin entrar a determinar si procede o no Amparo contra esos actos legislativo, teniendo claro que esta Sala se reserva la justiciabilidad de todos los actos de los Poderes del Estado, en Honduras, como Estado Constitucional y democrático, se observa la independencia y complementariedad de los Poderes del Estado, sin relación de subordinación entre ellos, además se tiene presente la separación que debe de privar entre los poderes, por lo que los constituyentes investidos por delegación del titular de la soberanía, el pueblo hondureño, por el cual se ejercer todos los poderes del Estado, determinó darle un control previo de constitucionalidad (la cual no obsta para un a posteriori) a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, cuando se de un veto presidencial por razones de una supuesta inconstitucionalidad del decreto aprobado (artículo 216 constitucional) y en el caso del artículo 219 constitucional, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno deba de dar una opinión sobre un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de dicho poder del Estado..."..."esta Sala advierte entonces que darle entrada a esta particular solicitud podría vulnerar a la separación entre el Poder Legislativo y el Judicial, adicional a lo ultimo, también se deben de observar los requisitos que ya legalmente se han desarrollado para observar si la acción intentada cumple con los requisitos y presupuestos procesales, como el caso de verificar que no se tengan expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se aleguen violaciones de mera legalidad..."..."si bien las Actas de Sesiones ratificadas por en el hemiciclo legislativo son actos de poderes del Estado, los mismo no tienen carácter de definitividad, puesto que estos admiten recursos una vez han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta, cuando se cumplen las solemnidades para que sea observada como una ley vigente en nuestro ordenamiento jurídico..."..."esta Sala ha sido del criterio, aplicando la causal de inadmisibilidad contemplada en los numeral 1) y 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que los quejosos realicen alegaciones de mera legalidad, en vista que se busca la impugnación de un acto administrativo-legislativo instrumental y al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.- Visto los Recursos de Amparos interpuestos: I) por los ciudadanos José Manuel Zelaya Rosales y Luís Rolando Redondo Guifarro a favor de sí mismos y de las bancadas legislativas en el Congreso Nacional de los siguientes partidos políticos: Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Partido Anticorrupción (PAC) y Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), II) por las ciudadanas y los ciudadanos Nectalia Cuadra Palma, Suyapa Martínez, Gilda Rivera Sierra, Rafael Alegría, Dina Meza, Jorge Alejandro Burgos, Emy Lily Padilla Raudales, Rony Espinoza, María Tomasa Morales, Sandra Rodríguez, Cesario Padilla, Jhoiner Onasis Fernández García, Lester José Castro, Edy Alexander Tabora, Karla Ninoska Escalante Alegría y Doris Melissa Cardona Calderón a favor de sí mismos, TODOS, contra los supuestos actos realizados: 1) el acta de Sesión del Pleno del Congreso Nacional, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; 2) contra el acta de sesión de ratificación del acta antes señalada, celebrada en fecha veintidós de febrero del año ya mencionado, en la cual se dio la aprobación de una moción presentada por el diputado Oscar Álvarez Guerrero, para adicionar en el artículo uno del Dictamen supuestamente aprobado en la sesión anterior, de un nuevo artículo denominado como Artículo 335-B, y; 3) contra la sesión celebrada por el Pleno del Congreso Nacional de la República en fecha veintidós de febrero del presente año y su respectiva ratificación.-CONSIDERANDO (1): Que esta Sala ha sostenido reiteradamente que conforme a la Constitución de la República y a la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las leyes podrán ser declaras inconstitucionales por razón de forma o de contenido, además el Estado de Honduras reconoce la garantía de Amparo, con el objeto de que se mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías enmarcados en los controles de constitucionalidad y convencionalidad.-CONSIDERANDO (2): Que las garantías de Amparo e Inconstitucionalidad, tiene fundamentos, motivaciones, requisitos y resultados diferentes. Procediendo la acción de Amparo contra las resoluciones, actos, hechos, ordenes o mandatos de cualquiera de los Poderes del Estado; mientras que la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y normas de carácter general, contra las reformas constitucionales, contra los actos de aprobación de un tratado internacional cuando no se siga el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Constitución y contra las leyes ordinarias que contraríen lo dispuestos en un Tratado o Convención Internacional de la que Honduras forme parte.- CONSIDERANDO (3): Que el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes tiene distintas etapa, desde los diversos actores que poseen iniciativa de ley, como pueden ser los diputados o la iniciativa ciudadana, hasta diferencias en los efectos de la sanción que realiza la presidencia de la República, pudiendo sancionar y promulgar como ley, o bien casos en los que se puede fundar un veto alegando la inconstitucionalidad del proyecto de ley. El Acto de creación de Ley se perfecciona con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, antes de ello, las demás etapas del proceso se observan como actos instrumentales legislativo.-CONSIDERANDO (4): Que los actos formalmente legislativos son todos aquellos emitidos por el Congreso Nacional de la República, pero materialmente son solo aquellos que contienen normas generales. Desde el derecho administrativo el acto legislativo puede revestir la forma de decretos, acuerdos y resoluciones; la ratificación del acta por el pleno de representantes del pueblo, es un acuerdo de carácter concreto y particular que se toma bajo el procedimiento legislativo y por las funciones constitucionales de ese poder del Estado.- CONSIDERANDO (5): Que sin entrar a determinar si procede o no Amparo contra esos actos legislativo, teniendo claro que esta Sala se reserva la justiciabilidad de todos los actos de los Poderes del Estado, en Honduras, como Estado Constitucional y democrático, se observa la independencia y complementariedad de los Poderes del Estado, sin relación de subordinación entre ellos, además se tiene presente la separación que debe de privar entre los poderes, por lo que los constituyentes investidos por delegación del titular de la soberanía, el pueblo hondureño, por el cual se ejercer todos los poderes del Estado, determinó darle un control previo de constitucionalidad (la cual no obsta para un a posteriori) a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, cuando se de un veto presidencial por razones de una supuesta inconstitucionalidad del decreto aprobado (artículo 216 constitucional) y en el caso del artículo 219 constitucional, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno deba de dar una opinión sobre un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de dicho poder del Estado.-CONSIDERANDO (5): Que la doctrina y nuestra Constitución reconoce que puede existir un control previo como un posterior de la constitucionalidad de las leyes, la cual se da antes de su promulgación, así como una vez puesta en vigencia; siendo que en la mayoría de los país de América Latina[1] y en Honduras en especifico, el control a posteriori, lo ejerce quien demuestre tener un interés directo, personal y legitimo; mientras que el previo lo poseen las o los presidentes de las repúblicas, este control preventivo, lo ejercer al vetar las leyes por razones de inconstitucionalidad, para que las salas, cortes o tribunales constitucionales se pronuncien sobre el fondo del proyecto de ley.-CONSIDERANDO (6): Que esta Sala advierte entonces que darle entrada a esta particular solicitud podría vulnerar a la separación entre el Poder Legislativo y el Judicial, adicional a lo ultimo, también se deben de observar los requisitos que ya legalmente se han desarrollado para observar si la acción intentada cumple con los requisitos y presupuestos procesales, como el caso de verificar que no se tengan expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (7): Que si bien las Actas de Sesiones ratificadas por en el hemiciclo legislativo son actos de poderes del Estado, los mismo no tienen carácter de definitividad, puesto que estos admiten recursos una vez han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta, cuando se cumplen las solemnidades para que sea observada como una ley vigente en nuestro ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando la causal de inadmisibilidad contemplada en los numeral 1) y 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que los quejosos realicen alegaciones de mera legalidad, en vista que se busca la impugnación de un acto administrativo-legislativo instrumental y al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de mérito.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 2, 4, 80, 183, 189, 199, 213, 216, 219, 221, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 4, 9, 41, 46, 74, 76, 79, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y ; artículos 1, 10, 47, 52, 61, 73, 74, 75, y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. RESUELVE: Declarar Inadmisible los recursos de Amparo interpuesto por I) los ciudadanos José Manuel Zelaya Rosales y Luís Rolando Redondo Guifarro; II) por las ciudadanas y los ciudadanos Nectalia Cuadra Palma, Suyapa Martínez, Gilda Rivera Sierra, Rafael Alegría, y otros, TODOS, contra los supuestos, realizados en los actos durante 1) el Acta de Sesión del Pleno del Congreso Nacional, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; 2) contra el acta de sesión de ratificación del acta antes señalada, celebrada en fecha veintidós de febrero del año ya mencionado, en la cual se dio la aprobación de una moción presentada por el diputado Oscar Álvarez Guerrero, para adicionar en el artículo uno del Dictamen supuestamente aprobado en la sesión anterior, de un nuevo artículo denominado como Artículo 335-B, y; 3) contra la sesión celebrada por el Pleno del Congreso Nacional de la República en fecha veintidós de febrero del presente año y su respectiva ratificación, por ser alegaciones de mera legalidad y no reunir el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo, al tener expeditas acciones y recursos legales contra el acto concreto reclamado en amparo, recursos que han sido detallados en el considerando (4) de esta resolución. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0157 y 160- 2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo de dos mil diecisiete.- Visto los Recursos de Amparos interpuestos: I) por los ciudadanos José Manuel Zelaya Rosales y Luís Rolando Redondo Guifarro a favor de sí mismos y de las bancadas legislativas en el Congreso Nacional de los siguientes partidos políticos: Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Partido Anticorrupción (PAC) y Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), II) por las ciudadanas y los ciudadanos Nectalia Cuadra Palma, Suyapa Martínez, Gilda Rivera Sierra, Rafael Alegría, Dina Meza, Jorge Alejandro Burgos, Emy Lily Padilla Raudales, Rony Espinoza, María Tomasa Morales, Sandra Rodríguez, Cesario Padilla, Jhoiner Onasis Fernández García, Lester José Castro, Edy Alexander Tabora, Karla Ninoska Escalante Alegría y Doris Melissa Cardona Calderón a favor de sí mismos, TODOS, contra los supuestos actos realizados: 1) el acta de Sesión del Pleno del Congreso Nacional, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; 2) contra el acta de sesión de ratificación del acta antes señalada, celebrada en fecha veintidós de febrero del año ya mencionado, en la cual se dio la aprobación de una moción presentada por el diputado Oscar Álvarez Guerrero, para adicionar en el artículo uno del Dictamen supuestamente aprobado en la sesión anterior, de un nuevo artículo denominado como Artículo 335-B, y; 3) contra la sesión celebrada por el Pleno del Congreso Nacional de la República en fecha veintidós de febrero del presente año y su respectiva ratificación.-CONSIDERANDO (1): Que esta Sala ha sostenido reiteradamente que conforme a la Constitución de la República y a la Ley Sobre Justicia Constitucional, que las leyes podrán ser declaras inconstitucionales por razón de forma o de contenido, además el Estado de Honduras reconoce la garantía de Amparo, con el objeto de que se mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías enmarcados en los controles de constitucionalidad y convencionalidad.-CONSIDERANDO (2): Que las garantías de Amparo e Inconstitucionalidad, tiene fundamentos, motivaciones, requisitos y resultados diferentes. Procediendo la acción de Amparo contra las resoluciones, actos, hechos, ordenes o mandatos de cualquiera de los Poderes del Estado; mientras que la acción de inconstitucionalidad procede contra las leyes y normas de carácter general, contra las reformas constitucionales, contra los actos de aprobación de un tratado internacional cuando no se siga el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Constitución y contra las leyes ordinarias que contraríen lo dispuestos en un Tratado o Convención Internacional de la que Honduras forme parte.- CONSIDERANDO (3): Que el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes tiene distintas etapa, desde los diversos actores que poseen iniciativa de ley, como pueden ser los diputados o la iniciativa ciudadana, hasta diferencias en los efectos de la sanción que realiza la presidencia de la República, pudiendo sancionar y promulgar como ley, o bien casos en los que se puede fundar un veto alegando la inconstitucionalidad del proyecto de ley. El Acto de creación de Ley se perfecciona con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, antes de ello, las demás etapas del proceso se observan como actos instrumentales legislativo.-CONSIDERANDO (4): Que los actos formalmente legislativos son todos aquellos emitidos por el Congreso Nacional de la República, pero materialmente son solo aquellos que contienen normas generales. Desde el derecho administrativo el acto legislativo puede revestir la forma de decretos, acuerdos y resoluciones; la ratificación del acta por el pleno de representantes del pueblo, es un acuerdo de carácter concreto y particular que se toma bajo el procedimiento legislativo y por las funciones constitucionales de ese poder del Estado.- CONSIDERANDO (5): Que sin entrar a determinar si procede o no Amparo contra esos actos legislativo, teniendo claro que esta Sala se reserva la justiciabilidad de todos los actos de los Poderes del Estado, en Honduras, como Estado Constitucional y democrático, se observa la independencia y complementariedad de los Poderes del Estado, sin relación de subordinación entre ellos, además se tiene presente la separación que debe de privar entre los poderes, por lo que los constituyentes investidos por delegación del titular de la soberanía, el pueblo hondureño, por el cual se ejercer todos los poderes del Estado, determinó darle un control previo de constitucionalidad (la cual no obsta para un a posteriori) a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, cuando se de un veto presidencial por razones de una supuesta inconstitucionalidad del decreto aprobado (artículo 216 constitucional) y en el caso del artículo 219 constitucional, cuando la Corte Suprema de Justicia en pleno deba de dar una opinión sobre un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de dicho poder del Estado.-CONSIDERANDO (5): Que la doctrina y nuestra Constitución reconoce que puede existir un control previo como un posterior de la constitucionalidad de las leyes, la cual se da antes de su promulgación, así como una vez puesta en vigencia; siendo que en la mayoría de los país de América Latina[2] y en Honduras en especifico, el control a posteriori, lo ejerce quien demuestre tener un interés directo, personal y legitimo; mientras que el previo lo poseen las o los presidentes de las repúblicas, este control preventivo, lo ejercer al vetar las leyes por razones de inconstitucionalidad, para que las salas, cortes o tribunales constitucionales se pronuncien sobre el fondo del proyecto de ley.-CONSIDERANDO (6): Que esta Sala advierte entonces que darle entrada a esta particular solicitud podría vulnerar a la separación entre el Poder Legislativo y el Judicial, adicional a lo ultimo, también se deben de observar los requisitos que ya legalmente se han desarrollado para observar si la acción intentada cumple con los requisitos y presupuestos procesales, como el caso de verificar que no se tengan expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO (7): Que si bien las Actas de Sesiones ratificadas por en el hemiciclo legislativo son actos de poderes del Estado, los mismo no tienen carácter de definitividad, puesto que estos admiten recursos una vez han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta, cuando se cumplen las solemnidades para que sea observada como una ley vigente en nuestro ordenamiento jurídico.- CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando la causal de inadmisibilidad contemplada en los numeral 1) y 8) del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a que los quejosos realicen alegaciones de mera legalidad, en vista que se busca la impugnación de un acto administrativo-legislativo instrumental y al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, por lo que procede declarar inadmisible el recurso de mérito.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 2, 4, 80, 183, 189, 199, 213, 216, 219, 221, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 4, 9, 41, 46, 74, 76, 79, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y ; artículos 1, 10, 47, 52, 61, 73, 74, 75, y 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. RESUELVE: Declarar Inadmisible los recursos de Amparo interpuesto por I) los ciudadanos José Manuel Zelaya Rosales y Luís Rolando Redondo Guifarro; II) por las ciudadanas y los ciudadanos Nectalia Cuadra Palma, Suyapa Martínez, Gilda Rivera Sierra, Rafael Alegría, y otros, TODOS, contra los supuestos, realizados en los actos durante 1) el Acta de Sesión del Pleno del Congreso Nacional, en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete; 2) contra el acta de sesión de ratificación del acta antes señalada, celebrada en fecha veintidós de febrero del año ya mencionado, en la cual se dio la aprobación de una moción presentada por el diputado Oscar Álvarez Guerrero, para adicionar en el artículo uno del Dictamen supuestamente aprobado en la sesión anterior, de un nuevo artículo denominado como Artículo 335-B, y; 3) contra la sesión celebrada por el Pleno del Congreso Nacional de la República en fecha veintidós de febrero del presente año y su respectiva ratificación, por ser alegaciones de mera legalidad y no reunir el requisito de definitividad que dé lugar a la procedencia del mismo, al tener expeditas acciones y recursos legales contra el acto concreto reclamado en amparo, recursos que han sido detallados en el considerando (4) de esta resolución. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Resolución de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0157 y 160- 2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

JMML

[1] Con Excepción del caso de la República de Chile, que sigue el modelo Francés.

[2] Con Excepción del caso de la República de Chile, que sigue el modelo Francés.