Sentencia AA-149-16 — Registro 10425
Resumen
Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los derechos y garantías consignados en los artículos 64, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República consistentes en la Denegación de Impresión de un Bloque de Facturas, en el Sistema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en la garantía constitucional de amparo que ahora se conoce, promovida por el abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, a favor de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) contra actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), la vulneración alegada consiste en la Denegación de Impresión de un Bloque de Facturas, en el Sistema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo que a juicio del impetrante, constituye una violación en perjuicio de su representado de los derechos y garantías consignados en los artículos 64, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relativo a la remisión de los antecedentes o en su defecto informe, la oficina del Servicio de Administración de Rentas (SAR) en fecha 14 de febrero de 2017, informó que: El Tribunal Supremo emitió el auto de fecha 09 de agosto de 2016 en el cual se declara con lugar la suspensión provisional del acto reclamado en la acción de amparo interpuesta contra la denegatoria por parte del SAR a la Empresa Nacional Portuaria (ENP), cuya consecuencia es efectuar la impresión de un bloque de facturas en el sistema de dicha dirección ejecutiva. En ese sentido, manifiesta dicha entidad estatal, que en cumplimiento a lo mandado por la Sala de lo Constitucional, el SAR giró la instrucción a través del memorándum CPAT-092-2016 (ver folio 149 p. de amparo), así como varias instrucciones subsiguientes, desde la ejecución de la medida hasta la fecha, ordenando la autorización para impresión de un bloque de facturas a la Empresa Nacional Portuaria, petición que se le otorgó y sobre la cual se le ha concedido tres prorrogas (varios bloques de facturas), siendo la última solicitud en fecha 23 de enero de 2017, la cual fue resuelta autorizándole la emisión de documentos fiscales por un plazo de 3 meses, es decir hasta el 13 de mayo de 2017.- CONSIDERANDO (5): Que no obstante lo anterior, el peticionario de amparo, al mismo tiempo solicita el desbloqueo del Sistema de Facturación, desbloqueo impuesto, según lo manifiesta el SAR, en vista de que la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), mantiene obligaciones pendientes con el Fisco adeudando la cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 40/100 (L. 419,604,180.40), generada por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que le ha causado grandes perjuicios a1 Estado de Honduras. Manifiesta el SAR, que por la disposición de esta Sala de lo Constitucional de admitir el amparo con suspensión del acto reclamado, se le ha autorizado la impresión de un bloque de facturas, aún y cuando el obligado tributario mantiene obligaciones pendientes con el Fisco, lo que trae como consecuencia la afectación de su comportamiento tributario y el condicionamiento de la autorización de emitir documentos fiscales (facturas).- CONSIDERANDO (6): Que el artículo 1 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. El artículo 2 de la misma ley señala que para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señala que los actos de la Administración Pública sujetos al derecho Administrativo se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite y su fecha, salvo que la ley, las circunstancias y la naturaleza del acto exijan o permitan una forma distinta. Que constituye parte esencial del alegato en la interposición de esta acción de amparo, el hecho de que la administración pública, a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ejecutó actos que le causan perjuicio a su representado, sin haber atendido los requisitos exigidos por el artículo 23, es decir, se ordenó denegar la impresión del bloque de facturas a la Empresa Nacional Portuaria, sin haber plasmado dicha decisión por escrito y con la debida motivación, indicando la autoridad que los emite y su fecha.- CONSIDERANDO (8):Que consta en autos, que la administración pública, mediante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y posteriormente, el Servicio de Administración de Rentas (SAR), creado mediante los Decretos ejecutivos PCM 083-2015 y PCM 084-2015, han autorizado la prórroga de los documentos fiscales que peticiona la Empresa Nacional Portuaria, siendo la última a partir del trece de febrero hasta el trece de mayo de dos mil diecisiete, que consta a folio 155 de la pieza de amparo. Este hecho en atención a la decisión de esta Sala de lo Constitucional, quien estimó admitir la acción constitucional de amparo con suspensión del acto reclamado, por lo que la recurrente, Empresa Nacional Portuaria, por el período de casi un año ha estado funcionando utilizando los documentos fiscales necesarios emitidos por el SAR. No obstante lo anterior, a folio 155 de la pieza de amparo consta, una nota emitida por el Director Regional Centro Sur del SAR y dirigida al apoderado legal de la empresa recurrente, en la cual le indica con claridad y precisión “…Para ello su representada procederá a emitir documentos fiscales sin incluir los siguientes requisitos: Clave de Autorización de impresión (CAI) y fecha limite de emisión….”- CONSIDERANDO (9): Que el nuevo organismo recaudador, SAR, es una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, que según su marco legal tiene autonomía. Que se debe manifestar que la Empresa Nacional Portuaria mantiene una deuda con la Administración Tributaria, no obstante, se le ha permitido la emisión de documentos fiscales (facturas), en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Sala de lo Constitucional, sin embargo el recurrente mediante acción de amparo procura acreditar que la Administración Tributaria ha actuado fuera de sus facultades.- CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el ò las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. En este caso, todo lo anterior nace con una decisión administrativa emitida por escrito y debidamente notificada.- CONSIDERANDO (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta la pretensión de la parte recurrente, sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido.- CONSIDERANDO (13): Que si bien es cierto, consta la facultad sancionatoria de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en su momento y ahora del Servicio de Administración de Rentas, también es cierto que éste no puede ser ilimitado. Sus decisiones siempre deben ser dictadas por escrito, como lo manda la Ley de Procedimiento Administrativo, no deben ser dictados sin explicación, que es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso; facilitando de esta manera el derecho a la defensa.- CONSIDERANDO (14): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular.-"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata evidentemente de la vulneración al debido proceso, al proceder a bloquear el Registro Tributario Nacional de la Empresa Nacional Portuaria, acto que no se tramito por medio del proceso administrativo sancionador previo, por lo que es procedente OTORGAR el presente recurso de amparo"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 64 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, a favor de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)contra actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), consistentes en la Denegación de Impresión de un Bloque de Facturas, en el Sistema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.-Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los derechos y garantías consignados en los artículos 64, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, interponiendo recurso de amparo, a favor de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)contra actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), consistentes, según el recurrente en:“… los actos arbitrarios e ilegales perpetrados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través de sus funcionarios, mediante los cuales, en pleno abuso de poder y sus facultades de forma inmediata y sin emitir acto administrativo alguno se ordenó la denegación de Impresión del siguiente Bloque de Facturas, en el Sistema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a la Empresa Nacional Portuaria (ENP), siendo tangibles los daños y perjuicios ocasionados al quejoso, así como la evidente violación de los derechos y garantías fundamentales, quebrantando el ordenamiento jurídico vigente en el país.”- 2) Que en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por admitido el recurso de amparo, ordenándose librar comunicación a la autoridad recurrida, para que en el término de un día hábil remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo (Folio 21 del recurso de amparo)- 3) Que en fecha uno de abril de dos mil dieciséis, la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS(DEI), remitió el informe correspondiente, la cual se adjunta una copia de un informe suscrito por la Jefa de Facturación y remitido a la Secretaria General de la DEI, en el cual informa entre otros punto siguiente: Que la Empresa Nacional Portuaria, se suscribió al Régimen de Facturación el día treinta de abril de dos mil quince, y sus solicitudes de facturación fueron realizados de la siguiente manera: a) El 4 de mayo de 2015, realizó su primer solicitud en la cual se autorizaron facturas, notas de débito, notas de crédito, comprobantes de retención y guías de remisión, a un plazo de nueve meses, por tener incumplimientos tributarios. b 14 de mayo del 2015 la Empresa Nacional Portuaria realizó su segunda solicitud, en la cual se le autorizaron los mismos documentos, también a un plazo de nueve meses, pero condicionada la cantidad de documentos fiscales, por persistir los incumplimientos tributarios. c) En fecha 2 de febrero de dos mil dieciséis, realizaron una nueva solicitud de documentos fiscales, la cual fue denegada, en vista de persistir los incumplimientos tributarios, por lo cual a esa fecha habían mantenido bloqueado del sistema de facturación a la Empresa Nacional Portuaria, en vista de los persistentes incumplimientos tributarios. Recalca dicho informe, que ante la persistencia de los incumplimientos tributarios la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en uso de sus facultades, procedió a limitar la autorización de impresión. En vista de que la Empresa Nacional Portuaria tenía bloqueado el acceso al Sistema de Régimen de Facturación, esta presentó la solicitud de prórroga para poder facturar con la facturación anterior, mediante el expediente No. 321-16-11000-1138 presentado el cuatro de febrero de dos mil dieciséis en la Administración Regional Noroccidental, para lo cual la Sección de Facturación y la Gerencia General autorizaron dicha prórroga por un plazo de diez días a partir del 16 de febrero de 2016. Concluye dicho informe que la Empresa Nacional Portuaria, ha sido bloqueada por la Administración Tributaria de conformidad a lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo No. 189-2014 y sus reformas. (Véase folios 73 y 74 del recurso de amparo)- 4) Que en fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando dar vista al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 106 de la pieza de amparo).- 5) Que con fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, y por emitido su dictamen, en el cual es del parecer que “SE DENIEGUE Y SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIA, virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado…”. (Folio 161 del recurso de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 con relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que en la garantía constitucional de amparo que ahora se conoce, promovida por el abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, a favor de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) contra actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), la vulneración alegada consiste en la Denegación de Impresión de un Bloque de Facturas, en el Sistema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo que a juicio del impetrante, constituye una violación en perjuicio de su representado de los derechos y garantías consignados en los artículos 64, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (4): Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relativo a la remisión de los antecedentes o en su defecto informe, la oficina del Servicio de Administración de Rentas (SAR) en fecha 14 de febrero de 2017, informó que: El Tribunal Supremo emitió el auto de fecha 09 de agosto de 2016 en el cual se declara con lugar la suspensión provisional del acto reclamado en la acción de amparo interpuesta contra la denegatoria por parte del SAR a la Empresa Nacional Portuaria (ENP), cuya consecuencia es efectuar la impresión de un bloque de facturas en el sistema de dicha dirección ejecutiva. En ese sentido, manifiesta dicha entidad estatal, que en cumplimiento a lo mandado por la Sala de lo Constitucional, el SAR giró la instrucción a través del memorándum CPAT-092-2016 (ver folio 149 p. de amparo), así como varias instrucciones subsiguientes, desde la ejecución de la medida hasta la fecha, ordenando la autorización para impresión de un bloque de facturas a la Empresa Nacional Portuaria, petición que se le otorgó y sobre la cual se le ha concedido tres prorrogas (varios bloques de facturas), siendo la última solicitud en fecha 23 de enero de 2017, la cual fue resuelta autorizándole la emisión de documentos fiscales por un plazo de 3 meses, es decir hasta el 13 de mayo de 2017.- CONSIDERANDO (5): Que no obstante lo anterior, el peticionario de amparo, al mismo tiempo solicita el desbloqueo del Sistema de Facturación, desbloqueo impuesto, según lo manifiesta el SAR, en vista de que la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), mantiene obligaciones pendientes con el Fisco adeudando la cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 40/100 (L. 419,604,180.40), generada por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que le ha causado grandes perjuicios a1 Estado de Honduras. Manifiesta el SAR, que por la disposición de esta Sala de lo Constitucional de admitir el amparo con suspensión del acto reclamado, se le ha autorizado la impresión de un bloque de facturas, aún y cuando el obligado tributario mantiene obligaciones pendientes con el Fisco, lo que trae como consecuencia la afectación de su comportamiento tributario y el condicionamiento de la autorización de emitir documentos fiscales (facturas).- CONSIDERANDO (6): Que el artículo 1 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. El artículo 2 de la misma ley señala que para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señala que los actos de la Administración Pública sujetos al derecho Administrativo se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite y su fecha, salvo que la ley, las circunstancias y la naturaleza del acto exijan o permitan una forma distinta. Que constituye parte esencial del alegato en la interposición de esta acción de amparo, el hecho de que la administración pública, a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, ejecutó actos que le causan perjuicio a su representado, sin haber atendido los requisitos exigidos por el artículo 23, es decir, se ordenó denegar la impresión del bloque de facturas a la Empresa Nacional Portuaria, sin haber plasmado dicha decisión por escrito y con la debida motivación, indicando la autoridad que los emite y su fecha.- CONSIDERANDO (8):Que consta en autos, que la administración pública, mediante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y posteriormente, el Servicio de Administración de Rentas (SAR), creado mediante los Decretos ejecutivos PCM 083-2015 y PCM 084-2015, han autorizado la prórroga de los documentos fiscales que peticiona la Empresa Nacional Portuaria, siendo la última a partir del trece de febrero hasta el trece de mayo de dos mil diecisiete, que consta a folio 155 de la pieza de amparo. Este hecho en atención a la decisión de esta Sala de lo Constitucional, quien estimó admitir la acción constitucional de amparo con suspensión del acto reclamado, por lo que la recurrente, Empresa Nacional Portuaria, por el período de casi un año ha estado funcionando utilizando los documentos fiscales necesarios emitidos por el SAR. No obstante lo anterior, a folio 155 de la pieza de amparo consta, una nota emitida por el Director Regional Centro Sur del SAR y dirigida al apoderado legal de la empresa recurrente, en la cual le indica con claridad y precisión “…Para ello su representada procederá a emitir documentos fiscales sin incluir los siguientes requisitos: Clave de Autorización de impresión (CAI) y fecha limite de emisión….”- CONSIDERANDO (9): Que el nuevo organismo recaudador, SAR, es una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, que según su marco legal tiene autonomía. Que se debe manifestar que la Empresa Nacional Portuaria mantiene una deuda con la Administración Tributaria, no obstante, se le ha permitido la emisión de documentos fiscales (facturas), en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Sala de lo Constitucional, sin embargo el recurrente mediante acción de amparo procura acreditar que la Administración Tributaria ha actuado fuera de sus facultades.- CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el ò las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. En este caso, todo lo anterior nace con una decisión administrativa emitida por escrito y debidamente notificada.- CONSIDERANDO (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta la pretensión de la parte recurrente, sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso ha sucedido.- CONSIDERANDO (13): Que si bien es cierto, consta la facultad sancionatoria de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en su momento y ahora del Servicio de Administración de Rentas, también es cierto que éste no puede ser ilimitado. Sus decisiones siempre deben ser dictadas por escrito, como lo manda la Ley de Procedimiento Administrativo, no deben ser dictados sin explicación, que es la manera de justificar cómo se valoran los hechos y el criterio jurídico seguido en el caso; facilitando de esta manera el derecho a la defensa.- CONSIDERANDO (14): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se de continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular.- CONSIDERANDO (15): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, de lo expuesto en los considerandos anteriores se evidencia que se trata evidentemente de la vulneración al debido proceso, al proceder a bloquear el Registro Tributario Nacional de la Empresa Nacional Portuaria, acto que no se tramito por medio del proceso administrativo sancionador previo, por lo que es procedente OTORGAR el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 62, 89, numeral 1) y 90 de la Ley del Tribunal Superior de cuentas; 133, 156 y 157 de su Reglamento, FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado DAGOBERTO RIVAS AGUILAR, a favor de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) contra actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), a efecto que se le restituyan los derechos a la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), rehabilitando su Registro Tributario Nacional; sin perjuicio que el Servicio de Administración de Rentas, dicte una resolución por escrito en base a sus leyes aplicables, pero, apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia, misma que deberá ser debidamente notificada. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0149-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL