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Sentencia AA-1356-14 — Registro 12120

Resumen

Resolución DI No.032-2014 suspendió de oficio el beneficio de jubilación a favor de recurrente por incurrir en causa de incompatibilidad legal al recibir una asignación económica por jubilación y por otro lado salario como retribución de actividad laboral como empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social de forma simultánea; conforme a la ley se deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses correspondientes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se colige que la relación existente entre los amparista e INJUPEMP, no es una relación laboral, que implique el derecho de unos de recibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, en esta relación no es aplicable la normativa que los amparistas consideran que se les ha violado, ya que la relación existente entre ellos se regulo, como se verá a continuación por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo. El artículo 60 del mismo cuerpo legal, vigente hasta el doce (12) de Mayo del dos mil catorce (2014) (Decreto 138-11) es decir que estuvo vigente al momento en que se dictó la resolución impetrada, señalaba: "Ninguna persona que haya sido jubilado o pensionada por el Sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomos y Semi-autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de los cantidades indebidamente percibidos." El espíritu de esta norma es igualmente recogida en el artículo 83 del Decreto 357-2013 que contiene la nueva Ley del Institutito de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP)"...Resulta un hecho evidente y además admitido por los Amparistas, quienes pese a estar gozando de acuerdo a ley, del beneficio de jubilación por parte de INJUPEMP, mantienen en la actualidad una relación laboral y perciben un salario mensual como empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social es un órgano Descentralizado, este hecho se constituye en una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en consecuencia de acuerdo al artículo 84 que refiere: "En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de Jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo." Como consecuencia la suspensión del beneficio realizado de oficio por INJUPEMP y por las causas expresamente en la ley, no vulnera ninguna de las garantías Constitucionales a las que los recurrentes hacen referencia en su petición de Amparo..."..."En el presente caso resulta evidente que estamos ante una acción que fue interpuesto después del término concedido, ya que las resoluciones en donde se ordenó la suspensión del beneficio fueron conocidas por los Amparistas a partir del momento en que no se les acreditó la pensión mensual, es decir a más tardar en el mes de mayo de 2014, sin embargo no hicieron las impugnaciones administrativas correspondientes y acudieron a esta Sala hasta seis (6) meses después, es decir que fueron hechos consentidos y ejercitaron la acción fuera del término señalado en el artículo 48..."..."en la presente acción existe una causa de inadmisibilidad, por lo que procede sobreseer el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 15 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 357-2013, art. 83 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, art. 84 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los señores JOSE FRANCISCO ZELAYA REYES, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MONCADA, RAFAEL MOJICA ZUÑIGA Y HOMERO MOISES RIVERA RODRIGUEZ, a favor de SI MISMOS, contra las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEM), en relación a la suspensión de la jubilación realizada por dicha autoridad a partir del mes de mayo de dos mil catorce (2014) a los señores JOSE FRANCISCO ZELAYA REYES, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MONCADA, RAFAEL MOJICA ZUÑIGA Y HOMERO MOISES RIVERA RODRIGUEZ. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se ha violentado en su perjuicio los artículos 59, 60, 64, 65, 82, 90, 127, 128, 145 y 165 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil catorce, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, los señores JOSE FRANCISCO ZELAYA REYES, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MONCADA, RAFAEL MOJICA ZUÑIGA Y HOMERO MOISES RIVERA RODRIGUEZ, interponiendo recurso de amparo, a favor de SI MISMOS contra actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), consistentes según los recurrentes a la Resolución que suspende de manera unilateral, ilegal y arbitraria de su jubilación a partir del mes de mayo de 2014, la que constituye un derecho adquirido, que no puede ser afectado, y que desconoce el número de acta o disposición de la Dirección que haya motivado unilateralmente el acto que se reclama. (Folios del 1 al 9 del recurso de amparo) 2) Que en fecha seis (6) de enero de dos mil quince (2015), esta Sala admitió el recurso de mérito con suspensión provisional del acto reclamado, librando comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días remitiera un informe circunstanciado del mismo o los antecedentes del caso. 3) Que en fecha veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016) el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina remitió el informe solicitado, en el cual se desprende lo siguiente: a) Que los referidos señores, gozaban de una jubilación voluntaria, misma que fue aprobada en su oportunidad por las autoridades del INJUPEMP; b) Que los señores JOSE FRANCISCO ZELAYA REYES, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MONCADA, RAFAEL MOJICA ZUÑIGA Y HOMERO MOISES RIVERA RODRIGUEZ fueron suspendidos el seis (6) de mayo del dos mil catorce (2014); c) Que en los casos particulares de los señores JOSE FRANCISCO ZELAYA REYES, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MONCADA, RAFAEL MOJICA ZUÑIGA Y HOMERO MOISES RIVERA RODRIGUEZ, la suspensión se produjo en el marco de la vigencia de la Ley anterior del INJUPEMP, motivo por el cual se emitió la resolución DI N.-032-2014, a efecto de instruir a las dependencias del Instituto se realizara a propuesta el procedimiento a seguir para la suspensión y la reactivación oportuna de las jubilaciones de acuerdo a la nueva Ley de INJUPEMP, por lo que tal resolución estaba orientada además, bajo qué condiciones debían reintegrarse al Instituto los valores cobrados por concepto de jubilación más los intereses correspondientes, a aquellos participantes que hubieren percibido pensión de jubilación y salario de forma simultánea; d) Que la situación presentada por los mencionados señores, según el artículo 60 de la Ley anterior del INJUPEMP, es causa de incompatibilidad al apercibir una asignación económica en concepto de jubilación y por otro lado el salario como retribución de actividad laboral desarrollada como empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de forma simultánea, lo que no solo dio lugar a la suspensión de pagos conforme al artículo, sino también a exigir la inmediata cancelación del cargo y en su caso la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, de igual manera la nueva ley regula dicha incompatibilidad.(Folios del 31 al 33 la pieza de amparo) 4) Que en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenando dar vista de los autos al Fiscal del Despacho del Ministerio Público. 5) Que en fecha dos (2) de julio de dos mil quince (2015), se tuvo por evacuado y por emitido el dictamen del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Agente Fiscal de Defensa de la Constitución del Ministerio Público, en el cual concluye que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERNADO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo contra las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEM), en relación a la suspensión de la jubilación realizada por dicha autoridad a partir del mes de mayo de dos mil catorce (2014) a los señores JOSE FRANCISCO ZELAYA REYES, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MONCADA, RAFAEL MOJICA ZUÑIGA Y HOMERO MOISES RIVERA RODRIGUEZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes se establece en su escrito de interposición del amparo que los recurrentes acuden a esta instancia aduciendo que la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva del Institutito de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) se les han vulnerado las garantías contenidas en los artículos 59, 60, 64, 65, 82, 90, 127, 145, 148, y 165 de la Constitución de la República; a lo que refiere el Artículo 2 en su numeral 20 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) define como "Pensión: Renta pagada con periodicidad mensual al participante o beneficiario que tengo derecho de conformidad o la Ley." El numeral 15 establece lo que es "Participante: Toda persona que por virtud de la Ley es protegido por el Instituto o mantiene expectativas de reingreso." Y finalmente el numeral 3 señala que: "Beneficiarios: Toda persona o personas que directa o indirectamente reciban beneficios de El Instituto." De estas definiciones se colige que la relación existente entre los amparista e INJUPEMP, no es una relación laboral, que implique el derecho de unos de recibir un salario mensual por una labor desarrollada y de parte del otro a pagarla, en consecuencia, en esta relación no es aplicable la normativa que los amparistas consideran que se les ha violado, ya que la relación existente entre ellos se regulo, como se verá a continuación por medio de la Ley Especial sobre Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo. El artículo 60 del mismo cuerpo legal, vigente hasta el doce (12) de Mayo del dos mil catorce (2014) (Decreto 138-11) es decir que estuvo vigente al momento en que se dictó la resolución impetrada, señalaba: "Ninguna persona que haya sido jubilado o pensionada por el Sistema podrá desempeñar cargos remunerados en Dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial o Instituciones Autónomos y Semi-autónomas, excepto los cargos de elección popular logrados mediante elección de primer grado. La contravención a este artículo, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión o jubilación sin perjuicio de que el Instituto deba exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de los cantidades indebidamente percibidos." El espíritu de esta norma es igualmente recogida en el artículo 83 del Decreto 357-2013 que contiene la nueva Ley del Institutito de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) establece: "Todos las prestaciones otorgadas por esta ley son independientes de cualquier otro recurso económico o ingreso que posean sus titulares y los únicos incompatibilidades con su disfrute, son el ejercicio profesional de los Jubilados y Pensionados en cargos del Sector Público. De esto último se exceptúan aquellos casos en que los Jubilados desempeñen cargos de elección popular. En este caso el Jubilado no cotizará al INJUPEMP ni a ningún otro Instituto de Seguridad Social que signifique un aumento a la cuantía de la pensión percibida." Resulta un hecho evidente y además admitido por los Amparistas, quienes pese a estar gozando de acuerdo a ley, del beneficio de jubilación por parte de INJUPEMP, mantienen en la actualidad una relación laboral y perciben un salario mensual como empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Seguridad Social es un órgano Descentralizado, este hecho se constituye en una incompatibilidad de acuerdo a la ley, en consecuencia de acuerdo al artículo 84 que refiere: "En los casos que el Directorio dictamine la existencia de incompatibilidad, ya sea de oficio o a petición de parte, la jubilación debe ser suspendida por El Instituto, por el tiempo que dure la incompatibilidad; al finalizar la misma, se debe habilitar el beneficio con el mismo valor percibido al momento de producirse la incompatibilidad, más la revalorización que corresponda. Los participantes que hubieren percibido pensión y salario en forma simultánea deben reintegrar a El Instituto los valores cobrados por concepto de Jubilación más los intereses que correspondan, de conformidad a lo que establezca el reglamento respectivo." Como consecuencia la suspensión del beneficio realizado de oficio por INJUPEMP y por las causas expresamente en la ley, no vulnera ninguna de las garantías Constitucionales a las que los recurrentes hacen referencia en su petición de Amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Por otro lado de acuerdo al artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: "Es inadmisible el recurso de amparo: l)....;2).....; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6)....; 7) ...; 8)...; 9) ....; El órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad". En el presente caso resulta evidente que estamos ante una acción que fue interpuesto después del término concedido, ya que las resoluciones en donde se ordenó la suspensión del beneficio fueron conocidas por los Amparistas a partir del momento en que no se les acreditó la pensión mensual, es decir a más tardar en el mes de mayo de 2014, sin embargo no hicieron las impugnaciones administrativas correspondientes y acudieron a esta Sala hasta seis (6) meses después, es decir que fueron hechos consentidos y ejercitaron la acción fuera del término señalado en el artículo 48 que expresa: "La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión gue, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle". Por lo cual en la presente acción existe una causa de inadmisibilidad, por lo que procede sobreseer el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 60, 64,65, 82, 90, 127, 128, 145, 165, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 60 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo (Decreto 138-11); 2 numeral 3), 15), y 20) y 83 de la Ley de el Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo (Decreto 357-2013); 8 y 84 de la Ley del Seguro Social (Decreto 80-2001); 1, 2, 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 46 numeral 3), 4) y 5), 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los señores JOSE FRANCISCO ZELAYA REYES, ENRIQUE ADOLFO CRUZ MONCADA, RAFAEL MOJICA ZUÑIGA Y HOMERO MOISES RIVERA RODRIGUEZ, a favor de SI MISMOS, contra las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEM), en relación a la suspensión de la jubilación realizada por dicha autoridad a partir del mes de mayo de dos mil catorce (2014). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1356-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

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