Sentencia AA-135-14 — Registro 12097
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró sin lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. DGBN-010-2012-E, emitida por la Dirección General de Bienes Nacionales mediante la cual se establece el avaluó del valor del Justiprecio a pagar en concepto de indemnización a los dueños de los inmuebles expropiados, en virtud de la Expropiación Forzosa por causa de necesidad pública de inmuebles que ocupan treinta (30) asentamientos humanos a nivel nacional
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Como se ha expresado en otras ocasiones, las aseveraciones que hacen los que acuden en procura de amparo, enfrentan la carga procesal de argumentar y acreditar lo manifestado en el escrito de formalización. Otro argumento que aduce el petente consiste en el señalamiento de que el inmueble que le fuera expropiado a su poderdante no está comprendido en los supuestos que señalan los artículos 77 y 78 de la Ley de Propiedad. Esto tampoco corresponde ser dilucidado ante la jurisdicción constitucional, sino que son pretensiones que deben ser resueltas por los órganos de instancia de la jurisdicción ordinaria… Por lo que no queda duda de que el acto de carácter general denominado: Decreto ejecutivo número PCM-018-2012 es eficaz, en virtud de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 de la Ley de procedimiento administrativo, los cuales por su orden, establecen: “Artículo 32.El acto de carácter general, como un decreto o reglamento, adquiere eficacia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".” “Artículo 33.La publicación producirá los efectos de la notificación, respecto de las personas para las que no fuere exigible la notificación personal.”Para aclarar este punto la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la notificación personal opera cuando la Administración Pública se manifiesta mediante resoluciones, que no es el caso de autos. En todo caso consta en autos que se ha dado cumplimiento por parte de la administración pública a lo establecido con relación a la notificación del acto que manda la expropiación, reglada de manera especial por el artículo 80 de la Ley de Propiedad, que literalmente establece:“La notificación de la declaratoria de expropiación del inmueble podrá hacerse personalmente o mediante el empleo de medios de comunicación masiva con presencia a nivel nacional.” Para la Sala de lo Constitucional, muestra de la eficacia de la comunicación que ha existido entre la administración pública y la sociedad mercantil denominada Empresa Laboral de la Vivienda S. de R.L. de C.V., durante el proceso de expropiación forzosa y avalúo, es que ésta última no ha perdido ocasión de impugnar los actos administrativos en forma oportuna.En virtud de todo lo anteriormente apuntado con relación a la violación de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso legal, este alto tribunal de justicia encuentra que los motivos que se alegan para su amparo no son de recibo. En cuanto al derecho de propiedad, cabe señalar que es un derecho cuyo reclamo o defensa debe hacerse ante los órganos de instancia de la jurisdicción ordinaria. Por otra parte la Constitución de la República en defensa del derecho de propiedad privada, le impone al Estado obligaciones; unas de carácter positivo al disponer en el artículo 103 que el Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social; otras de carácter negativo como la prohibición de confiscar bienes o de afectar la propiedad por causa de algún delito político, tal como lo establece en el artículo 105; como también la prohibición de privar a las personas de su propiedad, artículo 106 constitucional. Sin embargo con relación a la confiscación o la limitación de la propiedad, la misma Constitución de la República en los artículos citados 103 y 106, dispone que el Estado tenga la potestad para proceder de manera excepcional a la expropiación o la limitación de derecho de propiedad, por motivos de necesidad o de interés público; siempre y cuando cumpla los requisitos contenidos en el artículo 106 constitucional, siguientes: a)La necesidad o interés público deberá ser calificada por la ley o por resolución fundada en ley. b)Previa indemnización justipreciada.En virtud de lo cual, la propiedad no es un derecho ilimitado o imperturbable, sino que de acuerdo a lo prescrito por la Constitución admite casos de afectación. No obstante es importante recalcar que la protección de la propiedad en primer término, debe ser ejercitado ante la jurisdicción ordinaria. De manera que en el presente caso, los requisitos formales que demanda la Constitución, han sido observados. A la sazón se dio cumplimiento con el requisito que exige causa de necesidad e interés público, se hizo de conformidad con la Ley de Propiedad incluyendo la forma en que se procedió al justiprecio del inmueble. Constando que algunos de estos elementos ya han sido impugnados por el ahora amparista por las vías que ofrece el procedimiento administrativo y la jurisdicción ordinaria."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 103 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 106 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 322 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 32 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 33 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Propiedad, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Propiedad, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO a favor de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA, S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. DGBN-010-2012-E, emitida por la Dirección General de Bienes Nacionales, de fecha uno de octubre del año dos mil doce, mediante la cual se establece el avaluó del valor del Justiprecio a pagar en concepto de indemnización a los dueños de los inmuebles expropiados, en virtud de la Expropiación Forzosa por causa de necesidad pública de inmuebles que ocupan treinta (30) asentamientos humanos a nivel nacional, de los cuales se encuentra la Colonia Nueva Esperanza ubicada en la Ciudad de Comayagüela del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, de conformidad al Decreto Ejecutivo No. PCM-018-2012 de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,884 de fecha veintiocho de julio del año dos mil doce. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil doce, la Dirección General de Bienes Nacionales, dictó providencia mediante la cual resolvió: “Dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-018-2012 de fecha 19 de junio de 2012 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,884 de fecha 28 de julio del 2012 mediante el cual el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros declaró la expropiación forzosa por causa de necesidad pública de inmuebles que ocupan treinta (30) asentamientos humanos a nivel nacional, de los cuales se encuentra la Colonia Nueva Esperanza ubicada en la Ciudad de Comayagüela del Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y siendo que ésta Dirección General de Bienes Nacionales tiene la atribución de continuar con éste proceso de regularización de inmuebles por necesidad pública de conformidad al artículo 82 de la Ley de Propiedad hasta la emisión de la resolución mediante la cual se establezca el justiprecio a pagar en concepto de indemnización a los dueños de los inmuebles expropiados, iníciese de oficio éste proceso de la COLONIA NUEVA ESPERANZA, con la publicación del AVISO DE NOTIFICACIÓN en un medio de comunicación masiva a fin de que los presuntos propietarios y los pobladores procedan a acreditar su representante dentro de los tres días naturales siguiente a la publicación del mismo.” (Folio uno (1) de la pieza de instancia administrativa). 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Dirección General de Bienes Nacionales, en fecha un de octubre del año dos mil doce, dictó la Resolución No. DGBN-010-2012-E mediante la cual resolvió: “PRIMERO: De conformidad con el Dictamen de Avaluó presentado por la Comisión Evaluadora, el valor del Justiprecio de la Colonia Nueva Esperanza es de VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS POR METRO CUADRADO (L.29.72 M2). SEGUNDO: La presente resolución deberá ser notificada a las partes mediante un medio de comunicación masiva. Contra la presente resolución solamente podrá interponerse el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con competencia en el lugar donde se ubiquen los bienes inmuebles dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución de lo contrario, la misma quedará firme.” (Folios cincuenta y dos (52) y cincuenta y tres (53) de la pieza de instancia administrativa). 3) Que en fecha trece de noviembre del año dos mil doce, compareció ante la Dirección General de Bienes Nacionales, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA, S. DE R.L. DE C.V., interponiendo Recurso de Apelación contra la Resolución No. DGBN-010-2012-E de fecha uno de octubre del año dos mil doce, que establece el avaluó de un inmueble indebidamente expropiado mediante procedimiento de regularización predial. (Folios cincuenta y seis (56) al cincuenta y nueve (59) de la pieza de instancia administrativa). 4) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil doce, la Dirección General de Bienes Nacionales, dictó providencia mediante la cual resolvió: “Admítase el escrito que antecede mediante el cual se interpone recurso de apelación contra la resolución No. DGBN-010-2012-E. interpuesto por Oscar Orlando Sevilla Castro actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada Empresa Laboral de la Vivienda, S. de R.L. de C.V., contra el justiprecio establecido para la Colonia Nueva Esperanza expropiada por causa de necesidad pública de conformidad al Decreto Ejecutivo PCM-018-2012 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,884 de fecha 28 de julio de 2012, en consecuencia en cumplimiento al artículo 82 numeral 4, remítanse las presentes diligencias a la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que en el término señalado resuelva lo pertinente.” (Folio doscientos cuarenta y nueve (249) de la pieza de instancia administrativa). 5) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA, S. DE R.L. DE C.V., la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, dicto Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Empresa Laboral de la Vivienda, S. de R.L. de C.V..- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución número DGBN-010-2012-E de fecha uno de octubre del dos mil doce, emitido por la Dirección General de Bienes, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre agregada a folios número cincuenta y dos (52) al cincuenta y tres (53) inclusive de la pieza principal llevada en estrados administrativos.-” (Folios cuatro (04) al seis (06) de la pieza de segunda instancia). 6) Que el recurrente Abogado (sic) OSCAR “OLANDO” SEVILLA CASTRO compareció ante este alto Tribunal, en fecha doce de febrero del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA, S. DE R.L. DE C.V., por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 106, 321 y 323 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce. 7) Que en fecha quince de mayo del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 82, 90, 106, 321 y 323 de la Constitución de la República. El petente de amparo señala que la resolución dictada en fecha diecisiete de enero de dos mil trece por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta los artículos 82, 90, 106, 321 y 323 de la Constitución de la República. A continuación se hace un resumen del concepto de la violación desarrollada por el censor en su escrito de formalización. 1. Con fecha diecinueve de junio de dos mil doce el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el decreto ejecutivo número PCM-018-2012, mediante el cual se ordena la expropiación forzosa por causa de necesidad pública de varios inmuebles, entre los cuales para efectos de la presente garantía se destaca específicamente el ubicado en la zona de Tiloarque, Comayagüela, municipio del Distrito Central e inscrito a favor de la empresa laboral de la Vivienda S. de R.L. de C.V., bajo el número 47 del tomo 662 del Registro de la propiedad, hipotecas y anotaciones preventivas de este departamento de Francisco Morazán. Señala el petente que la expropiación se ordena bajo el falso argumento de que sobre este inmueble se han apostado asentamientos humanos. Seguidamente explica que si bien, el inmueble fue invadido en el año 1981 por pobladores de una colonia clandestina y contigua, denominada “Nueva Esperanza”, fue realmente en el tiempo en que su representada desarrollaba el proyecto habitacional denominado “Residencial Marbella.” Adicionalmente el petente reclama que el decreto de expropiación se fundamentó en que la invasión del inmueble se debió a la alta presión social de tenencia de tierra para vivienda; pero que en realidad se debió como estrategia política de quien presidía el entonces Concejo Metropolitano del Distrito Central. Señala que de hecho la autoridad fue quien propició la invasión y que desde entonces es que su representada ha venido enfrentando sendas contiendas administrativa y judicial en contra de la municipalidad capitalina. Encontrándose actualmente en trámite de apelación una demanda contenciosa administrativa con la que se reclama una indemnización por daños y perjuicios promovida ante la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en contra de la Comuna en mención. 2. El censor señala que ha impugnado el decreto de expropiación antes mencionado porque al no estar comprendido el inmueble propiedad de su poderdante en los supuestos que señalan los artículos 77 y 78 de la Ley de Propiedad; asimismo por no haber sido citada ésta durante el proceso de expropiación. Asevera que dicho decreto es violatorio del derecho de propiedad, así como del de defensa, debido proceso y de legalidad, tutelados por nuestra Constitución. 3. Manifiesta que sin estar firme el decreto de expropiación, la Dirección General de Administración de Bienes Nacionales, dependencia de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas (SEFIN), mediante la resolución número DGBN-010-2012 de fecha uno de octubre de dos mil doce, valoró cada metro cuadrado del inmueble ilegalmente expropiado en veintinueve lempiras con setenta y dos centavos. El censor califica este valor de ilegal y confiscatorio, además de que no cubre siquiera el diez por ciento de su valor real. 4. Dicha resolución o sea la que fijó el justiprecio fue apelada ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, el trece de noviembre de dos mil doce, con base en el artículo 82, numeral cuatro literal a) de la Ley de Propiedad. En apelación el censor señala que reclamó que la resolución del justiprecio era ilegal, “ridícula”, e improcedente; esto último porque se pronunciaba sin antes tomar en cuenta que la indemnización misma estaba siendo reclamada judicialmente, debiéndose esperar el resultado del reclamo para poder proceder al avalúo. 5. No obstante lo alegado, la mencionada corte de apelaciones declaró sin lugar el recurso y confirmó la resolución número DGBN-010-2012 de fecha uno de octubre de dos mil doce. 6. Es entonces cuando el petente acude en amparo reclamando que la decisión del tribunal de alzada violenta entre otros derechos, el artículo 82 constitucional porque no le fueron notificados a la sociedad mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA S. DE R.L. DE C.V., los actos de los procedimientos utilizados para: a) la emisión del decreto de expropiación forzosa en referencia; y b) la emisión de la resolución de avalúo del inmueble expropiado. De esa manera se le negó la posibilidad de ejercitar su derecho de defensa. Por otro lado se violentó el debido proceso porque se procedió al avalúo sin estar firme el decreto de expropiación. Luego señala que se trasgredió el artículo 106 constitucional porque con la emisión del decreto de expropiación forzosa emitido en Consejo de Ministros se afectó ilegalmente el derecho de propiedad de la mencionada sociedad mercantil. Finalmente expone que con la emisión del decreto de expropiación y la resolución de avalúo, el Consejo de Ministros, la Dirección de Administración Nacionales dependiente de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas y por último la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, violentaron los artículos 321 y 323 de la Constitución, específicamente el principio de legalidad con el cual se garantiza el deber de que todo funcionario público, en cada uno de los actos que emite por el ejercicio de sus funciones, lo haga de conformidad con la ley. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. El acto impugnado del cual se pide amparo es la sentencia proferida por unanimidad de votos en fecha diecisiete de enero de dos mil trece, por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual confirma al haberse declarado sin lugar la apelación interpuesta en contra de la resolución número DGBN-010-2012E de fecha uno de octubre de dos mil doce emitido por la Dirección General de Bienes Nacionales. La corte de apelaciones argumenta su decisión, expresando lo siguiente: 1. Mediante decreto ejecutivo PCM-018-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintiocho de julio de dos mil doce, el Presidente de la República en Consejo de Ministros declaró la expropiación forzosa por causa de necesidad pública, entre otros, los terrenos que ocupan a colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. 2. Consta en el expediente administrativo que para establecer el justiprecio de los terrenos que contienen los asentamientos humanos de la colonia Nueva Esperanza, fue designada una comisión evaluadora para el nombramiento de tres peritos de conformidad con el artículo 82 reformado de la Ley de la Propiedad. Se nombraron los peritos siguientes: Yeni Patricia Tróchez en representación de la Dirección General de Bienes Nacionales; Manuel Adalid Ortega Solís en representación de los propietarios designados por la entidad antes mencionada; y Víctor Antonio Cruz Maradiaga en representación de los pobladores. Se señaló el día miércoles veintiséis de septiembre de dos mil doce a la una de tarde, para efectuar el avalúo previa notificación de esto a los peritos y de su nombramiento para su aceptación y demás efectos legales. 3. La comisión de peritos emitió la correspondiente evaluación técnica pero al no haber consenso en la valoración de los predios fue establecido con base en el artículo 82-A de la Ley de Propiedad el valor de veintinueve lempiras con setenta y dos centavos por metro cuadrado. 4. Obtenido el justiprecio, la Dirección General de Bienes Nacionales emitió la resolución que se conoce en apelación. Dicha resolución fue debidamente publicada el ocho de noviembre de dos mil doce, tal como lo prescribe la ley en uno de los diarios que tiene circulación nacional. 5. Expresa la corte que se ha seguido el procedimiento establecido en la ley[4] para la determinación del pago de la indemnización justipreciada, sin violentarse el ordenamiento jurídico, protegiendo los derechos de los involucrados en el procedimiento. 6. Con relación al alegato del apelante de que se encuentra pendiente de resolución la demanda que fue promovida en jurisdicción contenciosa administrativa en contra de la corporación municipal del Distrito Central, el tribunal de alzada señala que de los hechos alegados y los documentos acompañados no se desprende de que la misma tenga por objeto oponerse a la determinación de un justiprecio, sino a la indemnización de daños y perjuicios, de manera que no corresponde estimar la apelación en virtud de dicho alegato, ya que la naturaleza jurídica de lo reclamado judicialmente es distinto al recurso de apelación de mérito. 7. En virtud de todo lo anterior la corte de apelaciones fue del criterio de que se confirmara la resolución número DGBN-010-2012E dictada en fecha uno de octubre de dos mil doce por la Dirección General de Bienes Nacionales. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen del dictamen elaborado por el Ministerio Público. En fecha doce de mayo de dos mil catorce, el fiscal Roger Ludovico Matus Zelaya presentó dictamen en relación con la presente garantía constitucional de amparo, concluyendo que éste debe ser denegado en virtud de los argumentos que a continuación se resumen. Con relación al derecho de defensa el fiscal apunta que el amparista acudió en un principio a la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo para obtener la modificación de la resolución dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales, pretensión que en opinión del fiscal fue desestimada correctamente, porque en el procedimiento que le originó se respeto el artículo 82 de la Ley de Propiedad, es decir el inicio de la ejecución de forma oficiosa del decreto ejecutivo PCM-018-2012; asimismo se realizaron las publicaciones que manda la ley, dando lugar con ello a que el amparista tuviera la posibilidad de nombrar su perito y participar en la fijación del justiprecio del terreno expropiado. Señalando además que de esta manera el afectado no ejercitó ese derecho. Seguidamente el fiscal firma que el justiprecio fue elaborado en la forma que prescribe la ley por lo que no hubo violación del debido proceso. Refiriéndose al argumento de que no se podía emitir la resolución DGBN-010-2012-E en vista de que estaba pendiente de resolverse el recurso de casación que el amparista planteó en la demanda ordinaria entablada ante la jurisdicción contenciosa administrativa[5], el fiscal observa que el objeto de dicha demanda, no contenía entre sus pretensiones oponerse al justiprecio de la propiedad, sino básicamente a la orden de indemnización por daños y perjuicios por parte de la alcaldía municipal del Distrito Central, la cual no es competente para determinar el justiprecio de conformidad a lo que dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad. Finalmente el fiscal hace patente que aunque el amparista ha manifestado que su representada tiene impugnada por la vía administrativa el decreto ejecutivo PCM-018-2012, el cual ordena la expropiación de su terreno y que por ello éste no se puede ejecutar, es un hecho que no fue acreditado durante el proceso, por lo tanto no se puede tener certeza de este extremo. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Este alto tribunal de justicia al examinar las presentes diligencias, estima que la sentencia impugnada dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no conculca los artículos de la carta magna, citados como infringidos en la presente garantía constitucional de amparo. Para llegar a esa decisión, la Sala va analizando uno a uno los argumentos del petente. A continuación se expone el resultado del estudio practicado por este alto tribunal de justicia. El primero de ellos refiere que la expropiación fue ordenada en virtud de una falsedad. Esto lo explica el censor señalando que la invasión del inmueble no se debió como se expresó en el decreto de expropiación a la alta presión social de tenencia de tierra para vivienda, sino por razones políticas de quien presidía el entonces Concejo Metropolitano del Distrito Central. Es más acusa a dicha autoridad de haber propiciado la invasión.Lo anterior además de ser una cuestión que no concierne directamente a la jurisdicción constitucional, sino que es un asunto de justicia ordinaria; es una aseveración del petente sin acreditar, por lo que la Sala no entra a considerarlo. Como se ha expresado en otras ocasiones, las aseveraciones que hacen los que acuden en procura de amparo, enfrentan la carga procesal de argumentar y acreditar lo manifestado en el escrito de formalización. Otro argumento que aduce el petente consiste en el señalamiento de que el inmueble que le fuera expropiado a su poderdante no está comprendido en los supuestos que señalan los artículos 77 y 78 de la Ley de Propiedad[6]. Esto tampoco corresponde ser dilucidado ante la jurisdicción constitucional, sino que son pretensiones que deben ser resueltas por los órganos de instancia de la jurisdicción ordinaria. Por otra parte consta que a diferencia de lo que expone el garantista, el decreto ejecutivo número 018-2012 señala en los considerandos que lo fundamentan que la expropiación forzosa se hace de conformidad al artículo 77 de la Ley de Propiedad, estableciendo que su objeto es la necesidad pública, por lo que se procede a la regularización predial de los asentamientos humanos establecidos hasta el año dos mil seis y en los que no pueda establecerse claramente la titularidad de los mismos o existen disputas con terceros no poseedores respecto a su dominio. Asimismo dicho decreto en la parte que se señala, hace constar que para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Propiedad, la Dirección general de regularización predial citó por dos medios de comunicación masiva a las personas que han expresado tener pretensiones sobre esos inmuebles, a sus representantes legales, apoderados administrativos o judiciales, a los representantes de los patronatos de esos asentamientos humanos y en general a cualquier otra persona o su representante legal que pueda tener pretensiones sobre los inmuebles que ocupan esos asentamientos humanos o que pudieran ver afectados sus intereses legítimos o derechos subjetivos a audiencias conciliatorias llevada a cabo en diferentes fechas, en distintos lugares del país. Se señala finalmente en dicho decreto que mediante diferentes declaratorias de regularización, la Dirección general de regularización predial, dependencia del Instituto de la Propiedad procedió a la regularización de los bienes inmuebles que ocupan entre otros asentamientos humanos el denominado Nueva Esperanza, en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central. Visto todo lo argumentado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en la fundamentación del decreto ejecutivo que se ha mencionado, procede que los interesados procedan a la impugnación de dicho acto administrativo, en la forma que previene la ley. También reclama el censor de que no hubo notificación para que se procediera al procedimiento de nombramiento de peritos; constando en autos que la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas publicó en el Diario La Tribuna de fecha viernes veintiuno de septiembre de dos mil doce la notificación dirigida a los representantes de los asentamientos humanos y a los presuntos propietarios para que dentro del término de tres días a partir de esa fecha presentaran sus peritos nombrados, bajo la advertencia que de no hacer dicho nombramiento se haría por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales; aclarando además que de conformidad a lo expuesto por el artículo 82 reformado de la Ley de Propiedad, el perito que represente a los propietarios deberá ser nombrado en conjunto por la totalidad de los propietarios de los inmuebles expropiados. En forma seguida, el petente reclama que a su poderdante, sociedad mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA S. DE R.L. DE C.V., le fue violentado el derecho de defensa por parte del tribunal de apelación, el cual se encuentra contenido en el artículo 82 constitucional; debido a que dicho tribunal dictó su resolución desestimatoria sin tomar en cuenta que su poderdante no fue citada durante el proceso de expropiación, refiriéndose específicamente a los procedimientos utilizados para la emisión del decreto de expropiación forzosa en referencia y la emisión de la resolución de avalúo del inmueble expropiado. Con relación a este punto este alto tribunal de justicia comprueba que el decreto ejecutivo número PCM-018-2012 de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,884 de fecha veintiocho de julio de dos mil doce. Además observa que de esta forma entra en vigencia, tal como lo establece el artículo 4 de dicho decreto ejecutivo.De manera que se dio fiel cumplimiento a lo prescrito en el artículo 255 constitucional que literalmente dice: “Los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter general, serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta y su validez se regulará conforme a lo dispuesto en esta Constitución para la vigencia de la ley.”[7] Por lo que no queda duda de que el acto de carácter general denominado: Decreto ejecutivo número PCM-018-2012 es eficaz, en virtud de lo dispuesto por los artículos 32 y 33 de la Ley de procedimiento administrativo, los cuales por su orden, establecen: “Artículo 32.El acto de carácter general, como un decreto o reglamento, adquiere eficacia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".” “Artículo 33.La publicación producirá los efectos de la notificación, respecto de las personas para las que no fuere exigible la notificación personal.”Para aclarar este punto la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la notificación personal opera cuando la Administración Pública se manifiesta mediante resoluciones, que no es el caso de autos.[8]En todo caso consta en autos que se ha dado cumplimiento por parte de la administración pública a lo establecido con relación a la notificación del acto que manda la expropiación, reglada de manera especial por el artículo 80 de la Ley de Propiedad, que literalmente establece:“La notificación de la declaratoria de expropiación del inmueble podrá hacerse personalmente o mediante el empleo de medios de comunicación masiva con presencia a nivel nacional.”Para la Sala de lo Constitucional, muestra de la eficacia de la comunicación que ha existido entre la administración pública y la sociedad mercantil denominada Empresa Laboral de la Vivienda S. de R.L. de C.V., durante el proceso de expropiación forzosa y avalúo, es que ésta última no ha perdido ocasión de impugnar los actos administrativos en forma oportuna.En virtud de todo lo anteriormente apuntado con relación a la violación de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso legal, este alto tribunal de justicia encuentra que los motivos que se alegan para su amparo no son de recibo. En cuanto al derecho de propiedad, cabe señalar que es un derecho cuyo reclamo o defensa debe hacerse ante los órganos de instancia de la jurisdicción ordinaria. Por otra parte la Constitución de la República en defensa del derecho de propiedad privada, le impone al Estado obligaciones; unas de carácter positivo al disponer en el artículo 103 que el Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social; otras de carácter negativo como la prohibición de confiscar bienes o de afectar la propiedad por causa de algún delito político, tal como lo establece en el artículo 105; como también la prohibición de privar a las personas de su propiedad, artículo 106 constitucional. Sin embargo con relación a la confiscación o la limitación de la propiedad, la misma Constitución de la República en los artículos citados 103 y 106, dispone que el Estado tenga la potestad para proceder de manera excepcional a la expropiación o la limitación de derecho de propiedad, por motivos de necesidad o de interés público; siempre y cuando cumpla los requisitos contenidos en el artículo 106 constitucional, siguientes: a)La necesidad o interés público deberá ser calificada por la ley o por resolución fundada en ley. b)Previa indemnización justipreciada.En virtud de lo cual, la propiedad no es un derecho ilimitado o imperturbable, sino que de acuerdo a lo prescrito por la Constitución admite casos de afectación. No obstante es importante recalcar que la protección de la propiedad en primer término, debe ser ejercitado ante la jurisdicción ordinaria. De manera que en el presente caso, los requisitos formales que demanda la Constitución, han sido observados. A la sazón se dio cumplimiento con el requisito que exige causa de necesidad e interés público, se hizo de conformidad con la Ley de Propiedad incluyendo la forma en que se procedió al justiprecio del inmueble. Constando que algunos de estos elementos ya han sido impugnados por el ahora amparista por las vías que ofrece el procedimiento administrativo y la jurisdicción ordinaria. Otra cuestión más, con relación al hecho de que existiera una demanda o un recurso pendiente en contra del decreto de expropiación, la Sala de lo Constitucional se adhiere al criterio del Ministerio Público y de la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, quienes fueron de la opinión, de que no era óbice para que la autoridad, Dirección General de Administración de Bienes Nacionales, dependencia de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas (SEFIN), dictara la resolución número DGBN-010-2012 de fecha uno de octubre de dos mil doce, en virtud de que entre las pretensiones deducidas ante los órganos jurisdiccionales no se encuentra la que corresponde propiamente a la valuación o puesta de un justiprecio a los bienes sujetos a expropiación. Sumado a ello, la Sala toma en cuenta la presunción de legalidad de los actos administrativos, principio que permite tenerles por válidos y eficaces hasta que sea declarado lo contrario en sede administrativa o judicial. Con relación a la decisión de la corte de apelaciones que desestimó la pretensión de impugnar la valoración o justiprecio que se hizo del inmueble que origina la presente garantía de amparo, cabe señalarse que la jurisdicción constitucional no puede tener como objeto de conocimiento, determinar si el justiprecio es ilegal o improcedente, puesto que como ya se ha expresado antes, esto corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia. El ámbito de competencia de la Sala debe limitarse única y exclusivamente a los supuestos comprendidos en el artículo 183 constitucional.Por otra parte la denuncia de un vicio que deba ser objeto de amparo constitucional, impone al denunciante la carga procesal de acreditarlo mediante pruebas y argumentos. No bastando por tanto, el simple enunciado o denuncia de ilegalidad o improcedencia, esto en caso de que un hecho, acto o resolución pudiera provocar la contravención, disminución o tergiversación de un derecho fundamental reconocido por la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos suscrito por Honduras.Finalmente con relación al principio de legalidad que se encuentra presente en los artículos 321 y 323 constitucionales, este alto tribunal de justicia ya ha establecido que la garantía de amparo debe circunscribirse a los supuestos que ofrece el artículo 183 constitucional; de allí que no le corresponde hacer defensa en sí de la ley a menos que esto conlleve la contravención, disminución o tergiversación de un derecho fundamental.En todo caso, en el presente asunto, el censor se ha limitado a enunciar la violación del principio de legalidad, sin hacer ninguna relación con la violación de un derecho reconocido constitucionalmente o instrumento internacional de derechos humanos que sea parte de nuestro derecho interno; razón suficiente para denegar dicho motivo de amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; artículos 32, 33 y 87 de la Ley de procedimiento administrativo; 119 de la Ley general de administración pública: FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo que interpuso el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO a favor de la sociedad mercantil denominada EMPRESA LABORAL DE LA VIVIENDA S. DE R.L. DE C.V., contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con asiento en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. DGBN-010-2012-E de fecha uno de octubre del año dos mil doce emitida por la Dirección General de Bienes Nacionales, mediante la cual se establece el justiprecio a pagar en concepto de indemnización a los dueños de los inmuebles afectados en virtud de la expropiación forzosa por causa de necesidad pública de inmuebles que ocupan treinta asentamientos humanos a nivel nacional, en uno de los cuales se encuentra la Colonia Nueva Esperanza ubicada en la ciudad de Comayagüela del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, de conformidad al decreto ejecutivo No. PCM-018-2012 de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,884 de fecha veintiocho de julio del año dos mil doce. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDAIA ALVAREZ SAGASTUME .- RAFAEL BUSTILLO ROMERO Firma y Sello CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES.- RECEPTOR ADSCRITO Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal bajo el Numero 0135=2014
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículos 82 reformado, 83, 84 y 88 de la Ley de Propiedad.
[5] En dicha demanda se pretendía que fuera declarada la ilegalidad y nulidad del acto administrativo, alegando infracción de las formalidades que impone la Ley de Municipalidades y la Ley de Procedimiento Administrativo. También se pretendía que se declara que hubo exceso y desviación de poder. Sumado a la solicitud del reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su pleno restablecimiento; además de la adopción de las medidas necesarias como: Condena al pago por impacto económico derivado de la invasión a una urbanización, costo del terreno no urbanizado (2da. etapa); afectación del terreno con un área de 76,015 varas cuadradas, pago de daños y perjuicios ocasionados a la Empresa Laboral de la Vivienda S. de R.L. de C.V. por no permitir el desarrollo de la urbanización denominada Marbella, más los intereses comerciales calculados desde la fecha en que se produjo la invasión hasta el pago efectivo.
[6] Vid. artículos 77 y 78 de la Ley de Propiedad que por su orden disponen: “Artículo 77. Se declara de necesidad pública la regularización la propiedad en inmuebles en los que se encuentren asentamientos humanos establecidos desde antes del 1 de junio de 1999 y concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Que no sea posible establecerse quien es su legitimo propietario en vista de alegarse varios títulos de propiedad; y/o, 2. Que la titularidad o validez de esos derechos de propiedad sea disputada, judicial o extrajudicialmente, por terceros ajenos a estos asentamientos humanos.” “Artículo 78. Asimismo, también podrá declararse de necesidad pública la regularización de la propiedad en inmuebles en las que se den conjuntamente las circunstancias siguientes: 1. Certeza mediante documento indubitado, sobre la propiedad de un inmueble en el que se encuentren asentamientos humanos contra la voluntad de su propietario desde antes del 1 de junio de 1999; 2. Sentencia firme como resultado de una acción reivindicatoria condene al poseedor a restituirla y; 3. Que transcurridos dos años de haber sido dictada la sentencia firme no haya sido ejecutada.”
[7] Vid. artículo 119 de la Ley general de la Administración Pública, que en su último párrafo dispone: Los decretos, así como los acuerdos del Presidente de la República y de los secretarios de estado, serán publicados en el Diario Oficial” La Gaceta”.
[8] Vid. artículo 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que expresa: “Las resoluciones se notificarán personalmente en el plazo máximo de cinco días, a partir de su fecha; las providencias, cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos días.”