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Sentencia AA-1316-14 — Registro 8706

Resumen

Resolución impugnada que rechaza escrito de impugnación en relación a procedimiento de notificación de Pliego de Responsabilidad Civil en contra de impetrante ,originada de Auditoría practicada a Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(14): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a saber y conocer el pliego de responsabilidad civil deducido a su representada, manifestación específica del derecho de defensa, establecido dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (15): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (18): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, específicamente el derecho a la defensa, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA el fallo que literalmente dice:”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, a favor de la señora LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, en relación al Informe No. 004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, en el cual se le formula Pliego de Responsabilidad Civil No. 001-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A correspondiente a la auditoría especial originada de la Auditoría Financiera practicada al Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (HRN-IHSS). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el derecho de defensa y el debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, mediante Oficio Presidencial No. MJBR/TSC-261-2013, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas, se procedió a remitir a la señora LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE, en su condición de Ex Jefe de Almacén Regional del Hospital Regional del Norte (HRN), del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Pliego de Responsabilidad Civil No. 001-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, el cual corresponde a la Auditoría Especial originada de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal practicada al Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social(HRN-IHSS), por el período comprendido del 01 de enero de 2010 al 30 de enero de 2012, según el Informe de Auditoría No.004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, en el que se evidenciaron situaciones irregulares por la cantidad de cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y cinco lempiras con noventa y cuatro centavos (L.495,245.94) más los intereses respectivos calculados a la tasa máxima activa promedio que aplique el sistema Financiero Nacional hasta la fecha en que se efectúe el pago de la responsabilidad antes mencionada. (Folio 03 de la pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, la Secretaria del Tribunal Superior de Cuentas, informó que en fecha veinticinco de junio del año dos mil catorce, a través de un diario de circulación nacional, fue notificada en legal y debida forma a la ciudadana LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE, el Pliego de Responsabilidad Civil No. PRC 001-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, sin que la referida señora haya hecho uso de su derecho de impugnar el mismo; en consecuencia, se tuvo por caducado e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar para impugnar el mismo, y en vista de no haber sido impugnado el referido pliego, se ordena remitir el expediente a la Dirección Legal de dicho Ente Contralor, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 73 de la pieza de los antecedentes) 3) Que en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en su condición de Apoderado Judicial de la señora LAURA CRITINA CALERO ANDONIE presentó escrito solicitando se proceda y ordene la notificación del informe No. 004-2012-DASS-HRN-IHSS-A en el cual se formula responsabilidad civil número 003-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, en la cual dicho Tribunal, en la misma fecha emitió resolución en la cual Resolvió: (Sic) “Rechácese el escrito de impugnación que antecede por extemporáneo, en virtud de que el Pliego de Responsabilidad Civil No. 001-004-2014-DASS-HRN-IHSS-A le fue notificado a la ciudadana LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE, mediante publicación efectuado en un diario de circulación Nacional en fecha 26 de junio de 2014, siendo la fecha máxima para proceder a impugnar el pliego en referencia el 06 de agosto de 2014, en consecuencia estese a lo ordenado en la providencia de fecha 12 de agosto de 2014…” (Folio 81 al 91 de la pieza de los antecedentes) 4) Que el recurrente Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de la señora LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE, por considerar que la resolución emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, es violatoria del derecho de defensa y debido proceso, contenidos en el artículo 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha dos de julio del año dos mil quince. 5) Que con fecha veintisiete de julio del año dos mil quince, se tuvo por evacuado y emitido el dictamen del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente recurso de amparo, por no existir ultraje al artículo constitucional denunciado por el Amparista. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 316 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo y artículo 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo promovida por el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO a favor de la señora LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, mediante la cual se rechaza el escrito de impugnación presentado por el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en relación al Pliego de Responsabilidad Civil No. 001-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, en contra de la señora LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE. CONSIDERANDO (4): Que expresa el recurrente que el Honorable Tribunal Superior de Cuentas, como consecuencia de un auditoria especial practicada al Hospital Regional del Norte Instituto Hondureño de Seguridad Social (HRN-IHSS), resulto un informe en el cual se formula responsabilidad civil en contra de la doctora Bessy Arely Alvarado Sorto y Laura Cristina Calero Andonie; continúa manifestando el recurrente que en el Tribunal Superior de Cuentas, no es los primeros informes resultantes de auditorías practicadas en contra de Laura Cristina Calero Andonie, quien fungió en un corto tiempo como Jefe Regional del Almacén y existen, por haber sido notificada conforme al lugar su domicilio, las debidas impugnaciones que se tramitan actualmente. Sostiene el impetrante que el derecho de defensa es inviolable, al efecto el Tribunal Superior de Cuentas no ha seguido el procedimiento establecido para proceder a la notificación de Laura Cristina Calero Andonie, cuando perfectamente se sabe su dirección de su domicilio al tener copias de su contrato de trabajo y como se indico que anterioridad ya ha sido citada y notificada de informes. CONSIDERANDO (5): Que en relación a la notificación, ésta tiene que ser de manera personal, indica el recurrente, en la Secretaría del Tribunal Superior de Cuentas, conforme lo establecido en el Artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en relación al Artículo 94 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, de lo anterior no hizo diligencia alguna el Tribunal para su practica, arguye el impetrante. Si el Tribunal obvia lo anterior, deberá hacer la notificación mediante cédula, la cual no es mas que hacerle entrega en el domicilio ya conocido o en el lugar de trabajo, en caso de no encontrarse la persona a quien se le debe hacer la notificación, pues se hace mediante notificación o comunicación subsidiaria, es decir se deja por notificada mediante cédula que se le entrega a la persona que se encuentre en el domicilio y que sea mayor o al jefe inmediato en el lugar del trabajo, conforme ya lo establece el artículo 95 del Reglamento general de la Ley Orgánica del Tribunal superior de Cuentas, éste derecho no lo agotó el Tribunal, lo cual viola el derecho de defensa, porque se conoce perfectamente el domicilio de su mandante, sostiene el pedidor, y la empleada delegada debió realizar dicha diligencia mediante ordenanza del Tribunal. CONSIDERANDO (6): Que en refuerzo a la acción constitucional impetrada, en relación a la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, el recurrente manifiesta que su representada con fecha siete de octubre del año dos mil trece ingresó a los Estados Unidos de América –folio 6 del pasaporte- y con fecha nueve de octubre del año dos mil trece por razones de sus estudios superiores llegó a España en donde permaneció por espacio de diez meses y es hasta el seis de agosto del año dos mil catorce que sale de Madrid a los Estados Unidos de América –folio 11 del pasaporte- y con fecha ocho de agosto del año dos mil catorce es cuando ingresa a Honduras –folio 11 del pasaporte-; sostiene el recurrente que en la providencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, proferida por el Tribunal, se indica que no se le da la oportunidad de que Laura Cristina Calero Andonie, pueda proceder dentro del término a formular impugnación contra el informe que determina responsabilidad civil, porque se alega que con fecha veintiséis de junio de dos mil catorce se le notificó mediante publicación en un diario de circulación nacional y cuyo término venció el seis de agosto de dos mil catorce, siendo evidente que su representada no se encontraba en el país, por consiguiente no pudo haber visto la publicación. CONSIDERANDO (7): Que la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, en fecha veintidós de julio del año dos mil catorce, emitió dictamen, en el que concluye que la acción de amparo promovida No se Otorgue; arguye el Agente Fiscal del Ministerio Público que el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas establece: “De igual manera se le notificarán personalmente o por cualquiera de los medios que señala el Artículo 89 de esta Ley, los hechos que den lugar a los reparos o responsabilidades en que hayan incurrido los servidores públicos que laboren en la entidad u órgano”; asimismo el Agente del Ministerio Público señala el artículo 89 de la referida ley en relación a las notificaciones, e indica que en base a dicho artículo el Tribunal Superior de Cuentas, procedió a notificar en el diario La Tribuna, el pliego de responsabilidad civil número 001-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A a Laura Cristina Calero Andonie, quien se desempeñó como Jefe de Almacén Regional del Hospital regional del Norte (HRN), observando que en el presente caso del artículo 93 al 99 del Reglamento del Tribunal Superior de Cuentas referente a las notificaciones se señala la forma en que se pueden realizar, sin indicar que alguna de ellas sea requisito para proceder a realizar las demás, en consecuencia no es de recibo el argumento del Amparista que refiere a que para tener por válida la notificación realizada en base al artículo 89 numeral 4 de la Ley, se debieron agotar los mecanismos precedentes en los numerales del 1 al 4 del mismo artículo. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente indica en la exposición de su acción constitucional que se ha quebrantado el derecho de defensa y el debido proceso, ambos derechos fundamentales contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, los que establecen en su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; asimismo el artículo 90 indica: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en relación a las notificaciones señala: “NOTIFICACIONES. Las notificaciones podrán efectuarse por cualquiera de los medios siguientes: 1) Notificación personal en las oficinas del Tribunal; 2) Cédula de notificación entregada en el domicilio, residencia o lugar de trabajo de la persona a notificar; 3) Correo certificado, presumiéndose que se ha recibido la notificación desde la fecha del comprobante de entrega; y, 4) Mediante publicación en un diario de circulación nacional; en este caso los efectos de la notificación se comenzarán a contar a partir del día siguiente de su publicación. Si la persona que debe ser notificada se encontrare en el extranjero, la notificación se efectuará por conducto de un representante diplomático o consular de la República de Honduras. –lo subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (10): Que del estudio de los autos, se observa que el recurrente en Amparo se presentó al Tribunal Superior de Cuentas solicitando se proceda a ordenar la notificación del Informe No. 004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, mediante el cual se formula responsabilidad civil No. 001-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, a su representada la señora Laura Cristina Calero Andonie, quien se desempeñó como Jefe de Almacén Regional en el Hospital Regional del Norte (HRN) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), acompañando a la solicitud copia del pasaporte de la señora Laura Cristina Calero, debidamente autenticado, con el que acredita que en la fecha en que le fue notificado el pliego de responsabilidad civil en el Diario la Tribuna en fecha veinticinco de junio del año dos mil catorce, su representada se encontraba fuera del país, lo que resultaba en la imposibilidad de enterarse de tal notificación y como consecuencia ejercer su derecho a la defensa. CONSIDERANDO (11): Que el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter;…”, la Corte ha desarrollado el derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones[1]; la Corte también se ha pronunciado en forma mas completa que el derecho a ser oído implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama. Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido[2]. CONSIDERANDO (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO (13): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el investigado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e interponer los recursos que franquea la ley, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso.CONSIDERANDO (14): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a saber y conocer el pliego de responsabilidad civil deducido a su representada, manifestación específica del derecho de defensa, establecido dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO (15): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aun en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional en el recurso de amparo 125-14, emitió sentencia en la cual manifiesta que para que pueda ampararse una situación de indefensión debe existir la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal. 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética. 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión. 4) Deber ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo. 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional o administrativo. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (18): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, específicamente el derecho a la defensa, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 89, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, a favor de la señora LAURA CRISTINA CALERO ANDONIE, contra la Resolución de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil catorce (2014), emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, debiendo dictar nueva resolución en la que se le brinde al recurrente en amparo la posibilidad y el derecho de notificarle y conocer el pliego de responsabilidad civil No.001-004-2012-DASS-HRN-IHSS-A, asimismo la posibilidad de impugnar dicho pliego de responsabilidad civil. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, certificación del fallo de fecha doce de septiembre del año dos mil diecisiete recaída en el recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1316=2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, Pág. 181.

[2] Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, pág. 122.