Sentencia AA-126-17 — Registro 8713
Resumen
Sentencia sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones emitidas por el Centro Universitario San Isidro y Senado de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) que aplicó sanción de cancelación condicionándolo a que pida perdón de manera escrita o verbal privado o pública por actos no determinados para continuar estudios en dicho centro educativo de lo contrario no podrá matricularse
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala con lo anterior (y siguiente) pretende cuestionar si realmente esta dentro de las facultades privadas del derecho administrativo con carácter punitivo, sancionar acudir a las vias democraticas y legimimas de nuestro Estado Constitucional de Derecho..."..."El procedimiento tiende a cumplir dos objetivos, el primero de ellos es comprobar fehacientemente si se ha cometido algún ilícito y, en segundo lugar, asegurar al presunto infractor, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, dado que estamos en un país democratico, con una Constitución que no solo limita el poder público, sino que tambíen otorga un estándar de cláusulas que posee todo habitante del país en cualquier situación que no puede ser vulneradas por los demás, concluye este interprete final de la Constitución que la emisión de una sanción administrativa sin la participación activa del acusado conlleva su nulidad absoluta..."..."en el caso sub judice no se advierte que el quejoso tenga medios de defensa administrativos que le permitan contravenir la decisión del Senado de la UNICAH, pues aunque exista una instancia de mayor jerarquia, la sanción comenzo a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la perdida de su derecho a la educación, además aunque exista el claustro universitario en la UNICAH, este tiene una convocatoria extraordinaria de al menos de tres veces al año, por lo que no es una entidad permanente que pueda eficazmente asegurar la tutela del derecho del quejoso teniendo una normativa que sancione concretamente lo que se realizó..."..."se hace un llamado de atención al A-Quem por no haber otorgado la suspensión del acto reclamado, en vista de la notoria afectación a los derechos del agraviado, en vista de que al haberse suspendido la medida se pudo garantizar que el estudiante se nivelara en sus cursos y pruebas correspondientes, debiendo aplicar la UNICAH ahora las medidas más agiles posible para que el quejoso pueda cumplir con los requisitos para finalizar sus estudios..."..."la Sala es del criterio porque se Revoque la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlantida, de veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, que Sobresee la Garantía de Amparo interpuesto por el abogado José María Castillo Hidalgo, a favor del ciudadano Ricardo Alfredo Castillo Danilov, debiendose declarar Con Lugar la garantia de Amparo para asegurar el reintegro del ciudadano Castillo Danilov a sus actividades académicas, debiendose abstener la UNICAH a seguir afectando el proceso educativo del actor por instar a las autoridades públicas a que conozcan de sus peticiones, derecho consagrado en nuestra Constitución, asimismo la UNICAH deberá de realizar todas las acciones tenientes a garantizar a que el estudiante Castillo Danilov se ponga al día con sus obligaciones académicas, no estando obligado a pagar por servicios prestados o no recibidos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 18 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de mayo del dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintitrés (23) de enero del dos mil diecisiete (2017), que sobresee la acción de amparo interpuesta por el abogado José María Castillo Hidalgo, a favor del ciudadano Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra actuaciones de la Directora del Centro Universitario San Isidro y del Senado de la Universidad Catolica De Honduras (UNICAH); en relación a la orden verbal dada en fecha veintiséis (26) de septiembre, de la resolución del Senado de fecha quince (15) de julio, así como de la resolución del recurso de apelación que fue notificada el nueve (9) de agosto, todas de dos mil dieciséis (2016), en la cual se establece como condición para que el estudiante Ricardo Alfredo Castillo Danilov pueda seguir estudiando, que pida perdón de manera escrita o verbal, privada o pública por actos no determinados, ya que de lo contrario no podrá volver a matricular, ni podrá continuar con sus estudios en dicho centro de educación. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en el artículo 82, 90, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado José María Castillo Hidalgo, interponiendo recurso de amparo a favor del Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra la orden o mandato verbal efectuados en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por la señora Blanca Lorena Talbott, en su condición de Directora del Campus San Isidro de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), por la cual estableció como condición para que el estudiante Ricardo Alfredo Castillo Danilov pueda estudiar en la UNICAH, que pida perdon de manera escrita o verbal, privada o publica por actos NO DETERMINADOS ya que de lo contrario NO PODRA VOLVER A MATRICULARSE ni podrá continuar sus estudios en dicho centro de educación. (Folios No. 1 al 9 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia mediante la cual FALLA: “1.- SOBRESEEER el Recurso de Amparo interpuesto por don JOSE MARIA CASTILLO HIDALGO actuando a favor de don RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV contra la resolución verbal pronunciada en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis por doña BLANCA LORENA TALBOTT en su condición de Directora del Centro Universitario San Isidro de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ (UNICAH). (Folios No. 101 al 103 de la pieza de la Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO(2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado José María Castillo Hidalgo, a favor de Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra las actuaciones de la Directora del Centro Universitario San Isidro y del Senado de la Universidad Catolica De Honduras (UNICAH); en relación a la orden verbal dada en fecha veintiséis (26) de septiembre, de la resolución del Senado de fecha quince (15) de julio, así como de la resolución del recurso de apelación que fue notificada el nueve (9) de agosto, todas de dos mil dieciséis (2016), en la cual se establece como condición para que el estudiante Ricardo Alfredo Castillo Danilov pueda seguir estudiando, que pida perdón de manera escrita o verbal, privada o pública por actos no determinados, ya que de lo contrario no podrá volver a matricular, ni podrá continuar con sus estudios en dicho centro de educación.-CONSIDERANDO (4): Que el Ad-Quem en su resolución en el párrafo de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, numeral segundo parte conducente, invoca que con relación a la procedencia de la acción de amparo, señalando que esta procede contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión de contrato u otra resolución válida; señala el Ad-Quem que “la redacción de dicho artículo permite considerar que nuestra legislación sobre justicia constitucional admite la acción de amparo contra particulares de manera restringida, para lo cual se deben observar los requisitos que se mencionan según sea el caso a saber; a) las sostenidas por fondos públicos, b) las que actúen por delegación de algún órgano del Estado n virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida; la exposición anterior es en virtud de que la presente acción de amparo fue interpuesta contra la directora del Campus San Isidro y contra el Senado la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), es decir una institución de Educación superior particular o privada, y por lo que a efectos de procedencia de la acción se tomó en cuenta: El artículo 160 de la Constitución de la República en la parte que nos interesa dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución Autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales”, casi en los mismos términos se pronuncia la Ley de Educación Superior en el artículo 2: “La Universidad Nacional autónoma de Honduras, como organismo autónomo y descentralizado del Estado, tiene a su cargo la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior, órganos… a)…; b) Consejo de Educación superior…; c) …;ch)”, El consejo de Educación superior según el artículo 17 tiene entre varias las atribuciones siguientes: b) aplicar esta ley, la de las universidades privadas o particulares, cualesquiera otros regímenes legales aplicables a la Educación superior c) Aprobar la creación y el funcionamiento de Centros de Educación Superior públicos o privados”, continuando con el hilo conductor de la idea transcribimos el artículo 1 de la Ley de Universidades Particulares: “Las Universidades particulares son instituciones de enseñanza superior y de educación profesional, cuya fundación y funcionamiento autoriza el Estado a iniciativa de particulares. Se rige por la presente Ley y por los Estatutos que se aprueben en el respectivo Acuerdo de Autorización”. (todo lo subrayado, negritas y cursivas no es del original). El entramada legal citado nos permite concluir que las universidades privadas o particulares proporcionan un servicio de educación y formación profesional superior del cual tiene exclusividad la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y para que otros centro educativo de este nivel pretenda y finalmente pueda realizar esta actividad exclusiva de la UNAH necesariamente debe ser encomendada, transmitida, autorizada o delegada por quien tiene esa exclusividad es decir la UNAH que ya leímos es una Institución Autónoma del Estado, tal autorización que se trasmite a través de una resolución en este caso, Acuerdo válido, y muy particularmente para la creación de la UNICAH, el Consejo de Educación Superior mediante Acuerdo No. 17-42-92 delegó a la UNICAH la facultad de educar y formar a nivel superior que es un servicio público, para finalmente formar parte del sistema educativo nacional, por lo que consideramos que si es procedente la Acción de Amparo contra la UNICAH como una Institución que actúa por delegación de un órgano del Estado como es la UNAH.-CONSIDERANDO (5): Que esta Sala de lo Constitucional para dar respuesta a este Amparo considera necesario ir precisando distintas aristas, siendo la primera de ella, su competencia para conocer de la presente acción, situación que ya ha sido contestada con claridad, pues si bien la UNICAH es una institución privada, su autorización de funcionamiento nace de un acto público y en cumplimiento de un mandato constitucional dado a la autoridad pública, es decir que es el Estado de Honduras a través de la UNAH quien debe de llevar a cabo el desarrollo de la educación superior, sin perjuicio de las libertades de inversión, iniciativa y de empresa que poseen todos los habitantes del Estado de Honduras para poder crear centro de educación superior si cumplen con todos los requisitos legales.-CONSIDERANDO (6): Que al revisar el informe sobre los antecedentes emitidos por el ente requerido por la Corte de Apelaciones se pueden constatar distintas aspectos, tales como de que al ciudadano Castillo Danilov se le había aplicado una sanción inicial por una publicación en una red social, que tuvo como sanción por parte del Senado de la Universidad, la suspensión de dos periodos academicos, pudiendose integrarse en septiembre de 2016, dicha notificación tiene como fecha el quince de julio de dos mil dieciseís. Posteriormente a ello, según consta también en los documentos acompañados por los requeridos, el quejoso acudio a instancias oficiales para hacer valer sus derechos frente a su centro de estudios, lo que según las normas internas en su artículo 16 inciso b) (Recurrir a instancias y medios externos antes de agotar lo interno, para solucionar conflictos o quejas) es considerado una falta muy grave, por lo que se le aplicó la respectiva sanción de cancelación o suspensión indefinida del alumno, notificada el nueve de agosto y dada según reconsideración del diecinueve de septiembre (ambas de dos mil dieciseís) una suspensión hasta que retire todos los procesos legales contra la UNICAH. (Ver Folios No. 11-17, 23, 24, 27, 28, 29 y 31 de la Pieza de Amparo).-CONSIDERANDO (7): Que al tenor de lo establecido en nuestro artículo 80 constitucional que establece que toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, se puede concluir que frente a la sanción inicial que se le impone al quejoso el decide hacer uso de su derechos establecidos en el artículo citando antes, lo que hizo que se volviera aun más gravosa su situación, constatandose una vulneración de alta intensidad de sus derechos constitucionales y del bloque de constitucionales como a continuación se ira desarrollando.-CONSIDERANDO (8): Que ésta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[1] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.-CONSIDERANDO (9): Que la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo dos (2) que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensas del orden jurídico constitucionales, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa privada, asimismo dice el mismo artículo que se interpreta y aplicara de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internaciones sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.-CONSIDERANDO (10): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra carta magna, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[2] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino tambien tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (11): Que ésta Sala ha establecido que el criterio de interpretación constitucional[3] de derechos fundamentales en “cuanto a los criterios de interpretación de estos derechos fundamentales. Existen tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales criterios especializados de interpretación,… 1.- Principio pro persona: el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. Este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho” indicando ésta Sala que en casos en que se este ante una antinomia de normas legales con tratados internacionales, los cuales son supralegales, situandose la colisión en torno al principio pro persona, “el Juez Constitucional está obligado a aplicar la norma nacional o internacional más beneficiosa para la persona, sin que ello implique desde el punto de vista jurídico, reconocerle mayor jerarquía normativa a los tratados respecto de la Constitución. Este principio, conocido como el de preferencia de normas, se encuentra recogido en el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”[4], esta máxima del derecho internacional se encuentra en nuestra constitución en su artículo 18, que determina que en caso de conflicto entre un tratado o convención con la ley, prevaleceran los dos primeros.-CONSIDERANDO (12): Que en el marco del Control de Convencionalidad esta Sala observa que en torno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana De Derechos Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita[5].-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala con lo anterior (y siguiente) pretende cuestionar si realmente esta dentro de las facultades privadas del derecho administrativo con carácter punitivo, sancionar acudir a las vias democraticas y legimimas de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Así como no se concibe una sentencia penal sin juicio, tampoco seria legitimo concretar la existencia de una sanción administrativa sin la sustanciación previa de un proceso administrativo. Siendo que toda sanción se formaliza medianto un acto administrativo privado o público, para cuya formación es necesaria la sustanciación previa de un proceso sancionario. El procedimiento tiende a cumplir dos objetivos, el primero de ellos es comprobar fehacientemente si se ha cometido algún ilícito y, en segundo lugar, asegurar al presunto infractor, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, dado que estamos en un país democratico, con una Constitución que no solo limita el poder público, sino que tambíen otorga un estándar de cláusulas que posee todo habitante del país en cualquier situación que no puede ser vulneradas por los demás, concluye este interprete final de la Constitución que la emisión de una sanción administrativa sin la participación activa del acusado conlleva su nulidad absoluta.-CONSIDERANDO (14): Que haciendo un dialogo jurisprudencial es preciso citar al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica Rodolfo E. Piza, quien manifiesta que cuando se confronten los principios constitucionales con normas de rango inferiores, como pueden ser actos administrativos, normas contractuales (públicas o privadas) o un acto privado, siendo el principio constitucional expresado, derivado, deducido de la Constitución o hasta de uno creado ex novo, la solución deberá ser siempre favorable a la vigencia del principio constitucional y la consecuencia será la nulidad o inaplicabilidad de la norma o acto administrativo o privado confrontando[6]. Para mayor desarrollo de estas ideas, nuestra constitución ha establecido en su artículo 320 que cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una legal ordinaria, los juzgadores deberán de aplicar la primera.- CONSIDERANDO (15): Que el Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1958 emitió el famoso Fallo Lüth sobre el efecto irradiador de los derechos fundamentales, establece que la dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la personalidad (la cual se desenvuelve en el interior de una comunidad social) forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye, a su vez, una decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para todas las esferas del derecho; así, este sistema de valores aporta directivas e impulsos al Poder Legislativo, a la Administración y a la Judicatura. Este influye por supuesto, también al derecho civil; ninguna disposición del derecho civil puede estar en contradicción con él, todas deben interpretarse en su espiritu. El contenido jurídico de los derechos fundamentales como normas objetivas se desarrolla en el derecho privado a través de las disposiciones que predominan directamenta en medio de ese campo del derecho[7].-CONSIDERANDO (16): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su función de interpretación y desarrollo del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que “el principio de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos”[8] de manera que, conforme ha sido señalado, no basta que el recurso esté previsto formalmente[9], sino que debe ser “capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”[10] dando respuesta a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes[11]. Sobre este aspecto la referida Corte ha indicado que el artículo 25 supone que el recurso sea adecuado, lo cual significa que la función de éste dentro del sistema del derecho interno debe ser idónea para proteger la situación jurídica infringida, por lo que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las particularidades del caso resulten ilusorias, como son las causas que no permitan al presunto lesionado el acceso al recurso judicial. Así ha clasificado la jueza Medina Quiroga la determinación de los recursos ineficaces siendo uno de ellos cuando: la falta de efectividad es específica para un caso, la negación por parte de los tribunales de atender la tutela judicial pretendida por los demandantes, configuraría en una garantía ilusoria de los derechos, dado que la norma Constitucional, que hace suyos los principios de interpretación y aplicación del Control de Convencionalidad[12], de manera que asegure una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO (17): Que para determinar la procedencia de la acción de Amparo se debe de observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe de ser resuelto por la autoridad más proxima en competencia, en este caso en primera instancia la UNICAH y en segundo la Corte de Apelaciones, otro principio que supone nuestra legislación es la definitividad del asunto, pero ello tiene sus limites cuando el quejoso no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar de que se disponen de medios juridicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Cuando existan esos otros medios judiciales se puede hablar de excepciones que justifican su procedibilidad, cuando a ese medio de defensa judicial idóneo, éste no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable de terminar de configurarse y cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados.-CONSIDERANDO (18): Que en el caso sub judice no se advierte que el quejoso tenga medios de defensa administrativos que le permitan contravenir la decisión del Senado de la UNICAH, pues aunque exista una instancia de mayor jerarquia, la sanción comenzo a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la perdida de su derecho a la educación, además aunque exista el claustro universitario en la UNICAH, este tiene una convocatoria extraordinaria de al menos de tres veces al año, por lo que no es una entidad permanente que pueda eficazmente asegurar la tutela del derecho del quejoso teniendo una normativa que sancione concretamente lo que se realizó.-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la educación es necesario para la efectividad de la cláusula general de igualdad tanto formal como material, pues permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda también íntima conexión con la dignidad humana y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social[13], debido a las anteriores caracteristicas es innegable el carácter fundamental del derecho a la educación, es por ellos que un servicio sobre este derecho debe de cumplir con al menos las garantías de asequilidad, accesabilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.-CONSIDERANDO (20): Que esta Sala comprende la autonomía de las universidades, principalmente si son privadas, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia[14] y el debate academico.- CONSIDERANDO (21): Que se hace un llamado de atención al A-Quem por no haber otorgado la suspensión del acto reclamado, en vista de la notoria afectación a los derechos del agraviado, en vista de que al haberse suspendido la medida se pudo garantizar que el estudiante se nivelara en sus cursos y pruebas correspondientes, debiendo aplicar la UNICAH ahora las medidas más agiles posible para que el quejoso pueda cumplir con los requisitos para finalizar sus estudios.-CONSIDERANDO (22): Que otro tema al cual se debe de referir este Tribunal consiste, como ya se ha expresado antes la relación entre el derecho penal con el derecho sancionatorio administrativo, visto ahora desde el ejercicio de la libertad de expresión, dado que la Corte observa que la imposición de responsabilidades ulteriores por el supuesto abuso en el ejercicio de dicho derecho solo sera admisible cuando sea necesario en una sociedad democratica, y ya ha expresado la Corte Interamericana que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, y entre las varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido, en este caso no es suficiente que se demuestre, que un reglamento cumple con un propósito útil u oportuno; para que sea compatible con nuestro doble estandár de Constitucionalidad y de control de convencionalidad, sino que las restricciones deben de justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo[15].-CONSIDERANDO (23): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido dos estándares de cómo interpretar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el primero denominado como el estándar democrático, que propone que la libertad de expresión es un valor que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de una sociedad democrática[16]; mientas que el estándar de las dos dimensiones, expresa que el contenido de la libertad de expresión no solo conlleva un aspecto individual del derecho, sino que también comprende un dimensión colectiva o social que debe de contener la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole[17]. Al respecto es importante conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado en establecer la relevancia de la libertad de expresión en la sociedad democrática: es sustento y efecto de ésta, instrumento para su ejercicio, garantía de su desempeño. Hay una relación evidente entre el despliegue de la expresión y el goce de la libertad. Estos conceptos informan diversos instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, en el doble plano universal y regional. El orden público democrático reclama, pues, la defensa de la libertad de expresión.-CONSIDERANDO (24): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se Revoque la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlantida, de veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, que Sobresee la Garantía de Amparo interpuesto por el abogado José María Castillo Hidalgo, a favor del ciudadano Ricardo Alfredo Castillo Danilov, debiendose declarar Con Lugar la garantia de Amparo para asegurar el reintegro del ciudadano Castillo Danilov a sus actividades académicas, debiendose abstener la UNICAH a seguir afectando el proceso educativo del actor por instar a las autoridades públicas a que conozcan de sus peticiones, derecho consagrado en nuestra Constitución, asimismo la UNICAH deberá de realizar todas las acciones tenientes a garantizar a que el estudiante Castillo Danilov se ponga al día con sus obligaciones académicas, no estando obligado a pagar por servicios prestados o no recibidos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 15, 18, 59, 63, 64, 68, 70, 72, 80, 82, 90, 97, 151, 160, 232, 303, 304, 313, 316 y 320 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8, 13 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 41, 46, 48, 68, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Primero: REVOCA la Sentencia de Amparo de fecha veintitrés (23) de enero del dos mil diecisiete (2017) venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que sobresee la acción. Segundo: Otorga el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José María Castillo Hidalgo, a favor del ciudadano Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra actuaciones de la Directora del Centro Universitario San Isidro y del Senado de la Universidad Catolica De Honduras (UNICAH). Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0126-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de mayo del dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de fecha veintitrés (23) de enero del dos mil diecisiete (2017), que sobresee la acción de amparo interpuesta por el abogado José María Castillo Hidalgo, a favor del ciudadano Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra actuaciones de la Directora del Centro Universitario San Isidro y del Senado de la Universidad Catolica De Honduras (UNICAH); en relación a la orden verbal dada en fecha veintiséis (26) de septiembre, de la resolución del Senado de fecha quince (15) de julio, así como de la resolución del recurso de apelación que fue notificada el nueve (9) de agosto, todas de dos mil dieciséis (2016), en la cual se establece como condición para que el estudiante Ricardo Alfredo Castillo Danilov pueda seguir estudiando, que pida perdón de manera escrita o verbal, privada o pública por actos no determinados, ya que de lo contrario no podrá volver a matricular, ni podrá continuar con sus estudios en dicho centro de educación. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en el artículo 82, 90, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado José María Castillo Hidalgo, interponiendo recurso de amparo a favor del Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra la orden o mandato verbal efectuados en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por la señora Blanca Lorena Talbott, en su condición de Directora del Campus San Isidro de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), por la cual estableció como condición para que el estudiante Ricardo Alfredo Castillo Danilov pueda estudiar en la UNICAH, que pida perdon de manera escrita o verbal, privada o publica por actos NO DETERMINADOS ya que de lo contrario NO PODRA VOLVER A MATRICULARSE ni podrá continuar sus estudios en dicho centro de educación. (Folios No. 1 al 9 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia mediante la cual FALLA: “1.- SOBRESEEER el Recurso de Amparo interpuesto por don JOSE MARIA CASTILLO HIDALGO actuando a favor de don RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV contra la resolución verbal pronunciada en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis por doña BLANCA LORENA TALBOTT en su condición de Directora del Centro Universitario San Isidro de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ (UNICAH). (Folios No. 101 al 103 de la pieza de la Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO(2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado José María Castillo Hidalgo, a favor de Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra las actuaciones de la Directora del Centro Universitario San Isidro y del Senado de la Universidad Catolica De Honduras (UNICAH); en relación a la orden verbal dada en fecha veintiséis (26) de septiembre, de la resolución del Senado de fecha quince (15) de julio, así como de la resolución del recurso de apelación que fue notificada el nueve (9) de agosto, todas de dos mil dieciséis (2016), en la cual se establece como condición para que el estudiante Ricardo Alfredo Castillo Danilov pueda seguir estudiando, que pida perdón de manera escrita o verbal, privada o pública por actos no determinados, ya que de lo contrario no podrá volver a matricular, ni podrá continuar con sus estudios en dicho centro de educación.-CONSIDERANDO (4): Que el Ad-Quem en su resolución en el párrafo de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, numeral segundo parte conducente, invoca que con relación a la procedencia de la acción de amparo, señalando que esta procede contra las resoluciones, actos y hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión de contrato u otra resolución válida; señala el Ad-Quem que “la redacción de dicho artículo permite considerar que nuestra legislación sobre justicia constitucional admite la acción de amparo contra particulares de manera restringida, para lo cual se deben observar los requisitos que se mencionan según sea el caso a saber; a) las sostenidas por fondos públicos, b) las que actúen por delegación de algún órgano del Estado n virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida; la exposición anterior es en virtud de que la presente acción de amparo fue interpuesta contra la directora del Campus San Isidro y contra el Senado la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), es decir una institución de Educación superior particular o privada, y por lo que a efectos de procedencia de la acción se tomó en cuenta: El artículo 160 de la Constitución de la República en la parte que nos interesa dice: “La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución Autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Contribuirá a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales”, casi en los mismos términos se pronuncia la Ley de Educación Superior en el artículo 2: “La Universidad Nacional autónoma de Honduras, como organismo autónomo y descentralizado del Estado, tiene a su cargo la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior, órganos… a)…; b) Consejo de Educación superior…; c) …;ch)”, El consejo de Educación superior según el artículo 17 tiene entre varias las atribuciones siguientes: b) aplicar esta ley, la de las universidades privadas o particulares, cualesquiera otros regímenes legales aplicables a la Educación superior c) Aprobar la creación y el funcionamiento de Centros de Educación Superior públicos o privados”, continuando con el hilo conductor de la idea transcribimos el artículo 1 de la Ley de Universidades Particulares: “Las Universidades particulares son instituciones de enseñanza superior y de educación profesional, cuya fundación y funcionamiento autoriza el Estado a iniciativa de particulares. Se rige por la presente Ley y por los Estatutos que se aprueben en el respectivo Acuerdo de Autorización”. (todo lo subrayado, negritas y cursivas no es del original). El entramada legal citado nos permite concluir que las universidades privadas o particulares proporcionan un servicio de educación y formación profesional superior del cual tiene exclusividad la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y para que otros centro educativo de este nivel pretenda y finalmente pueda realizar esta actividad exclusiva de la UNAH necesariamente debe ser encomendada, transmitida, autorizada o delegada por quien tiene esa exclusividad es decir la UNAH que ya leímos es una Institución Autónoma del Estado, tal autorización que se trasmite a través de una resolución en este caso, Acuerdo válido, y muy particularmente para la creación de la UNICAH, el Consejo de Educación Superior mediante Acuerdo No. 17-42-92 delegó a la UNICAH la facultad de educar y formar a nivel superior que es un servicio público, para finalmente formar parte del sistema educativo nacional, por lo que consideramos que si es procedente la Acción de Amparo contra la UNICAH como una Institución que actúa por delegación de un órgano del Estado como es la UNAH.-CONSIDERANDO (5): Que esta Sala de lo Constitucional para dar respuesta a este Amparo considera necesario ir precisando distintas aristas, siendo la primera de ella, su competencia para conocer de la presente acción, situación que ya ha sido contestada con claridad, pues si bien la UNICAH es una institución privada, su autorización de funcionamiento nace de un acto público y en cumplimiento de un mandato constitucional dado a la autoridad pública, es decir que es el Estado de Honduras a través de la UNAH quien debe de llevar a cabo el desarrollo de la educación superior, sin perjuicio de las libertades de inversión, iniciativa y de empresa que poseen todos los habitantes del Estado de Honduras para poder crear centro de educación superior si cumplen con todos los requisitos legales.-CONSIDERANDO (6): Que al revisar el informe sobre los antecedentes emitidos por el ente requerido por la Corte de Apelaciones se pueden constatar distintas aspectos, tales como de que al ciudadano Castillo Danilov se le había aplicado una sanción inicial por una publicación en una red social, que tuvo como sanción por parte del Senado de la Universidad, la suspensión de dos periodos academicos, pudiendose integrarse en septiembre de 2016, dicha notificación tiene como fecha el quince de julio de dos mil dieciseís. Posteriormente a ello, según consta también en los documentos acompañados por los requeridos, el quejoso acudio a instancias oficiales para hacer valer sus derechos frente a su centro de estudios, lo que según las normas internas en su artículo 16 inciso b) (Recurrir a instancias y medios externos antes de agotar lo interno, para solucionar conflictos o quejas) es considerado una falta muy grave, por lo que se le aplicó la respectiva sanción de cancelación o suspensión indefinida del alumno, notificada el nueve de agosto y dada según reconsideración del diecinueve de septiembre (ambas de dos mil dieciseís) una suspensión hasta que retire todos los procesos legales contra la UNICAH. (Ver Folios No. 11-17, 23, 24, 27, 28, 29 y 31 de la Pieza de Amparo).-CONSIDERANDO (7): Que al tenor de lo establecido en nuestro artículo 80 constitucional que establece que toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, se puede concluir que frente a la sanción inicial que se le impone al quejoso el decide hacer uso de su derechos establecidos en el artículo citando antes, lo que hizo que se volviera aun más gravosa su situación, constatandose una vulneración de alta intensidad de sus derechos constitucionales y del bloque de constitucionales como a continuación se ira desarrollando.-CONSIDERANDO (8): Que ésta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[18] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño.-CONSIDERANDO (9): Que la Ley sobre Justicia Constitucional establece en su artículo dos (2) que las disposiciones de justicia constitucional se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensas del orden jurídico constitucionales, siendo uno de esos principios la supremacía constitucional, que debe de mantener incólume frente a normativa privada, asimismo dice el mismo artículo que se interpreta y aplicara de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internaciones sobre derechos humanos vigentes en nuestro Estado Constitucional de Derecho, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.-CONSIDERANDO (10): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra carta magna, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[19] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (11): Que ésta Sala ha establecido que el criterio de interpretación constitucional[20] de derechos fundamentales en “cuanto a los criterios de interpretación de estos derechos fundamentales. Existen tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales criterios especializados de interpretación,… 1.- Principio pro persona: el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano. Este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho” indicando ésta Sala que en casos en que se este ante una antinomia de normas legales con tratados internacionales, los cuales son supralegales, situandose la colisión en torno al principio pro persona, “el Juez Constitucional está obligado a aplicar la norma nacional o internacional más beneficiosa para la persona, sin que ello implique desde el punto de vista jurídico, reconocerle mayor jerarquía normativa a los tratados respecto de la Constitución. Este principio, conocido como el de preferencia de normas, se encuentra recogido en el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”[21], esta máxima del derecho internacional se encuentra en nuestra constitución en su artículo 18, que determina que en caso de conflicto entre un tratado o convención con la ley, prevaleceran los dos primeros.-CONSIDERANDO (12): Que en el marco del Control de Convencionalidad esta Sala observa que en torno al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y relacionado con nuestro artículo constitucional 90, la Corte Interamericana De Derechos Humanos ha pronunciado que es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencias de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita[22].-CONSIDERANDO (13): Que esta Sala con lo anterior (y siguiente) pretende cuestionar si realmente esta dentro de las facultades privadas del derecho administrativo con carácter punitivo, sancionar acudir a las vias democraticas y legimimas de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Así como no se concibe una sentencia penal sin juicio, tampoco seria legitimo concretar la existencia de una sanción administrativa sin la sustanciación previa de un proceso administrativo. Siendo que toda sanción se formaliza medianto un acto administrativo privado o público, para cuya formación es necesaria la sustanciación previa de un proceso sancionario. El procedimiento tiende a cumplir dos objetivos, el primero de ellos es comprobar fehacientemente si se ha cometido algún ilícito y, en segundo lugar, asegurar al presunto infractor, la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, dado que estamos en un país democratico, con una Constitución que no solo limita el poder público, sino que tambíen otorga un estándar de cláusulas que posee todo habitante del país en cualquier situación que no puede ser vulneradas por los demás, concluye este interprete final de la Constitución que la emisión de una sanción administrativa sin la participación activa del acusado conlleva su nulidad absoluta.-CONSIDERANDO (14): Que haciendo un dialogo jurisprudencial es preciso citar al ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica Rodolfo E. Piza, quien manifiesta que cuando se confronten los principios constitucionales con normas de rango inferiores, como pueden ser actos administrativos, normas contractuales (públicas o privadas) o un acto privado, siendo el principio constitucional expresado, derivado, deducido de la Constitución o hasta de uno creado ex novo, la solución deberá ser siempre favorable a la vigencia del principio constitucional y la consecuencia será la nulidad o inaplicabilidad de la norma o acto administrativo o privado confrontando[23]. Para mayor desarrollo de estas ideas, nuestra constitución ha establecido en su artículo 320 que cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y una legal ordinaria, los juzgadores deberán de aplicar la primera.- CONSIDERANDO (15): Que el Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1958 emitió el famoso Fallo Lüth sobre el efecto irradiador de los derechos fundamentales, establece que la dignidad del ser humano y el libre desarrollo de la personalidad (la cual se desenvuelve en el interior de una comunidad social) forman el núcleo de este sistema de valores, el cual constituye, a su vez, una decisión jurídico-constitucional fundamental, válida para todas las esferas del derecho; así, este sistema de valores aporta directivas e impulsos al Poder Legislativo, a la Administración y a la Judicatura. Este influye por supuesto, también al derecho civil; ninguna disposición del derecho civil puede estar en contradicción con él, todas deben interpretarse en su espiritu. El contenido jurídico de los derechos fundamentales como normas objetivas se desarrolla en el derecho privado a través de las disposiciones que predominan directamenta en medio de ese campo del derecho[24].-CONSIDERANDO (16): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su función de interpretación y desarrollo del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que “el principio de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos”[25] de manera que, conforme ha sido señalado, no basta que el recurso esté previsto formalmente[26], sino que debe ser “capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”[27] dando respuesta a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes[28]. Sobre este aspecto la referida Corte ha indicado que el artículo 25 supone que el recurso sea adecuado, lo cual significa que la función de éste dentro del sistema del derecho interno debe ser idónea para proteger la situación jurídica infringida, por lo que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las particularidades del caso resulten ilusorias, como son las causas que no permitan al presunto lesionado el acceso al recurso judicial. Así ha clasificado la jueza Medina Quiroga la determinación de los recursos ineficaces siendo uno de ellos cuando: la falta de efectividad es específica para un caso, la negación por parte de los tribunales de atender la tutela judicial pretendida por los demandantes, configuraría en una garantía ilusoria de los derechos, dado que la norma Constitucional, que hace suyos los principios de interpretación y aplicación del Control de Convencionalidad[29], de manera que asegure una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.-CONSIDERANDO (17): Que para determinar la procedencia de la acción de Amparo se debe de observar el principio de subsidiariedad que supone que una petición o asunto debe de ser resuelto por la autoridad más proxima en competencia, en este caso en primera instancia la UNICAH y en segundo la Corte de Apelaciones, otro principio que supone nuestra legislación es la definitividad del asunto, pero ello tiene sus limites cuando el quejoso no cuente con otros medios de defensa judicial o, a pesar de que se disponen de medios juridicos que resulten idóneos y eficaces para la protección de sus derechos, el recurso de amparo se utiliza para evitar un perjuicio irremediable. Cuando existan esos otros medios judiciales se puede hablar de excepciones que justifican su procedibilidad, cuando a ese medio de defensa judicial idóneo, éste no impida la ocurrencia de un perjuicio irremediable de terminar de configurarse y cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados.-CONSIDERANDO (18): Que en el caso sub judice no se advierte que el quejoso tenga medios de defensa administrativos que le permitan contravenir la decisión del Senado de la UNICAH, pues aunque exista una instancia de mayor jerarquia, la sanción comenzo a tener efectos desde su notificación, por lo que se estaba configurando un perjuicio muy grave, como es la perdida de su derecho a la educación, además aunque exista el claustro universitario en la UNICAH, este tiene una convocatoria extraordinaria de al menos de tres veces al año, por lo que no es una entidad permanente que pueda eficazmente asegurar la tutela del derecho del quejoso teniendo una normativa que sancione concretamente lo que se realizó.-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala de lo Constitucional considera que el derecho a la educación es necesario para la efectividad de la cláusula general de igualdad tanto formal como material, pues permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda también íntima conexión con la dignidad humana y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social[30], debido a las anteriores caracteristicas es innegable el carácter fundamental del derecho a la educación, es por ellos que un servicio sobre este derecho debe de cumplir con al menos las garantías de asequilidad, accesabilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.-CONSIDERANDO (20): Que esta Sala comprende la autonomía de las universidades, principalmente si son privadas, se traduce en la potestad de definir tanto su orientación filosófica como de dictar reglas de organización interna y administración, en aras de evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las corrientes de pensamiento y garantizar, la pluralidad, el disenso, la participación, la diferencia[31] y el debate academico.- CONSIDERANDO (21): Que se hace un llamado de atención al A-Quem por no haber otorgado la suspensión del acto reclamado, en vista de la notoria afectación a los derechos del agraviado, en vista de que al haberse suspendido la medida se pudo garantizar que el estudiante se nivelara en sus cursos y pruebas correspondientes, debiendo aplicar la UNICAH ahora las medidas más agiles posible para que el quejoso pueda cumplir con los requisitos para finalizar sus estudios.-CONSIDERANDO (22): Que otro tema al cual se debe de referir este Tribunal consiste, como ya se ha expresado antes la relación entre el derecho penal con el derecho sancionatorio administrativo, visto ahora desde el ejercicio de la libertad de expresión, dado que la Corte observa que la imposición de responsabilidades ulteriores por el supuesto abuso en el ejercicio de dicho derecho solo sera admisible cuando sea necesario en una sociedad democratica, y ya ha expresado la Corte Interamericana que la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, y entre las varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido, en este caso no es suficiente que se demuestre, que un reglamento cumple con un propósito útil u oportuno; para que sea compatible con nuestro doble estandár de Constitucionalidad y de control de convencionalidad, sino que las restricciones deben de justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo[32].-CONSIDERANDO (23): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido dos estándares de cómo interpretar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el primero denominado como el estándar democrático, que propone que la libertad de expresión es un valor que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de una sociedad democrática[33]; mientas que el estándar de las dos dimensiones, expresa que el contenido de la libertad de expresión no solo conlleva un aspecto individual del derecho, sino que también comprende un dimensión colectiva o social que debe de contener la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole[34]. Al respecto es importante conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado en establecer la relevancia de la libertad de expresión en la sociedad democrática: es sustento y efecto de ésta, instrumento para su ejercicio, garantía de su desempeño. Hay una relación evidente entre el despliegue de la expresión y el goce de la libertad. Estos conceptos informan diversos instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, en el doble plano universal y regional. El orden público democrático reclama, pues, la defensa de la libertad de expresión.-CONSIDERANDO (24): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se Revoque la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlantida, de veintitrés de enero del año dos mil diecisiete, que Sobresee la Garantía de Amparo interpuesto por el abogado José María Castillo Hidalgo, a favor del ciudadano Ricardo Alfredo Castillo Danilov, debiendose declarar Con Lugar la garantia de Amparo para asegurar el reintegro del ciudadano Castillo Danilov a sus actividades académicas, debiendose abstener la UNICAH a seguir afectando el proceso educativo del actor por instar a las autoridades públicas a que conozcan de sus peticiones, derecho consagrado en nuestra Constitución, asimismo la UNICAH deberá de realizar todas las acciones tenientes a garantizar a que el estudiante Castillo Danilov se ponga al día con sus obligaciones académicas, no estando obligado a pagar por servicios prestados o no recibidos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 15, 18, 59, 63, 64, 68, 70, 72, 80, 82, 90, 97, 151, 160, 232, 303, 304, 313, 316 y 320 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8, 13 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 41, 46, 48, 68, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: Primero: REVOCA la Sentencia de Amparo de fecha veintitrés (23) de enero del dos mil diecisiete (2017) venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que sobresee la acción. Segundo: Otorga el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José María Castillo Hidalgo, a favor del ciudadano Ricardo Alfredo Castillo Danilov, contra actuaciones de la Directora del Centro Universitario San Isidro y del Senado de la Universidad Catolica De Honduras (UNICAH). Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0126-2017.-Firma y SELLO
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.
[2] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.
[3] Ver Sentencia de los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-0243-2015,
[4] Ver considerando nueve (9) de la Sentencia ya referida.
[5] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.
[6] Piza Escalante, Rodolfo E, Principios Constitucionales, San José, IJSA, 2008, p-244.
[7] Barrero Berardinelli, Juan Antonio, Jurisprudencia Constitucional. Precedentes judiciales de la humanidad. Casos y materiales, Bogotá, Legis, 2da edición, 2014, pp. 204 y 205.
[8] Ver de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 24.
[9] Ver Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrafo 90.
[10] Ver Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 66.
[11] Ver Caso Forneron e hijas vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párrafo107.
[12] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, entre otras.
[13] Corte Constitucional de Colombia. Tutela-102/17, párr. 15.
[14] Ídem, párr. 21.
[15] Con base a Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 211.
[16] Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[17] Ibidem, párr. 30.
[18] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, entre otras.
[19] Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.
[20] Ver Sentencia de los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-0243-2015,
[21] Ver considerando nueve (9) de la Sentencia ya referida.
[22] Corte IDH. Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 106.
[23] Piza Escalante, Rodolfo E, Principios Constitucionales, San José, IJSA, 2008, p-244.
[24] Barrero Berardinelli, Juan Antonio, Jurisprudencia Constitucional. Precedentes judiciales de la humanidad. Casos y materiales, Bogotá, Legis, 2da edición, 2014, pp. 204 y 205.
[25] Ver de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 24.
[26] Ver Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrafo 90.
[27] Ver Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 66.
[28] Ver Caso Forneron e hijas vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párrafo107.
[29] Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, entre otras.
[30] Corte Constitucional de Colombia. Tutela-102/17, párr. 15.
[31] Ídem, párr. 21.
[32] Con base a Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 211.
[33] Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[34] Ibidem, párr. 30.