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Sentencia AA-1237-14 — Registro 6651

Resumen

Resolución aprobó suspensión del pago de jubilaciones de los recurrentes en virtud de estar desempeñando un cargo en el sector público en contravención con la Ley del INJUPEMP

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la Administración Pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito..."..."la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que al emanar de la Administración Pública, no solo esta sujeta a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a favor de SI MISMOS contra actuaciones de EL INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Directora Interina, la Licenciada Martha Doblado. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado los derechos estipulados en los Artículos 59, 60, 64, 65, 82, 90 párrafo primero, 127, 128, 145, 165 y 183 de La Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, comparecieron ante esta Sala los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, todos médicos, interponiendo acción de amparo a favor SI MISMOS, contra la Resolución DI Nº 039-2014 emitida por la Directora Interina del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) la Licenciada Martha Doblado, que suspende de manera unilateral, ilegal y arbitraria la jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a partir del mes de octubre de 2014, por encontrarse desempeñando los referidos señores, un cargo en el Sector Público en contravención de la Ley del INJUPEMP.- 2) Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Sala tuvo por admitido el presente recurso, declarando CON LUGAR la solicitud de suspensión del acto reclamado, solicitado en la interposición del recurso de amparo ordenándose en consecuencia, se librara comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 49 de la pieza de Amparo).- 3) Que en fecha siete de noviembre de dos mil catorce, recibió el Informe solicitado, por parte de las autoridades del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en cual se consigna entre otros lo siguiente: I. Que en cuanto a la situación de la Jubilación de los peticionarios se detalla: a) Que al señor Humberto Maldonado Robles, la jubilación le fue aprobada a partir del 30 de agosto de 2006, percibiendo pagos indebidos del 30 de agosto de 2006 al 30 de septiembre de 2014; b) Pedro Emilio Chávez Arias, su jubilación fue efectiva a partir del 01 de julio de 2005, percibiendo pagos indebidos del 01 de julio de 2005 al 01 de marzo de 2014; c) Mario Antonio Melara Rodríguez, jubilación a partir del 25 de octubre de 2011, percibiendo pagos indebidos a partir de esa fecha hasta el 30 de septiembre de 2014; d) Daniel Herrera Salinas, jubilación efectiva a partir del 29 de septiembre de 2003, percibiendo pagos indebidos a desde esa fecha al 30 de septiembre de 2014; e) Jorge Alberto Sierra Martínez, jubilación efectiva a partir del 24 de agosto de 2004, percibiendo pagos indebidos a partir de esa fecha al 30 de septiembre de 2014. II. Que en fecha tres de septiembre de dos mil catorce, el Jefe de la División de Beneficios del INJUPEMP, solicitó información a la Secretaria Ejecutiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual indicara la fecha de inicio y finalización de la contratación de los referidos señores, e indicaran si en esa fecha aún laboraban en esa institución y los cargos que ocupaban, en consecuencia, el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante oficio adjuntó información respecto de la incompatibilidad de los recursos de jubilación de un trabajo remunerado. III. En fecha tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Interina del INJUPEMP, emitió la Resolución DI N.-039-2014 en la que resolvió aprobar la suspensión del pago de jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, en virtud de estar desempeñando un cargo en el sector público en contravención con la Ley del INJUPEMP. IV. Que en el caso particular de los mencionados señores, la pretensión de solicitud de reactivación el beneficio de jubilación se fundamenta en el Artículo 258 de la Constitución de la República, en la que se establece que: …”ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.”. En este caso, las autoridades del INJUPEMP, consideran no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero percibida en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado, ni trabajador, ni como una retribución a la labor desarrollada en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria, que se adquiere por razón de la edad y años de servicio en un período calificado en atención a las aportaciones personales y patronales contributivas a un sistema de prevención. (Folios 53 al 55 del recurso de amparo.).- 4) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 94 del recurso de amparo).- 5) Que en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida al Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto. (Folio 97 al 100 y 102 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a favor de SI MISMOS; se dirige contra la Resolución DI Nº 039-2014 emitida por la Directora Interina del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) la Licenciada Martha Doblado, que suspende de manera unilateral, ilegal y arbitraria la jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a partir del mes de octubre de 2014, por encontrarse desempeñando los referidos señores, un cargo en el Sector Público en contravención de la Ley del INJUPEMP.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes aducen, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la resolución tomada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) carece de toda legalidad; cuando en fecha tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Interina del INJUPEMP, emitió la Resolución DI N.-039-2014 en la que resolvió aprobar la suspensión del pago de jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, en virtud de estar desempeñando un cargo en el sector público en contravención con la Ley del INJUPEMP.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte que en fecha tres de septiembre de dos mil catorce, el Jefe de la División de Beneficios del INJUPEMP, Solicitó información a la Secretaria Ejecutiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual indicara la fecha de inicio y finalización de la contratación de los referidos señores, e indicaran si en esa fecha aún laboraban en esa institución y los cargos que ocupaban, en consecuencia, el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante oficio adjuntó información respecto de la incompatibilidad de los recursos de jubilación de un trabajo remunerado. En fecha tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Interina del INJUPEMP, emitió la Resolución DI N.-039-2014 en la que resolvió aprobar la suspensión del pago de jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, en virtud de estar desempeñando un cargo en el sector público en contravención con la Ley del INJUPEMP. En el caso particular de los mencionados señores, la pretensión de solicitud de reactivación el beneficio de jubilación se fundamenta en el Artículo 258 de la Constitución de la República, en la que se establece que: …”ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.”. En este caso, las autoridades del INJUPEMP, consideran no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero percibida en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado, ni trabajador, ni como una retribución a la labor desarrollada en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria, que se adquiere por razón de la edad y años de servicio en un período calificado en atención a las aportaciones personales y patronales contributivas a un sistema de prevención. (Folios 53 al 55 del recurso de amparo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, en el sentido de que en el presente caso resulta evidente y además admitido por los Amparistas, quienes pese a estar gozando de acuerdo a la ley un beneficio de jubilación por parte del INJUPEMP, perciben un sueldo como docentes en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; hecho que de acuerdo a la misma ley no es posible. Concluyendo que es del parecer que no se otorgue el presente amparo, por no existir ultraje a los Artículos constitucionales denunciados por los recurrentes. - CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo en su Capitulo I “DE SU CREACION Y APLICACIÓN” Artículo 1, manda: “Para la aplicación de esta Ley créase un Sistema de Retiro y otros beneficios que se denominará “Sistema de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo”; ese mismo cuerpo legal en su Capitulo III “DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA” Artículo 7, establece: “Para administrar este Sistema, créase el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo como un organismo autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio. Tendrá su domicilio en la Capital de la República.”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el numeral 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…; 7)…; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la Administración Pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que al emanar de la Administración Pública, no solo esta sujeta a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90 párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1237-2014.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a favor de SI MISMOS contra actuaciones de EL INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Directora Interina, la Licenciada Martha Doblado. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado los derechos estipulados en los Artículos 59, 60, 64, 65, 82, 90 párrafo primero, 127, 128, 145, 165 y 183 de La Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, comparecieron ante esta Sala los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, todos médicos, interponiendo acción de amparo a favor SI MISMOS, contra la Resolución DI Nº 039-2014 emitida por la Directora Interina del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) la Licenciada Martha Doblado, que suspende de manera unilateral, ilegal y arbitraria la jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a partir del mes de octubre de 2014, por encontrarse desempeñando los referidos señores, un cargo en el Sector Público en contravención de la Ley del INJUPEMP.- 2) Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Sala tuvo por admitido el presente recurso, declarando CON LUGAR la solicitud de suspensión del acto reclamado, solicitado en la interposición del recurso de amparo ordenándose en consecuencia, se librara comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 49 de la pieza de Amparo).- 3) Que en fecha siete de noviembre de dos mil catorce, recibió el Informe solicitado, por parte de las autoridades del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en cual se consigna entre otros lo siguiente: I. Que en cuanto a la situación de la Jubilación de los peticionarios se detalla: a) Que al señor Humberto Maldonado Robles, la jubilación le fue aprobada a partir del 30 de agosto de 2006, percibiendo pagos indebidos del 30 de agosto de 2006 al 30 de septiembre de 2014; b) Pedro Emilio Chávez Arias, su jubilación fue efectiva a partir del 01 de julio de 2005, percibiendo pagos indebidos del 01 de julio de 2005 al 01 de marzo de 2014; c) Mario Antonio Melara Rodríguez, jubilación a partir del 25 de octubre de 2011, percibiendo pagos indebidos a partir de esa fecha hasta el 30 de septiembre de 2014; d) Daniel Herrera Salinas, jubilación efectiva a partir del 29 de septiembre de 2003, percibiendo pagos indebidos a desde esa fecha al 30 de septiembre de 2014; e) Jorge Alberto Sierra Martínez, jubilación efectiva a partir del 24 de agosto de 2004, percibiendo pagos indebidos a partir de esa fecha al 30 de septiembre de 2014. II. Que en fecha tres de septiembre de dos mil catorce, el Jefe de la División de Beneficios del INJUPEMP, solicitó información a la Secretaria Ejecutiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual indicara la fecha de inicio y finalización de la contratación de los referidos señores, e indicaran si en esa fecha aún laboraban en esa institución y los cargos que ocupaban, en consecuencia, el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante oficio adjuntó información respecto de la incompatibilidad de los recursos de jubilación de un trabajo remunerado. III. En fecha tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Interina del INJUPEMP, emitió la Resolución DI N.-039-2014 en la que resolvió aprobar la suspensión del pago de jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, en virtud de estar desempeñando un cargo en el sector público en contravención con la Ley del INJUPEMP. IV. Que en el caso particular de los mencionados señores, la pretensión de solicitud de reactivación el beneficio de jubilación se fundamenta en el Artículo 258 de la Constitución de la República, en la que se establece que: …”ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.”. En este caso, las autoridades del INJUPEMP, consideran no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero percibida en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado, ni trabajador, ni como una retribución a la labor desarrollada en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria, que se adquiere por razón de la edad y años de servicio en un período calificado en atención a las aportaciones personales y patronales contributivas a un sistema de prevención. (Folios 53 al 55 del recurso de amparo.).- 4) Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, esta Sala, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo y ordenó dar vista de los autos al Fiscal del Despacho a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 94 del recurso de amparo).- 5) Que en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida al Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto. (Folio 97 al 100 y 102 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a favor de SI MISMOS; se dirige contra la Resolución DI Nº 039-2014 emitida por la Directora Interina del INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) la Licenciada Martha Doblado, que suspende de manera unilateral, ilegal y arbitraria la jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, a partir del mes de octubre de 2014, por encontrarse desempeñando los referidos señores, un cargo en el Sector Público en contravención de la Ley del INJUPEMP.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los recurrentes aducen, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, fundamentalmente que la resolución tomada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) carece de toda legalidad; cuando en fecha tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Interina del INJUPEMP, emitió la Resolución DI N.-039-2014 en la que resolvió aprobar la suspensión del pago de jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, en virtud de estar desempeñando un cargo en el sector público en contravención con la Ley del INJUPEMP.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que del informe remitido a esta Sala por la señora MARTHA DOBLADO ANDARA, en su condición de Directora Interina del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), se advierte que en fecha tres de septiembre de dos mil catorce, el Jefe de la División de Beneficios del INJUPEMP, Solicitó información a la Secretaria Ejecutiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual indicara la fecha de inicio y finalización de la contratación de los referidos señores, e indicaran si en esa fecha aún laboraban en esa institución y los cargos que ocupaban, en consecuencia, el dieciséis de septiembre de dos mil catorce, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras mediante oficio adjuntó información respecto de la incompatibilidad de los recursos de jubilación de un trabajo remunerado. En fecha tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Interina del INJUPEMP, emitió la Resolución DI N.-039-2014 en la que resolvió aprobar la suspensión del pago de jubilación de los señores HUMBERTO MALDONADO ROBLES, JORGE ALBERTO SIERRA MARTINEZ, PEDRO EMILIO CHAVEZ ARIAS, MARIO ANTONIO MELARA RODRIGUEZ y DANIEL HERRERA SALINAS, en virtud de estar desempeñando un cargo en el sector público en contravención con la Ley del INJUPEMP. En el caso particular de los mencionados señores, la pretensión de solicitud de reactivación el beneficio de jubilación se fundamenta en el Artículo 258 de la Constitución de la República, en la que se establece que: …”ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia.”. En este caso, las autoridades del INJUPEMP, consideran no ser aplicable tal normativa, ya que la cantidad de dinero percibida en concepto de jubilación no corresponde a la condición de empleado, ni trabajador, ni como una retribución a la labor desarrollada en una institución del Estado, sino que corresponde al beneficio de jubilación voluntaria, que se adquiere por razón de la edad y años de servicio en un período calificado en atención a las aportaciones personales y patronales contributivas a un sistema de prevención. (Folios 53 al 55 del recurso de amparo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, en el sentido de que en el presente caso resulta evidente y además admitido por los Amparistas, quienes pese a estar gozando de acuerdo a la ley un beneficio de jubilación por parte del INJUPEMP, perciben un sueldo como docentes en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; hecho que de acuerdo a la misma ley no es posible. Concluyendo que es del parecer que no se otorgue el presente amparo, por no existir ultraje a los Artículos constitucionales denunciados por los recurrentes. - CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativa y en el caso en particular del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo en su Capitulo I “DE SU CREACION Y APLICACIÓN” Artículo 1, manda: “Para la aplicación de esta Ley créase un Sistema de Retiro y otros beneficios que se denominará “Sistema de Jubilaciones y Pensiones para los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo”; ese mismo cuerpo legal en su Capitulo III “DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA” Artículo 7, establece: “Para administrar este Sistema, créase el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo como un organismo autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio. Tendrá su domicilio en la Capital de la República.”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el numeral 8) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5) …; 6)…; 7)…; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9)….- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que queda debidamente definido que las resoluciones o denegatorias presuntas recurridas vía amparo es un acto de la Administración Pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque se proceda al SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar el acto contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; que al emanar de la Administración Pública, no solo esta sujeta a la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, si no a la Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo; y, Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90 párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 1237-2014.- Firma y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

JML