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Sentencia AA-1191-15 — Registro 8705

Resumen

Acto recurrido relacionado a una orden administrativa tácita no manifestada por escrito tendiente a exigir que los agentes aduanales realicen la presentación de las fianzas o garantías bancarias, que garantizan las operaciones de los diferentes tipos de auxiliares de la función pública aduanera, la que se encuentran de acuerdo a un formato impuesto por dicha autoridad sin que tal decisión conste por escrito

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que sabemos que las decisiones del órgano de administración aduanera son los actos de carácter general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo; y, en consecuencia, sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por su parte la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “Artículo 1. Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.” CONSIDERANDO ONCE (11): Que sabemos que las decisiones del órgano de administración aduanera son los actos de carácter general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo; y, en consecuencia sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada. CONDIDERANDO DOCE (12): Que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; y, en el caso que nos ocupa se trata de un acto de la Administración Pública sujeto al Derecho Administrativo; y, en consecuencia sometido al control de la jurisdicción contencioso administrativa; con carácter firme, impugnado administrativamente a través del recurso extraordinario de revisión, por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada; procediendo su sobreseimiento..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAIME BANEGAS ZERÓN a favor de la FEDERACIÓN NACIONAL DE AGENTES ADUANALES DE HONDURAS (FENADUANAH), contra actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ahora COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, relacionada según el recurrente, a un acto administrativo tácito no manifestado por escrito pero que evidencia un comportamiento permanente y consuetudinario de dicha autoridad, tendiente a exigir que los agentes aduanales realicen la presentación de las fianzas o garantías bancarias, que garantizan las operaciones de los diferentes tipos de auxiliares de la función pública aduanera que se encuentran de acuerdo a un formato impuesto por dicha autoridad sin que tal decisión conste por escrito. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 1, 16, 18, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de diciembre de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado JAIME BANEGAS ZERÓN interponiendo acción de amparo a favor de la FEDERACIÓN NACIONAL DE AGENTES ADUANALES DE HONDURAS (FENADUANAH), contra actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) ahora COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, relacionada según el recurrente, a un acto administrativo tácito no manifestado por escrito pero que evidencia un comportamiento permanente y consuetudinario de dicha autoridad, tendiente a exigir que los agentes aduanales realicen la presentación de las fianzas o garantías bancarias, que garantizan las operaciones de los diferentes tipos de auxiliares de la función pública aduanera que se encuentran de acuerdo a un formato impuesto por dicha autoridad sin que tal decisión conste por escrito. (Folios 1-17 de la pieza de amparo) 2) Que en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, este Alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, ordenando que se librara comunicación a la autoridad recurrida, a efectos que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiese los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del proceso de formación del acto impugnado por la vía de amparo. 3) Que en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, ésta sala recibió el informe solicitado a la autoridad recurrida, a través de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, desprendiéndose del mismo lo siguiente: “…La Dirección Ejecutiva de Ingresos, en uso de sus facultades como autoridad superior del Servicio Aduanero, dando cumplimiento a los artículos 21, literal g) del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) contenida en la Resolución No.223-2008 (COMIECO-XLIX); 61-67 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) contenido en la Resolución No.224-2008 (COMIECO-XLIX) las cuales están contenidas en el acuerdo No.142-2008 el cual entró en vigencia el veinticinco de agosto de dos mil ocho; procede a la recepción y aprobación de las garantías presentadas por los Auxiliares de la Función Pública Aduanera en sus diferentes modalidades, en tal sentido, se detectó que las mismas no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley, causando lesión a los intereses del Estado de Honduras al dejarlo desprotegido, al establecer clausulas especiales y generales que condicionaban su ejecución y lo limitaban a impuestos de importación, excluyendo las multas, recargos e intereses limitando su cobertura al año fiscal garantizado para ejecutar garantías por incumplimiento de obligaciones tributarias dejadas de pagar y encontradas en el transcurso de los cuatros años posteriores, tiempo en el cual se realizan las actuaciones de fiscalización porque después de este término las obligaciones tributarias prescriben…en fecha cinco de noviembre de dos mil quince la Ministra Directora de la entonces Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Junta Directiva de la Federación Nacional de Agentes Aduaneros de Honduras (FENADUANAH) consensuaron que las fianzas de garantías que contenían condiciones y clausulas generales y particulares que habían sido presentadas antes del veintisiete de mayo de dos mil quince se iban a dar por aceptadas, comprometiéndose por su parte la Junta Directiva de la Federación a subsanar las garantías que habían presentado después de la fecha, de conformidad a los requerimientos y requisitos exigidos por el servicio aduanero establecidos en los artículos 61 y 65 del RECAUCA las cuales solicitarían y presentarían en el formato emitido por esta Dirección. La FENADUANAH incumplió este acuerdo y a la fecha sigue presentando las garantías de operación de los auxiliares en el mismo formato que la compañía aseguradora CREFISA S.A ha venido emitiendo, dejando indefenso los intereses del Estado de Honduras… En conclusión las actuaciones de la DEI de exigir una garantía de operación a los Auxiliares de la Función Pública Aduanera se encuentran enmarcadas en los artículos 21 literal g), 23 del CAUCA y 61, 63,64 y 65 del RECAUCA…”. (Folios 58-62 del recurso de amparo) 4) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas al recurrente para que formalizara su acción de amparo, en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, desprendiéndose de las actuaciones contenidas en el amparo, que el término concedido venció el día veinte de abril de dos mil dieciséis, siendo las once con cuarenta minutos de la mañana, en consecuencia, la Sala tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual dispuso continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo dando vista al fiscal del despacho para que emitiera su dictamen en el presente asunto. (Folio 66 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el dictamen emitido por el Ministerio Público a través de su Fiscal SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, siendo de la opinión porque “SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS” de la acción de amparo que se ha hecho merito por existir la causal de inadmisibilidad contenida en el articulo 46 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo las actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ahora SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE HONDURAS (SAR); relacionada según el recurrente, a un acto administrativo tácito no manifestado por escrito pero que evidencia un comportamiento permanente y consuetudinario de dicha autoridad, tendiente a exigir que los agentes aduanales realicen la presentación de las fianzas o garantías bancarias, que garantizan las operaciones de los diferentes tipos de auxiliares de la función pública aduanera que se encuentran de acuerdo a un formato impuesto por dicha autoridad sin que tal decisión conste por escrito. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante señala que en una clara violación de las normas que regulan el comportamiento de la administración Pública, se impone una disposición de la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos, que no ha sido emitida mediante un acto administrativo expreso debidamente notificado a las partes sobre quienes recae; y, en donde dada su naturaleza debe estar debidamente motivado a fin de comunicar los motivos por los cuales la Dirección Ejecutiva de Ingresos considera necesario modificar el texto de las garantías y de las pólizas de fianza. Se establecieron condiciones y modificaciones a las normas que regulan las fianzas y garantías bancarias que deben presentar los agentes aduanales; y, hasta han sancionado de hecho arbitrariamente, a quienes no acatan estas deposiciones que también son de hecho. CONSIDERANDO CINCO (5): Que Carmen Alejandra Suarez Pacheco, como Secretaria General de la Comisión Presidencial Administración Tributaria informó en fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis informo que la Dirección Adjunta de Rentas Aduanera (DARA) en uso de sus facultades y como autoridad superior del Servicio Aduanero, a fin de dar cumplimiento as lo establecido en los Artículo 61, 62 y 65 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, (RECAUCA), procedió desde el año dos mil doce a informar a todos los Auxiliares de la Función Pública Aduanera, que las garantías que rinda cada Auxiliar para garantizar sus operaciones, deben ser de convertibilidad inmediata, en cumplimiento al Artículo 65 del RECAUCA, lo anterior en vista que los formatos utilizados por los Auxiliares contienen clausulas generales y particulares, las cuales contravienes la normativa CAUCA y RECAUCA, siendo lesivas a los intereses del Estado de Honduras. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha doce de mayo de dos mil dieciséis el Ministerio Público emitió dictamen pronunciándose en el sentido de que tal como se desprende del informe remitido a la Sala de lo Constitucional por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), señalando que los Auxiliares a través de FENADUANAH, presentaron recursos de revisión, los cuales se encuentran pendientes de resolver por parte del Departamento Legal de dicha entidad, observándose que no ha existido una imposibilidad por parte del recurrente para hacer uso de los recursos que le franquea la ley, en tal sentido no se ha agotado con el procedimiento administrativo. Señalando además que una vez agotado dicho procedimiento ante la autoridad administrativa, si el amparista lo considera pertinente, puede instar nuevamente acción de amparo. El Ministerio Publico en vista de lo expuesto, opina que se sobresea el presente amparo, al existir una causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional manda: “ARTÍCULO 42.- DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.” A su vez el mismo cuerpo legal en su Artículo 46 manda: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por su parte la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: “Artículo 1. Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas.” CONSIDERANDO ONCE (11): Que sabemos que las decisiones del órgano de administración aduanera son los actos de carácter general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo; y, en consecuencia sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa; por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada. CONDIDERANDO DOCE (12): Que el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad; y, en el caso que nos ocupa se trata de un acto de la Administración Pública sujeto al Derecho Administrativo; y, en consecuencia sometido al control de la jurisdicción contencioso administrativa; con carácter firme, impugnado administrativamente a través del recurso extraordinario de revisión, por lo que no procedente la solicitud de Amparo planteada; procediendo su sobreseimiento. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto legislativo 255-2002); 6, 380, 381, 382, 383 y 384 del Código de Comercio; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.- FALLA: SOBRESEYENDO EL RECURSO DE AMPARO, del que se ha hecho merito.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1191-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL