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Sentencia AA-1159-16 — Registro 6677

Resumen

Refiere el Consejo de Administración de la Universidad que hay inobservancia y violación del contrato por parte del recurrente, al haber trasladado sus pagos en tres mensualidades, por lo que se sanciona con la suspensión definitiva como alumno de dicha institución.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación al Debido Proceso y el Derecho a la Educación. Que el petente de amparo básicamente reclama que el acto por el cual el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH) resuelve separarlo definitivamente del Programa de Maestría en Criminología, por tener según la Universidad, retraso en sus pagos de cuotas mensuales (3 cuotas según se argumenta en el Acta No.02-2016) vulnera lo contemplado en la cláusula cuarta de dicho contrato, por lo que dicha resolución no debió haberse emitido. - CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió SOBRESEER el amparo al recurrente, basándose en que: “CUATRO (4): Acusa el impetrante le han violentado las Garantías Constitucionales de Debido Proceso y Educación, por haberlo separado definitivamente del programa de Maestría en Criminología aduciendo violación de su parte de la cláusula cuarta del contrato de servicios académicos.- Tal como lo dice el impetrante en su escrito de interposición de este recurso de Amparo, el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía, está descrita a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por tal razón le comprende el procedimiento administrativo regulado en la Ley General de la Administración y en la Ley de Procedimiento Administrativo, en tal sentido, el impetrante puede realizar directamente un reclamo administrativo ante las autoridades de la institución educativa, agotando las acciones legales o recursos en dicha instancia administrativa, para que posteriormente sean revisadas en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en donde también puede pedir simultáneamente medidas cautelares; aparece a folio 106 de autos que ante una solicitud de reclamo del impetrante, el Consejo Académico de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, le resolvió que dicho reclamo debía de presentarlo en el Consejo Administrativo de la UNPH por ser el caso derivado de un incumplimiento de contrato, sin que el impetrante haya accionado dicha instancia y continuado el tramite administrativa hasta darlo por agotado; de lo anterior se deduce claramente que o ha existido violación a las Garantas Constitucionales invocadas. QUINTO (5): En ese orden de ideas, es procedente SOBRESEER la presente acción de amparo, en vista de concurrir una causa de INADMISIBILIDAD de la acción, como ser que impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”.-" CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho, en virtud de que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LAINADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso - El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- En consecuencia la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINITARTIVO, en su sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad, como ser que el impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación al Debido Proceso y el Derecho a la Educación. Que el petente de amparo básicamente reclama que el acto por el cual el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH) resuelve separarlo definitivamente del Programa de Maestría en Criminología, por tener según la Universidad, retraso en sus pagos de cuotas mensuales (3 cuotas según se argumenta en el Acta No.02-2016) vulnera lo contemplado en la cláusula cuarta de dicho contrato, por lo que dicha resolución no debió haberse emitido. - CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió SOBRESEER el amparo al recurrente, basándose en que: “CUATRO (4): Acusa el impetrante le han violentado las Garantías Constitucionales de Debido Proceso y Educación, por haberlo separado definitivamente del programa de Maestría en Criminología aduciendo violación de su parte de la cláusula cuarta del contrato de servicios académicos.- Tal como lo dice el impetrante en su escrito de interposición de este recurso de Amparo, el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía, está descrita a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por tal razón le comprende el procedimiento administrativo regulado en la Ley General de la Administración y en la Ley de Procedimiento Administrativo, en tal sentido, el impetrante puede realizar directamente un reclamo administrativo ante las autoridades de la institución educativa, agotando las acciones legales o recursos en dicha instancia administrativa, para que posteriormente sean revisadas en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en donde también puede pedir simultáneamente medidas cautelares; aparece a folio 106 de autos que ante una solicitud de reclamo del impetrante, el Consejo Académico de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, le resolvió que dicho reclamo debía de presentarlo en el Consejo Administrativo de la UNPH por ser el caso derivado de un incumplimiento de contrato, sin que el impetrante haya accionado dicha instancia y continuado el tramite administrativa hasta darlo por agotado; de lo anterior se deduce claramente que o ha existido violación a las Garantas Constitucionales invocadas. QUINTO (5): En ese orden de ideas, es procedente SOBRESEER la presente acción de amparo, en vista de concurrir una causa de INADMISIBILIDAD de la acción, como ser que impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”.-" CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho, en virtud de que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LAINADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso - El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- En consecuencia la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINITARTIVO, en su sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad, como ser que el impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que sobresee el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS contenidas en el acta 02—16 de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis , mediante el cual se suspende definitivamente como alumno del Programa de Maestría al señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO. Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 90 y 151 Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMO contra actuaciones DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS contenidas en el acta 02—16 de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual se suspende definitivamente como alumno del Programa de Maestría al señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, alumno de la Maestría en Criminología, que ofrece la referida universidad, aduciendo dichas autoridades inobservancia y violación de parte del recurrente, al haber trasladado sus pagos en tres mensualidades, por lo que considera el recurrente que dichas actuaciones violentan los artículos 90 y 151 de la Constitución de La República.- 2) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: 1- SOBRESEER la presente acción de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, actuando en causa propia 2- dejar sin valor ni efecto la suspensión del acto impugnado.- 3) Que en fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, en estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO..- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. - CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. - Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar.- En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación al Debido Proceso y el Derecho a la Educación. Que el petente de amparo básicamente reclama que el acto por el cual el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH) resuelve separarlo definitivamente del Programa de Maestría en Criminología, por tener según la Universidad, retraso en sus pagos de cuotas mensuales (3 cuotas según se argumenta en el Acta No.02-2016) vulnera lo contemplado en la cláusula cuarta de dicho contrato, por lo que dicha resolución no debió haberse emitido. - CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió SOBRESEER el amparo al recurrente, basándose en que: “CUATRO (4): Acusa el impetrante le han violentado las Garantías Constitucionales de Debido Proceso y Educación, por haberlo separado definitivamente del programa de Maestría en Criminología aduciendo violación de su parte de la cláusula cuarta del contrato de servicios académicos.- Tal como lo dice el impetrante en su escrito de interposición de este recurso de Amparo, el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía, está descrita a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por tal razón le comprende el procedimiento administrativo regulado en la Ley General de la Administración y en la Ley de Procedimiento Administrativo, en tal sentido, el impetrante puede realizar directamente un reclamo administrativo ante las autoridades de la institución educativa, agotando las acciones legales o recursos en dicha instancia administrativa, para que posteriormente sean revisadas en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en donde también puede pedir simultáneamente medidas cautelares; aparece a folio 106 de autos que ante una solicitud de reclamo del impetrante, el Consejo Académico de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, le resolvió que dicho reclamo debía de presentarlo en el Consejo Administrativo de la UNPH por ser el caso derivado de un incumplimiento de contrato, sin que el impetrante haya accionado dicha instancia y continuado el tramite administrativa hasta darlo por agotado; de lo anterior se deduce claramente que o ha existido violación a las Garantas Constitucionales invocadas. QUINTO (5): En ese orden de ideas, es procedente SOBRESEER la presente acción de amparo, en vista de concurrir una causa de INADMISIBILIDAD de la acción, como ser que impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”.- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho, en virtud de que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LAINADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso - El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- En consecuencia la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINITARTIVO, en su sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad, como ser que el impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual SOBRESEE la garantía de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS contenidas en el acta 02—16 de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis , mediante el cual se suspende definitivamente como alumno del Programa de Maestría al señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO.-Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el MagistradoEDWIN FRANCISCOORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1159-2016.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de abril del dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que sobresee el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS contenidas en el acta 02—16 de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis , mediante el cual se suspende definitivamente como alumno del Programa de Maestría al señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO. Habiendo estimado el recurrente como violado los artículos 90 y 151 Constitución de la República.- ANTECEDENTES: 1) Que el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor de SI MISMO contra actuaciones DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS contenidas en el acta 02—16 de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual se suspende definitivamente como alumno del Programa de Maestría al señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, alumno de la Maestría en Criminología, que ofrece la referida universidad, aduciendo dichas autoridades inobservancia y violación de parte del recurrente, al haber trasladado sus pagos en tres mensualidades, por lo que considera el recurrente que dichas actuaciones violentan los artículos 90 y 151 de la Constitución de La República.- 2) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: 1- SOBRESEER la presente acción de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, actuando en causa propia 2- dejar sin valor ni efecto la suspensión del acto impugnado.- 3) Que en fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, en estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTOS DE DERECHO..- CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. - CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Que este alto tribunal conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. - Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar.- En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación al Debido Proceso y el Derecho a la Educación. Que el petente de amparo básicamente reclama que el acto por el cual el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH) resuelve separarlo definitivamente del Programa de Maestría en Criminología, por tener según la Universidad, retraso en sus pagos de cuotas mensuales (3 cuotas según se argumenta en el Acta No.02-2016) vulnera lo contemplado en la cláusula cuarta de dicho contrato, por lo que dicha resolución no debió haberse emitido. - CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que sirvió de base para su decisión de sobreseer la presente garantía constitucional de amparo. Que el tribunal de alzada decidió SOBRESEER el amparo al recurrente, basándose en que: “CUATRO (4): Acusa el impetrante le han violentado las Garantías Constitucionales de Debido Proceso y Educación, por haberlo separado definitivamente del programa de Maestría en Criminología aduciendo violación de su parte de la cláusula cuarta del contrato de servicios académicos.- Tal como lo dice el impetrante en su escrito de interposición de este recurso de Amparo, el Consejo Administrativo de la Universidad Nacional de la Policía, está descrita a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por tal razón le comprende el procedimiento administrativo regulado en la Ley General de la Administración y en la Ley de Procedimiento Administrativo, en tal sentido, el impetrante puede realizar directamente un reclamo administrativo ante las autoridades de la institución educativa, agotando las acciones legales o recursos en dicha instancia administrativa, para que posteriormente sean revisadas en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en donde también puede pedir simultáneamente medidas cautelares; aparece a folio 106 de autos que ante una solicitud de reclamo del impetrante, el Consejo Académico de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, le resolvió que dicho reclamo debía de presentarlo en el Consejo Administrativo de la UNPH por ser el caso derivado de un incumplimiento de contrato, sin que el impetrante haya accionado dicha instancia y continuado el tramite administrativa hasta darlo por agotado; de lo anterior se deduce claramente que o ha existido violación a las Garantas Constitucionales invocadas. QUINTO (5): En ese orden de ideas, es procedente SOBRESEER la presente acción de amparo, en vista de concurrir una causa de INADMISIBILIDAD de la acción, como ser que impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”.- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional. Que la Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho, en virtud de que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LAINADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso - El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”.- En consecuencia la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINITARTIVO, en su sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016); que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho merito, al presentarse causas de inadmisibilidad, como ser que el impetrante tiene expeditos recursos y acciones legales en vía Contencioso Administrativo, tal como lo manda el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual SOBRESEE la garantía de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, a favor de SI MISMO, contra actuaciones DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS contenidas en el acta 02—16 de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis , mediante el cual se suspende definitivamente como alumno del Programa de Maestría al señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO.-Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el MagistradoEDWIN FRANCISCOORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Firma y Sello Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1159-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”