Sentencia AA-1153-15 — Registro 9597
Resumen
En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones en la sentencia de que contiene el Recurso de Amparo que denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial. Habiendo estimado la recurrente como violados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre del dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad VIACOM INTERNATIONAL INC, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado la recurrente como violados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que la abogada BESSY LORENA GARCIA, actuando en su condición personal compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, promoviendo Demanda ordinaria de nulidad parcial de un acto administrativo por no se conforme a derecho por infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, para que se restituya el goce de los derechos o garantías vulneradas, contra la resolución No. 004/005-SR-14, de fecha trece de marzo del año dos mil catorce, por no estar apegada a derecho; demanda interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. (Folios 01 al 66 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha diez de octubre del año dos mil catorce, compareció ante el A-quo el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas.- 3) Que en fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, el Tribunal de primera instancia Falla: PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima la Defensas Previas no procede recurso alguno. (Folios del 26 al 30 de la pieza de Defensa Previas).- 4) Que la abogada BESSY LORENA GARCIA, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, alegando la recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BESSY LORENA GARCIA. (Folios del 33 al 35 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 6) Que en fecha siete de diciembre del año dos mil quince, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BESSY LORENA GARCIA, en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que Deniega el recurso interpuesto contra el auto de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por la sociedad denominada VIACOM INTERNATIONAL INC., contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente invocó como defensa previas ante el A-Quo las siguientes: 1.- Que el conocimiento del asunto no corresponde a la jurisdicción de lo contenciosos administrativo. 2.- Que la demanda se hubiere presentado por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada. Las que fueron desestimadas, razón por la que acude ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo interponiendo acción de amparo.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número cuatro (4) expone (sic) “Que la autoridad recurrida desestima correctamente las causas de inadmisibilidad que ante él fueron intentadas por el impetrante ya que la jurisdicción de lo contenciosos administrativo es competente para conocer la demanda ante ellos planteada”. Dejando establecido en el mismo numeral que “para que el fuero civil fuera competente para conocer de la causa intentada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, lo que no ocurre en la causa planteada ante la autoridad recurrida, porque el demandante no tiene un derecho adquirido, porque su situación jurídica aún es una mera pretensión de un derecho, porque en vía administrativa en virtud de una nulidad a un registro de marca por el solicitado y que le fue denegado, es que acude a los juzgados de lo contencioso administrativo, en forma correcta, al ser el competente para dirimir dicho conflicto, por no estar discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de nulidad de marca o registro”. Señalando que en virtud de lo expuesto “el demandante esta claramente legitimado para comparecer ante los Tribunales de dicha jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del acto administrativo que le afecta en sus pretensiones”.Expone además que no se ha quebrantado el debido proceso, derecho a la defensa litigando ante autoridad judicial competente, con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, como la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sus normas supletorias, haciendo sus alegatos permitidos por la ley, e interponiendo los recursos que franquea el ordenamiento jurídico. Por todo ello el Ad-Quem denegó la Acción de Amparo intentada.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1153-2015
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre del dos mil diecisiete.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, de la sentencia de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la Sociedad VIACOM INTERNATIONAL INC, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado la recurrente como violados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que la abogada BESSY LORENA GARCIA, actuando en su condición personal compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, promoviendo Demanda ordinaria de nulidad parcial de un acto administrativo por no se conforme a derecho por infracción del ordenamiento jurídico, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, para que se restituya el goce de los derechos o garantías vulneradas, contra la resolución No. 004/005-SR-14, de fecha trece de marzo del año dos mil catorce, por no estar apegada a derecho; demanda interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. (Folios 01 al 66 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha diez de octubre del año dos mil catorce, compareció ante el A-quo el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la Republica, alegando y oponiendo Defensas Previas.- 3) Que en fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, el Tribunal de primera instancia Falla: PRIMERO: DESESTIMAR las defensas previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. SEGUNDO: contra el presente auto resolutivo que desestima la Defensas Previas no procede recurso alguno. (Folios del 26 al 30 de la pieza de Defensa Previas).- 4) Que la abogada BESSY LORENA GARCIA, en su condición ya indicada, compareció ante la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, alegando la recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BESSY LORENA GARCIA. (Folios del 33 al 35 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 6) Que en fecha siete de diciembre del año dos mil quince, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada BESSY LORENA GARCIA, en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que Deniega el recurso interpuesto contra el auto de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la misma Sección Judicial, sobre las defensas previas planteadas por la recurrente, en relación a la demanda promovida por la sociedad denominada VIACOM INTERNATIONAL INC., contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente invocó como defensa previas ante el A-Quo las siguientes: 1.- Que el conocimiento del asunto no corresponde a la jurisdicción de lo contenciosos administrativo. 2.- Que la demanda se hubiere presentado por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada. Las que fueron desestimadas, razón por la que acude ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo interponiendo acción de amparo.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número cuatro (4) expone (sic) “Que la autoridad recurrida desestima correctamente las causas de inadmisibilidad que ante él fueron intentadas por el impetrante ya que la jurisdicción de lo contenciosos administrativo es competente para conocer la demanda ante ellos planteada”. Dejando establecido en el mismo numeral que “para que el fuero civil fuera competente para conocer de la causa intentada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, lo que no ocurre en la causa planteada ante la autoridad recurrida, porque el demandante no tiene un derecho adquirido, porque su situación jurídica aún es una mera pretensión de un derecho, porque en vía administrativa en virtud de una nulidad a un registro de marca por el solicitado y que le fue denegado, es que acude a los juzgados de lo contencioso administrativo, en forma correcta, al ser el competente para dirimir dicho conflicto, por no estar discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de nulidad de marca o registro”. Señalando que en virtud de lo expuesto “el demandante esta claramente legitimado para comparecer ante los Tribunales de dicha jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del acto administrativo que le afecta en sus pretensiones”.Expone además que no se ha quebrantado el debido proceso, derecho a la defensa litigando ante autoridad judicial competente, con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, como la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sus normas supletorias, haciendo sus alegatos permitidos por la ley, e interponiendo los recursos que franquea el ordenamiento jurídico. Por todo ello el Ad-Quem denegó la Acción de Amparo intentada.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento de inadmisibilidad de las causas invocadas por el demandado es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes enjuicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada BESSY LORENA GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1153-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional