Sentencia AA-114-17 — Registro 9601
Resumen
En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que sobresee el recurso de amparo con relación a unas defensas previas interpuestas Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece lo relativo, a la vista al recurrente y dispone que: “Recibidos los antecedentes o el informe en su caso, el órgano jurisdiccional concederá vista por cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalice su petición por escrito. Si el recurrente no formaliza el recurso, sin más trámite se sobreseerán las diligencias; Sin embargo, si del escrito de interposición del amparo se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se continuara con el trámite normal del proceso de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veinticinco (25) de enero del dos mil diecisiete (2017), que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiuno(21) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con relación a unas defensas previas interpuestas por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DELAREPUBLICA, en la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL VALLAS Y GIGANTOGRAFIA DE HONDURAS, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP).- Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Defensas Previas, en la demanda relacionada en el numeral anterior. En consecuencia, el referido Juzgado en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), celebró audiencia de defensas previas en la cual en su parte dispositiva dice: (SIC) “UNICO: DESESTIMAR: DESESTIMAR los presentes alegatos de Defensas Previas presentados por la parte incidentista (Demandada) por INEXISTENTES. …” (Folio 21 al 23 de la pieza de Defensas Previas).- 2) Que en fecha cuatro(04) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), promoviendo Demanda de Amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), por estimar que la misma es violatoria de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.(Folios 01 al 02 de la pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecisiete(2017), luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: SOBRESEERLAACCION DE AMPARO interpuesta por ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), contra la resolución dictada por Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015).- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho comunique y remita en consulta obligatoria a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia para los efectos legales que procedan.…” (Folios 23 al 25 de la Corte de Apelaciones).- 4) Que en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veinticinco (25) de enero del dos mil diecisiete (2017), que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con relación a unas defensas previas interpuestas por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, en la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL VALLAS Y GIGANTOGRAFIA DE HONDURAS, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP).- CONSIDERANDO (3): Que como quedó dicho, el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, en fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, presentó un escrito de interposición del recurso de amparo, de cuya revisión se deduce que el recurrente ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Asimismo, en el folio once de la pieza de amparo, consta el escrito de formalización de la acción constitucional de amparo.- CONSIDERANDO (4): Que de la revisión del escrito de formalización de la acción de amparo interpuesta por la representación de la Procuraduría General de la República, se observa que la misma ha incumplido con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, disposición legal que manda que en el escrito de formalización de la acción de amparo, el recurrente desarrollará de manera puntual el concepto de la violación alegada, es decir, exponer de manera motivada al Tribunal ante quien se interpone el amparo, el porque considera que la resolución, acto o hecho de autoridad competente, vulnera los derechos fundamentales señalados. Se dice lo anterior, pues el escrito de formalización de la acción interpuesta, lo conforma exactamente el mismo planteamiento expuesto en la interposición del mismo, conclusión arribada después de haber cotejado ambos escritos.- CONSIDERANDO (5): Que el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece lo relativo, a la vista al recurrente y dispone que: “Recibidos los antecedentes o el informe en su caso, el órgano jurisdiccional concederá vista por cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalice su petición por escrito. Si el recurrente no formaliza el recurso, sin más trámite se sobreseerán las diligencias; Sin embargo, si del escrito de interposición del amparo se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se continuara con el trámite normal del proceso de amparo.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0114-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veinticinco (25) de enero del dos mil diecisiete (2017), que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiuno(21) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con relación a unas defensas previas interpuestas por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DELAREPUBLICA, en la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL VALLAS Y GIGANTOGRAFIA DE HONDURAS, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP).- Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Defensas Previas, en la demanda relacionada en el numeral anterior. En consecuencia, el referido Juzgado en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), celebró audiencia de defensas previas en la cual en su parte dispositiva dice: (SIC) “UNICO: DESESTIMAR: DESESTIMAR los presentes alegatos de Defensas Previas presentados por la parte incidentista (Demandada) por INEXISTENTES. …” (Folio 21 al 23 de la pieza de Defensas Previas).- 2) Que en fecha cuatro(04) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), promoviendo Demanda de Amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), por estimar que la misma es violatoria de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.(Folios 01 al 02 de la pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecisiete(2017), luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: SOBRESEERLAACCION DE AMPARO interpuesta por ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), contra la resolución dictada por Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015).- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho comunique y remita en consulta obligatoria a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia para los efectos legales que procedan.…” (Folios 23 al 25 de la Corte de Apelaciones).- 4) Que en fecha ocho (08) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veinticinco (25) de enero del dos mil diecisiete (2017), que sobresee el recurso de amparo interpuesto por el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con relación a unas defensas previas interpuestas por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, en la demanda promovida por la SOCIEDAD MERCANTIL VALLAS Y GIGANTOGRAFIA DE HONDURAS, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP).- CONSIDERANDO (3): Que como quedó dicho, el Abogado ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, en fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, presentó un escrito de interposición del recurso de amparo, de cuya revisión se deduce que el recurrente ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en artículo 49 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Asimismo, en el folio once de la pieza de amparo, consta el escrito de formalización de la acción constitucional de amparo.- CONSIDERANDO (4): Que de la revisión del escrito de formalización de la acción de amparo interpuesta por la representación de la Procuraduría General de la República, se observa que la misma ha incumplido con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, disposición legal que manda que en el escrito de formalización de la acción de amparo, el recurrente desarrollará de manera puntual el concepto de la violación alegada, es decir, exponer de manera motivada al Tribunal ante quien se interpone el amparo, el porque considera que la resolución, acto o hecho de autoridad competente, vulnera los derechos fundamentales señalados. Se dice lo anterior, pues el escrito de formalización de la acción interpuesta, lo conforma exactamente el mismo planteamiento expuesto en la interposición del mismo, conclusión arribada después de haber cotejado ambos escritos.- CONSIDERANDO (5): Que el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece lo relativo, a la vista al recurrente y dispone que: “Recibidos los antecedentes o el informe en su caso, el órgano jurisdiccional concederá vista por cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalice su petición por escrito. Si el recurrente no formaliza el recurso, sin más trámite se sobreseerán las diligencias; Sin embargo, si del escrito de interposición del amparo se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se continuara con el trámite normal del proceso de amparo.”
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional