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Sentencia AA-1133-16 — Registro 9603

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que denegó la acción de amparo en la pieza de Defensas. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto la Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Septiembre de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesto por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en la pieza de Defensas Previas en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil quince (2015),en relación a la Demanda promovida por la señora HERMELINDA DURON PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente ahora conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres de marzo de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora HERMELINDA DURON PADILLA, actuando en su condición personal, promoviendo demanda para que se declare la nulidad de la resolución No. 1068-2014, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. (Folios 01 al 3 de la primera pieza de los antecedentes)- 2) Que en fecha uno de agosto de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, alegando y oponiendo defensas previas, por estimar que existen causales de inadmisibilidad en la referida demanda. (Folios 01 al 04 de la pieza separada de defensas previas)- 3) Que en audiencia celebrada en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, el citado Juzgado resolvió: “…por tanto el tribunal entiende entonces que esta demanda, no es indispensable se presente dicho documento contenido en el artículo 104 y por ese motivo desestima las defensas previas presentadas por el Estado de Honduras por ser improcedentes,…” (Folios 32 al 34 de la pieza separada de defensas previas)- 4) Que en fecha veintitrés (23)de octubre del dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la Abogada CINTHIA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, Procuradora Judicial del Estado de Honduras interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, del departamento de Francisco Morazán, por estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) emitió su fallo, mediante el cual resolvió: “PRIMERO: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado de los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente y Minas (MIAMBIENTE). (Folio 55 al 57 de la pieza de Corte de apelaciones)- 6) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con nuestro texto constitucional, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3):Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que resulta que el acto reclamado en amparo lo constituye la resolución emitida en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODE TEGUCIGALPA, mediante el cual determinó desestimar las defensas previas opuestas por la parte demandada al encontrar las mismas improcedentes según se advierte de su motivación. Las defensas previas alegadas y fundadas en causas de inadmisibilidad de la demanda, fueron señaladas y razonadas por el demandado así: La demanda adoleciere de defecto formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto: El incidentista alega que la demandante presento la presente demanda sin acompañar el recibo de pago de la multa impuesta violando con este acto lo establecido en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual exige que a la demanda se acompañara el documento que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, o el arreglo de pago correspondiente, salvo que ya constara en el expediente, en cuyo caso bastara con que se indique. Asimismo el peticionario sostiene que existe otra causal de inadmisibilidad de la acción, la cual debió de ser apreciada de oficio por el Juzgado, en virtud de que el demandante en su plan de demanda no expone la indemnización de daños reales efectivamente causados, por lo que constituye un defecto formal que impide verter su pronunciamiento, por cuanto no reúne los requisitos esenciales para que la demanda sea admitida, lo que vulnera flagrantemente el debido proceso.- CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia interlocutoria que resolvió la denegatoria de la cuestión de defensas previas opuestas por el Estado, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA destacó en su motivación que “Si bien no desconoce la jurisprudencia o los criterios de las cortes anteriores, contenido en estos fallos que ha tenido a la vista el Juzgado, vale la pena hacer referencia a la línea jurisprudencial más moderna, que ha venido desarrollando los órganos de lo contencioso administrativo en el siguiente sentido que si bien es cierto no se desconoce la figura el solve et repete contenida en el artículo 104, de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta figura es únicamente para aquellas circunstancias cuando el acto que se está impugnando tengan carácter tributario o impositivo, es decir que provenga directamente de una Ley que regule la relación que hay entre un contribuyente y el Estado de Honduras, cuando lo que se trata de pagar es algún impuesto, tasa, multa o crédito publico pero directamente relacionado con el derecho tributario, en el presente caso de autos que ha hecho el tribunal, de la pretensión de la parte demandante, lo que se impugna es una multa de L601,000.00 pero esta no tiene origen tributario, su origen es derecho sancionador, es decir a criterio del Estado de Honduras, se le sanciona al demandante por unos supuestos daños al medio ambiente, circunstancia que no tiene nada que ver con el derecho tributario que es el que exige en su Artículo 104 y por este motivo desestima las defensas previas presentadas por el Estado de Honduras por ser improcedentes, tomando en consideración el contenido del Artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el 64.”- CONSIDERANDO (7): Que en la sentencia que se conoce en consulta y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO estableció en sus consideraciones que la potestad sancionadora del Estado es aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido aun administrado como consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber. Pero esta potestad sancionadora, se despliega en campos específicos y se diferencia de unos y otros, como ejemplo la materia tributaria o impositiva que se refiere estrictamente a la imposición de tributos, es por ello que la sanción impuesta a la parte demandante señora HERMELINDA DURON PADILLA, no constituye una sanción tributaria, sino una simple sanción administrativa, concluyendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso, que no ha existido vulneración a derechos fundamentales, por consiguiente procede a denegar el amparo.- CONSIDERANDO (8): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que la resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.- CONSIDERANDO (9): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto la Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesto por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en la pieza de Defensas Previas en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil quince (2015),en relación a la Demanda promovida por la señora HERMELINDA DURON PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente ahora conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venida en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1133-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de Septiembre de dos mil diecisiete.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesto por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en la pieza de Defensas Previas en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil quince (2015),en relación a la Demanda promovida por la señora HERMELINDA DURON PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente ahora conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.- Estimando la recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres de marzo de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora HERMELINDA DURON PADILLA, actuando en su condición personal, promoviendo demanda para que se declare la nulidad de la resolución No. 1068-2014, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. (Folios 01 al 3 de la primera pieza de los antecedentes)- 2) Que en fecha uno de agosto de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, alegando y oponiendo defensas previas, por estimar que existen causales de inadmisibilidad en la referida demanda. (Folios 01 al 04 de la pieza separada de defensas previas)- 3) Que en audiencia celebrada en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, el citado Juzgado resolvió: “…por tanto el tribunal entiende entonces que esta demanda, no es indispensable se presente dicho documento contenido en el artículo 104 y por ese motivo desestima las defensas previas presentadas por el Estado de Honduras por ser improcedentes,…” (Folios 32 al 34 de la pieza separada de defensas previas)- 4) Que en fecha veintitrés (23)de octubre del dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la Abogada CINTHIA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, Procuradora Judicial del Estado de Honduras interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, del departamento de Francisco Morazán, por estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) emitió su fallo, mediante el cual resolvió: “PRIMERO: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado de los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente y Minas (MIAMBIENTE). (Folio 55 al 57 de la pieza de Corte de apelaciones)- 6) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con nuestro texto constitucional, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3):Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (5): Que resulta que el acto reclamado en amparo lo constituye la resolución emitida en fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODE TEGUCIGALPA, mediante el cual determinó desestimar las defensas previas opuestas por la parte demandada al encontrar las mismas improcedentes según se advierte de su motivación. Las defensas previas alegadas y fundadas en causas de inadmisibilidad de la demanda, fueron señaladas y razonadas por el demandado así: La demanda adoleciere de defecto formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto: El incidentista alega que la demandante presento la presente demanda sin acompañar el recibo de pago de la multa impuesta violando con este acto lo establecido en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual exige que a la demanda se acompañara el documento que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, o el arreglo de pago correspondiente, salvo que ya constara en el expediente, en cuyo caso bastara con que se indique. Asimismo el peticionario sostiene que existe otra causal de inadmisibilidad de la acción, la cual debió de ser apreciada de oficio por el Juzgado, en virtud de que el demandante en su plan de demanda no expone la indemnización de daños reales efectivamente causados, por lo que constituye un defecto formal que impide verter su pronunciamiento, por cuanto no reúne los requisitos esenciales para que la demanda sea admitida, lo que vulnera flagrantemente el debido proceso.- CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia interlocutoria que resolvió la denegatoria de la cuestión de defensas previas opuestas por el Estado, el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA destacó en su motivación que “Si bien no desconoce la jurisprudencia o los criterios de las cortes anteriores, contenido en estos fallos que ha tenido a la vista el Juzgado, vale la pena hacer referencia a la línea jurisprudencial más moderna, que ha venido desarrollando los órganos de lo contencioso administrativo en el siguiente sentido que si bien es cierto no se desconoce la figura el solve et repete contenida en el artículo 104, de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta figura es únicamente para aquellas circunstancias cuando el acto que se está impugnando tengan carácter tributario o impositivo, es decir que provenga directamente de una Ley que regule la relación que hay entre un contribuyente y el Estado de Honduras, cuando lo que se trata de pagar es algún impuesto, tasa, multa o crédito publico pero directamente relacionado con el derecho tributario, en el presente caso de autos que ha hecho el tribunal, de la pretensión de la parte demandante, lo que se impugna es una multa de L601,000.00 pero esta no tiene origen tributario, su origen es derecho sancionador, es decir a criterio del Estado de Honduras, se le sanciona al demandante por unos supuestos daños al medio ambiente, circunstancia que no tiene nada que ver con el derecho tributario que es el que exige en su Artículo 104 y por este motivo desestima las defensas previas presentadas por el Estado de Honduras por ser improcedentes, tomando en consideración el contenido del Artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el 64.”- CONSIDERANDO (7): Que en la sentencia que se conoce en consulta y que resolvió la acción de amparo interpuesta en contra de la resolución del A-Quo que ha sido anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO estableció en sus consideraciones que la potestad sancionadora del Estado es aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido aun administrado como consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber. Pero esta potestad sancionadora, se despliega en campos específicos y se diferencia de unos y otros, como ejemplo la materia tributaria o impositiva que se refiere estrictamente a la imposición de tributos, es por ello que la sanción impuesta a la parte demandante señora HERMELINDA DURON PADILLA, no constituye una sanción tributaria, sino una simple sanción administrativa, concluyendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso, que no ha existido vulneración a derechos fundamentales, por consiguiente procede a denegar el amparo.- CONSIDERANDO (8): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. De igual forma se advierte que la resolución objeto de la acción de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la autoridad recurrida en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece.- CONSIDERANDO (9): Que el pronunciamiento de los órganos de la Justicia Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la transgresión constitucional alegada luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala no encuentra que en el trámite del recurso que se conoce, pueda advertirse violación, lesión o que se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, quedando evidenciado para esta Sala, que tanto la Juez A-quo como la Corte de Alzada se han limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual han hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a los derechos constitucionales que amparan al quejoso, siendo además que la Corte sentenciadora, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, como queda dicho; en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta, en todas y cada una de sus partes y así debe ser declarado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.1d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 63 y 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), que denegó la acción de amparo interpuesto por la abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en la pieza de Defensas Previas en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil quince (2015),en relación a la Demanda promovida por la señora HERMELINDA DURON PADILLA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente ahora conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venida en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1133-2016.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional