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Sentencia AA-1107-16 — Registro 6614

Resumen

Dos actos administrativos, uno relacionado con la cédula de notificación de una providencia y la decisión que declaró sin lugar la nulidad de actuaciones de la referida notificación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."éste Alto Tribunal observa de los antecedentes que la recurrente tuvo por bien hecha dicha notificación al hacer uso del término de diez días para proponer medios probatorios que fueron concedidos a las partes en dicha notificación, circunstancia que consta a folio 133 de los antecedentes, en consecuencia, dicha notificación y el auto de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil dieciséis, que declaró sin lugar la nulidad de actuaciones de la notificación de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil dieciséis, son conforme a derecho, estimando ésta Sala que la emisión de los actos reclamados han sido emitidos en aplicación al ordenamiento jurídico vigente, garantizando de ésta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose con la emisión de los actos impugnados las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."la acción de amparo es inadmisible cuando examinados que sean los antecedentes se constate en forma manifiesta que la misma tiene por objeto la dilación del proceso, extremo que ha sido advertido por esta Sala, razón por la cual se justifica en esta etapa del procedimiento inadmitir el recurso de mérito, tal y como lo ordena la normativa reguladora del presente trámite..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciséis. LA SALA DE LO PENAL integrada por los Magistrados MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO en su calidad de Coordinador, JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ Y CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, dicta sentencia en el antejuicio promovido por la Abogada E. R. en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, contra los Abogados N. I. C. S., J. C. R. S. Y N. C. F. por el supuesto delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la Administración Pública. SON PARTES: La Abogada E. R. en su condición de Representante del Ministerio Público y los Abogados N. I. C. S., J. C. R. S. Y N. C. F., actuando por sí, como parte antejuiciada. I.-ANTECEDENTES DEL CASO. PRIMERO: Mediante auto de fecha 16 de septiembre 2015, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite el Antejuicio presentado por el Ministerio Público, contra los Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, N. I. C., J. C. R. S. y N. C. F., por suponerlos responsables a títulos de autores de un delito consumado de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública. SEGUNDO: La solicitud de antejuicio se deriva de los hechos suscitados en fecha 18 de marzo de 2011, en virtud de los cuales el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó Requerimiento Fiscal contra el señor E. E. S. y otras personas, por los delitos de Trafico Ilícito de Drogas, Tráfico de Armas, Almacenamiento de Armas y Munición Ilegal en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y la Seguridad Interior del Estado; causa judicial que fue puesta en conocimiento del entonces Juez de Letras Penal de San Pedro Sula, Abogado E. A. M. M., quien en audiencia inicial del 20 de septiembre del 2011, decretó sobreseimiento provisional a favor del imputado E. E. S.; resolución que fue objeto y causal de la cancelación del nombramiento de dicho Juez, según acuerdo número 137 del 27 de enero de 2012, emitido por la Corte Suprema de Justicia. TERCERO: La resolución dictada por el Juez M. M. el 20 de septiembre del 2011, fue impugnada mediante recurso de apelación por el Ministerio Público. Resulta que durante la tramitación del recurso de apelación, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula. integrada por los Abogados A. A. V.- Magistrado Presidente, N. I. C.- Magistrada Propietaria y M. D. M.- Magistrada Integrante, resolvió el 02 de febrero de 2012, por mayoría de votos declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocando el auto de sobreseimiento provisional y ordenando que el Juez Aquo dictara el correspondiente auto de prisión por los delitos imputados; sin embargo, se desprende de dicha resolución el voto particular disidente emitido por la Magistrada Propietaria N. I. C. S., quien se pronunció porque se confirmara la decisión del Juez M.; expresando que entre las pruebas aportadas por el Ministerio Público, esto es, una certificación del Registro de la Propiedad Inmueble y la prueba presentada por la defensa, en este caso unas actas notariales, la Magistrada le concede valor probatorio únicamente a las actas notariales aduciendo que existe un cuestionamiento en el testimonio de la escritura registrada, ya que dichas actas indican que no se encontró la escritura matriz en el protocolo del Notario, estimando la Magistrada N. I. C. que era excesivo limitar la libertad del sospechoso mediante un auto de prisión y como consecuencia lo procedente era confirmar el sobreseimiento provisional dictado por el Juez E. A. M. M.. CUARTO: Por las actuaciones realizadas en la tramitación de la causa judicial contra E. E. S., el Ministerio Público interpuso el 12 de agosto de 2013, requerimiento fiscal contra el Abogado E. A. M. M. por los delitos de Abuso de Autoridad y Prevaricato; resultando que durante la audiencia inicial correspondiente se dictó un sobreseimiento definitivo a favor del procesado; no conforme con dicha decisión la Representación del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, siendo integrado dicho órgano jurisdiccional por los Magistrados N. I. C. S.- Magistrada Presidenta y los Abogados J. C. R. y N. C. F.- Magistrados Suplentes; lo que motivó al ente acusador para el planteamiento de un incidente de recusación contra la Magistrada N. I. C., aduciendo que esta última con anterioridad había tenido conocimiento del caso ya que durante la tramitación del recurso de apelación en la causa judicial instruida contra el señor E. E. S., ella misma había emitido un voto disidente y confirmatorio de la resolución emitida por el entonces Juez E. M., quien estaba siendo procesado por esa misma resolución; situación que a criterio del ente acusador, volvía previsible la resolución de la Magistrada C. S. a favor del encausado M. M., debido a la posición adoptada por ésta en la causa que desencadenó el nuevo proceso. - El Ministerio Público fundamento su petición con base en la causal establecida por el artículo 83 numeral 3) del Código Procesal Penal. El incidente de recusación no prosperó ya que la Abogada N. I. C. adujo en su informe que no se encontraba comprendida dentro de las causal invocada, posición que fue aceptada por los Magistrados J. C. R. y N. C., quienes emitieron resolución declarando sin lugar la recusación y dando continuidad a la audiencia, la que finalmente concluyó con la resolución de fecha 23 de mayo del año 2014, en la que se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que decretaba el sobreseimiento definitivo a favor del Abogado E. A. M. M.. II.- CALIFICACIÓN JURIDICA REALIZADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO: El ente acusador considera que la actuación de los Magistrados de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula ilícita, se subsume en el delito de Abuso de Autoridad tipificado en el articulo 349 numeral 2), que describe una conducta activa y otra omisiva; en el presente caso al referirse a una conducta activa se hace referencia a la acción de haber dictado una resolución contraria a la ley, que para este caso, consistiría la dictada por los Abogados R. y F.- Magistrados Suplentes, en la decisión de rechazar la Recusación planteada por el Ministerio Público contra la Magistrada C. S.; el Ministerio Público sostiene que se trata de una resolución contraria a la Constitución de la República y las leyes, concretamente a lo establecido por el articulo 303 párrafo segundo de la Constitución de la República “En ningún juicio habrán más de dos instancias; el Juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas no podrá conocer de la otra, ni en recurso extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad”. A juicio del ente acusador el comportamiento de la Magistrada C. S. es subsumible en el segundo presupuesto del articulo 349 numeral 2 del Código penal “Se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquier de dichos ordenamientos jurídicos; desprendiéndose de los hechos la existencia de una conducta omisiva, traducida en la abstención de cumplir con lo ordenado en la norma procesal, por no haberse excusado del conocimiento de la causa instruida contra el Abogado E. M., pese a constar en autos su intervención en otra causa, en la cual, ella misma había emitido resolución validando la decisión adoptada por este Abogado y que en ese acto estaba siendo conocida por la Corte Integrada por la Abogada C. S., quien a su vez emite informe señalando no considerarse comprendida dentro de la causal invocada por el ente acusador; por otro lado, la Representación del Ministerio Público considera que se ha producido una infracción a la norma constitucional en la que se prohíbe el conocimiento cuando previamente ha conocido el mismo asunto; si bien se trata de recurso extraordinario pero el primer asunto conocido inicialmente estaba relacionado con la segunda causa promovida, ya que la señora Magistrada se había pronunciado sobre el fondo de ese asunto, siendo el mismo que dio origen a la imputación contra el Juez que emitió la resolución, estimando el ente acusador que dicha resolución fue arbitraria de tal manera que se trataba del mismo asunto y por tanto el delito que se le atribuye es de Abuso de Autoridad. III.- ELEMENTOS DE PRUEBA APORTADOS 1.- Copia de expediente Judicial No. 0501-2010- 05820. 2.- Copia de Expediente Judicial No. 0501- 2013- 1072. IV.- FUNDAMENTACIÓN JURIDICA-NATURALEZA DEL ANTEJUICIO. 1). El Antejuicio es la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción. El Antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza, a excepción de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sometidos a un procedimiento especial. 2). El Antejuicio concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también y más importante es una garantía para la ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia por las decisiones adoptadas. En conclusión, el Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza. 3). A partir del concepto apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a)Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b)Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; c)Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); d)Mediante el Antejuicio se determinará si existe o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; y e) al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada, ello genera varias consecuencias: a. Aun y cuando sea declarado con lugar un antejuicio, el Ministerio Público podría decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello o el subsecuente proceso penal podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a Derecho; b. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la persona interesada –en los casos de delitos de carácter privado-, podrá presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporte nuevo elementos de juicio que permitan su revaloración,- 4). El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: a). Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; b). Como excepción: cuando el funcionario jurisdiccional acude al proceso penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio. 5). Presentado que sea el Antejuicio y concluido el trámite previsto por el Código Procesal Penal, corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo, a saber: Verificación de Requisitos Formales: a) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública, por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras, o por persona agraviada en los casos de delitos de acción privada.- Es operable igualmente con el Antejuicio lo relativo a la conversión de la acción pública a acción privada, en los casos que sea procedente; b) Que la persona contra la cual se presente el antejuicio actualmente esté en el desempeñando en una función estatal protegida con ésta garantía.- Si la persona ha cesado en el cargo de Juez o Jueza, no tendría lugar la protección de la función estatal, siendo lo procedente proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); c) Que el delito imputado sea de aquellos que sólo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función estatal.- Aun cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los caso de los delitos que se atribuyen pero al margen de las funciones que ejerce, no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función estatal; d)El escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el peticionario considera constitutivos de delito y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se subsumen. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor definitivo en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, solamente que existen indicios racionales para el ejercicio de la acción penal, más no certeza de los hechos delictivos atribuidos. Verificación de Requisitos Materiales: a) Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el Actor, sobre la existencia de un hecho que sólo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: a. Que la acción sea una maniobra para separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; b. Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; c. Que la acción sea planteada como una forma del litigante para dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia; 6). Oportuno es señalar que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; Igualmente la suerte del Antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido subsanada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional, sino en determinar si existen fundamentos razonables para autorizar la persecución penal. V.- DE LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN. La justicia debe ser impartida por Jueces probos e imparciales. Las partes que acuden a los órganos jurisdiccionales deben tener garantizada que esta máxima esencial en el Estado de Derecho se cumpla sin excepción. Por esa razón la ley les ha proporcionado el mecanismo de la recusación con el objeto de apartar del conocimiento de un asunto en particular al Juez que conocerá o está conociendo de la causa, cuando haya indicios de que podría no ser imparcial, por estar comprendido dentro de ciertas causas que la ley ha enumerado taxativamente (Articulo 83 Código Procesal Penal); incluso opera este mecanismo para los Magistrados de los Tribunales Superiores y para todos los auxiliares que laboren en ese órgano judicial concreto. A los mismos Jueces, Magistrados o auxiliares, la ley les pone a su alcance la figura de la abstención, para que, sin esperar a que se les recuse, se aparten voluntariamente de un asunto concreto, para evitar suspicacias en el caso de encontrarse en algunas de las causales de recusación. VI.-DE LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE ANTEJUICIO PRESENTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES- N. I. C. S., N. C. F. Y J. C. R.. I.- Conforme a los argumentos facticos y jurídicos expuestos por el Ministerio Público en el escrito de Antejuicio con miras a exigir responsabilidad penal a los Magistrados de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, J. C. R., N. C. F..y N. I. C. S., se desprende que el ente acusador asume que los expresados Magistrados han cometido el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública. II.- Del estudio de los antecedentes se desprende que la Magistrada N. I. C. no se excusó en la causa contenida en el expediente No. 1072-2013, por no sentirse comprendida en la causal de recusación invocada por la agente Fiscal (Articulo 87 Numeral 3) del Código Procesal Penal que reza “haber sido Juez o integrante de un Tribunal en una etapa anterior del Proceso”), y por las mismas razones los Magistrados N. C. y J. C. R. no admitieron la recusación que al efecto fue planteada, por cuanto, la Magistrada C. no fue Juez ni tampoco integrante de una etapa anterior de ese proceso en que se pidió la recusación, siendo que quien intervino en una etapa anterior de ese proceso fue un Juez de Primera Instancia; la Magistrada C. participó en otro proceso que aunque guardaba relación, los delitos y los imputados eran diferentes en ambos casos. Este Tribunal, estima que la Magistrada N. I. C. S., en el caso del Abogado M. M., no intervino como Juez en las etapas anteriores del proceso y en consecuencia estaba habilitada para conocer el recurso de apelación. Si bien es cierto, el antejuicio presentado se fundamentó justamente en el voto particular emitido por la Magistrada N. I. C. en el expediente de donde derivó la acusación contra el Abogado M. M., actuación judicial permitida por la propia ley, tratándose de un órgano colegiado, no menos cierto que tal circunstancia, no puede enmarcarse en la causal de recusación establecida en el numeral 3) del artículo 83 del Código Procesal Penal (para garantizar el principio de imparcialidad judicial), al no tratarse de una etapa anterior del mismo proceso. Pues la causa por el delito de Tráfico de Drogas y Almacenamiento de Armas contra el encausado E. H. S. donde el ex Juez M. dictó un sobreseimiento provisional en relación con el otro proceso por el delito de Abuso de Autoridad y Prevaricato que fue incoado contra dicho Juez por haber dictado sobreseimiento provisional, fue un proceso distinto, con diferentes imputados y delitos, por lo que no cabe interpretar que en el presente caso, se trate de una etapa anterior del proceso, como señala la causal de recusación del numeral 3) del artículo 83 del Código Procesal Penal, respecto al cual, realizando una interpretación normativa se desprende que se refiere al hecho de haber conocido en una etapa anterior del mismo proceso que se está conociendo, no de otro. Por tal razón no ha existido causa legítima que justifique apartar a la Magistrada C. S. del conocimiento de dicho proceso. Esta Sala no desconoce que la situación expuesta por el Ministerio Público ciertamente resulta controversial, sin embargo el Código Procesal Penal hondureño sigue un sistema numerus clausus o cerrado en la descripción de las supuestos que dan lugar a la abstención y recusación de Jueces y Magistrados, de tal manera que hasta este momento procesal la legislación hondureña no admite la estimación de causas de abstención que no están previstas expresamente en la Constitución o la ley, y por tanto la procedencia de aquellas creadas por analogía. Por otro lado, la Sala de lo Penal no aprecia la existencia de un comportamiento intencional o doloso, por parte de la Magistrada C. S. al no considerarse comprendida en la causal de recusación ni por parte de los Magistrados N. C. F. y J. C. R. S., al resolver y declarar sin lugar el incidente de recusación planteado por el ente acusador contra su compañera. III.- Este Tribunal, no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa a los antejuiciados puedan ser subsumidos dentro de los elementos objetivos ni subjetivos del delito tipificado en el artículo 349 numeral 2) del Código Penal, consistente en ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, no existiendo suficientes meritos para iniciar una causa penal por estos hechos y por ende para proceder criminalmente contra los Magistrados N. I. C. S., N. C. F. y J. C. R. S. por razón de su cargo, en consecuencia procede declarar NO HA LUGAR a la acusación expuesta en el Antejuicio promovido. PARTE RESOLUTIVA: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del ESTADO DE HONDURAS, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL, y en aplicación de los artículos 82, 303, 304, 313 atribución 3), 316 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 preámbulo y número 2) del Código Penal, 420, 421, 422, 423 del Código Procesal Penal. FALLA: ÚNICO: Declarar No ha Lugar al antejuicio y como consecuencia de ello la acusación promovida en contra de los Abogados N. I. C. S., J. C. R. S. y N. C. F., en su condición de Magistrados de la Corte de Apelaciones Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de generales conocidas por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública que les formulase el Ministerio Público a través de la agente de Tribunales E. R.. Y MANDA que si dentro del término legal no se interpusiere recurso contra el presente fallo, se proceda al archivo de las presentes diligencias. El presente fallo se dicta hasta la fecha en razón del exceso de trabajo existente en esta Sala. REDACTÓ: EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO. NOTIFÍQUESE.– FIRMAS Y SELLO.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida a solicitud del Abogado J. C. R. S., en su condición personal, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un día del mes de febrero del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Antejuicio con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-366-2014.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL