Sentencia AA-1105-15 — Registro 12128
Resumen
Sentencia declaró infundado recurso de queja contra resolución recurrida dictada por juzgado de primera instancia que rechazó recurso de apelación diferido por inadmisión de medio de prueba, así como contra la declaración sin lugar de recurso de reposición por dicha inadmisión en relación a demanda en materia de personal contra recurrente; el Tribunal de Alzada estima que la inadmisión de un medio de prueba no procede recurso de apelación diferida como se lo ha pretendido recurrente, que debe observarse la normativa procesal civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, así como el derecho a la igualdad, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar infundado el recurso de Queja interpuesto por la parte demandada, al pronunciarse en el considerando seis de los fundamentos de derecho de la sentencia que se impugna en Amparo, que se deniega el Recurso de Apelación Diferida, pues quedó en acta la formal protesta de la parte demandada en cuanto a la inadmisión del medio de prueba propuesto y la denegatoria del Recurso de Reposición intentado, debiendo en consecuencia el Tribunal que conozca del Recurso de Apelación promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por el A-quo, quien deberá resolver sobre la cuestión en controversia, pues en el caso de inadmisión de un medio de prueba no procede interposición de Recurso de Apelación Diferida como lo ha pretendido el recurrente, debiendo éste –Recurrente-, observar lo dispuesto en el artículo 240 del Código Procesal Civil supra relacionado..."..."esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa, debido proceso e igualdad, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."..."en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 708 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete. VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA a favor del PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, que denegó un recurso de queja, interpuesto contra la resolución de fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda para que se DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO TÁCITO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA DE PERSONAL, promovida por la señora MARCELA LAITANO BARAHONA contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. Estima el recurrente que el acto reclamado, es violatorio de derechos, declaraciones y garantías constitucionales tales como la igualdad jurídica, derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno de abril del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora MARCELA LAITANO BARAHONA, promoviendo demanda para que se DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO TÁCITO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA PERSONAL, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. (Folios del 01 al 04 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 2) Que en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó sentencia definitiva mediante la cual resuelve (Sic) “PRIMERO: Declarar procedente la acción promovida por la ciudadana MARCELA LAITANO BARAHONA, por no ajustarse a derecho el acto administrativo tácito impugnado contenido en la acción de personal de fecha 3 de marzo del 2014, emitido por la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusión Social por medio del cual se canceló el nombramiento de la ahora demandante…” (Folios del 80 al 85 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha cinco de enero del año dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, el Abogado Sotero Mejía Padilla en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras, interponiendo Recurso de Apelación diferida en relación a denegación de Recurso de Reposición y acto de protesta interpuesto en la causa y a su vez Recurso de Apelación y expresión de agravios en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce. (Folios del 86 al 94 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que en fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, emitió auto mediante el cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Que del escrito presentado por la parte demandada se colige que no es por ningún incidente que propone la Apelación diferida sino sobre la denegatoria de un Recurso de Reposición por la denegatoria de un medio de prueba del cual se hizo el formal protesto constando en acta al efecto de hacer valer sus Derechos en el Recurso de Apelación que contra la sentencia definitiva se pueda interponer apelando al Tribunal Superior obligado a resolver la apelación diferida en la propia sentencia que concluya el recurso.-Por lo que se rechaza la Apelación Diferida.-SEGUNDO: Tiénese por interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Apelación por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de apoderado legal de la parte demandada, contra la Sentencia Definitiva de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil catorce; en consecuencia, concédase a la parte demandante (Apelada) el plazo de diez (10) días hábiles para que conteste los agravios presentados por la parte Apelante…” (Folios 95 y 96 de la pieza de antecedentes de primera instancia). 5) Que conociendo del recurso de queja interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de Apoderado Legal sustituto del Estado de Honduras, contra el auto relacionado en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó resolución en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, mediante la cual resolvió: (Sic) “DECLARAR INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA, interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN).-SEGUNDO: Se DECLARA FIRME el Auto de fecha diecinueve de enero del dos mil quince, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con Sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que obra a folio noventa y tres frente (93 f) al noventa y cuatro frente (94 f) de la pieza principal de autos…” (Folios del 62 al 64 de la pieza de antecedentes de Alzada). 6) Que el recurrente Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, interponiendo acción de Amparo a favor del PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF), por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, relacionado en el acápite que antecede, es violatoria de derechos, declaraciones y garantías constitucionales tales como la igualdad jurídica, derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiuno de enero del año dos mil dieciséis. 7) Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Agente Fiscal Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión “QUE NO SE OTORGUE”, la acción de amparo, por no haberse violentado los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la Republica invocados por el recurrente. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha uno de abril del año dos mil catorce, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la señora MARCELA LAITANO BARAHONA, en su condición personal, presentando demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo tácito de carácter particular en materia de personal, en contra del ESTADO DE HONURAS, por un acto emitido por el SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. CONSIDERANDO (3): Que en fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), contra la resolución de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el Recurso de Queja interpuesto contra la resolución de fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en la demanda promovida por la señora Marcela Laitano Barahona, contra el Estado de Honduras por actuaciones del Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social; resolución que rechaza el Recurso de Apelación Diferida promovido por la parte demandada, representada procesalmente por el Abogado Sotero Mejía Padilla; considera el recurrente en amparo que la resolución impugnada es violatoria de derechos, declaraciones y garantías constitucionales, tales como la igualdad jurídica, derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de la acción constitucional promovida, el recurrente expresa que en el desarrollo de la Audiencia Preliminar se le denegó el medio de prueba propuesto, denominado Librar Atento oficio a la Secretaria de Finanzas (SEFIN), a efecto que informase si existe o no la asignación presupuestaria para la plaza de Coordinador del Proyecto DI-MUJER, por lo que interpuso el Recurso de Reposición respectivo, que también le fue negado, haciendo acto de protesta, interponiendo la apelación diferida correspondiente, llegando al extremo de interponer el Recurso de Queja que establece el ordenamiento jurídico a fin que se le otorgase la tutela jurídica respectiva, el cual sostiene el impetrante, de manera increíble y arbitraria le fue denegado y por lo cual recurre en amparo, constituyendo todo lo anterior en violación clara a sus derechos y garantías fundamentales, dejándole indefenso por ende y extralimitándose el Tribunal en las decisiones tomadas al respecto, ya que no se aplicó el debido proceso, al no darle validez a lo que se denomina debido proceso en todo su connotación, como lo es la libre valoración del medio de prueba, ni el recurso de reposición, acto de protesta, ni apelación diferida y recurso de queja, ni mucho menos su finalidad y todo ello es atentatorio a su condición dogmática en el presente caso, arguye el impetrante, al no permitírsele procurar en igualdad de condiciones que su contraparte, en virtud del derecho fundamental de igualdad contenido en el articulo 61 de nuestra Carta Magna. CONSIDERANDO (5): Que en defensa de sus argumentos, el recurrente sostiene que en el juicio referido no ha tenido la clara oportunidad de defender a su representada con las condiciones mínimas previstas en la Constitución de la República de Honduras, debido a que no se le han otorgado los elementos igualitarios que la ley ofrece a las partes que participan en un litigio, tal como lo refiere el artículo 60 y 61 de la Carta Magna, ello ha llevado a que no se le otorgue el derecho para practicar una defensa en forma correcta, y ello le ha obligado a recurrir a la presentación de la Demanda de Amparo, a fin de que su defensa sea realizada en las condiciones mínimas y honrosas que la ley regula y que establece la Carta Magna de nuestro país en su artículo 82, cuando lo relata como un derecho inviolable, imprescriptible e inalienable que debe tener todas las consideraciones idóneas para que las partes disfruten de él en un mismo rango, situación que no acontece en el caso en particular ya que le limitan en sobremanera como procurador de los tribunales de la República, bajo determinaciones arbitrarias y erróneas en cuanto al medio propuesto en su momento, mas bien el administrador de justicia la hace a un lado todo el procedimiento jurídico relacionado con el medio de prueba y su valoración como lo establece el artículo 245 del Código Procesal Civil, sin arbitrariedad, debiendo ser motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana critica, del reconocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, todo ello es falta de aplicación de la ley que se manifiesta por la constitución en los artículos 60, 61, 63, 64, 82 y 90 de forma clara. Reitera el impetrante que solo la parte demandante goza de oportunidades y sus acciones, actos procesales interpuestos y recursos son inobservados por completo, sin el debido proceso que la misma ley ya prevé claramente en el derecho sustancial para dirimir lo referente a la valoración probatoria, concluyendo con la importancia y prioridad que tiene en el Estado de derecho la protección de estos derechos, declaraciones y garantías fundamentales. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que declara infundado el Recurso de Queja interpuesto contra la resolución de fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, que rechaza la Apelación Diferida interpuesta por el Recurrente en Amparo, en fecha cinco de enero del año dos mil quince, en relación a un medio de prueba que le fue inadmitido en Audiencia Preliminar celebrada por el A-quo en fecha doce de agosto del año dos mil catorce, audiencia en la que el recurrente en Amparo, interpuso Recurso de Reposición en cuanto a la inadmisión del medio de prueba presentado, resolviendo el A-quo en la misma audiencia declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto y dejando constancia en acta de Formal Protesta por parte del recurrente. (Folio 61 de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO (7): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y por lo cual acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 240 del Código Procesal Civil[1] a saber: “ADMISION DE LA PRUEBA. 1. El tribunal recibirá el pleito a prueba y resolverá mediante un mismo auto sobre la admisión de cada una de las pruebas que haya sido propuestas. 2. La denegación del recibimiento del pleito a prueba o la inadmisión de un medio de prueba será recurrible oralmente en reposición, que se sustanciará y resolverá en el acto. De desestimarse dicho recurso, la parte perjudicada por la denegación del recibimiento del pleito a prueba o por la inadmisión de todos o de alguno de los medios propuestos, podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en el recurso de apelación que contra la sentencia definitiva se pueda interponer. 3. La admisión de un medio de prueba será irrecurrible.” (Lo resaltado es nuestro). De la lectura del relacionado precepto de la ley adjetiva, se deduce que la inadmisión de uno a varios medios de prueba será recurrible oralmente en reposición y de ser éste desestimado –Recurso de Reposición-, la parte que se vea afectada por la decisión del órgano jurisdiccional, tiene derecho a dejar sentado en acta su Protesta a efecto de hacer valer sus pretensiones en el recurso de apelación que contra la sentencia definitiva decida interponer. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, derecho de defensa, así como el derecho a la igualdad, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al declarar infundado el recurso de Queja interpuesto por la parte demandada, al pronunciarse en el considerando seis de los fundamentos de derecho de la sentencia que se impugna en Amparo, que se deniega el Recurso de Apelación Diferida, pues quedó en acta la formal protesta de la parte demandada en cuanto a la inadmisión del medio de prueba propuesto y la denegatoria del Recurso de Reposición intentado, debiendo en consecuencia el Tribunal que conozca del Recurso de Apelación promovido en contra de la sentencia definitiva dictada por el A-quo, quien deberá resolver sobre la cuestión en controversia, pues en el caso de inadmisión de un medio de prueba no procede interposición de Recurso de Apelación Diferida como lo ha pretendido el recurrente, debiendo éste –Recurrente-, observar lo dispuesto en el artículo 240 del Código Procesal Civil supra relacionado. CONSIDERANDO (10): Que para concluir esta Sala de lo Constitucional estima que en el caso en estudio, se han respetando los derechos que le asisten al impetrante, como ser derecho de defensa, debido proceso e igualdad, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y en la normativa internacional. Debiendo señalar asimismo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que aunado a ello, en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de los derechos señalados, por lo que se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 240, 705, 706, 707, 708 y 709 del Código Procesal Civil; 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, a favor del PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF), contra la resolución de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE. ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello.- CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la sentencia de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el numero 1105-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] El artículo 134 de la Ley de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo señala: “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de procedimientos Civiles, Procesal Civil y la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.”