Sentencia AA-1079-14 — Registro 12116
Resumen
Resolución No. 647/2011-SG-TSC en relación al Pliego de Responsabilidad No. 14-139-2007-DASM-CFTM contra recurrente por actuacoines como Administrador del Departamento de Obras y Servicios Públicos en la Corporación Municipal de La Ceiba, Atlántida; la Autoridad recurrida por medio de la Secretaría General hizo constar que no se interpuso recurso de reposición contra la indicada Resolución y se tuvo por firme y ejecutoriada la misma, con carácter de título ejecutivo y por agotada la vía administrativa con las demás consecuencias legales ante la Procuraduría General de la República
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el artículo 135 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (RGLOTSC), el cual autoriza la Notificación por Tabla de Avisos: “… cuando el sujeto objeto (Sic.) de responsabilidad o investigación tuviere apoderado legal acreditado”, lo cual es precisamente el caso del garantista; al constatarse que no hizo uso del procedimiento legal correspondiente;[1] por lo que, al no utilizar los recursos ordinarios que le confiere la ley, ni promover acción ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dio lugar el agraviado a que se tuviese por agotada la vía administrativa, por firme o ejecutoriada la resolución del Tribunal Superior de Cuentas; y se procediese, por lo tanto, a dar traslado del expediente a la Procuraduría General de la República, a efecto de que entablara la acción civil procedente ante el órgano jurisdiccional competente..."..."se ha constatado que desde la última notificación al afectado en los actos administrativos de los cuales recurre, como es la de fecha ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013); y la presentación del recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014); han transcurrido notoriamente más de dos (2) meses, plazo establecido en Ley para su interposición, sin que se probara, a instancias de la parte garantista, la alegada imposibilidad para presentarlo en tiempo y forma..."..."examinada la presente Acción de Amparo, en su fondo y contenido, no se encuentra que los derechos constitucionales invocados como violentados por el recurrente, como son la incolumidad del derecho a la defensa y al debido proceso, hayan sido irrespetados por la autoridad competente a la parte que se considera agraviada, la cual tuvo bases legales mediatas y desarrollos reglamentarios específicos que fundaron la licitud de la notificación, la cual se extendió, además, hasta un tiempo razonable para que la representación legal del ciudadano agraviado tomara conocimiento de la resolución administrativa del caso..."..."las circunstancias expresadas en anteriores considerandos constituyen, a la vez, motivos calificados de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento a la acción de amparo, según lo prescrito en los artículos 46 numeral 5) y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); por lo cual, concurriendo la no acreditación del merito necesario para su otorgamiento, a las expresadas causales de inadmisibilidad; se estima procedente dictar DENEGATORIA a la presente garantía constitucional de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 94 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación del fallo recaído en AA- 1079 =2014 en fecha 23 de noviembre de 2017
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ a favor del señor VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA, contra un acto administrativo contenido en la Resolución No. 647/2011-SG-TSC emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de fecha (SIC) “veintinueve” de junio de dos mil once, y contra los autos de fecha treinta y uno de enero y ocho de mayo, ambos del año dos trece, relacionadas a las notificaciones realizadas en el Pliego de Responsabilidad NO. 14-139-2007-DASM-CFTM por supuestas irregularidades realizadas por el señor VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA durante el periodo comprendido del 25 de enero de 2006 al 18 de diciembre de 2007, en el ejercicio del cargo de ADMINISTRADOR del departamento de Obras y Servicios Públicos en la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CEIBA, departamento de ATLÁNTIDA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil ocho (2008), el Tribunal Superior de Cuentas emitió el Pliego de Responsabilidad Civil Nº 014-139-2007-DASM-CFTM, en perjuicio del señor VICENTE ANTONIO MEJÍA, indicando que la Responsabilidad Civil era por la cantidad de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 3,046,817.29).- (Folios Tres (F-3) al ocho (F-8) del Tomo I de los antecedentes). 2) Que seguido el trámite de Ley correspondiente, en la cual resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Que del total de la responsabilidad deducida al ciudadano VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA por la cantidad de TRES MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 3,046,817.29), es procedente DESVANECER la cantidad UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,044,850.00) y se CONFIRME la cantidad de DOS MILLONES UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 2,001,967.29) de manera solidaria con los ciudadanos José Milton Simón Gonzáles, Arnaldo Zelaya, Ana María Fernández Agurcia, José Ramón Prado, Julio Cesar Zúñiga Figueroa y Julio Cesar Lozano; según los extremos expuestos en la presente Resolución.- SEGUNDO: A la cantidad confirmada se le sumarán intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que aplique el sistema financiero nacional, hasta el momento del pago efectuado por el sujeto con Responsabilidad Civil y desde la fecha en que la Resolución se torne ejecutoriada.- TERCERO: Notificar en legal y debida forma la presente Resolución a la parte interesada, señalando los recursos a que tiene derecho.- CUARTO: Si en término de Ley no hace uso de los recursos a que tiene derecho, librar certificación de la presente Resolución a la Procuraduría General de la República, a efecto que proceda a incoar las acciones legales correspondientes, una vez que la misma adquiera el carácter de firme y en consecuencia se constituya en título ejecutivo.- NOTIFIQUESE”. (Folios Tres mil trescientos setenta y tres (F-3373) al tres mil trescientos ochenta y cinco (F-3385) del Tomo X de los antecedentes). 3) En fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), la Secretaría General del Tribunal Superior de Cuentas, mediante Cédula de Notificación fijada en la Tabla de Avisos, hizo constar que en esa fecha se notificaba al Abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES GODOY, en su condición de Apoderado Legal del señor VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA, de la resolución Nº647-2011-SG-TSC. (Folios tres mil trescientos ochenta y siete (F-3387) al tres mil trescientos ochenta y nueve (F-3389) del Tomo X de los antecedentes). 4) Que en fecha ocho (8) de abril de dos mil trece (2013), la Secretaría General del Tribunal Superior de Cuentas emitió auto mediante el cual resolvió: “… en virtud de no haberse interpuesto el Recurso de Reposición contra la Resolución No.647/2011-SG-TSC, de fecha 09 de junio de 2011, téngase por caducado e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por el responsable; en consecuencia declárese firme y ejecutoriada la Resolución referida, la que tendrá el carácter de título ejecutivo, teniéndose por agotada la vía administrativa; en consecuencia a efecto de su análisis y preparación manténgase en custodia de la Secretaría General por el término de treinta (30) días hábiles; vencido tal período trasládese a la Procuraduría General de la República, a fin de que proceda a entablar el juicio ejecutivo correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente. Artículos 90, 94 reformado y 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.- NOTIFIQUESE- …” (Folio tres mil trescientos noventa (3390) del Tomo X de los antecedentes). 5) Que en fecha ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013), mediante Cédula de Notificación de la Tabla de Avisos, la Secretaría General del Tribunal Superior de Cuentas, notificó al Abogado ROLANDO ARTURO RAUDALES GODOY, Apoderado Legal del señor VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA, de la Providencia dictada en esa misma fecha, la cual se deja relacionada en el numeral que antecede. (Folio tres mil trescientos noventa y dos (3392) del Tomo X de los antecedentes).6) Que el recurrente Abogado NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ, compareció ante ésta Sala de lo Constitucional, en fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil catorce (2014), interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA, contra un acto administrativo contenido en la Resolución no. 647/2011-SG-TSC emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de fecha (sic) veintinueve de junio de dos mil once y contra los autos de fecha treinta y uno (31) de enero y ocho (8) de mayo, ambos del año dos mil trece (2013), los cuales considera violatorios de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios uno (01) al cuatro (4) del recurso de amparo). 7) Que en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil quince (2015), la Sala tuvo por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, asimismo y desprendiéndose del escrito de interposición del recurso de amparo, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo ordenando dar vista de los autos al fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen. (Folio veintitrés (23) del recurso de amparo). 8) Que en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil quince (2015), se tuvo por evacuado y por emitido el dictamen por el Abogado Roger Ludovico Matus, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE la Garantía de Amparo interpuesta en virtud de no existir ultraje de los preceptos constitucionales denunciados por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que en interposición del recurso de amparo, ha manifestado el recurrente, Abogado NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTÍNEZ, que la presente acción constitucional se dirige en contra de pluralidad de actos reclamados por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los cuales les causarían agravios de orden legal y constitucional al ciudadano beneficiario del presente recurso, Sr. VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA, en virtud que las diligencias de notificación de la Resolución Nº647-2011-SG-TSC, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, por supuestas irregularidades en el ejercicio del cargo como Administrador del Departamento de Obras y Servicios Públicos en la Corporación Municipal de La Ceiba, en el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2006 al 18 de diciembre de 2007, por la cual se le imputa una responsabilidad civil de DOS MILLONES UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 2,001,967.29), le fueron puestas en su conocimiento hasta en fecha 14 de agosto del corriente año, por parte de la Procuraduría General de la República, a través de citación que ésta le hiciera para proceder a un arreglo de pago o sino proceder a ejecutar demanda ejecutiva contra sus bienes, lo cual estima violatorio del debido proceso tanto como del derecho de defensa del agraviado, pues violenta lo establecido en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC) contentivo de los medios de notificación que dispone lícitamente el Tribunal para tal efecto, haciendo uso de un medio no permitido y no establecido en Ley, como es la tabla de avisos fijada en la Secretaria del Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO (4): Que sigue manifestando el recurrente que, con el acto reclamado, se le han vulnerado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, a su representado por el trato discriminatorio sufrido, pues habiéndosele investigado de manera solidaria con los ciudadanos José Milton Simón Gonzáles, Arnaldo Zelaya, Ana María Fernández Agurcia, José Ramón Prado, Julio Cesar Zúñiga Figueroa y Julio Cesar Lozano, sólo se proceda contra la persona del agraviado como responsable del pliego de responsabilidad, del que en todo caso, todos debieron ser notificados, ordenando la Procuraduría General proceder a ejecutar dicha resolución. CONSIDERANDO (5): Que finalmente, ha expuesto el recurrente, que la resolución así notificada, vulnera los derechos constitucionales del ciudadano VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA, como son: a) El derecho de defensa, precavido en el artículo 82 de la Constitución de la República, en vista a los conceptos ya relacionados en el acápite anterior, ya que al no tener conocimiento de las actuaciones realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas, cuando se señaló los términos para apertura de pruebas ni para notificar una resolución viciada de nulidad, y; b) el debido proceso, según establecido en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, lo cual alude a las actuaciones de notificación realizadas hacia su representado por la autoridad competente, las cuales se considera no acorde a legalidad, por no ceñirse a lo establecido en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. CONSIDERANDO (6): Que para esta Sala de lo Constitucional, vistos los antecedentes de la causa y los alegatos jurídicos promovidos por el garantista, resulta claro que el procedimiento administrativo se encuentra sujeto - tanto como el procedimiento en sede judicial - en cuanto a sus límites y alcances a la garantía genérica del debido proceso, reconocida normativamente en los preceptos constitucionales, convencionales y de legalidad ordinaria en el Estado de Honduras, procediéndose a dilucidar, cuáles formalidades, derechos y garantías contentivas del debido proceso habrían sido menoscabadas al agraviado, en su condición de ciudadano que ejerciera funciones públicas, sujetas al control administrativo. CONSIDERANDO (7): Que el concepto central del caso referido es que las resoluciones adoptadas por el Tribunal Superior de Cuentas consistentes en un acto administrativo contenido en la Resolución No. 647/2011-SG-TSC emitida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de fecha (SIC) “veintinueve” de junio de dos mil once, y contra los autos de fecha treinta y uno de enero y ocho de mayo, ambos del año dos mil trece, relacionadas a las notificaciones realizadas en el Pliego de Responsabilidad NO.14-139-2007-DASM-CFTM por supuestas irregularidades realizadas por el señor VICENTE ANTONIO MEJÍA SOSA durante el periodo funcionarial comprendido del 25 de enero de 2006 al 18 de diciembre de 2007, en el ejercicio del cargo de ADMINISTRADOR del departamento de Obras y Servicios Públicos en la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA CEIBA, departamento de ATLÁNTIDA; las cuales, en el concepto del amparista, infringirían tanto el derecho a la defensa como al debido proceso del agraviado por haber sido notificadas por indebida forma, como es la notificación por tabla de avisos, sin sujeción a lo que establece el artículo 89 de Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC).CONSIDERANDO (8): Que el artículo 90 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC), dispone: REPOSICIÓN. Contra las resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal cabrá recursos de reposición, que deberá interponerse dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación…; el artículo 94 de la referida Ley (LOTSC), en concordancia a lo anterior, prescribe: RESOLUCIÓN FIRME O EJECUTORIADA. Se entenderá firme o ejecutoriada la resolución cuando él o los afectados se conformaren o no interpongan el recurso de reposición ante el Tribunal ni promovieren la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro de los plazos legales; mientras que, el artículo 95 de la LOTSC, alude a la acción civil consiguiente a la firmeza de la resolución; dispositivos legales todos ellos que incumben al caso bajo estudio, con relación a lo estipulado en el artículo 135 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (RGLOTSC), el cual autoriza la Notificación por Tabla de Avisos: “… cuando el sujeto objeto (Sic.) de responsabilidad o investigación tuviere apoderado legal acreditado”, lo cual es precisamente el caso del garantista; al constatarse que no hizo uso del procedimiento legal correspondiente;[1] por lo que, al no utilizar los recursos ordinarios que le confiere la ley, ni promover acción ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dio lugar el agraviado a que se tuviese por agotada la vía administrativa, por firme o ejecutoriada la resolución del Tribunal Superior de Cuentas; y se procediese, por lo tanto, a dar traslado del expediente a la Procuraduría General de la República, a efecto de que entablara la acción civil procedente ante el órgano jurisdiccional competente. CONSIDERANDO (9): Que desde una perspectiva de carácter doctrinario y con atención especial a la garantía constitucional del debido proceso, cabe citar al jurista ARTURO HOYOS, quien conceptúa a las notificaciones en el núcleo del debido proceso en su aspecto procesal, manifestando que éste: “… ha sido ubicado en la noción de que el gobierno tiene el deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser escuchados a los individuos o grupos cuyos intereses en la vida, libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por acción gubernamental”,[2] esto es: “… que las personas no sean privadas de vida, libertad o propiedad por aplicación judicial de la Ley (adjudication) sin que ello no sea precedido por una notificación y oportunidad de una audiencia apropiada a la naturaleza del caso”, lo cual mostraría razonable cumplimiento en el caso, visto el tiempo transcurrido entre la emisión de la resolución, el periodo de reserva del expediente, de investigación y remisión a la Procuraduría General de la República, todo ello a la luz de disposiciones legales y reglamentarias que así lo autorizan. CONSIDERANDO (10): Que concurriría también a la resolución del caso bajo estudio, la presunción de legitimidad de los actos públicos, la cual ha sido reconocida en consistente jurisprudencia constitucional, en aquellos casos asentados con base a reserva de ley, dado que la forma de comunicación de los actos procesales denunciada como ilegal e inconstitucional en la presente garantía de amparo, como sería la Notificación por Tabla de Avisos; sí desarrolla la legalidad aplicable para las notificaciones y no deja de ser un medio eficiente, apto para producir efectos de publicidad a las resoluciones, conforme a protocolos reglamentarios generalmente establecidos, por remisión efectuada en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC). CONSIDERANDO (11): Que cabe referenciar que los antecedentes de la presente garantía constitucional han sido remitidos, precisamente, por la Procuraduría General de la República, según consta en los tomos I al X anexos a la respectiva pieza de amparo, siendo que la evitación del conocimiento en dicha sede de defensa legal de los interés del Estado es uno de los principales efectos que se procuraba con la interposición de la presente acción de amparo, los cuales pueden considerarse, por lo tanto, consumados de modo irreparable. CONSIDERANDO (12): Que, aunado a lo anterior, se ha constatado que desde la última notificación al afectado en los actos administrativos de los cuales recurre, como es la de fecha ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013); y la presentación del recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014); han transcurrido notoriamente más de dos (2) meses, plazo establecido en Ley para su interposición, sin que se probara, a instancias de la parte garantista, la alegada imposibilidad para presentarlo en tiempo y forma. CONSIDERANDO (13): Que examinada la presente Acción de Amparo, en su fondo y contenido, no se encuentra que los derechos constitucionales invocados como violentados por el recurrente, como son la incolumidad del derecho a la defensa y al debido proceso, hayan sido irrespetados por la autoridad competente a la parte que se considera agraviada, la cual tuvo bases legales mediatas y desarrollos reglamentarios específicos que fundaron la licitud de la notificación, la cual se extendió, además, hasta un tiempo razonable para que la representación legal del ciudadano agraviado tomara conocimiento de la resolución administrativa del caso. CONSIDERANDO (14): Que las circunstancias expresadas en anteriores considerandos constituyen, a la vez, motivos calificados de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento a la acción de amparo, según lo prescrito en los artículos 46 numeral 5) y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); por lo cual, concurriendo la no acreditación del merito necesario para su otorgamiento, a las expresadas causales de inadmisibilidad; se estima procedente dictar DENEGATORIA a la presente garantía constitucional de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 82, 90, 183, 222, 232, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46, 48, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes a la Procuraduría General de la República, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. ABOGADO JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, FIRMA Y SELLO CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES .- RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil dieciocho, (2018) certificación del fallo de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal bajo el número 1079=2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver: CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: Programa de cara a la ciudadanía No. 7. Evaluación Social al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tegucigalpa M.D.C., 2007. pp. 29-30.
[2] Ver: El Debido Proceso en la Sociedad Contemporánea, aporte a: LIBER AMICORUM: HÉCTOR FÍX-ZAMUDIO (Vol. II), Secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1998, p. 911-3.