Sentencia AA-106-16 — Registro 6669
Resumen
Recurso de amparo en consulta contra resolución que desestimó incidente de defensa previa interpuesto por recurrente referente a la competencia civil o administrativa en relación a demanda de nulidad de acto administrativo contra impetrante por la denegatoria de registro de marca.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la recurrente establece en su escrito de interposición de amparo que se le han vulnerado los derechos fundamentales de defensa como ser el debido proceso y el derecho a la defensa contenidas en la Constitución de la República, al interponer escrito de Defensas Previas alegadas por ser inexistentes, por considerar que la demanda carece a todas luces de competencia por la materia, debido a que el fondo del presente juicio es materia civil por ser de Propiedad Industrial, el cual excluye de su conocimiento a lo Contencioso Administrativo, por lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 4 por estar la pretensión dentro del ámbito de competencia de los Juzgados de Letras de lo Civil, tal como lo establece según el recurrente en el Código Procesal Civil en sus artículos 399, 520 y 531, además la Resolución recurrida violeta las disposiciones contenidas en la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo en sus artículos 51 incisos a) b), 63 inciso a) y 80 incisos a, b, c y e).-CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes y al examinar la resolución cuestionada se desestiman correctamente las causas de inadmisibilidad que ante ella fueron intentadas por el impetrante ya que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa es la competente para conocer la demanda planteada, esto porque se den los presupuestos de los artículos 520 del Código Procesal Civil en relación con el 4 letra a) y 80 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que el fuero civil fuera el competente para conocer de la causa intentada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal como lo alega la recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, lo que no ocurren en la causa planteada ante la autoridad recurrida, ya que su situación jurídica aun es una mera pretensión de un derecho, esto porque en vía administrativa, planteó una oposición al Registro de una marca que le fue denegada, en virtud de lo cual acude al Juzgado de lo Contencioso Administrativo en forma correcta, al ser el competente para dirimir dicho conflicto por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativo al tenor del artículo 31, respecto de las Resoluciones que pongan término a la vía administrativa previa la judicial también sea improcedente"Que en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede, al ser competente la jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de la causa ante esa intentada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales ante dicha Jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto Administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A Quo resolverá sobre la situación del mismo, la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."(5): Que del estudio de los antecedentes, la recurrente establece en su escrito de interposición de amparo que se le han vulnerado los derechos fundamentales de defensa como ser el debido proceso y el derecho a la defensa contenidas en la Constitución de la República, al interponer escrito de Defensas Previas alegadas por ser inexistentes, por considerar que la demanda carece a todas luces de competencia por la materia, debido a que el fondo del presente juicio es materia civil por ser de Propiedad Industrial, el cual excluye de su conocimiento a lo Contencioso Administrativo, por lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 4 por estar la pretensión dentro del ámbito de competencia de los Juzgados de Letras de lo Civil, tal como lo establece según el recurrente en el Código Procesal Civil en sus artículos 399, 520 y 531, además la Resolución recurrida violeta las disposiciones contenidas en la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo en sus artículos 51 incisos a) b), 63 inciso a) y 80 incisos a, b, c y e).-CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes y al examinar la resolución cuestionada se desestiman correctamente las causas de inadmisibilidad que ante ella fueron intentadas por el impetrante ya que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa es la competente para conocer la demanda planteada, esto porque se den los presupuestos de los artículos 520 del Código Procesal Civil en relación con el 4 letra a) y 80 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que el fuero civil fuera el competente para conocer de la causa intentada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal como lo alega la recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, lo que no ocurren en la causa planteada ante la autoridad recurrida, ya que su situación jurídica aun es una mera pretensión de un derecho, esto porque en vía administrativa, planteó una oposición al Registro de una marca que le fue denegada, en virtud de lo cual acude al Juzgado de lo Contencioso Administrativo en forma correcta, al ser el competente para dirimir dicho conflicto por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativo al tenor del artículo 31, respecto de las Resoluciones que pongan término a la vía administrativa previa la judicial también sea improcedente.-CONSIERANDO SIETE (7): Que el Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (Artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, (Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede, al ser competente la jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de la causa ante esa intentada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales ante dicha Jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto Administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A Quo resolverá sobre la situación del mismo, la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Decreto)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete.-VISTA: En Consulta las diligencias procedentes de la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de la sentencia de fecha catorce (14) de enero de dos mil dieciséis (2016), que contiene el recurso de amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, de fecha once (11) de junio del dos mil quince (2015), en relación a las Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil GUCCI S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Estima la recurrente que se le han violentado las garantías estipuladas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES : 1) Que el Abogado ROBERTO ALEJANDRO WILLAMS CRUZ, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada GUCCIO GUCCI, S.P.A, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil catorce (2014), promoviendo demanda ordinaria de nulidad de una resolución administrativa por no ser conforme a derecho y se reconozca la situación jurídica individualizada, contra la Resolución Nº 070-SR-14 de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil catorce (2014), por no estar apegada a derecho, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios 01 al 24 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil quince (2015), compareció ante él A Quo el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, alegando y oponiendo Defensas Previas.-3) Que en fecha once (11) de junio del año dos mil quince (2015), el Tribunal de primera instancia falla (sic): “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista por no existir las causas de inadmisibilidad alegadas…” (Folios del 37 al 47 de la pieza de Defensa Previas).- 4) Que la Abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, en su condición relacionada, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, promoviendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil quince (2015), alegando el recurrente que con esos actos se violentan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha catorce (14) de enero del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLO: “DENEGAR la acción de amparo interpuesta por la Abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA…”. (Folios del 36 al 39 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 6) Que en fecha dos (2) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, de la sentencia de fecha catorce (14) de enero de dos mil dieciséis (2016), que contiene el recurso de amparo interpuesto por la abogada XIOMARA ELIZABETH ERAZO LANZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, que denegó el recurso presentado contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, de fecha once (11) de junio del dos mil quince (2015), en relación a las Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil GUCCI S.A contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del estudio de los antecedentes, la recurrente establece en su escrito de interposición de amparo que se le han vulnerado los derechos fundamentales de defensa como ser el debido proceso y el derecho a la defensa contenidas en la Constitución de la República, al interponer escrito de Defensas Previas alegadas por ser inexistentes, por considerar que la demanda carece a todas luces de competencia por la materia, debido a que el fondo del presente juicio es materia civil por ser de Propiedad Industrial, el cual excluye de su conocimiento a lo Contencioso Administrativo, por lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 4 por estar la pretensión dentro del ámbito de competencia de los Juzgados de Letras de lo Civil, tal como lo establece según el recurrente en el Código Procesal Civil en sus artículos 399, 520 y 531, además la Resolución recurrida violeta las disposiciones contenidas en la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo en sus artículos 51 incisos a) b), 63 inciso a) y 80 incisos a, b, c y e).-CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes y al examinar la resolución cuestionada se desestiman correctamente las causas de inadmisibilidad que ante ella fueron intentadas por el impetrante ya que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa es la competente para conocer la demanda planteada, esto porque se den los presupuestos de los artículos 520 del Código Procesal Civil en relación con el 4 letra a) y 80 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para que el fuero civil fuera el competente para conocer de la causa intentada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tal como lo alega la recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, lo que no ocurren en la causa planteada ante la autoridad recurrida, ya que su situación jurídica aun es una mera pretensión de un derecho, esto porque en vía administrativa, planteó una oposición al Registro de una marca que le fue denegada, en virtud de lo cual acude al Juzgado de lo Contencioso Administrativo en forma correcta, al ser el competente para dirimir dicho conflicto por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativo al tenor del artículo 31, respecto de las Resoluciones que pongan término a la vía administrativa previa la judicial también sea improcedente.-CONSIERANDO SIETE (7): Que el Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (Artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, (Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede, al ser competente la jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de la causa ante esa intentada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales ante dicha Jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto Administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A Quo resolverá sobre la situación del mismo, la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 25, 31, 51 inciso a b), 55 63 inciso a), 80 inciso a, b, c y e) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 339, 520 y 531 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consultada proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha catorce (14) de enero del dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0106-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONA