Sentencia AA-1039-15 — Registro 9587
Resumen
En consulta resolución emitida por el Juzgado de Letras en relación a las defensas previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada Manufacturas Villanueva S. de R.L. contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…´´-CONSIDERANDO OCHO (8): Que en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede, al ser competente la jurisdicción Contencioso Administrativo para conocer de la causa ante esa intentada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales ante dicha Jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto Administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A Quo resolverá sobre la situación del mismo, la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República.´´
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015), que denegó el recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), en relación a la Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS VILLANUEVA S. de R.L. contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP). Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTE.- 1)Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de Apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) promoviendo Demanda de Amparo, contra acta de audiencia de Defensas Previas celebrada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015). (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes). -2) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil quince (2015), compareció ante él A Quo el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de Apoderado Legal del Instituto Nacional de formación Profesional (INFOP), alegando y oponiendo Defensas Previas en la demanda arriba citada. (Folios del 2 al 5 de las Defensas Previas).- 3) Que en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), el A Quo desestimó por improcedente las Defensas Previas presentadas por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición ya indicada. Folios 02 al 05 de la pieza de Defensas Previas).- 4) Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), promoviendo recurso de amparo a favor de su representado, contra la resolución incidental dictada en la pieza de Defensas Previas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), alegando el recurrente que con esos actos se le violentan a su representado los artículos 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 4 de la segunda pieza de sus antecedentes).- 5) Que en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual (sic) FALLA: “DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesta por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales JORGE FABIAN COREA LOBO, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)…” (Folios del 323 al 326 de la pieza de Corte de Apelaciones).-6) Que en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil quince (2015), este Alto Tribunal, admite el recurso de amparo venido en consulta, interpuesto por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en estricto cumplimiento a lo previsto en el articulo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015), que denegó el recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), en relación a la Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS VILLANUEVA S. de R.L. contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP).-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición del amparo de mérito se le han vulnerado los derechos fundamentales del debido proceso, el principio de legalidad y lo consignado en cuanto que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito, garantías que se encuentran contenidas en la Constitución de la República; se desprende de los autos el escrito de dos Defensas Previas alegadas por el demandante consistentes que del escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por no haber dado cumplimiento a que se adopten medidas necesarias para su restablecimiento, alegando lo consignado en el articulo 63 numeral a) en relación al artículo 80 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, considerando que la demanda se fijará concretamente el valor de la pretensión ejercitada, y se acompañará el documento que acredite el pago en la oficina competente en la entidad de que se trate, de la cantidad respectiva o el arreglo de pago correspondiente, salvo que ya constare en el expediente o en cuyo caso bastará con que se indique así[1]; y, en cuanto que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción y competencia territorial de lo Contencioso Administrativo ya que en base al artículo 34 del Código Procesal Civil en relación al artículo 134 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que la competencia territorial corresponde al Juzgado del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional será el juez competente el de su residencia en Honduras, desestimándolas dicho Juzgado y por haber sido estas las Defensas Previas alegadas en el momento procesal oportuno, será únicamente sobre las mismas que se deberá pronunciar.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que al examinar la resolución cuestionada no transgrede las garantías constitucionales invocadas, esto, en vista que al revisitar el antecedente de mérito se logra establecer que el objetivo principal de la pretensión de la parte demandante “Manufactura Villanueva, S. de R.L.”, va orientada a impugnar el pago de ajuste y recargo de aportaciones impuesta por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en torno a que esta empresa dejó de aportar mensualmente el uno (1) por ciento del monto de los sueldos y salarios devengados en el periodo de junio del dos mil nueve (2009) a diciembre del dos mil once (2011), generando un recargo del diez (10) por ciento por mora y si bien es cierto, se le impuso además una multa, por no dar cumplimiento a la Ley de la referida institución, corresponda a la esfera competencia del Juzgado Fiscal Administrativo, como pretende hacer ver el impetrante, puesto como se ha referido, la resolución que se cuestiona a través de la vía administrativa no tiene carácter eminentemente Fiscal ni Tributario, como bien lo señala el juzgador de instancia, de lo que se trata es de una responsabilidad patrimonial entre dicha sociedad mercantil y la institución estatal, por ende la primera causa de inadmisibilidad no concurre. Por lo anterior, tampoco puede presentarse la segunda causa de inadmisibilidad invocada, pues al no tratarse de la materia especial, contemplada en el artículo 104 y 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el término para presentar la demanda no se reduce a la mitad, entonces la parte demandante presentó en tiempo y forma la acción ante el jurisdiccional competente, quien podrá decidir en relación al fondo del asunto.-CONSIERANDO SIETE (7): Que atendiendo lo antes expuesto se determina, que con la resolución donde se declara sin lugar las defensas previas planteadas por el representante judicial del INFOP, no se soslaya el derecho al debido proceso, puesto que el recurrente ha hecho uso de los recursos que la ley le confiere y ha intervenido en igualdad de armas en el proceso, de igual manera no se avizora contravención al debido proceso, ni al principio de legalidad, en virtud que el juez de instancia ha resuelto conforme a la normativa aplicable al caso y el hecho que no se haya otorgado una sentencia incidental a favor del impetrante, no implica que haya actuado más allá de las facultades que le confiere la ley. Que el Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (Artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, (Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede, al ser competente la jurisdicción Contencioso Administrativo para conocer de la causa ante esa intentada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales ante dicha Jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto Administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A Quo resolverá sobre la situación del mismo, la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1), 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 63 inciso a), 80, 104, 105, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 34 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consulta proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME RAFAEL BUSTILLO ROMERO, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1039-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.- VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015), que denegó el recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), en relación a la Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS VILLANUEVA S. de R.L. contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP). Manifestando el recurrente que las garantías constitucionales que se consideran violadas son las contenidas en los artículos 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTE.- 1)Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de Apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) promoviendo Demanda de Amparo, contra acta de audiencia de Defensas Previas celebrada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015). (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes). -2) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil quince (2015), compareció ante él A Quo el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de Apoderado Legal del Instituto Nacional de formación Profesional (INFOP), alegando y oponiendo Defensas Previas en la demanda arriba citada. (Folios del 2 al 5 de las Defensas Previas).- 3) Que en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), el A Quo desestimó por improcedente las Defensas Previas presentadas por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición ya indicada. Folios 02 al 05 de la pieza de Defensas Previas).- 4) Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), promoviendo recurso de amparo a favor de su representado, contra la resolución incidental dictada en la pieza de Defensas Previas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), alegando el recurrente que con esos actos se le violentan a su representado los artículos 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 4 de la segunda pieza de sus antecedentes).- 5) Que en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual (sic) FALLA: “DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesta por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales JORGE FABIAN COREA LOBO, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)…” (Folios del 323 al 326 de la pieza de Corte de Apelaciones).-6) Que en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil quince (2015), este Alto Tribunal, admite el recurso de amparo venido en consulta, interpuesto por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en estricto cumplimiento a lo previsto en el articulo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que de acuerdo a lo determinado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca en consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del mismo cuerpo legal, irá en trámite de consulta obligatoria, a solicitud de parte de la Corte de Apelaciones elevará petición de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión.
CONSIDERANDO TRES (3): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015), que denegó el recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de abril del año dos mil quince (2015), en relación a la Defensas Previas alegadas en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS VILLANUEVA S. de R.L. contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP).-CONSIDERANDO CINCO (5): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición del amparo de mérito se le han vulnerado los derechos fundamentales del debido proceso, el principio de legalidad y lo consignado en cuanto que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito, garantías que se encuentran contenidas en la Constitución de la República; se desprende de los autos el escrito de dos Defensas Previas alegadas por el demandante consistentes que del escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por no haber dado cumplimiento a que se adopten medidas necesarias para su restablecimiento, alegando lo consignado en el articulo 63 numeral a) en relación al artículo 80 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, considerando que la demanda se fijará concretamente el valor de la pretensión ejercitada, y se acompañará el documento que acredite el pago en la oficina competente en la entidad de que se trate, de la cantidad respectiva o el arreglo de pago correspondiente, salvo que ya constare en el expediente o en cuyo caso bastará con que se indique así[2]; y, en cuanto que su conocimiento no corresponde a la jurisdicción y competencia territorial de lo Contencioso Administrativo ya que en base al artículo 34 del Código Procesal Civil en relación al artículo 134 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que la competencia territorial corresponde al Juzgado del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional será el juez competente el de su residencia en Honduras, desestimándolas dicho Juzgado y por haber sido estas las Defensas Previas alegadas en el momento procesal oportuno, será únicamente sobre las mismas que se deberá pronunciar.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que al examinar la resolución cuestionada no transgrede las garantías constitucionales invocadas, esto, en vista que al revisitar el antecedente de mérito se logra establecer que el objetivo principal de la pretensión de la parte demandante “Manufactura Villanueva, S. de R.L.”, va orientada a impugnar el pago de ajuste y recargo de aportaciones impuesta por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en torno a que esta empresa dejó de aportar mensualmente el uno (1) por ciento del monto de los sueldos y salarios devengados en el periodo de junio del dos mil nueve (2009) a diciembre del dos mil once (2011), generando un recargo del diez (10) por ciento por mora y si bien es cierto, se le impuso además una multa, por no dar cumplimiento a la Ley de la referida institución, corresponda a la esfera competencia del Juzgado Fiscal Administrativo, como pretende hacer ver el impetrante, puesto como se ha referido, la resolución que se cuestiona a través de la vía administrativa no tiene carácter eminentemente Fiscal ni Tributario, como bien lo señala el juzgador de instancia, de lo que se trata es de una responsabilidad patrimonial entre dicha sociedad mercantil y la institución estatal, por ende la primera causa de inadmisibilidad no concurre. Por lo anterior, tampoco puede presentarse la segunda causa de inadmisibilidad invocada, pues al no tratarse de la materia especial, contemplada en el artículo 104 y 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el término para presentar la demanda no se reduce a la mitad, entonces la parte demandante presentó en tiempo y forma la acción ante el jurisdiccional competente, quien podrá decidir en relación al fondo del asunto.-CONSIERANDO SIETE (7): Que atendiendo lo antes expuesto se determina, que con la resolución donde se declara sin lugar las defensas previas planteadas por el representante judicial del INFOP, no se soslaya el derecho al debido proceso, puesto que el recurrente ha hecho uso de los recursos que la ley le confiere y ha intervenido en igualdad de armas en el proceso, de igual manera no se avizora contravención al debido proceso, ni al principio de legalidad, en virtud que el juez de instancia ha resuelto conforme a la normativa aplicable al caso y el hecho que no se haya otorgado una sentencia incidental a favor del impetrante, no implica que haya actuado más allá de las facultades que le confiere la ley. Que el Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (Artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, (Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que en virtud de lo expuesto en el considerando que antecede, al ser competente la jurisdicción Contencioso Administrativo para conocer de la causa ante esa intentada, el demandante está claramente legitimado para comparecer ante los tribunales ante dicha Jurisdicción en aras de probar la supuesta ilegalidad del Acto Administrativo que le afecta en sus pretensiones y será en sentencia definitiva que el A Quo resolverá sobre la situación del mismo, la demanda de mérito reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para su validez, por lo cual no adolece de defectos formales que le impidan al A Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Este Alto Tribunal concluye que no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente, en virtud que el A Quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, sin violentarle sus derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1), 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 63 inciso a), 80, 104, 105, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 34 del Código Procesal Civil; FALLA: CONFIRMANDO la Sentencia venida en Consulta proferida por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil quince (2015). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME RAFAEL BUSTILLO ROMERO, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1039-2015.- Firma y Sello.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 104 Ley de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo
[2] Artículo 104 Ley de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo