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Sentencia AA-1000-15 — Registro 6673

Resumen

Acto recurrido que deniega la Acción de Amparo en relación a las Defensas Previas alegadas por la parte demandada // que falla desestimando las defensas previas de falta de jurisdicción, interposición de la demanda por persona incapaz y ser el acto no susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la autoridad recurrida desestima correctamente las causas de inadmisibilidad que ante él fueron intentadas por el impetrante, ya que la Jurisdicción Contencioso-Administrativo es la competente para conocer la demanda ante ellos planteada. Ello porque la demanda fue correctamente incoada ante dicho Juzgado y si bien es cierto en la subsanación se designó el Juzgado de lo Fiscal Administrativo, la misma empezó y sigue siendo conocida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ya que el Juzgado de lo Fiscal Administrativo fue creado dentro de la esfera de lo Contencioso Administrativo y aunado a ello para que se den los presupuestos ..."tal y como lo alega el recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, situación que no ocurre en el caso plantado ante la autoridad recurrida, ello en virtud que el demandante no tiene un derecho adquirido, ya que su situación jurídica aún es una mera pretensión de un derecho, porque en vía administrativa planteó una oposición al Registro de una marca la que le fue denegada, en virtud de lo cual acude a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en forma correcta, por ser éste el competente para dirimir dicho conflicto, por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva a que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo respecto de las Resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial también sea improcedente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.-VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, que contiene la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil quince, dictada en la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, actuando en su condición de Procurador Judicial Delegado del Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, en relación a las Defensas Previas alegadas por la parte demandada, en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil LABORATORIOS MENARINI S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado el recurrente como vulnerados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que el Abogado TEODORO VALESTER, actuando en su condición de Gestor Oficioso de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS MENARINI S.A., compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de abril del año dos mil catorce, promoviendo DEMANDA ORDINARIA PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DISPONGA SER PROCEDENTE LA ACCIÓN INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 008-SR-14 POR NO ESTAR ARREGLADA A DERECHO.- SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA.- COMO LÓGICA CONSECUENCIA SE DECLARE CON LUGAR LA OPOSICIÓN DEDUCIDA AL REGISTRO DE LA MARCA DE FABRICA BBDENT; demanda que fue promovida contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios del 01 al 04 de la primera pieza de los antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, compareció ante el referido Juzgado el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, alegando y oponiendo Defensas Previas. (Folios del 01 al 03 de la pieza separada de Defensas Previas de primera instancia).-3) Que mediante resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central resolvió: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas…” (Folios del 15 al 21 de la pieza separada de Defensas Previas).-4) Que el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición de Procurador Judicial Delegado del Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad, compareció ante la Corte de Apelaciones de de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, alegando el recurrente que dicho acto violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha quince de octubre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, accionando en su condición de Procurador Judicial Delegado del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la Resolución descrita en el preámbulo del presente fallo…” (Folios del 33 al 36 de la pieza de Amparo).-6) Que en fecha veintiséis de octubre del año dos mil quince, este Alto Tribunal, recibió para su consulta el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, contra la resolución de fecha diecisiete de marzo, del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que falla desestimando las defensas previas de falta de jurisdicción, interposición de la demanda por persona incapaz y ser el acto no susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, promovidas por la parte demandada, en relación a la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DISPONGA SER PROCEDENTE LA ACCIÓN INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 008-SR-14 POR NO ESTAR ARREGLADA A DERECHO.- SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA.- COMO LÓGICA CONSECUENCIA SE DECLARE CON LUGAR LA OPOSICIÓN DEDUCIDA AL REGISTRO DE LA MARCA DE FABRICA BBDENT; promovida por el Abogado Teodoro Valester, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil LABORATORIOS MENARINI S. A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al determinar que las defensas previas son inexistentes violenta los preceptos constitucionales antes señalados (Artículos 82 y 90), por estar conociendo el presente juicio un Juzgado que a todas luces carece de competencia por la materia, debido a que el fondo del presente juicio es materia de Propiedad Industrial, el cual excluye de su conocimiento a lo contenciosos administrativo, en virtud de lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 4, que señala que las cuestiones de orden civil no le corresponde su conocimiento, lo anterior se deduce al estar contemplada dicha pretensión dentro del ámbito de competencia de los Juzgados de Letras Civil, tal y como lo establece el Código Procesal Civil en el artículo 339, relacionado con el artículo 520 y 531; además sostiene el recurrente en amparo violenta disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativo en los artículos 51 incisos a) y b), artículo 63 inciso a) y el artículo 80 incisos a), b) c) y e).- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en Amparo la resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falla desestimar las defensas previas interpuestas por la parte incidentista, como ser la falta de jurisdicción, interposición de la demanda por persona incapaz y ser el acto no susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativo.-CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto con el cual, el garantista considera vulnerados las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, los explica señalando que el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo no tiene competencia para resolver el asunto de fondo, debido a que el presente juicio es materia de Propiedad Industrial, el cual excluye de su conocimiento a lo contencioso administrativo.-CONSIDERANDO 7: Que en la formalización de la acción constitucional, las garantías constitucionales que invoca el recurrente han sido vulneradas son las siguientes: artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; y el artículo 90 párrafo primero que dispone “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” .- CONSIDERANDO 8: Que el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada Roxana Lucila Castro emitió Dictamen en fecha dos de septiembre del año dos mil quince, en el que concluye que no se otorgue el amparo solicitado; sostiene la Fiscal del Ministerio Público que al amparista no se le vulnerado en ningún momento el derecho de defensa, en virtud que la parte demandada ha tenido participación en todo el desarrollo del proceso y con ello la oportunidad de hacer uso de los recursos expeditos por la ley; que en relación al debido proceso y ante la ausencia de una explicación concreta, no es posible determinar como es que se ha producido la vulneración del artículo 90 de la Constitución de la República. dice la Fiscal del Ministerio Público, que del estudio efectuado al escrito de formalización y el antecedente de mérito considera que los alegatos realizados por el ahora impetrante carecen de sustento, pues en relación a la primera y tercera causal de inadmisibilidad “Cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y “Cuando tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativo”; considera que si bien es cierto que el proceso en estudio no es susceptible de dilucidar en el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, debido a que en el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se prescribe que esa vía va a resolver actos atinentes a fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas y créditos públicos, decisión que no es de lo que se trata el presente asunto, ya que la controversia jurídica radica en la denegatoria de una petición de no inscripción de una marca, por tanto la pretensión del amparista en ese sentido se encuentra apegada a derecho, aunque ello no modifica el que el pleito sea susceptible de ser conocido en la jurisdicción contencioso administrativo, pues la cosa litigiosa radica en la determinación de si se encuentra o no ajustada a derecho un acto administrativo. Esto es, la resolución emitida por el Instituto de la Propiedad, esto es en base a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Administración Pública y 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO 9: Que el recurrente en la explicación y alegaciones de la acción constitucional invocada, aduce que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo es incompetente para conocer del asunto fundamentando sus alegaciones en los artículos 4, 51 inciso a) y b), artículo 63 inciso a) y el artículo 80 incisos a), b) c) y e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 339, 520 y 531 del Código Procesal Civil. En ese orden los artículos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señalan: Artículo 4 “No corresponderán a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al derecho agrario o las cuestiones arbitrales a las que se haya sometido el Estado…” artículo 51 literales a) y b) “El Juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualesquiera de las siguientes causas: a) La falta de jurisdicción o competencia del Juzgado con arreglo al Capítulo I del Título Primero de esta Ley; b) Que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación conforme a las reglas del Capítulo I del Título III, excepto en el supuesto previsto en el artículo 32 de esta Ley;…”; artículo 80 “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a) Cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; b) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, al tenor del artículo 31; ch)…; d)…; y, e) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.”. Las alegaciones del amparista en relación a la falta de competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo lo fundamenta con preceptos del Código Procesal Civil a saber: artículo 399 “ÁMBITO DEL PROCESO ORDINARIO. 1. Se conocerán y se decidirán por los tramites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas relativas a las materias siguientes: a)… b)… c)… d) Propiedad industrial. e) Propiedad intelectual…”; artículo 520 “OBJETO. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que una parte exija la tutela de derechos en materia de propiedad industrial, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclame, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.”; artículo 531 “OBJETO. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de propiedad intelectual, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso reclame, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.”.- CONSIDERANDO 10: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha quince de octubre del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la autoridad recurrida desestima correctamente las causas de inadmisibilidad que ante él fueron intentadas por el impetrante, ya que la Jurisdicción Contencioso-Administrativo es la competente para conocer la demanda ante ellos planteada. Ello porque la demanda fue correctamente incoada ante dicho Juzgado y si bien es cierto en la subsanación se designó el Juzgado de lo Fiscal Administrativo, la misma empezó y sigue siendo conocida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ya que el Juzgado de lo Fiscal Administrativo fue creado dentro de la esfera de lo Contencioso Administrativo y aunado a ello para que se den los presupuestos de los artículos 520 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 4 literal a) y 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo a efecto de ser el fuero civil el competente para conocer de la causa intentada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tal y como lo alega el recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, situación que no ocurre en el caso plantado ante la autoridad recurrida, ello en virtud que el demandante no tiene un derecho adquirido, ya que su situación jurídica aún es una mera pretensión de un derecho, porque en vía administrativa planteó una oposición al Registro de una marca la que le fue denegada, en virtud de lo cual acude a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en forma correcta, por ser éste el competente para dirimir dicho conflicto, por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva a que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo respecto de las Resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial también sea improcedente.-CONSIDERANDO 11: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca el recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que del análisis del Amparo promovido y de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y lo señalado en la motivación de su fallo, no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por corresponder a dicha jurisdicción el conocimiento de las pretensiones deducidas por el demandante, en relación con un acto de carácter particular de la Administración Pública.-CONSIDERANDO 12: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de octubre del año dos mil quince, que por Unanimidad de Votos, falla Denegando la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Ángel Antonio Mendoza Velásquez. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4 y 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de octubre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el numero1000-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.-VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, que contiene la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil quince, dictada en la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, actuando en su condición de Procurador Judicial Delegado del Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en la que el citado Tribunal, denegó el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, en relación a las Defensas Previas alegadas por la parte demandada, en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil LABORATORIOS MENARINI S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. Habiendo estimado el recurrente como vulnerados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que el Abogado TEODORO VALESTER, actuando en su condición de Gestor Oficioso de la Sociedad Mercantil LABORATORIOS MENARINI S.A., compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de abril del año dos mil catorce, promoviendo DEMANDA ORDINARIA PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DISPONGA SER PROCEDENTE LA ACCIÓN INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 008-SR-14 POR NO ESTAR ARREGLADA A DERECHO.- SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA.- COMO LÓGICA CONSECUENCIA SE DECLARE CON LUGAR LA OPOSICIÓN DEDUCIDA AL REGISTRO DE LA MARCA DE FABRICA BBDENT; demanda que fue promovida contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (Folios del 01 al 04 de la primera pieza de los antecedentes de primera instancia).-2) Que en fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, compareció ante el referido Juzgado el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, alegando y oponiendo Defensas Previas. (Folios del 01 al 03 de la pieza separada de Defensas Previas de primera instancia).-3) Que mediante resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central resolvió: (Sic) “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas…” (Folios del 15 al 21 de la pieza separada de Defensas Previas).-4) Que el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición de Procurador Judicial Delegado del Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad, compareció ante la Corte de Apelaciones de de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, alegando el recurrente que dicho acto violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha quince de octubre del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, accionando en su condición de Procurador Judicial Delegado del ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la Resolución descrita en el preámbulo del presente fallo…” (Folios del 33 al 36 de la pieza de Amparo).-6) Que en fecha veintiséis de octubre del año dos mil quince, este Alto Tribunal, recibió para su consulta el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, contra la resolución de fecha diecisiete de marzo, del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que falla desestimando las defensas previas de falta de jurisdicción, interposición de la demanda por persona incapaz y ser el acto no susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, promovidas por la parte demandada, en relación a la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DISPONGA SER PROCEDENTE LA ACCIÓN INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 008-SR-14 POR NO ESTAR ARREGLADA A DERECHO.- SE RECONOZCA UNA SITUACIÓN JURÍDICA INDIVIDUALIZADA.- COMO LÓGICA CONSECUENCIA SE DECLARE CON LUGAR LA OPOSICIÓN DEDUCIDA AL REGISTRO DE LA MARCA DE FABRICA BBDENT; promovida por el Abogado Teodoro Valester, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil LABORATORIOS MENARINI S. A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al determinar que las defensas previas son inexistentes violenta los preceptos constitucionales antes señalados (Artículos 82 y 90), por estar conociendo el presente juicio un Juzgado que a todas luces carece de competencia por la materia, debido a que el fondo del presente juicio es materia de Propiedad Industrial, el cual excluye de su conocimiento a lo contenciosos administrativo, en virtud de lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 4, que señala que las cuestiones de orden civil no le corresponde su conocimiento, lo anterior se deduce al estar contemplada dicha pretensión dentro del ámbito de competencia de los Juzgados de Letras Civil, tal y como lo establece el Código Procesal Civil en el artículo 339, relacionado con el artículo 520 y 531; además sostiene el recurrente en amparo violenta disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativo en los artículos 51 incisos a) y b), artículo 63 inciso a) y el artículo 80 incisos a), b) c) y e).- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 5: Que esta Sala observa que se ha recurrido en Amparo la resolución de fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falla desestimar las defensas previas interpuestas por la parte incidentista, como ser la falta de jurisdicción, interposición de la demanda por persona incapaz y ser el acto no susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativo.-CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional del examen de las diligencias observa que el acto con el cual, el garantista considera vulnerados las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, los explica señalando que el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo no tiene competencia para resolver el asunto de fondo, debido a que el presente juicio es materia de Propiedad Industrial, el cual excluye de su conocimiento a lo contencioso administrativo.-CONSIDERANDO 7: Que en la formalización de la acción constitucional, las garantías constitucionales que invoca el recurrente han sido vulneradas son las siguientes: artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; y el artículo 90 párrafo primero que dispone “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” .- CONSIDERANDO 8: Que el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada Roxana Lucila Castro emitió Dictamen en fecha dos de septiembre del año dos mil quince, en el que concluye que no se otorgue el amparo solicitado; sostiene la Fiscal del Ministerio Público que al amparista no se le vulnerado en ningún momento el derecho de defensa, en virtud que la parte demandada ha tenido participación en todo el desarrollo del proceso y con ello la oportunidad de hacer uso de los recursos expeditos por la ley; que en relación al debido proceso y ante la ausencia de una explicación concreta, no es posible determinar como es que se ha producido la vulneración del artículo 90 de la Constitución de la República. dice la Fiscal del Ministerio Público, que del estudio efectuado al escrito de formalización y el antecedente de mérito considera que los alegatos realizados por el ahora impetrante carecen de sustento, pues en relación a la primera y tercera causal de inadmisibilidad “Cuando su conocimiento no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y “Cuando tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso Administrativo”; considera que si bien es cierto que el proceso en estudio no es susceptible de dilucidar en el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, debido a que en el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se prescribe que esa vía va a resolver actos atinentes a fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas y créditos públicos, decisión que no es de lo que se trata el presente asunto, ya que la controversia jurídica radica en la denegatoria de una petición de no inscripción de una marca, por tanto la pretensión del amparista en ese sentido se encuentra apegada a derecho, aunque ello no modifica el que el pleito sea susceptible de ser conocido en la jurisdicción contencioso administrativo, pues la cosa litigiosa radica en la determinación de si se encuentra o no ajustada a derecho un acto administrativo. Esto es, la resolución emitida por el Instituto de la Propiedad, esto es en base a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Administración Pública y 33 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO 9: Que el recurrente en la explicación y alegaciones de la acción constitucional invocada, aduce que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo es incompetente para conocer del asunto fundamentando sus alegaciones en los artículos 4, 51 inciso a) y b), artículo 63 inciso a) y el artículo 80 incisos a), b) c) y e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 339, 520 y 531 del Código Procesal Civil. En ese orden los artículos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señalan: Artículo 4 “No corresponderán a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública se atribuyan por una ley a otra jurisdicción o correspondan al derecho agrario o las cuestiones arbitrales a las que se haya sometido el Estado…” artículo 51 literales a) y b) “El Juzgado podrá declarar inadmisible la demanda, cuando conste cualesquiera de las siguientes causas: a) La falta de jurisdicción o competencia del Juzgado con arreglo al Capítulo I del Título Primero de esta Ley; b) Que la acción se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación conforme a las reglas del Capítulo I del Título III, excepto en el supuesto previsto en el artículo 32 de esta Ley;…”; artículo 80 “Se declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez: a) Cuando su conocimiento no correspondiere a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; b) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, no representada debidamente o no legitimada; c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, al tenor del artículo 31; ch)…; d)…; y, e) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.”. Las alegaciones del amparista en relación a la falta de competencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo lo fundamenta con preceptos del Código Procesal Civil a saber: artículo 399 “ÁMBITO DEL PROCESO ORDINARIO. 1. Se conocerán y se decidirán por los tramites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas relativas a las materias siguientes: a)… b)… c)… d) Propiedad industrial. e) Propiedad intelectual…”; artículo 520 “OBJETO. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que una parte exija la tutela de derechos en materia de propiedad industrial, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso se reclame, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.”; artículo 531 “OBJETO. A través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de propiedad intelectual, cualquiera que pueda ser la cuantía que en su caso reclame, con las especialidades previstas en los artículos siguientes.”.- CONSIDERANDO 10: Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha quince de octubre del año dos mil quince, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la autoridad recurrida desestima correctamente las causas de inadmisibilidad que ante él fueron intentadas por el impetrante, ya que la Jurisdicción Contencioso-Administrativo es la competente para conocer la demanda ante ellos planteada. Ello porque la demanda fue correctamente incoada ante dicho Juzgado y si bien es cierto en la subsanación se designó el Juzgado de lo Fiscal Administrativo, la misma empezó y sigue siendo conocida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ya que el Juzgado de lo Fiscal Administrativo fue creado dentro de la esfera de lo Contencioso Administrativo y aunado a ello para que se den los presupuestos de los artículos 520 del Código Procesal Civil en relación con el artículo 4 literal a) y 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo a efecto de ser el fuero civil el competente para conocer de la causa intentada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tal y como lo alega el recurrente, tendría que existir un derecho ya adquirido para que el demandante pida la tutela del mismo, situación que no ocurre en el caso plantado ante la autoridad recurrida, ello en virtud que el demandante no tiene un derecho adquirido, ya que su situación jurídica aún es una mera pretensión de un derecho, porque en vía administrativa planteó una oposición al Registro de una marca la que le fue denegada, en virtud de lo cual acude a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en forma correcta, por ser éste el competente para dirimir dicho conflicto, por no estarse discutiendo un derecho sobre una marca o registro, sino sobre una pretensión de registro de marca, lo que conlleva a que la causa de inadmisibilidad consistente en que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo respecto de las Resoluciones que pongan término a la vía administrativa como previa a la judicial también sea improcedente.-CONSIDERANDO 11: Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se han respetado los derechos constitucionales que invoca el recurrente como vulnerados; el Tribunal de Alzada ratifica la resolución emitida por el A-quo, al arribar a la conclusión que del análisis del Amparo promovido y de lo prescrito en el ordenamiento jurídico aplicable y lo señalado en la motivación de su fallo, no existe violación a las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, en virtud que el A-quo le dio el trámite correspondiente a su solicitud, con las formalidades exigidas por las leyes aplicables, pues al desestimar las Defensas Previas interpuestas, lo hizo en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por corresponder a dicha jurisdicción el conocimiento de las pretensiones deducidas por el demandante, en relación con un acto de carácter particular de la Administración Pública.-CONSIDERANDO 12: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de octubre del año dos mil quince, que por Unanimidad de Votos, falla Denegando la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado Ángel Antonio Mendoza Velásquez. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4 y 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de octubre del año dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el numero 1000-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL