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Sentencia AA-100-15 — Registro 8670

Resumen

Acto recurrido consistente en las notificaciones de suspensión de los contratos individuales de trabajo en perjuicio de los impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... " ... el SANAA no tuvo más alternativa que la de proceder en fecha 04 de mayo del 2015, con la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores inicialmente suspendidos…. En virtud de lo cual el SANAA está en la disposición de reconocerle el importe de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a ley correspondan, de acuerdo a las posibilidades económicas que la institución vaya teniendo, una vez que usted haya presentad la documentación requerida para tal fin..." … " Que esta Sala de lo Constitucional luego del estudio de los antecedentes, advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que el recurrente impugnó en su momento, suspensión que posteriormente fue ratificada dando por terminada la relación laboral entre las partes, el acto se consumó de manera irreparable al haber trascendido la sola suspensión provisional a la destitución del recurrente,(lo resaltado es nuestro) acto que deberá dilucidarse por la vía judicial respectiva, quedando expedita la misma a fin de obtener una sentencia conforme a derecho, Artículo 46 No.5 de la ley sobre Justicia Constitucional. En consecuencia y, tal como lo dispone el artículo 46 último párrafo de la misma Ley, que establece:” EL Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de junio del dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por los señores CLAUDIO ALEXY RUIZ MATUTE (Reg. 0100-2015), MARIO ENRIQUE ELVIR ELVIR (Reg. 0101-2015), JOSÉ HORACIO MERINO MIDENCE (Reg. 0102-2015), RUBÉN ANTONIO AMADOR GÓMEZ (Reg. 0103-2015), MILTON AUGUSTO ZÚNIGA LAGOS (Reg. 0104-2015), HÉCTOR ADALID MARTÍNEZ MORENO (Reg. 0105-2015), NELSON ARTURO AGUILAR AGUILAR (Reg. 0106-2015), JORGE ALFREDO ÁVILA GÁLVEZ (Reg. 0107-2015), PABLO DANIEL RODRÍGUEZ AGUILAR (Reg. 0108-2015), YINA KARELY SALINAS ZALABARRIA (Reg. 0109-2015) y SANTOS EDILIA PALMA (Reg. 0110-2015) a favor de SI MISMOS contra actuaciones realizadas por el SERVICIO AÚTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de su Gerente General LUIS RENÉ EVELINE HERNÁNDEZ, consistente en las notificaciones de suspensión de los contratos individuales de trabajo, en fecha dos de enero de dos mil quince, a los señores arriba mencionados, por el término de ciento veinte (120) días efectivos a partir del tres de enero de dos mil quince hasta el dos de mayo de dos mil quince. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se les ha violentado los derechos consignados en los artículos 59, 82, 90, 127 y 128 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de febrero de dos mil quince, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los señores CLAUDIO ALEXY RUIZ MATUTE (Reg. 0100-2015), MARIO ENRIQUE ELVIR ELVIR (Reg. 0101-2015), JOSÉ HORACIO MERINO MIDENCE (Reg. 0102-2015), RUBÉN ANTONIO AMADOR GÓMEZ (Reg. 0103-2015), MILTON AUGUSTO ZÚNIGA LAGOS (Reg. 0104-2015), HÉCTOR ADALID MARTÍNEZ MORENO (Reg. 0105-2015), NELSON ARTURO AGUILAR AGUILAR (Reg. 0106-2015), JORGE ALFREDO ÁVILA GÁLVEZ (Reg. 0107-2015), PABLO DANIEL RODRÍGUEZ AGUILAR (Reg. 0108-2015), YINA KARELY SALINAS ZALABARRIA (Reg. 0109-2015) y SANTOS EDILIA PALMA (Reg. 0110-2015), interponiendo recursos de amparo, a favor de SI MISMOS contra actuaciones realizadas por el SERVICIO AÚTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de su Gerente General LUIS RENÉ EVELINE HERNÁNDEZ, consistentes en las notificaciones de suspensión de los contratos individuales de trabajo, en fecha dos de enero de dos mil quince, a los señores arriba mencionados, por el término de ciento veinte (120) días efectivos a partir del tres de enero de dos mil quince hasta el dos de mayo de dos mil quince. 2) Que en fecha diez de febrero de dos mil quince, se admitieron los recursos de amparo interpuestos, y apreciándose que los mismos se dirigen contra un mismo acto y se contraen a relacionar los mismos hechos se ordenó su acumulación, para producir una sola sentencia y así mantener la unidad y continencia de la causa; ordenándose en consecuencia librar comunicación a la autoridad recurrida para que en el término de dos días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo.

  1. Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, la autoridad recurrida rindió el informe correspondiente, siendo ampliado el mismo en fecha cinco de agosto de dos mil quince, consignando en otros lo siguiente: a) Que en fecha dos de enero de dos mil quince, el SANAA, procedió a notificar a 210 empleados la decisión de suspender parcialmente los contratos individuales de trabajo por el termino de 120 días, en base al artículo 100 numeral 5 del Código de Trabajo. b) Que el SANAA, ha venido arrastrando desde hace varios años una compleja situación económica, resultando que la empresa se encuentra sumergida en una crisis económica y operativa. c) Que la institución cuenta con un presupuesto general de ingresos cuya fuente de financiamiento es primordialmente su propia facturación y recaudación a través de fondos nacionales, donaciones de cooperación internacional. En virtud de ello exponen que la empresa ha venido contando con un número desproporcionado de empleados en relación a su financiamiento. d) El SANAA ha venido contando con un total de 2,425 empleados, de los cuales 2,000 están concentrados en el Distrito Central, lo que representa una plantilla de L.37,318,372.00, por lo que la empresa necesitó en 2014 más de 6 millones de lempiras para cubrir el gasto corriente de sueldos y salarios, teniendo que recurrir a otras fuentes de financiamiento para hacer frente a esos compromisos, no pudiéndose pagar el décimo tercer mes ya que al 10 de diciembre de 2014, no se había recaudado lo necesario para ello. e) Que en fecha siete de enero de dos mil quince, el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, actuando en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, presentó escrito ante la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, en cual solicita “Se tenga comprobadas las causas de Suspensión parcial de los Contratos Individuales de Trabajo por 120 días consecutivos, notificada a 210 empleados del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), y consecuentemente se autorice tal suspensión”; por lo que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social hizo Constar que según Registro No.SG-SUSP/CONT-001-2015 del Libro de Registro de Entradas de Solicitudes, se presentó la Solicitud antes indicada y que la misma se encontraba en trámite. (Folios 101 al 109 y 141 al 143 del expediente de amparo). 4) Que habiéndose concedido vista por el término de cuarenta ocho horas a los recurrentes para que formalizaran sus acciones de amparo y en virtud de que los recurrente no hicieron uso del mismo, en fecha nueve de junio de dos mil quince, la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar los recursos, asimismo y desprendiéndose en el mismo que los recurrentes desarrollaron de manera puntual el concepto de la violación alegada, se ordenó continuar con el procedimiento, dando vista de las presentes diligencias al fiscal del despacho, a efecto de que emitiera su dictamen. 5) Que con fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se tuvo por evacuado y por emitido el dictamen por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual concluye que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de un derecho fundamental que esté contenido en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia. CONSIDERANDO (2): Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en la exposición de la Acción de amparo considera que la Notificación de suspensión del Contrato Individual de Trabajo de sus representados de fecha 02 de enero del año 2015, fue emitida y realizada de manera arbitraria e injusta por el Gerente General y Representante Legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Considera quebrantadas las garantías constitucionales 59, 82, 90, 127, y 128 de la Constitución de la República. Señalando que la garantía constitucional del artículo 59 que dispone que la persona humana es el fin supremo de la sociedad o fue respetada el SANAA, ya que el Gerente General además de suspenderles de sus trabajos, en medios de comunicación se refirió a ello como “Paracaidistas”. Habiéndolos suspendido por ciento veinte (120) días sin goce de salario, sin permitirles hacer uso de su derecho de defensa para aclarar el porque fueron suspendidos, militarizando todas las instalaciones del SANAA, sin que se permitiera el acceso a las mismas y sin justa causa para ello, con lo que violentó su derecho a la Defensa, Debido Proceso y al Trabajo, los que son Derechos Humanos conferidos por la Constitución y los Tratados, Convenciones y otros instrumentos Internacionales. Además expone que la Suspensión no puede aplicarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 constitucional porque disminuye, restringe y tergiversa las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, como son el derecho de defensa, debido proceso, trabajo, salud, alimentación y vivienda, lo que es congruente con el artículo 41 No, 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, considerando el recurrente que la suspensión del Contrato Individual de Trabajo no le obliga ni le es aplicable porque contraviene, disminuye o tergiversa los derechos que le reconoce la Constitución, solicitando la aplicación de los artículos 1 y 2 de la citada ley que mandan la aplicación e interpretación de sus disposiciones de manera que aseguren una eficaz protección de los Derechos Humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO (4): Que la empresa Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, mediante oficio número GG-171-2015 recibido por la Sala de lo Constitucional en fecha dieciséis de marzo del dos mil quince señala: que “El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), es una empresa de Derecho Público, creada mediante el Decreto 91 emitido el 26 de abril de 1961, como un organismo autónomo de servicio público, con personería, capacidad jurídica y patrimonio propios, de duración indefinida, regida por su ley de creación, sus reglamentos, y en lo que no estuviere previsto, por las demás leyes del país que le sean aplicables.” Señala además que dentro de sus objetivos se identifica el que concierne a la población en general y es que dicha empresa de servicio público es la encargada de promover el desarrollo de los abastecimientos públicos de agua potable y alcantarillados sanitarios y pluviales de todo el país…. En el segundo párrafo, manifiesta que “para hacer frente a estos objetivos la institución cuenta con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos cuya fuente de financiamiento es primordialmente su propia facturación y recaudación; en otro plano menos sustancial se proyectan ingresos adicionales a dicha facturación a través del apoyo presupuestario con fondos nacionales, donaciones de la cooperación internacional y otras vías crediticias (préstamos). En este último caso al tratarse de proyecciones de ingresos presupuestario, es oportuno aclarar que el comportamiento de los mismos es algo incierto y de menor relevancia para soportar eficazmente el financiamiento presupuestal requerido. En virtud de lo anterior, es preciso exponer que la empresa ha venido contando con un número desproporcionado de empleados en relación a su fuente de financiamiento presupuestario, ya que los montos que suman las erogaciones de servicios profesionales de forma anual superan la facturación y recaudación total de la empresa, encontrando ahí su trascendental fuente de déficit y pérdidas que en suma constituyen las razones esenciales de la crítica situación financiera en que se encuentra…”. 2. Que en fecha dos de enero de dos mil quince, la Empresa de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, procedió a notificar a 210 de sus empleados, la decisión de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo, por un término de ciento veinte días consecutivos, decisión tomada con fundamento en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código del Trabajo, efectiva a partir del tres de enero de dos mil quince hasta el dos de mayo de dos mil quince, asimismo consigno en dicha notificación que la misma se fundamenta en los artículos 101 y 102 y demás aplicables al Código del Trabajo. CONSIDERANDO (5): Que en fecha 5 de agosto del año 2015, esta Sala recibió el oficio No. GG 499-2015 remitido por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillados (SANAA), mediante el cual da cumplimiento a la comunicación librada por esta Sala, informando la suspensión a la que se ha hecho referencia en el acápite anterior. En el Párrafo TERCERO manifiesta, que una vez transcurrido el término de la referida suspensión persistiendo las circunstancias que dieron lugar a la misma, ante la imposibilidad de que la empresa pueda ser explotada con un mínimo razonable de utilidad y que tampoco se pueda logar la obtención de los fondos necesarios para proseguir normalmente sus trabajos, el SANAA no tuvo más alternativa que la de proceder en fecha 04 de mayo del 2015, con la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores inicialmente suspendidos…. En virtud de lo cual el SANAA está en la disposición de reconocerle el importe de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a ley correspondan, de acuerdo a las posibilidades económicas que la institución vaya teniendo, una vez que usted haya presentad la documentación requerida para tal fin. CONSIDERANDO(6): Que esta Sala de lo Constitucional luego del estudio de los antecedentes, advierte la consumación de modo irreparable del hecho, que el recurrente impugnó en su momento, suspensión que posteriormente fue ratificada dando por terminada la relación laboral entre las partes, el acto se consumó de manera irreparable al haber trascendido la sola suspensión provisional a la destitución del recurrente,(lo resaltado es nuestro) acto que deberá dilucidarse por la vía judicial respectiva, quedando expedita la misma a fin de obtener una sentencia conforme a derecho, Artículo 46 No.5 de la ley sobre Justicia Constitucional. En consecuencia y, tal como lo dispone el artículo 46 último párrafo de la misma Ley, que establece:” EL Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 5, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO las diligencias que contienen los Recursos de amparo de los que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, recaída en los Recursos de Amparos Administrativos bajo los números SCO-0100-0110-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2]

Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”