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Sentencia RI-977-13 — Registro 6867

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto miembros de la carrera policial contra el Artículo 18-A relacionado con el artículo 126 numeral 13) de la Ley Organica de la Policia Nacional, Decreto No.67- 2008, reformado mediante Decreto No.202-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República ,el cual contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “Polígrafo”, utilizado como causal de despido del cargo a miembros de dicha institución

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales, ya declaradas con la emisión de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, recaída en la acción registrada bajo los números 449 y 503 del año 2012.-CONSIDERANDO (16): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis,[3]el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes.-CONSIDERANDO (17): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes están unidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación o no de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto.-CONSIDERANDO (18): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones de inconstitucionalidad con registro Números 449 y 503 del año 2012, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. Por las razones expuestas es procedente que los recursos de inconstitucionalidad registrados bajo los Números 994-2013 y 997-2013 sean sobreseídos"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que ante lo expuesto y siendo pertinente pronunciarse sobre la procedencia o no de un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el ya emitido en la acción con registro 449 Y 503 del año 2012, nos encontramos que de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico,[5] la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales, ya declaradas con la emisión de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, recaída en la acción registrada bajo los números 449 y 503 del año 2012.-CONSIDERANDO (16): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual  forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis,[6]el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, quienes actúan en su condición de apoderados legales de los señores (as) JAIRO JOSE CASTELLANOS LAINEZ, GLADYS SOLEDAD BORDEN LOPEZ, JANETH ELIZABETH SABILLON BUSTILLO, FELIX PEDRO FLORES GUTIERREZ, HABACU HERNANDEZ SUAREZ, LIDIA ARGENTINA LOPEZ HERNANDEZ, JOSE EFRAIN DERAS ALVARADO, ONAN ALEXIS OSORTO ZAMBRANO, EUCEBIO MARTINEZ CLAROS, AURELIO ANTONIO ALVAREZ AMAYA, MAYNOR DONELSY CARRANZA, WALTER NOE AGUILERA MONTOYA, GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ, ELBIS ENAMORADO CASTRO, JULIO CESAR LANZA GONZALES, RAUL FRANCISCO CHACON LOZANO, EDIS ALEXIS MORALES, CARLOS ZELAYA AMAYA, EDUARDO HERNANDEZ TREJO, MARLON FERMIN VARELA LOPEZ, MANUEL ANTONIO CLAROS PINEDA, OSMAN JOSUE CLAROS BUSTILLO, RENE VIDAL CASTEJOM ORDOÑEZ, VICTOR MANUEL AGUILAR ORELLANA, MAGDA LETICIA REYES MOLINA, ANA BELL CHACON LOZANO, ALMA LILA CENTENO FUENTES, YESENIA LILIBETH MADRID, SONIA ELIZABETH FUNEZ GARCIA, CARLOS RAFAEL BARAHONA, JOSE MARIA ARIAS LADINO, ALEJANDRO ALBERTO MEJIA, JUAN RAMON VELASQUEZ, MARIA SUSANA AVILA ROMERO, GERARDO ALFREDO PADILLA, CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARIA DE LOS ANGELES LOZANO DURON; todos miembros de la Carrera Policial pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; contra el Artículo 18-A relacionado con el artículo 126 numeral 13) de laLEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL, DECRETO No. 67-2008, reformado mediante DECRETO No. 202-2012, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,007 en fecha veintidós de diciembre de dos mil doce, el cual contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “Polígrafo”, utilizado como causal para el despido del cargo a miembros de la carrera policial-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, comparecieron ante este Tribunal los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, actuando en su condición de apoderados legales de los señores (as) JAIRO JOSE CASTELLANOS LAINEZ, GLADYS SOLEDAD BORDEN LOPEZ, JANETH ELIZABETH SABILLON BUSTILLO, FELIX PEDRO FLORES GUTIERREZ, HABACU HERNANDEZ SUAREZ, LIDIA ARGENTINA LOPEZ HERNANDEZ, JOSE EFRAIN DERAS ALVARADO, ONAN ALEXIS OSORTO ZAMBRANO, EUCEBIO MARTINEZ CLAROS, AURELIO ANTONIO ALVAREZ AMAYA, MAYNOR DONELSY CARRANZA, WALTER NOE AGUILERA MONTOYA, GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ, ELBIS ENAMORADO CASTRO, JULIO CESAR LANZA GONZALES, RAUL FRANCISCO CHACON LOZANO, EDIS ALEXIS MORALES, CARLOS ZELAYA AMAYA, EDUARDO HERNANDEZ TREJO, MARLON FERMIN VARELA LOPEZ, MANUEL ANTONIO CLAROS PINEDA, OSMAN JOSUE CLAROS BUSTILLO, RENE VIDAL CASTEJOM ORDOÑEZ, VICTOR MANUEL AGUILAR ORELLANA, MAGDA LETICIA REYES MOLINA, ANA BELL CHACON LOZANO, ALMA LILA CENTENO FUENTES, YESENIA LILIBETH MADRID, SONIA ELIZABETH FUNEZ GARCIA, CARLOS RAFAEL BARAHONA, JOSE MARIA ARIAS LADINO, ALEJANDRO ALBERTO MEJIA, JUAN RAMON VELASQUEZ, MARIA SUSANA AVILA ROMERO, GERARDO ALFREDO PADILLA, CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARIA DE LOS ANGELES LOZANO DURON; todos miembros de la Carrera Policial pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, promoviendo recurso de inconstitucionalidad vía acción, en forma parcial y por razón de contenido, contra el Artículo 18-A relacionado con el artículo 126 numeral 13) de laLEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL, DECRETO No. 67-2008, reformado mediante DECRETO No. 202-2012, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,007 de fecha veintidós de diciembre de dos mil doce, el cual contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “Polígrafo”, utilizado como causal para el despido del cargo a miembros de la carrera policial, por cuanto la norma impetrada vulnera los preceptos contenidos en los artículos 64, 82, 88, 95, 96 y 321 de la Constitución de la República, así como derechos y garantías consagrados en los Tratados y Convenios de los que Honduras forma parte.-2) Que en fecha once de febrero de dos mil catorce, este alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de inconstitucionalidad relacionado en el numeral que precede; omitir el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y conceder el traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles para que emitiese el correspondiente dictamen. (Folio 76).-3) Que en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, se tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen, quien tanto en el RI994-2013 y RI 997-2013, en su condición de Agente Fiscal para la Defensa de la Constitución, fueron del parecer que SE DECLAREN SIN LUGAR ambos recursos de inconstitucionalidad planteados.-4) Que con anterioridad al planteamiento de la presente acción de inconstitucionalidad por parte de los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, en su condición de apoderado legal de los ya mencionados en el preámbulo de esta sentencia,se interpusieron en esta misma sede constitucional recursos de inconstitucionalidad con el mismo objeto de control constitucional: 1.-los Abogados TEODORO SALVADOR GODOY y OSCAR ADAN CALIX ROSALES contra el Decreto 89-2012 que contiene la Ley ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012. Asimismo se peticiona que se declare la inconstitucionalidad del Artículo 18-A contenido en los Decretos 198-11, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 32,666 de fecha 11 de noviembre de 2011, y el Decreto 05-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto 67-2008, publicado en La Gaceta No. 31,749 del 31 de octubre de 2008; demandando que se declarare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad.- De tal suerte que los decretos cuya inconstitucionalidad total o parcial se solicita mediante los recursos interpuestos por los Abogados TEODORO SALVADOR GODOY, apoderado judicial de SAMUEL AYALA y OSCAR ADAN CALIX ROSALES, quien actúa como apoderado judicial de LUDWING CRISS ZELAYA ROMERO, NOLVERTO DE JESUS GALEANO ROMERO y JOSE RAMON GONZALES AVILA, son: Inconstitucionalidad total del Decreto No. 89-2012, que contiene la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL del 25 de mayo de 2012. A la vez el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, solicita también: 2.-Inconstitucionalidad parcial (artículo 18-A) del Decreto 198-2011 del 4 de noviembre de 2011, mediante el cual se reforman los artículos 7, 8, 13, 18, 123 numeral 3) 126 y se adicionaron los artículos 13-A y 18-A al Decreto No. 67-2008 de fecha 12 de junio de 2008 que contiene la LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS. 3.-Inconstitucionalidad parcial(artículo 18-A) del Decreto 05-12, del 31 de enero de 2012, mediante el cual se reforman los artículos 13, 18-A, 123 y 126 del Decreto No. 198-2011 y se adiciona el Artículo No. 118-B al Decreto 67-2008, que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras.-5) Que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Inconstitucionalidad antes referido, dictaron por mayoría de voto ssentencia, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR los Recursos de Inconstitucionalidad Nos. 499-2012 y 503-2012 incoados contra la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de Mayo del 2012, según publicación del Diario Oficial La Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de Mayo del 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, su vigencia y aplicabilidad finalizó el 25 de noviembre del 2012, conforme el plazo establecido en el artículo 2 del mismo Decreto. SEGUNDO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad No. 503-2012 incoado contra el Artículo 18-A contenido en el Decreto No. 198-11, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 32,666 de fecha 11 de noviembre de 2011, modificado mediante Decreto No. 05-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto 67-2008, publicado en La Gaceta No. 31,749 del 31 de octubre de 2008. Y MANDA: Que oportunamente se remitan los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.”.-CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma.-CONSIDERANDO (2): Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimados[1] a los impetrantes, ya que por su condición de Miembros de la Carrera Policial, pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la norma secundaria que acusan de inconstitucional, les afecta por estar obligados a cumplirla, lo que les acarrea consecuencias directas en el ejercicio de sus derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (3): Que en el trámite del proceso RI 997-2013, el Ministerio Público emitió dictamen en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, pronunciándose el Agente de Tribunales Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en el sentido que se declare sin lugar el recurso de inconstitucionalidad planteado. Asimismo, en el recurso de inconstitucionalidad 994-2013, El agente de tribunales del Ministerio Público Roger Ludovico Mathus Zelaya, emitió dictamen en fecha dieciocho de marzo de 2014, dictaminando que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad, argumentando en ambas acciones que en el análisis jurídico realizado que el trabajador esta bajo la continúa dependencia y dirección del patrono, el cual en la ejecución del trabajo debe observar las directivas técnicas del patrono, está sometido a su vigilancia, está expuesto a las sanciones disciplinarias de éste, con el fin último de perfeccionar la actuación del contrato o relación de trabajo, que el despido o cancelación de un contrato de trabajo es un acto voluntario del patrono por el cual se termina el contrato de trabajo, poniéndole los límites a esta posibilidad como los contenidos en los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo y otras limitaciones impuestas en los casos aplicables en los que exista contrato colectivo, que si bien es cierto la norma constitucional garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, también ésta prevé la separación cuando existan causa justas de separación, causas de justificación que determina la misma ley. Que los índices de criminalidad de nuestro país demandan el fortalecimiento de las actuaciones de las entidades públicas dedicadas a la prevención, combate e investigación del delito, que resulta apremiante mejorar ostensiblemente las acciones de la institucionalidad del Estado en materia de seguridad para combatir el crimen, que es necesaria una normativa que permita la inmediata depuración y fortalecimiento interno de los valores de la Policía Nacional de Honduras para cumplir con eficiencia su misión institucional.-CONSIDERANDO (4): Que el artículo contenido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional señalado como inconstitucional por los impetrantes, es el artículo 18-A, reformado mediante Decreto No. 202-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,007 de fecha veintidós de Diciembre del año dos mil doce, los que disponen: “Artículo 18-A.- Es atribución de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, practicar de forma general o selectiva a todos los miembros de la carrera policial mecanismos de Evaluación de Confianza, tales como: Toxicológicas, Psicométricas, Estudios Socioeconómicos y Patrimoniales; Polígrafo y cualquier otro que se estime pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones. Los Estudios Socioeconómicos y Patrimoniales serán practicados además a la esposa (o) o compañera (o) de hogar y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, además estas pruebas podrán practicarse a personas fuera de estos grados de parentesco cuando las circunstancias especiales del caso lo requiera. En el caso de haber incongruencia entre los ingresos y el patrimonio del investigado; la Dirección debe remitir copia certificada del expediente al Tribunal Superior del Cuentas (TSC) para los efectos de ley. En caso de que el resultado y/o evaluación practicada establezca que el servidor policial no cumple con los requisitos de idoneidad o no reúne la conducta apropiada para el correcto desempeño de su cargo, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, luego de haberlo oído en audiencia de descargo, emitirá un dictamen técnico, librándole copia certificada del expediente al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, el cual tiene el carácter vinculante, para que proceda a realizar lo que en derecho corresponda”.-CONSIDERANDO (5): Que en la presente acción de inconstitucionalidad se aprecia una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, conociendo de varios Recursos de Inconstitucionalidad; en virtud de constituir precisamente el objeto de examen constitucional, en todos los expedientes, el contenido del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, así como con el Recurso de Inconstitucionalidad No. 0879-12interpuesto vía acción por el Abogado GUSTAVO BUESO JACQUIER, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor JAIME FLORES PONCE, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, en la que SOBRESEE la acción interpuesta.-CONSIDERANDO (6): Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, la Sala de lo Constitucional en esta ocasión, utiliza la motivación por remisión, consignando en esta sentencia lo dicho en el Recurso de inconstitucionalidad registrado con el Número RI 0879-2012. Entre otros aquella sentencia señala: …es decir que la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece; concluyó: “Que por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia declarando no ha lugar los recursos de inconstitucionalidad de que se han hecho mérito en cuanto a la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de mayo de 2012, según publicación del diario Oficial la Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, por tratarse de una ley temporal propiamente dicha, a la fecha de la presente sentencia su vigencia ha finalizado y por ende no resulta pertinente que este Supremo Tribunal declare la inaplicabilidad y expulsión del ordenamiento jurídico de una disposición cuya vigencia ha caducado; asimismo, declarando no ha lugar el recurso de inconstitucionalidad en cuanto al artículo 18-A, incorporado por adición mediante Decreto No. 198-11, modificado por Decreto No. 05-2012, al Decreto No. 67-2008, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.”-CONSIDERANDO (7): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa.-CONSIDERANDO (9): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima deja de existir. Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales-CONSIDERANDO(10): Que el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. - PUBLICACIÓN. La sentencia en que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. En materia penal, beneficiará, en su caso, al procesado o condenado.”-CONSIDERANDO (11):Que las sentencias de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, como resoluciones judiciales, pueden considerarse como las actuaciones del Tribunal que culminan con la función jurisdiccional, su iuris dictio. Así, con independencia de otros aspectos subjetivos, en la sentencia que se ha relacionado, se destaca el momento hermenéutico en el cual el Tribunal confiere un status jurídico relevante al conflicto constitucional planteado por vía de la garantía específica de inconstitucionalidad, mismo que requirió de una interpretación que concluyó en la declaración de no hay incompatibilidad entre la norma constitucional y la que fue sometida a enjuiciamiento (DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008.-CONSIDERANDO (12):Que así las cosas y al tenor de lo expuesto hasta aquí, resulta igualmente necesario un pronunciamiento concreto de la Sala de lo Constitucional en cuanto al valor de la cosa juzgada en materia de la garantía específica de Inconstitucionalidad. Encontramos a este respecto, que de conformidad ala normativa vigente y aplicable, el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que <<La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. …>>. Esta precisión legal emanada del poder constituido, determina Juris et de iure (de pleno derecho) la vía requerida para dar valor de cosa juzgada a las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad. Correspondiendo lógicamente su intención, con la necesidad imperante tanto para el legislador, como para el Juez Constitucional de hacer prevalecer en esencia el principio fundamental en que se sustenta la seguridad jurídica; pues al establecer que las sentencias dictadas en los procesos de control constitucional tienen el valor de cosa juzgada, se les vincula de pleno derecho con una institución procesal, que si bien en su configuración tradicional puede tener dificultades de inserción en algunos procesos constitucionales, al relacionar los efectos de un fallo de inconstitucionalidad con terceros que no han sido parte en el proceso, se justifica por sí misma la designación, por razón que la cosa juzgada supone de derecho y por derecho (Juris et de iure), una respuesta al interés público implícito, brindándole a éste la certeza legal de que el fallo emitido tendrá efectos generales (erga omnes).-CONSIDERANDO (13): Que siguiendo con el desarrollo de esta fundamentación, es necesario tener en cuenta igualmente, que los efectos de la cosa juzgada material, serán en todo caso irreversibles en los casos del recurso de inconstitucionalidad, con respecto a la ley específica que ha sido examinada, como producto de una sentencia estimatoria, en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley impugnada.-CONSIDERANDO (14): Que a este respecto y discurriendo sobre los efectos erga omnes del fallo, es necesario igualmente recordar que en esencia, las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía específica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, como ha quedado ya expuesto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Salao en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución.-CONSIDERANDO (15): Que ante lo expuesto y siendo pertinente pronunciarse sobre la procedencia o no de un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el ya emitido en la acción con registro 449 Y 503 del año 2012, nos encontramos que de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico,[2] la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales, ya declaradas con la emisión de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, recaída en la acción registrada bajo los números 449 y 503 del año 2012.-CONSIDERANDO (16): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis,[3]el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes.-CONSIDERANDO (17): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes están unidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación o no de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto.-CONSIDERANDO (18): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones de inconstitucionalidad con registro Números 449 y 503 del año 2012, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. Por las razones expuestas es procedente que los recursos de inconstitucionalidad registrados bajo los Números 994-2013 y 997-2013 sean sobreseídos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNAMIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1° Declarar que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones con registros No. 499 Y 503=2012, mismas en las que se ya examinó la constitucionalidad del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008. Se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los decretos impugnados, por ser éste implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. Y 2° En tal virtud SE SOBRESEE la acción de mérito, contentiva en los recursos de inconstitucionalidad, con registros No. 0997-2013 y 0994-2013 interpuestos por los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, quienes actúan en su condición de apoderados legales de los señores (as) JAIRO JOSE CASTELLANOS LAINEZ, GLADYS SOLEDAD BORDEN LOPEZ, JANETH ELIZABETH SABILLON BUSTILLO, FELIX PEDRO FLORES GUTIERREZ, HABACU HERNANDEZ SUAREZ, LIDIA ARGENTINA LOPEZ HERNANDEZ, JOSE EFRAIN DERAS ALVARADO, ONAN ALEXIS OSORTO ZAMBRANO, EUCEBIO MARTINEZ CLAROS, AURELIO ANTONIO ALVAREZ AMAYA, MAYNOR DONELSY CARRANZA, WALTER NOE AGUILERA MONTOYA, GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ, ELBIS ENAMORADO CASTRO, JULIO CESAR LANZA GONZALES, RAUL FRANCISCO CHACON LOZANO, EDIS ALEXIS MORALES, CARLOS ZELAYA AMAYA, EDUARDO HERNANDEZ TREJO, MARLON FERMIN VARELA LOPEZ, MANUEL ANTONIO CLAROS PINEDA, OSMAN JOSUE CLAROS BUSTILLO, RENE VIDAL CASTEJOM ORDOÑEZ, VICTOR MANUEL AGUILAR ORELLANA, MAGDA LETICIA REYES MOLINA, ANA BELL CHACON LOZANO, ALMA LILA CENTENO FUENTES, YESENIA LILIBETH MADRID, SONIA ELIZABETH FUNEZ GARCIA, CARLOS RAFAEL BARAHONA, JOSE MARIA ARIAS LADINO, ALEJANDRO ALBERTO MEJIA, JUAN RAMON VELASQUEZ, MARIA SUSANA AVILA ROMERO, GERARDO ALFREDO PADILLA, CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARIA DE LOS ANGELES LOZANO DURON; todos miembros de la Carrera Policial pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, al ser cosa juzgada y por tanto haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada en las acciones con registro No. 499 Y 503=2012, y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento terminante de la Sala mediante el cual ya se salvaguardó la preeminencia de la norma Constitucional, siendo por tal razón impertinente una nueva interpretación, mediante la cual se reitere la declaración definitiva de este Tribunal Supremo, en la cual se establezca nuevamente Juris et de iure la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma al Recurrente para los efectos legales que le sean pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha dos (2) de junio del año dos mil dieciséis (2016) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0977-2013

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, quienes actúan en su condición de apoderados legales de los señores (as) JAIRO JOSE CASTELLANOS LAINEZ, GLADYS SOLEDAD BORDEN LOPEZ, JANETH ELIZABETH SABILLON BUSTILLO, FELIX PEDRO FLORES GUTIERREZ, HABACU HERNANDEZ SUAREZ, LIDIA ARGENTINA LOPEZ HERNANDEZ, JOSE EFRAIN DERAS ALVARADO, ONAN ALEXIS OSORTO ZAMBRANO, EUCEBIO MARTINEZ CLAROS, AURELIO ANTONIO ALVAREZ AMAYA, MAYNOR DONELSY CARRANZA, WALTER NOE AGUILERA MONTOYA, GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ, ELBIS ENAMORADO CASTRO, JULIO CESAR LANZA GONZALES, RAUL FRANCISCO CHACON LOZANO, EDIS ALEXIS MORALES, CARLOS ZELAYA AMAYA, EDUARDO HERNANDEZ TREJO, MARLON FERMIN VARELA LOPEZ, MANUEL ANTONIO CLAROS PINEDA, OSMAN JOSUE CLAROS BUSTILLO, RENE VIDAL CASTEJOM ORDOÑEZ, VICTOR MANUEL AGUILAR ORELLANA, MAGDA LETICIA REYES MOLINA, ANA BELL CHACON LOZANO, ALMA LILA CENTENO FUENTES, YESENIA LILIBETH MADRID, SONIA ELIZABETH FUNEZ GARCIA, CARLOS RAFAEL BARAHONA, JOSE MARIA ARIAS LADINO, ALEJANDRO ALBERTO MEJIA, JUAN RAMON VELASQUEZ, MARIA SUSANA AVILA ROMERO, GERARDO ALFREDO PADILLA, CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARIA DE LOS ANGELES LOZANO DURON; todos miembros de la Carrera Policial pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; contra el Artículo 18-A relacionado con el artículo 126 numeral 13) de laLEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL, DECRETO No. 67-2008, reformado mediante DECRETO No. 202-2012, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,007 en fecha veintidós de diciembre de dos mil doce, el cual contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “Polígrafo”, utilizado como causal para el despido del cargo a miembros de la carrera policial-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, comparecieron ante este Tribunal los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, actuando en su condición de apoderados legales de los señores (as) JAIRO JOSE CASTELLANOS LAINEZ, GLADYS SOLEDAD BORDEN LOPEZ, JANETH ELIZABETH SABILLON BUSTILLO, FELIX PEDRO FLORES GUTIERREZ, HABACU HERNANDEZ SUAREZ, LIDIA ARGENTINA LOPEZ HERNANDEZ, JOSE EFRAIN DERAS ALVARADO, ONAN ALEXIS OSORTO ZAMBRANO, EUCEBIO MARTINEZ CLAROS, AURELIO ANTONIO ALVAREZ AMAYA, MAYNOR DONELSY CARRANZA, WALTER NOE AGUILERA MONTOYA, GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ, ELBIS ENAMORADO CASTRO, JULIO CESAR LANZA GONZALES, RAUL FRANCISCO CHACON LOZANO, EDIS ALEXIS MORALES, CARLOS ZELAYA AMAYA, EDUARDO HERNANDEZ TREJO, MARLON FERMIN VARELA LOPEZ, MANUEL ANTONIO CLAROS PINEDA, OSMAN JOSUE CLAROS BUSTILLO, RENE VIDAL CASTEJOM ORDOÑEZ, VICTOR MANUEL AGUILAR ORELLANA, MAGDA LETICIA REYES MOLINA, ANA BELL CHACON LOZANO, ALMA LILA CENTENO FUENTES, YESENIA LILIBETH MADRID, SONIA ELIZABETH FUNEZ GARCIA, CARLOS RAFAEL BARAHONA, JOSE MARIA ARIAS LADINO, ALEJANDRO ALBERTO MEJIA, JUAN RAMON VELASQUEZ, MARIA SUSANA AVILA ROMERO, GERARDO ALFREDO PADILLA, CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARIA DE LOS ANGELES LOZANO DURON; todos miembros de la Carrera Policial pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, promoviendo recurso de inconstitucionalidad vía acción, en forma parcial y por razón de contenido, contra el Artículo 18-A relacionado con el artículo 126 numeral 13) de laLEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL, DECRETO No. 67-2008, reformado mediante DECRETO No. 202-2012, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,007 de fecha veintidós de diciembre de dos mil doce, el cual contiene el mecanismo de evaluación de confianza denominado “Polígrafo”, utilizado como causal para el despido del cargo a miembros de la carrera policial, por cuanto la norma impetrada vulnera los preceptos contenidos en los artículos 64, 82, 88, 95, 96 y 321 de la Constitución de la República, así como derechos y garantías consagrados en los Tratados y Convenios de los que Honduras forma parte.-2) Que en fecha once de febrero de dos mil catorce, este alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de inconstitucionalidad relacionado en el numeral que precede; omitir el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y conceder el traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles para que emitiese el correspondiente dictamen. (Folio 76).-3) Que en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, se tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen, quien tanto en el RI994-2013 y RI 997-2013, en su condición de Agente Fiscal para la Defensa de la Constitución, fueron del parecer que SE DECLAREN SIN LUGAR ambos recursos de inconstitucionalidad planteados.-4) Que con anterioridad al planteamiento de la presente acción de inconstitucionalidad por parte de los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, en su condición de apoderado legal de los ya mencionados en el preámbulo de esta sentencia,se interpusieron en esta misma sede constitucional recursos de inconstitucionalidad con el mismo objeto de control constitucional: 1.-los Abogados TEODORO SALVADOR GODOY y OSCAR ADAN CALIX ROSALES contra el Decreto 89-2012 que contiene la Ley ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012. Asimismo se peticiona que se declare la inconstitucionalidad del Artículo 18-A contenido en los Decretos 198-11, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 32,666 de fecha 11 de noviembre de 2011, y el Decreto 05-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto 67-2008, publicado en La Gaceta No. 31,749 del 31 de octubre de 2008; demandando que se declarare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad.- De tal suerte que los decretos cuya inconstitucionalidad total o parcial se solicita mediante los recursos interpuestos por los Abogados TEODORO SALVADOR GODOY, apoderado judicial de SAMUEL AYALA y OSCAR ADAN CALIX ROSALES, quien actúa como apoderado judicial de LUDWING CRISS ZELAYA ROMERO, NOLVERTO DE JESUS GALEANO ROMERO y JOSE RAMON GONZALES AVILA, son: Inconstitucionalidad total del Decreto No. 89-2012, que contiene la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL del 25 de mayo de 2012. A la vez el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, solicita también: 2.-Inconstitucionalidad parcial (artículo 18-A) del Decreto 198-2011 del 4 de noviembre de 2011, mediante el cual se reforman los artículos 7, 8, 13, 18, 123 numeral 3) 126 y se adicionaron los artículos 13-A y 18-A al Decreto No. 67-2008 de fecha 12 de junio de 2008 que contiene la LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS. 3.-Inconstitucionalidad parcial(artículo 18-A) del Decreto 05-12, del 31 de enero de 2012, mediante el cual se reforman los artículos 13, 18-A, 123 y 126 del Decreto No. 198-2011 y se adiciona el Artículo No. 118-B al Decreto 67-2008, que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras.-5) Que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Inconstitucionalidad antes referido, dictaron por mayoría de voto ssentencia, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR los Recursos de Inconstitucionalidad Nos. 499-2012 y 503-2012 incoados contra la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de Mayo del 2012, según publicación del Diario Oficial La Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de Mayo del 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, su vigencia y aplicabilidad finalizó el 25 de noviembre del 2012, conforme el plazo establecido en el artículo 2 del mismo Decreto. SEGUNDO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad No. 503-2012 incoado contra el Artículo 18-A contenido en el Decreto No. 198-11, publicado en el Diario oficial La Gaceta número 32,666 de fecha 11 de noviembre de 2011, modificado mediante Decreto No. 05-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto 67-2008, publicado en La Gaceta No. 31,749 del 31 de octubre de 2008. Y MANDA: Que oportunamente se remitan los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.”.-CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma.-CONSIDERANDO (2): Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma y su inaplicabilidad, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por medio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimados[4] a los impetrantes, ya que por su condición de Miembros de la Carrera Policial, pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la norma secundaria que acusan de inconstitucional, les afecta por estar obligados a cumplirla, lo que les acarrea consecuencias directas en el ejercicio de sus derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (3): Que en el trámite del proceso RI 997-2013, el Ministerio Público emitió dictamen en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, pronunciándose el Agente de Tribunales Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, en el sentido que se declare sin lugar el recurso de inconstitucionalidad planteado. Asimismo, en el recurso de inconstitucionalidad 994-2013, El agente de tribunales del Ministerio Público Roger Ludovico Mathus Zelaya, emitió dictamen en fecha dieciocho de marzo de 2014, dictaminando que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad, argumentando en ambas acciones que en el análisis jurídico realizado que el trabajador esta bajo la continúa dependencia y dirección del patrono, el cual en la ejecución del trabajo debe observar las directivas técnicas del patrono, está sometido a su vigilancia, está expuesto a las sanciones disciplinarias de éste, con el fin último de perfeccionar la actuación del contrato o relación de trabajo, que el despido o cancelación de un contrato de trabajo es un acto voluntario del patrono por el cual se termina el contrato de trabajo, poniéndole los límites a esta posibilidad como los contenidos en los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo y otras limitaciones impuestas en los casos aplicables en los que exista contrato colectivo, que si bien es cierto la norma constitucional garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, también ésta prevé la separación cuando existan causa justas de separación, causas de justificación que determina la misma ley. Que los índices de criminalidad de nuestro país demandan el fortalecimiento de las actuaciones de las entidades públicas dedicadas a la prevención, combate e investigación del delito, que resulta apremiante mejorar ostensiblemente las acciones de la institucionalidad del Estado en materia de seguridad para combatir el crimen, que es necesaria una normativa que permita la inmediata depuración y fortalecimiento interno de los valores de la Policía Nacional de Honduras para cumplir con eficiencia su misión institucional.-CONSIDERANDO (4): Que el artículo contenido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional señalado como inconstitucional por los impetrantes, es el artículo 18-A, reformado mediante Decreto No. 202-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,007 de fecha veintidós de Diciembre del año dos mil doce, los que disponen: “Artículo 18-A.- Es atribución de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, practicar de forma general o selectiva a todos los miembros de la carrera policial mecanismos de Evaluación de Confianza, tales como: Toxicológicas, Psicométricas, Estudios Socioeconómicos y Patrimoniales; Polígrafo y cualquier otro que se estime pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones. Los Estudios Socioeconómicos y Patrimoniales serán practicados además a la esposa (o) o compañera (o) de hogar y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, además estas pruebas podrán practicarse a personas fuera de estos grados de parentesco cuando las circunstancias especiales del caso lo requiera. En el caso de haber incongruencia entre los ingresos y el patrimonio del investigado; la Dirección debe remitir copia certificada del expediente al Tribunal Superior del Cuentas (TSC) para los efectos de ley. En caso de que el resultado y/o evaluación practicada establezca que el servidor policial no cumple con los requisitos de idoneidad o no reúne la conducta apropiada para el correcto desempeño de su cargo, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, luego de haberlo oído en audiencia de descargo, emitirá un dictamen técnico, librándole copia certificada del expediente al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, el cual tiene el carácter vinculante, para que proceda a realizar lo que en derecho corresponda”.-CONSIDERANDO (5): Que en la presente acción de inconstitucionalidad se aprecia una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, conociendo de varios Recursos de Inconstitucionalidad; en virtud de constituir precisamente el objeto de examen constitucional, en todos los expedientes, el contenido del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, así como con el Recurso de Inconstitucionalidad No. 0879-12interpuesto vía acción por el Abogado GUSTAVO BUESO JACQUIER, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor JAIME FLORES PONCE, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, en la que SOBRESEE la acción interpuesta.-CONSIDERANDO (6): Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior, la Sala de lo Constitucional en esta ocasión, utiliza la motivación por remisión, consignando en esta sentencia lo dicho en el Recurso de inconstitucionalidad registrado con el Número RI 0879-2012. Entre otros aquella sentencia señala: …es decir que la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece; concluyó: “Que por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia declarando no ha lugar los recursos de inconstitucionalidad de que se han hecho mérito en cuanto a la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de mayo de 2012, según publicación del diario Oficial la Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, por tratarse de una ley temporal propiamente dicha, a la fecha de la presente sentencia su vigencia ha finalizado y por ende no resulta pertinente que este Supremo Tribunal declare la inaplicabilidad y expulsión del ordenamiento jurídico de una disposición cuya vigencia ha caducado; asimismo, declarando no ha lugar el recurso de inconstitucionalidad en cuanto al artículo 18-A, incorporado por adición mediante Decreto No. 198-11, modificado por Decreto No. 05-2012, al Decreto No. 67-2008, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.”-CONSIDERANDO (7): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa.-CONSIDERANDO (9): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima deja de existir. Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales-CONSIDERANDO(10): Que el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. - PUBLICACIÓN. La sentencia en que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. En materia penal, beneficiará, en su caso, al procesado o condenado.”-CONSIDERANDO (11):Que las sentencias de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, como resoluciones judiciales, pueden considerarse como las actuaciones del Tribunal que culminan con la función jurisdiccional, su iuris dictio. Así, con independencia de otros aspectos subjetivos, en la sentencia que se ha relacionado, se destaca el momento hermenéutico en el cual el Tribunal confiere un status jurídico relevante al conflicto constitucional planteado por vía de la garantía específica de inconstitucionalidad, mismo que requirió de una interpretación que concluyó en la declaración de no hay incompatibilidad entre la norma constitucional y la que fue sometida a enjuiciamiento (DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008.-CONSIDERANDO (12):Que así las cosas y al tenor de lo expuesto hasta aquí, resulta igualmente necesario un pronunciamiento concreto de la Sala de lo Constitucional en cuanto al valor de la cosa juzgada en materia de la garantía específica de Inconstitucionalidad. Encontramos a este respecto, que de conformidad ala normativa vigente y aplicable, el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que <<La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. …>>. Esta precisión legal emanada del poder constituido, determina Juris et de iure (de pleno derecho) la vía requerida para dar valor de cosa juzgada a las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad. Correspondiendo lógicamente su intención, con la necesidad imperante tanto para el legislador, como para el Juez Constitucional de hacer prevalecer en esencia el principio fundamental en que se sustenta la seguridad jurídica; pues al establecer que las sentencias dictadas en los procesos de control constitucional tienen el valor de cosa juzgada, se les vincula de pleno derecho con una institución procesal, que si bien en su configuración tradicional puede tener dificultades de inserción en algunos procesos constitucionales, al relacionar los efectos de un fallo de inconstitucionalidad con terceros que no han sido parte en el proceso, se justifica por sí misma la designación, por razón que la cosa juzgada supone de derecho y por derecho (Juris et de iure), una respuesta al interés público implícito, brindándole a éste la certeza legal de que el fallo emitido tendrá efectos generales (erga omnes).-CONSIDERANDO (13): Que siguiendo con el desarrollo de esta fundamentación, es necesario tener en cuenta igualmente, que los efectos de la cosa juzgada material, serán en todo caso irreversibles en los casos del recurso de inconstitucionalidad, con respecto a la ley específica que ha sido examinada, como producto de una sentencia estimatoria, en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley impugnada.-CONSIDERANDO (14): Que a este respecto y discurriendo sobre los efectos erga omnes del fallo, es necesario igualmente recordar que en esencia, las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía específica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, como ha quedado ya expuesto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Salao en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución.-CONSIDERANDO (15): Que ante lo expuesto y siendo pertinente pronunciarse sobre la procedencia o no de un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el ya emitido en la acción con registro 449 Y 503 del año 2012, nos encontramos que de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico,[5] la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales, ya declaradas con la emisión de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, recaída en la acción registrada bajo los números 449 y 503 del año 2012.-CONSIDERANDO (16): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis,[6]el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes.-CONSIDERANDO (17): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes están unidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación o no de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto.-CONSIDERANDO (18): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones de inconstitucionalidad con registro Números 449 y 503 del año 2012, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. Por las razones expuestas es procedente que los recursos de inconstitucionalidad registrados bajo los Números 994-2013 y 997-2013 sean sobreseídos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNAMIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1° Declarar que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones con registros No. 499 Y 503=2012, mismas en las que se ya examinó la constitucionalidad del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008. Se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los decretos impugnados, por ser éste implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. Y 2° En tal virtud SE SOBRESEE la acción de mérito, contentiva en los recursos de inconstitucionalidad, con registros No. 0997-2013 y 0994-2013 interpuestos por los Abogados JOSE ARMANDO ESPINAL Y MARCO ANTONIO SANCHEZ, quienes actúan en su condición de apoderados legales de los señores (as) JAIRO JOSE CASTELLANOS LAINEZ, GLADYS SOLEDAD BORDEN LOPEZ, JANETH ELIZABETH SABILLON BUSTILLO, FELIX PEDRO FLORES GUTIERREZ, HABACU HERNANDEZ SUAREZ, LIDIA ARGENTINA LOPEZ HERNANDEZ, JOSE EFRAIN DERAS ALVARADO, ONAN ALEXIS OSORTO ZAMBRANO, EUCEBIO MARTINEZ CLAROS, AURELIO ANTONIO ALVAREZ AMAYA, MAYNOR DONELSY CARRANZA, WALTER NOE AGUILERA MONTOYA, GERMAN ANTONIO RODRIGUEZ, ELBIS ENAMORADO CASTRO, JULIO CESAR LANZA GONZALES, RAUL FRANCISCO CHACON LOZANO, EDIS ALEXIS MORALES, CARLOS ZELAYA AMAYA, EDUARDO HERNANDEZ TREJO, MARLON FERMIN VARELA LOPEZ, MANUEL ANTONIO CLAROS PINEDA, OSMAN JOSUE CLAROS BUSTILLO, RENE VIDAL CASTEJOM ORDOÑEZ, VICTOR MANUEL AGUILAR ORELLANA, MAGDA LETICIA REYES MOLINA, ANA BELL CHACON LOZANO, ALMA LILA CENTENO FUENTES, YESENIA LILIBETH MADRID, SONIA ELIZABETH FUNEZ GARCIA, CARLOS RAFAEL BARAHONA, JOSE MARIA ARIAS LADINO, ALEJANDRO ALBERTO MEJIA, JUAN RAMON VELASQUEZ, MARIA SUSANA AVILA ROMERO, GERARDO ALFREDO PADILLA, CARLOS HERNANDEZ SANCHEZ Y MARIA DE LOS ANGELES LOZANO DURON; todos miembros de la Carrera Policial pertenecientes a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, al ser cosa juzgada y por tanto haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada en las acciones con registro No. 499 Y 503=2012, y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento terminante de la Sala mediante el cual ya se salvaguardó la preeminencia de la norma Constitucional, siendo por tal razón impertinente una nueva interpretación, mediante la cual se reitere la declaración definitiva de este Tribunal Supremo, en la cual se establezca nuevamente Juris et de iure la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma al Recurrente para los efectos legales que le sean pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la resolución de fecha dos (2) de junio del año dos mil dieciséis (2016) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0977-2013.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Vid. Artículo 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su inte´res directo personal y legítimo.”

[2] Ver, tomo 7, pág. 128, del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas de Torres.

[3] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.

[4] Vid. Artículo 77 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su inte´res directo personal y legítimo.”

[5] Ver, tomo 7, pág. 128, del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas de Torres.

[6] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.