Sentencia RI-911-13 — Registro 9437
Resumen
Promoviendo recurso de inconstitucionalidad vía acción contra el Decreto Número 143-2013, contentivo de la Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario, implementación y puesta en marcha de este impuesto se constituye en una abierta violación al Tratado de Libre Comercio y constituye un grave peligro por las represalias que pudiesen sufrir los exportadores hondureños que envían sus productos a Estados Unidos de América.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO SIETE (7): Que siendo que la carga tributaria que se cuestiona es la cuota de fomento pecuario como contribución parafiscal, se hace una separación en ordinarios siendo los que provienen del patrimonio del Estado, tales como ingresos propios derivados de las actividades del servicio público, utilización de reservas monetarias y otros activos convertibles en dinero corriente entre otros; y las especiales que tienen una consideración particular, distinta a aquella al impuesto, por sus características jurídico financieras, son tributos que reconocen su fundamento en el poder del imperio del Estado, pero encuentra su exculpación en los rendimientos o provecho obtenidas por personas o grupo de personas particularizadas en sus bienes, como consecuencia de la realización de una obra pública. Con el discernimiento y el decreto traído a estudio se considera que no se han violentado preceptos constitucionales como se pretende hacer ver por el recurrente, ya que de existir disputa o pugna entre un tratado y la ley, en el caso de autos entre el Decreto 143-2016 y el CAFTA, este es una razón que ya ha sido resuelto por la Constitución misma al establecer el artículo 18 de la Carta Magna que en caso de conflicto entre un tratado y la ley prevalecerá el primero, es decir que en caso de una colisión de leyes, la ley dispone para su resolución se aplique el de mayor jerarquía que en este caso sería el tratado, de modo que esta situación ya ha sido prevista por el legislador y delega la aplicación correcta de la ley a las autoridades ordinarias correspondientes sean sea el caso. “CONSIDERANDO OCHO(8): Se puede reputar que en el caso de autos la ley que se debate de inconstitucional es una ley contemporánea de reciente creación es decir, que el tratado es anterior a la misma, en tal caso tampoco se pude decir que el decreto en cuestión es violatorio al tratado (CAFTA) en virtud de que el tratado fue suscrito por el Estado de Honduras primero y la ley es posterior, así mismo no se señala los artículos con los que colisiona la ley, por lo que no se pude decir que exista contradicción. En consecuencia, encontramos que el Decreto Legislativo 143-2013 contentivo de la Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario ha sido creado siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución de la República para su sanción y promulgación, al no existir conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, aplicación que se considera procedente.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 2 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 3, Numeral 3) (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 5 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 93 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, quien actúa en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CÁRNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS S. DE R.L. (COIMPORT) a través de su gerente general y representante legal señor ROBERTO ENRIQUE PREGO OCON; contra el DECRETO NÚMERO 143-2013, contentivo de la LEY DEL FONDO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha veintitrés de julio de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,245 de fecha cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013). A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013), compareció ante este Tribunal Abogado JAIME ERICK RODRIGUEZ ORDOÑEZ, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil denominada COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE FRUTAS, CÁRNICOS Y ALIMENTOS CONGELADOS S. DE R.L. (COIMPORT) a través de su gerente general y representante legal ROBERTO ENRIQUE PREGO OCON, promoviendo recurso de inconstitucionalidad vía acción, en forma total y por razón de contenido, contra el DECRETO NÚMERO 143-2013, contentivo de la LEY DEL FONDO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,245 de fecha cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013). 2) Que en fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil trece (2013), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de inconstitucionalidad relacionado en el numeral que precede; omitir el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y conceder el traslado de los antecedentes por el término de seis (06) días hábiles al Fiscal del Despacho del Ministerio Público para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 40 del recurso de mérito). 3) Que en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013), se tuvo por evacuado el traslado concedido al Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado por la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, en el cual fue del parecer porque SE DENIEGUE el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folios 43 al 53 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el requirente indica en fecha veintitrés (23) de julio del dos mil trece (2013) que el Soberano Congreso Nacional, emitió el DECRETO 143-2013 contentivo de la Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día viernes cuatro (4) de octubre del dos mil trece (2013), publicación número 33,245; en esa ley en su artículo 4 establece: “CUOTA DE FOMENTO PECUARIO. Créase la Cuota de Fomento Pecuario como contribución de carácter parafiscal, la que será de diez centavos de Lempira (0.10) por cada libra de carne procesada o importada ya sea bovina y porcina; de tres centavos de Lempiras (L.0.03) por cada litro de leche cruda comprada al productor nacional por las plantas industriales o artesanales y detrás centavos (0.03) que pagara el importador por cada libra o sub producto de la leche importada, sea en forma de queso o leche tipo crecimiento importado de cualquier origen, se entiende que las plantas industriales o artesanales que ya paguen o deduzcan estos de tres centavos de Lempira (L.0.03) por litro de leche cruda, esto no aplicaría para que no se dé un pago o aporte duplicado”. La implementación y puesta en marcha de este impuesto se constituye en una abierta violación al Tratado de Libre Comercio y constituye un grave peligro por las represalias que pudiesen sufrir los exportadores hondureños que envían sus productos a Estados Unidos de América, lo que únicamente significaría más problemas económicos para la endeble situación económica. El mismo Congreso Nacional, mediante DECRETO 10-2005, de fecha tres (3) de marzo del dos mil cinco (2005) aprobó el TRATADO DE LIBRE COMERCIO entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, conocido por sus siglas en inglés CAFTA; ahora bien para la adecuada implementación y puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio, es necesario asegurar la plena consistencia entre el orden jurídico interno y los compromisos del Tratado, de forma tal que se elimine toda posibilidad de contradicción que pueda crear confusión e inseguridad jurídica para los agentes económicos y sobre todo a la inversión. CONSIDERANDO CINCO (5): Siendo Honduras un Estado de derecho en donde el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente, y por ende el imperio de la ley suprema sobre las demás leyes incluyéndose en esa jerarquía de subordinación los tratados y convenios internacionales, que asegure a sus habitantes el goce la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, a fin de otorgar a los ciudadanos confianza en el Estado y sus tres poderes y de manera especial en un poder judicial independiente, imparcial y transparente, donde se les respeten las garantías y derechos constitucionales a todos los hondureños y hondureñas por igual. A partir de este precepto jurídico se hace necesario realizar un estudio técnico jurídico respecto a la aplicación del Decreto Legislativo No.143-2013 contentivo de la Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario. CONSIDERANDO SEIS (6): El Estado en uso de sus facultades soberanas por intermedio del Congreso Nacional a través de las leyes tributarias que lo facultan para crear, modificar o suprimir tributos o contribuciones; definir el hecho imponible o generador de la obligación tributaria, fijar la base imponible y la tarifa del tributo o contribución y definir los sujetos activos y pasivos de los mismos. Y siendo que los recursos financieros del Estado se encuentran regulados en el Código Tributario entre los que se contemplan los impuestos, tasas, contribuciones, regalías donaciones o por cualquier otro concreto. Los ingresos provenientes de empresas estatales, de capital mixto o de aquellas en el Estado tengan participación social y los ingresos extraordinarios que provengan del crédito público o de cualquier otra fuente. CONSIDERANDO SIETE (7): Que siendo que la carga tributaria que se cuestiona es la cuota de fomento pecuario como contribución parafiscal, se hace una separación en ordinarios siendo los que provienen del patrimonio del Estado, tales como ingresos propios derivados de las actividades del servicio público, utilización de reservas monetarias y otros activos convertibles en dinero corriente entre otros; y las especiales que tienen una consideración particular, distinta a aquella al impuesto, por sus características jurídico financieras, son tributos que reconocen su fundamento en el poder del imperio del Estado, pero encuentra su exculpación en los rendimientos o provecho obtenidas por personas o grupo de personas particularizadas en sus bienes, como consecuencia de la realización de una obra pública. Con el discernimiento y el decreto traido a estudio se considera que no se han violentado preceptos constitucionales como se pretende hacer ver por el recurrente, ya que de existir disputa o pugna entre un tratado y la ley, en el caso de autos entre el Decreto 143-2016 y el CAFTA, este es una razón que ya ha sido resuelto por la Constitución misma al establecer el artículo 18 de la Carta Magna que en caso de conflicto entre un tratado y la ley prevalecerá el primero, es decir que en caso de una colisión de leyes, la ley dispone para su resolución se aplique el de mayor jerarquía que en este caso sería el tratado, de modo que esta situación ya ha sido prevista por el legislador y delega la aplicación correcta de la ley a las autoridades ordinarias correspondientes sean sea el caso. CONSIDERANDO OCHO(8): Se puede reputar que en el caso de autos la ley que se debate de inconstitucional es una ley contemporánea de reciente creación es decir, que el tratado es anterior a la misma, en tal caso tampoco se pude decir que el decreto en cuestión es violatorio al tratado (CAFTA) en virtud de que el tratado fue suscrito por el Estado de Honduras primero y la ley es posterior, así mismo no se señala los artículos con los que colisiona la ley, por lo que no se pude decir que exista contradicción. En consecuencia encontramos que el Decreto Legislativo 143-2013 contentivo de la Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario ha sido creado siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución de la República para su sanción y promulgación, al no existir conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, aplicación que se considera procedente. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Artículo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”. CONSIDERANDO DOCE (12): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "Que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; (sic): “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): De lo anterior, siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de las mismas encontramos que no existe una contradicción con el derecho consignado en la Constitución de la República, en consecuencia encontramos que el contenido de la Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario, es constitucional al no existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, por lo cual resulta la aplicabilidad de los artículos del Decreto en mención. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 64, 185 numeral 1), 205 numeral 1, 303, 304, 313 numeral 5), 316 numeral 1), 331, de la Constitución de la República; 4 Ley del Fondo Nacional para la Competitividad del sector Agropecuario; DECRETO 143-2013; Tratado de Libre Comercio (CAFTA) DECRETO 10-2005; 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, Código Tributario; 1, 2, 3 numeral 3), 4, 5, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 92, 93, 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar NO HA LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad por razón de forma y contenido, promovido contra el DECRETO NÚMERO 143-2013, contentivo de la LEY DEL FONDO NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha veintitrés de julio de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,245 de fecha cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013). Y MANDA: Que se ponga en conocimiento de las partes la presente sentencia. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad bajo el número SCO-911-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL