Sentencia RI-879-12 — Registro 9436
Resumen
Recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción Decreto Legislativo Número 89-2012, contentivo de la Ley Especial Para La Depuración Policial, contra el artículo 18-A de la Ley orgánica de la Policía Nacional y por extensión, contra el Estatuto de la Ley orgánica de la Policía Nacional contenido en el Decreto Legislativo No 67-2008.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que ante lo expuesto y siendo pertinente pronunciarse sobre la procedencia o no de un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el ya emitido en la acción con registro 449 y 503 del año 2012, nos encontramos que de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico, la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales, ya declaradas con la emisión de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, recaída en la acción registrada bajo los números 449 y 503 del año 2012. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis,[2] el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes están unidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación o no de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones de inconstitucionalidad con registro Números 449 y 503 del año 2012, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76, No. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 93 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado GUSTAVO BUESO JACQUIER, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor JAIME FLORES PONCE, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, por considerar el recurrente que las referidas normas jurídicas violentan derechos constitucionales y Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte, en perjuicio de su representado. ANT ECEDENTES 1) Que en fecha cinco de noviembre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado GUSTAVO BUESO JACQUIER, actuando en su condición de apoderado legal del señor JAIME FLORES PONCE, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, publicado en el Diario Oficial LA GACETANº 32,829 de fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, por considerar el recurrente que la referida norma jurídica violenta Garantías Constitucionales y Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte, en perjuicio de sus representados. 2) Que en fecha veinte de noviembre de dos mil doce, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de inconstitucionalidad relacionado, omitió librar comunicación al Congreso Nacional de la República, en consecuencia se dispuso conceder traslado de los antecedentes por el termino de seis (06) días hábiles al Fiscal del Despacho para emitir su opinión en el asunto de mérito. 3) Que en fecha doce de diciembre de dos mil doce, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal MARIO RENE ALBERTO ALONZO, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE SOBRESEA, el recurso de inconstitucionalidad planteado. 4) Que con anterioridad al planteamiento de la presente acción de inconstitucionalidad por parte del Abogado GUSTAVO BUESO JACQUIER, en su condición de apoderado legal del señor JAIME FLORES PONCE, se interpusieron en esta misma sede constitucional recursos de inconstitucionalidad con el mismo objeto de control constitucional: 1.- los Abogados TEODORO SALVADOR GODOY y OSCAR ADAN CALIX ROSALES contra el Decreto 89-2012 que contiene la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012. Asimismo se peticiona que se declare la inconstitucionalidad del Artículo 18-A contenido en los Decretos 198-11, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,666 de fecha 11 de noviembre de 2011, y el Decreto 05-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto 67-2008, publicado en La Gaceta No. 31,749 del 31 de octubre de 2008; demandando que se declarare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad.- De tal suerte que los decretos cuya inconstitucionalidad total o parcial se solicita mediante los recursos interpuestos por los Abogados TEODORO SALVADOR GODOY, apoderado judicial de SAMUEL AYALA y OSCAR ADAN CALIX ROSALES, quien actúa como apoderado judicial de LUDWING CRISS ZELAYA ROMERO, NOLVERTO DE JESUS GALEANO ROMERO y JOSE RAMON GONZALES AVILA, son: Inconstitucionalidad total del Decreto No. 89-2012, que contiene la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACIÓN POLICIAL del 25 de mayo de 2012. A la vez el Abogado OSCAR ADAN CALIX ROSALES, solicita también: 2.- Inconstitucionalidad parcial (Artículo 18-A) del Decreto 198-2011 del 4 de noviembre de 2011, mediante el cual se reforman los Artículos 7, 8, 13, 18, 123 numeral 3) 126 y se adicionaron los Artículos 13-A y 18-A al Decreto No. 67-2008 de fecha 12 de junio de 2008 que contiene la LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL DE HONDURAS. 3.-Inconstitucionalidad parcial (Artículo 18-A) del Decreto 05-12, del 31 de enero de 2012, mediante el cual se reforman los Artículos 13, 18-A, 123 y 126 del Decreto No. 198-2011 y se adiciona el Artículo No. 118-B al Decreto 67-2008, que contiene la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. 5) Que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, conociendo del Recurso de Inconstitucionalidad antes referido, dictaron por mayoría de votos sentencia, misma que en su parte resolutiva establece lo siguiente: (Sic.) “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR los Recursos de Inconstitucionalidad Nos. 499-2012 y 503-2012 incoados contra la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de Mayo del 2012, según publicación del Diario Oficial La Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de Mayo del 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, su vigencia y aplicabilidad finalizó el 25 de noviembre del 2012, conforme el plazo establecido en el Artículo 2 del mismo Decreto. SEGUNDO: Declarando NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad No. 503-2012 incoado contra el Artículo 18-A contenido en el Decreto No. 198-11, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,666 de fecha 11 de noviembre de 2011, modificado mediante Decreto No. 05-12, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, contenida en el Decreto 67-2008, publicado en La Gaceta No. 31,749 del 31 de octubre de 2008. Y MANDA: Que oportunamente se remitan los antecedentes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFIQUESE.”. CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el Artículo 316 de la Constitución de la República. Lo anterior, señala la función de la Sala de lo Constitucional, que no es sino la concreción de la Constitución mediante su interpretación; sin limitarse a una intervención restrictiva y reguladora, sino mas bien a vincular los derechos fundamentales al proceso permanente de la transformación social. CONSIDERANDO CINCO (5): Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 Constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; la acción de Inconstitucionalidad, como se dijo, podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legitimo. A criterio de este Alto Tribunal, el recurrente, en la condición en la cual comparece cuenta con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, dado que lo que motiva a su representado a interponer la Acción de Inconstitucionalidad, cuando considera que le violenta, disminuye y tergiversa derechos fundamentales. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 79 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República, los cuales como queda expresado, son cumplidos en la presente acción constitucional.
CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conoce de la acción de inconstitucionalidad que por vía de acción ha promovido el Abogado GUSTAVO BUESO JACQUIER, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor JAIME FLORES PONCE, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. CONSIDERANDO OCHO (8): Que en la presente acción de inconstitucionalidad se aprecia una coincidencia total con el juzgamiento constitucional dictado en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece, los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, conociendo de varios Recursos de Inconstitucionalidad; en virtud de constituir precisamente el objeto de examen constitucional, en todos los expedientes, el contenido del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en fecha veinticinco de febrero del año dos mil trece; concluyó: “Que por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia declarando no ha lugar los recursos de inconstitucionalidad de que se han hecho mérito en cuanto a la Ley Especial para la Depuración Policial contenida en el Decreto No. 89-2012 de fecha 24 de mayo de 2012, según publicación del Diario Oficial la Gaceta No. 32,829 de fecha 25 de mayo de 2012, ya que no obstante que su contenido resultaba inconstitucional, por tratarse de una ley temporal propiamente dicha, a la fecha de la presente sentencia su vigencia ha finalizado y por ende no resulta pertinente que este Supremo Tribunal declare la inaplicabilidad y expulsión del ordenamiento jurídico de una disposición cuya vigencia ha caducado; asimismo, declarando no ha lugar el recurso de inconstitucionalidad en cuanto al Artículo 18-A, incorporado por adición mediante Decreto No. 198-11, modificado por Decreto No. 05-2012, al Decreto No. 67-2008, contentivo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma “que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico.”. Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la doctrina que de su ejercicio derive es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. - PUBLICACIÓN. La sentencia en que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. En materia penal, beneficiará, en su caso, al procesado o condenado.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que las sentencias de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, como resoluciones judiciales, pueden considerarse como las actuaciones del Tribunal que culminan con la función jurisdiccional, su iuris dictio. Así, con independencia de otros aspectos subjetivos, en la sentencia que se ha relacionado, se destaca el momento hermenéutico en el cual el Tribunal confiere un status jurídico relevante al conflicto constitucional planteado por vía de la garantía específica de inconstitucionalidad, mismo que requirió de una interpretación que concluyó en la declaración de no hay incompatibilidad entre la norma constitucional y la que fue sometida a enjuiciamiento DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que así las cosas y al tenor de lo expuesto hasta aquí, resulta igualmente necesario un pronunciamiento concreto de la Sala de lo Constitucional en cuanto al valor de la cosa juzgada en materia de la garantía específica de Inconstitucionalidad. Encontramos a este respecto, que de conformidad a la normativa vigente y aplicable, el Artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determina que <<La sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y tendrá efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional, debiendo comunicarse al Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario Oficial la “Gaceta”. La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas. …>>. Esta precisión legal emanada del poder constituido, determina Juris et de iure (de pleno derecho) la vía requerida para dar valor de cosa juzgada a las sentencias dictadas en los procesos de inconstitucionalidad. Correspondiendo lógicamente su intención, con la necesidad imperante tanto para el legislador, como para el Juez Constitucional de hacer prevalecer en esencia el principio fundamental en que se sustenta la seguridad jurídica; pues al establecer que las sentencias dictadas en los procesos de control constitucional tienen el valor de cosa juzgada, se les vincula de pleno derecho con una institución procesal, que si bien en su configuración tradicional puede tener dificultades de inserción en algunos procesos constitucionales, al relacionar los efectos de un fallo de inconstitucionalidad con terceros que no han sido parte en el proceso, se justifica por sí misma la designación, por razón que la cosa juzgada supone de derecho y por derecho (Juris et de iure), una respuesta al interés público implícito, brindándole a éste la certeza legal de que el fallo emitido tendrá efectos generales (erga omnes). CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que siguiendo con el desarrollo de esta fundamentación, es necesario tener en cuenta igualmente, que los efectos de la cosa juzgada material, serán en todo caso irreversibles en los casos del recurso de inconstitucionalidad, con respecto a la ley específica que ha sido examinada, como producto de una sentencia estimatoria, en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley impugnada. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que a este respecto y discurriendo sobre los efectos erga omnes del fallo, es necesario igualmente recordar que en esencia, las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional o en su caso la Corte Suprema de Justicia, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía específica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, como ha quedado ya expuesto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Sala o en su caso la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que ante lo expuesto y siendo pertinente pronunciarse sobre la procedencia o no de un nuevo pronunciamiento de la Justicia Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del decreto impugnado, reiterando el ya emitido en la acción con registro 449 y 503 del año 2012, nos encontramos que de conformidad a lo establecido por el diccionario jurídico,[1] la acción de reiterar implica un volver a decir o hacer. En este caso concreto pues, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad, reiterando la declaratoria ya efectuada en el fallo de mérito implicaría tácitamente un volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales, ya declaradas con la emisión de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil doce, recaída en la acción registrada bajo los números 449 y 503 del año 2012. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que en un sentido formal o estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la Justicia Constitucional, de estarse a la estricta observancia de lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad, en un sentido negativo encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo, en su Artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.”. De igual forma, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis,[2] el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que así las cosas, resulta establecido que en los procesos de inconstitucionalidad los efectos erga omnes están unidos a la esencia misma del objeto de la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia, en este tipo de acción no cabe predicar efectos restringidos, toda vez que la anulación o no de la ley ha sido declarada con efectos generales, tornando impertinente un nuevo pronunciamiento sobre un problema constitucional ya resuelto. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza indubitable para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones de inconstitucionalidad con registro Números 449 y 503 del año 2012, al ser estimatorio de la inconstitucionalidad alegada en cuanto al DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008; torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado, por ser el mismo implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. En tal virtud, debe sobreseerse la acción de mérito al ser cosa juzgada y por tanto, haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento de la Sala mediante el cual ya se ha salvaguardado la preeminencia de la norma Constitucional y se ha expulsado de nuestro ordenamiento la norma contraria a la misma Juris et de iure, siendo impertinente una nueva interpretación terminante, mediante la cual se declare por este Tribunal Supremo la incompatibilidad entre la norma constitucional y las legales ordinarias sometidas a enjuiciamiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, POR UNAMIMIDAD DE VOTOS y, con fundamento en los Artículos 1, 18, 80, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: 1° Declarar que al ser firme el fallo de inconstitucionalidad dictado por la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticinco de febrero de dos mil trece, del cual se ha hecho referencia, recaído en las acciones con registros No. 499 y 503=2012, mismas en las que se ya examinó la constitucionalidad del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008. Se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de los decretos impugnados, por ser éste implícitamente contrario, al principio de validez ex nunc y a los efectos erga omnes ya declarados en el pronunciamiento originario. Y 2° En tal virtud SE SOBRESEE la acción de mérito, contentiva del recurso de inconstitucionalidad, con registro No.0879-2012 interpuesto por el Abogado GUSTAVO BUESO JACQUIER, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor JAIME FLORES PONCE, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 89-2012, contentivo de la LEY ESPECIAL PARA LA DEPURACION POLICIAL, CONTRA EL ARTICULO 18-A DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL Y POR EXTENSION, CONTRA EL ESTATUTO DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL CONTENIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO No 67-2008, al ser cosa juzgada y por tanto haberse ya definido los efectos erga omnes de la declaratoria de inconstitucionalidad reclamada en las acciones con registro No. 499 y 503=2012, y como consecuencia de esto, sus efectos ex nunc, al existir un pronunciamiento terminante de la Sala mediante el cual ya se salvaguardó la preeminencia de la norma Constitucional, siendo por tal razón impertinente una nueva interpretación, mediante la cual se reitere la declaración definitiva de este Tribunal Supremo, en la cual se establezca nuevamente Juris et de iure la incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento.- Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma al Recurrente para los efectos legales que le sean pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTÉZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Y a solicitud del Abogado GUSTAVO BUESO-JACQIER se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil dieciséis, certificación de fallo de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 879=12.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ver, tomo 7, pág. 128, del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas de Torres.
[2] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.