Sentencia RI-824-15 — Registro 9435
Resumen
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto legislativo Nº 247-2011, que contiene la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. El garantista estima que las normas antes citadas violentan de manera directa lo establecido en el primer párrafo, parte final del artículo 165, relacionado con la parte final del artículo 1 y los artículos 64 y 96 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “SOBRE EL PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Sala de lo Constitucional observa que el impetrante para demandar la inconstitucionalidad de los artículos citados utes supra, alega básica y principalmente la aplicación retroactiva de estas disposiciones; provocando el quebranto de lo dispuesto en el artículo 96 constitucional, el cual manda que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.-Para ello el impetrante relaciona lo expresado en la parte final del párrafo primero del artículo 165 constitucional que se refiere al derecho que tienen los profesionales en ejercicio de la docencia a obtener una jubilación justa; asimismo hace relación con los artículos constitucionales 1 y 64; además de normas contenidas en convenios y tratados internacionales, sin mencionar en este caso a cuáles se refiere.-Luego de analizar el material normativo que cita el impetrante y los argumentos que esgrime para demandar la inconstitucionalidad de mérito, la Sala de lo Constitucional estima que el presente motivo no es de recibo.-Para empezar, este alto tribunal coincide con el petente en que la Constitución de la República garantiza como derecho de los docentes, la obtención de una jubilación justa. De igual manera es de la opinión que este derecho, por naturaleza es fundamental; o sea, que es un derecho humano y por ende el Estado hondureño tiene la obligación de garantizarlo proveerlo y protegerlo.-Por otra parte, este alto tribunal está plenamente de acuerdo con el petente sobre el contenido del artículo 96 constitucional, el cual regula la prohibición de aplicación retroactiva de las normas como las contenidas en el decreto impugnado. El alcance de éste precepto constitucional es evitar que se aplique una norma invalidando o alterando derechos adquiridos, hechos cumplidos o efectos producidos bajo leyes anteriores.-No obstante la aparente simpleza de lo anterior, debe aclararse, que para saber si la aplicación de una norma es retroactiva, será necesario determinar de antemano, a partir de cuándo se adquiere un derecho, siendo éste un tema que requiere el análisis profundo de cada supuesto que se pueda suscitar.-Dicho análisis corresponde hacerlo en la vía adecuada, por lo que no corresponde en el asunto sub examine, debido a que el impetrante equivocó la garantía constitucional al denunciar una situación particular. Debe tomarse en cuenta sobre esto que la garantía de inconstitucionalidad es de efectos erga omnes, que incluye todos los supuestos de hecho. -Como se anunció en el párrafo anterior, el planteamiento que hace el reclamante de inconstitucionalidad en el asunto de mérito, no es más que la denuncia de una situación muy particular aplicable únicamente a un sector de los docentes. -La denuncia de inconstitucionalidad únicamente se funda desde la perspectiva de una particular situación de hecho. El caso planteado por el recurrente es el de los cotizantes con cincuenta años de edad o más, que aportaron al sistema un mínimo de diez años (más de veinte años) y que comenzaron sus aportaciones dentro de la vigencia del decreto legislativo número 1026-80. De manera que el examen que sobre este asunto reclama el petente no está dentro del ámbito de la garantía de inconstitucionalidad, puesto que dicho alegato deja por fuera otras situaciones fáctico-jurídicas, las de todas aquellas personas que no se encuentran incluidas en el que fue planteado por el petente.- La garantía de inconstitucionalidad al ser de efectos generales, no permite declarar que una ley es inconstitucional con base a la situación particular de un sector de la población. -Por lo todo lo expuesto, a criterio de la Sala de lo Constitucional el petente erró la vía, no siendo la garantía de inconstitucionalidad la adecuada para hacer su reclamo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 3 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 5 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 74 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 75 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 78 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 92 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia en la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de acción por el abogado NELSON EDGARDO CÁLIX MOLINA, quien actúa en su propio nombre y en su condición de apoderado legal de los señores MARTHA MARINA MARTÍNEZ, MARIO RAFAEL GÜITY ZAPATA, NOLVIA BARRIENTOS, NANCY LORENA CÁLIX SIERRA, GILBERTO VIDES, GERARDO ENRIQUE VALERIANO REYES, LUCY ONDINA MARTÍNEZ SOLÓRZANO, OSCAR RENÉ PORTILLO, MARCO ANTONIO NUÑEZ REYES, MARÍA MERCEDES ENAMORADO PÉREZ, SAID ALONSO CÁCERES ESTRADA, JUAN DE DIOS ROSALES MALDONADO, CARLOS ALBERTO LANZA CASTILLO, TOMÁS EFRÉN GÓMEZ ORDÓÑEZ y MARÍA DEL CARMEN DERAS LUNA, contra la LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO, contenida en el Decreto legislativo Nº 247-2011 promulgado por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintidós de diciembre del año dos mil once; específicamente los artículos preámbulo y numeral 1 del 48, 78, 79, 80, 121, 122, 124, 132 y 125; este último reformado por el artículo 1 del Decreto legislativo No.267-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha uno de febrero de dos mil catorce. El garantista estima que las normas antes citadas violentan de manera directa lo establecido en el primer párrafo, parte final del artículo 165, relacionado con la parte final del artículo 1 y los artículos 64 y 96 de la Constitución de la República. Asimismo el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.-ANTECEDENTES : 1) Que el abogado NELSON EDGARDO CÁLIX MOLINA interpuso por vía de acción la garantía de inconstitucionalidad en contra de la LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO, contenida en el Decreto legislativo Nº 247-2011 promulgado por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintidós de diciembre del año dos mil once. -2) Que en fecha catorce de septiembre del año dos mil quince, este alto tribunal de justicia admitió la presente garantía de inconstitucionalidad, omitiendo el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República, dándole traslado de los antecedentes al fiscal del despacho, para que emitiera su correspondiente dictamen. (Folio 88).-3) Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su fiscal abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, emitió dictamen siendo del parecer que SE DECLARE SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folio 103).-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1): Sobre la garantía de inconstitucionalidad. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Asimismo dispone que le compete a la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de dicha garantía, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.-Por su parte el artículo 185 constitucional dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2. Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. -CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2): Sobre la legitimación activa para impetrar la garantía de inconstitucionalidad. Examen de la Sala de lo Constitucional. Que de conformidad con lo expresado por la Constitución en su artículo 185, quien impetre por vía de acción la garantía de inconstitucionalidad, deberá reunir como requisito el ostentar un interés directo, personal y legítimo.-El compareciente explica que el artículo 165 constitucional establece que la ley garantiza a los profesionales en ejercicio de la docencia, una jubilación justa; asimismo que la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto legislativo número 1026-80 del 15 de junio de 1980 desarrolló el disfrute de esa garantía durante treinta y uno años.-Sin embargo, arguye el petente, esto cambió con la promulgación de la nueva Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, contenida en el Decreto legislativo Nº 247-2011 que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintidós de diciembre del año dos mil once, específicamente los artículos ya antes mencionados.-Menciona que la nueva ley, Sic. “[…] no puede ser aplicada por inconstitucional y que disminuye, restringe y tergiversa derechos y garantías establecidos en la Constitución. Ignora el derecho adquirido que la misma constitución garantiza de una jubilación justa” Manifiesta además que,Sic. “En los que se refiere a los requisitos de edad, los años de servicio y porcentaje del beneficio negando el derecho de jubilación y a cambio establece la pensión por vejez, restringiendo, ignorando y disminuyendo los derechos establecidos en el decreto 1026-80.”El impetrante posteriormente, refiere que tanto él como sus representados son docentes en servicio activo, que se encuentran legitimados para interponer la presente garantía; expresando además que todos cotizan desde hace varios años para el INPREMA, más de veinte años como mínimo. -Explica que ninguno de ellos puede jubilarse, porque se les niega ese derecho. Derecho que se encuentra garantizado por la Constitución pero que la ley secundaria les niega.-Indica que tienen interés en que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas de la nueva Ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial porque ésta ya no les permite jubilarse. Agrega que la lesión tiene consecuencias en un doble grado, porque se verían conculcados y disminuidos sus intereses como titulares de un derecho subjetivo y los intereses como participantes del sistema establecidos en los artículos 42, 45, 68, 69, 71, 72 y 76 del decreto legislativo número 1026-80.-El petente señala que su interés directo radica en que son docentes con más de veinte años de servicio, que habiendo cumplido con los requisitos que la ley anterior o decreto legislativo número 1026-80, disponía, les fue denegada su solicitud de jubilación, teniendo como fundamento la nueva ley. La aplicación retroactiva de la nueva ley lesiona su derecho de gozar la jubilación.-En relación a su interés personal, refiere que los demandantes de inconstitucionalidad son personas naturales en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, que ejercen la docencia y que se encuentran bajo la égida de la ley anterior; que han laborado por más de veinte años y que han cotizado durante ese tiempo para obtener una jubilación de acuerdo a lo que establece el Decreto legislativo número 1026-80.-Finalmente, su interés es legítimo porque el derecho que reclaman a una jubilación justa, se encuentra protegido por la Constitución de la República en la parte final del artículo 165.-Expresa el petente que las normas impugnadas son inconstitucionales y no se pueden aplicar ya que entran en confrontación directa con el derecho a la jubilación justa que garantiza la Constitución.-La Sala de lo Constitucional al hacer el examen de los argumentos del compareciente, estima que tanto el abogado garantista como sus representados, ostentan la legitimación activa necesaria para acudir ante este tribunal a demandar la inconstitucionalidad de los artículos: preámbulo y numeral 1 del 48, 78, 79, 80, 121, 122, 124, 132 y 125 de la LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO, contenida en el Decreto legislativo Nº 247-2011 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintidós de diciembre del año dos mil once.-En virtud de lo cual corresponde la práctica del examen de fondo, confrontando lo dispuesto por la Constitución de la República con cada uno de los motivos de inconstitucionalidad que se exponen en el escrito de interposición de la garantía. -CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen de los argumentos en que se apoya el garantista para demandar la inconstitucionalidad de artículos de Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, contenida en el Decreto legislativo Nº 247-2011. Que el petente en la garantía de mérito demanda la inconstitucionalidad de los artículos: preámbulo y numeral 1 del 48, 78, 79, 80, 121, 122, 124, 125 reformado y 132 reformado de la última y vigente LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO, contenida en el Decreto legislativo Nº 247-2011. Que su petición de inconstitucionalidad se basa en la colisión directa de estas normas con lo establecido en el primer párrafo, parte final del artículo 165, relacionado con la parte final del artículo 1 y los artículos 64 y 96 de la Constitución de la República.-En términos generales el garantista expresa que los artículos de la ley citada, conculcan el derecho a una jubilación justa al incrementar en forma retroactiva los requisitos de antigüedad y edad mínima necesaria para alcanzar el beneficio; asimismo disminuye el monto de la pensión por jubilación. Esto luego de comparar los requisitos y beneficios establecidos en la ley anterior, con los contenidos en el Decreto legislativo número 1026-80 del quince de julio de 1980, específicamente en sus artículos 42, 45, 68, 69, 71, 72 y 76. -Agrega que los artículos que tacha de inconstitucionales violentan derechos adquiridos, es decir a la seguridad jurídica, variando las condiciones que persistieron mientras cotizaron por más de veinte años; puesto que no sólo elimina la jubilación sino que a su vez tergiversa el derecho sustituyéndolo por la figura de pensión por vejez, incrementando con esta nueva figura los requisitos de antigüedad y edad mínima necesaria para alcanzar el beneficio, ignorando los años que se aportaron al sistema.-Seguidamente el garantista expone seis motivos de inconstitucionalidad, los cuales resumidos, dicen así:Desarrollo del primer motivo. Se alega aplicación retroactiva de las disposiciones de la nueva ley, desfavoreciéndolos y afectándoles de manera directa.-Expone el impetrante que se violenta lo establecido al final del párrafo primero del artículo 165 en relación con lo que disponen los artículos constitucionales 1, 64 y 96, además de convenios y tratados internacionales. -Seguidamente explica lo siguiente: 1. Se incrementa la edad mínima para que un afiliado goce del beneficio. 2. Se incrementan los años de cotización, tornando más oneroso el beneficio. 3. Disminuye el monto del beneficio afectando el bienestar económico y social. 4. Tergiversa el tipo de beneficio, ignorando el derecho a una jubilación justa e instituyendo a cambio la pensión por vejez. 5. Incrementa el número de meses que sirven para el cálculo del sueldo promedio mensual, lo que incide en disminuir el monto de lo recibido porque éste es inversamente proporcional al tiempo que sirve para promediarlo. 6. Se pretende la aplicación retroactiva del decreto 247-2011 a los afiliados que ya han ganado el derecho por tener más de diez años de cotización, tal como lo señalan los artículos 68 y 76 del decreto 1026-80. -Desarrollo del segundo motivo. En resumen, el petente cita el principio de progresividad que se encuentra contenido en el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.[1] Luego arguye que se quebranta dicho principio con la nueva ley porque desconoce la jubilación, para todas aquellas personas que cotizaron durante más de veinte años.-Desarrollo del tercer motivo. Alega que conforme a lo que establece el artículo 1 constitucional, los habitantes de este país tienen derecho al bienestar económico y social, que incluye también para los docentes el derecho a una jubilación justa.-Argumenta que con la aprobación de la nueva ley el Congreso Nacional ignoró el bienestar económico y social de lo que han estado cotizando desde hace muchos años. -Informa que la nueva ley se promulgó para solventar el desequilibrio económico del INPREMA, sin embargo afectó los derechos ya adquiridos de los afiliados. -Luego cita el artículo 76 del decreto 1026-80 que dice: “las prestaciones establecidas por la presente constituyen derechos irrenunciables e inalienables y nadie pude ser privado de ellos en todo o en parte, sino en los casos que expresamente se describa lo contrario.-Seguidamente dice que la jubilación, según el artículo 42 del mismo decreto, es una de dichas prestaciones. Por lo que este derecho es inalienable e irrenunciable y por esto mismo es un derecho adquirido, debido al principio de progresividad de la ley y por el principio in dubio pro operario.-Otro argumento que presenta el garantista es el principio pacta sunt servanda; según el cual deben conservarse las mismas condiciones establecidas en el momento en que se afiliaron, o sea el pago de cotizaciones durante al menos diez años y alcanzar los cincuenta años de edad; eso para la jubilación voluntaria. Que eso fue lo convenido, sin embargo que dicho pacto fue cambiado de manera unilateral y sin el consentimiento de los afiliados. Además señala que si ellos cumplieron con sus obligaciones, el INPREMA debe cumplir con las asumidas contractualmente. Para ello cita el artículo 1348 del Código Civil, que dispone: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos.”.- Seguidamente hace referencia al principio de seguridad jurídica. Cita a Guillermo Cabanellas cuando dice que dicho principio:“… representa la garantía de la aplicación de la ley. De tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicio. A su vez la seguridad limita y determina las facultades y deberes de los poderse públicos. Como es lógico las seguridad jurídica solo se logra en un Estado de derecho porque en los regímenes autocráticos y totalitarios las personas están siempre sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder.”De lo anterior colige que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución en Honduras no cabe o existe un poder arbitrario; que el Estado y sus funcionarios están sujetos a la legislación ordinaria; y que reconoce la existencia de ciertos principios básicos que le son superiores. Suma a ello que es del criterio que en el caso sub examine existe una clara violación de la dignidad de la persona humana y lo que procede es la declaratoria de inconstitucionalidad.-Desarrollo del cuarto motivo. En resumen el garantista alega que no es lo mismo jubilación que pensión por vejez. El primero se encuentra garantizado por la Constitución en el artículo 165 y se desarrollaba en el artículo 68 del decreto 1026-80. Sin embargo el decreto 247-2011 en el preámbulo y numeral 1 del artículo 48 y el párrafo uno del artículo 78, establecen en lugar de la jubilación, la figura de pensión por vejez; hecho que estima, sic. “no es simplemente un juego de palabras.” .- Explica que la jubilación es un derecho consensuado entre trabajador y patrono, el cual se adquiere luego de haber cumplido un deber; en cambio pensión es un acto de gracia unilateral que se otorga según criterio del dador.-El garantista cita y comenta el artículo 71 del decreto 1026-80 de la siguiente manera:Sic. “los participantes que no habiendo cumplido los cincuenta años de edad, pero teniendo diez o más de servicio y se retiren del mismo, conservarán su derecho a jubilarse al cumplir los cincuenta años. La conservación de este derecho es excluyente con el beneficio de separación”, correspondiendo al particular optar entre uno y el otro reiterando lo establecido en el artículo 76 del mismo ordenamiento legal. ”Las prestaciones establecidas por la presente ley constituyen derechos irrenunciables e inalienables y nadie puede ser privado de ellos en todo o en parte, sino en casos que expresamente se prescriba lo contrario.” “Con lo anterior claramente se colige que cumplidos los diez años de servicio se obtiene el derecho de jubilarse al alcanzar los cincuenta años de edad. Nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato para reclamar nuestro derecho, y no se nos puede negar. En ningún momento de la ley ni la Constitución establece que este derecho se pierda.” (Lo resaltado en negrita y subrayado pertenece al demandante de inconstitucionalidad.-También en el motivo cuarto, el garantista denuncia que se ha desmejorado en sus derechos ya adquiridos, por lo que también cita como quebrantado el artículo 64 constitucional que establece: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones derechos y garantías establecidos en esta constitución, si los disminuyen restringen o tergiversen.” (Lo resaltado pertenece al demandante de inconstitucionalidad).-Desarrollo del quinto motivo. El petente expone que los derechos adquiridos mediante una ley anterior no pueden ser ignorados ni derogados, y que su fundamento se encuentra en lo dispuesto por el artículo 76 del decreto 1026-80 que advierte que las prestaciones establecidas en dicha ley constituyen derechos irrenunciables e inalienables y que nadie puede ser privado de ellos en todo o en parte, sino en casos que se prescriba lo contrario. Sin embargo, con el nuevo decreto, opina el garantista, se niega el derecho a la jubilación. -Según expone el demandante de inconstitucionalidad la ley actualmente vigente, afectaría lo dispuesto por la ley anterior, salvo los derechos adquiridos o las situaciones consumadas. Tomando esto en cuenta, expresa que la nueva ley no se pronuncia sobre la jubilación, sino que se refiere a la pensión por vejez, o sea una nueva figura que comienza a regir a partir de la vigencia de la nueva ley. Resalta que la nueva ley no hace referencia a la jubilación, por lo que debe de entenderse que ésta continua subsistente y así lo dispone el artículo 76 mencionado el cual tiene aplicación retroactiva a los favorecidos por la antigua ley.-Asimismo dice que por el principio de seguridad jurídica se les garantiza que el haber obtenido un derecho, debe éste conservarse.-Termina expresando que existiendo un conflicto entre leyes en el tiempo, corresponde la aplicación del principio in dubio pro operario.- Desarrollo del sexto motivo. El impetrante repite que la adopción de la pensión por vejez en reemplazo del derecho de jubilación, tergiversa este último, al disminuir los beneficios e incrementando requisitos de años de servicio y de edad.-Manifiesta que los montos que corresponden por la jubilación se ven afectados, porque el artículo 72 del Decreto legislativo 1026-80 reconocía un porcentaje del tres por ciento por cada año cotizado, hasta alcanzar el noventa por ciento del sueldo promedio, obtenido de los últimos treinta y seis meses de salario. En cambio el artículo 125 del decreto legislativo 247-2100 establece que el monto de la pensión por vejez para participantes afilados antes de entrar en vigencia la ley, se calculará así: dos por ciento anual de los primeros veinticinco años, con lo que se llega a un máximo de cincuenta por ciento en veinticinco años a partir de ahí se otorgará un crédito de dos punto cinco por ciento por cada año; o sea que un docente para aproximarse a los montos de jubilación que venía reconociendo la ley, deberá laborar y cotizar treinta y siete años, y ni aun así llegará al monto del noventa por ciento, ya que sólo podrá llegar a un ochenta y siete punto cinco por ciento del sueldo promedio obtenido. -Cuando se efectúo la reforma de este artículo 125 en el artículo 1 del decreto 26-2013, se amplia este porcentaje límite máximo para el cálculo de la prestación a un noventa por ciento. Este sueldo promedio también ira disminuyendo, ya que pasa de calcular el sueldo promedio tomando como base los treinta y seis últimos sueldos a calcular el sueldo tomando como base los ciento ochenta últimos sueldos. Expresa que lo mencionado restringe y disminuye sus derechos. Por lo que debe de entenderse que los porcentajes subsisten, ya que puede operar retroactividad a aquellos que regidos por la antigua ley cumplieron. Es así que habiendo obtenido un derecho mediante una ley anterior, debe ésta de cumplirse o de lo contrario se violenta el artículo 64 constitucional.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen del dictamen elaborado por el agente de tribunales del Ministerio Público. Que la Sala de lo Constitucional en fecha veintidós de octubre de dos mil quince recibió de parte de la fiscal YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ el respectivo dictamen, en el cual expresa que la garantía de inconstitucionalidad de mérito debía ser declarada sin lugar.-Llega a esta conclusión, luego de manifestar que observa que los seis motivos de inconstitucionalidad radican en los aspectos siguientes: Sic. “El aumento en la edad, años de cotización para efectos de gozar de beneficios de jubilación; la disminución en cuanto al monto del beneficio, la modificación del concepto de jubilación por el concepto de [pensión] por vejez, la modificación del cálculo del sueldo promedio mensual para gozar del beneficio y la aplicación restrictiva de una ley.”Luego la agente fiscal señala que al contrastar los artículos atacados de inconstitucionalidad con las disposiciones constitucionales invocadas por el garantista, establece lo que a continuación se expone en forma resumida por esta Sala.-El artículo 48 del Decreto legislativo No.247-2011, señala que una de las prestaciones a proveer por parte del INPREMA, es la pensión por vejez. Que ésta es la prestación vitalicia pagadera mensualmente, que se hace efectiva a todo participante que acredite los requisitos mínimos establecidos en la ley.-Anota que los participantes que a la fecha de entrada en vigencia del expresado decreto, se encuentren afiliados al INPREMA, se le aplicarán los requisitos especiales de edad y tiempo de servicio, que se establecen en los artículos 121 y 125.-En cambio los participantes que se afilien al INPREMA con la vigencia de la nueva ley, se requerirán como mínimo veinticinco años de de servicios continuos o alternos, como afiliado cotizante al ramo de vejez y cumpla con el requisito mínimo de edad siguiente: …; señalando dicha norma una serie de requisitos a cumplir por parte del afiliado cotizante al ramo de vejez. -Cita el artículo 125 reformado en el decreto legislativo 267-2013: Sic. “El monto de la pensión por vejez para participantes cuya afiliación al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA se realizó antes de entrar en vigencia la presente ley, y que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 121 se debe calcular de la manera siguiente:…”De lo anterior la fiscal aprecia que mediante las disposiciones contenidas en el decreto No.247-2011, señaladas por el garantista como inconstitucionales, se estableció en ley, un régimen diferenciado, en el sentido de aumentos de edad, servicio, cotización, etc.; asimismo consagra la denominada pensión por vejez por acumulación, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización, años de servicio en el sector magisterial.-Es así, expresa la fiscal, que a partir de esa normatividad los empleados que acrediten los requisitos exigidos en la citada ley, tendrán derecho a acceder a la pensión jubilatoria o como lo señala mejor la norma, pensión por vejez, mediante la acumulación de aportes, años y cotizaciones derivados de la relación contractual, constituyendo esta modalidad la formación de fondos de pensiones en el instituto de previsión. Estos fondos permiten a la institución a cumplir con el pago de la pensión por vejez.-La fiscal además refiere que la modalidad de pensión por vejez, no suprime beneficios sociales y laborales, que abarcan el concepto de pensión establecido por regimenes anteriores mediante el decreto 1026-80. Por tanto, dice: “… se trata de una pensión vitalicia pagadera mensualmente que se hace efectiva a todo participante que acredite los requisitos mínimos establecidos en la ley y los derechos regulados en la legislación preexistente al momento de la entrada en vigencia del decreto 247-2011 están presentes (derechos laborales), ya que este decreto mediante los artículos cuestionados como inconstitucionales, contiene los derechos en materia de pensiones que se aplican a favor de los afiliados al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, permitiendo este régimen jurídico el derecho a una pensión en las condiciones y bajo los requisitos descritos en la norma, de lo cual se desprende que los efectos de los artículos inbidem, se extienden a reconocer la efectividad de los derechos de las personas que hubieren adquirido el derecho a la pensión, por haber reunido los requisitos que señalan los artículos cuestionados contenidos en el decreto legislativo número 247-2011, por razón de años de servicios, aportes acumulados durante el tiempo y requisito de edad.”.-Seguidamente la fiscal agrega que el aumento en rangos de edad, tiempo y cotización para poder gozar de la prestación de pensión por vejez, garantizan el derecho a una pensión jubilatoria llamada pensión por vejez; y que al haberse aumentado mediante el decreto 247-2011, los criterios indicados para gozar de la misma; es porque no siempre estos aspectos pueden permanecer iguales; y que ante situaciones fácticas distintas, se prediquen distintas consecuencias jurídicas, lo cual puede suponer un trato diferente si está razonablemente y objetivamente justificado, por lo que en su opinión, es factible admitir las modificaciones a estos criterios a fin de acceder al derecho jubilatorio y sus efectos.-La fiscal expresa que nada se opone a que el legislador reconozca que existen razones y fundamentos para establecer diversas normas que regulen y modifiquen el texto anterior, en este caso el decreto 1026-80, entre tanto, se guarden como ocurre en el presente caso de estudio: proporcionalidad y racionalidad entre los hechos que le sirven de causa y los fines que ésta persigue.-La fiscal estima que en el presente caso el cambio que opera entre las disposiciones anteriores y las actuales no son violatorias de garantías constitucionales, por las razones siguientes: Dice que mientras no se reúnan los requisitos legales para obtener derecho a una pensión por vejez, tal situación constituye la posibilidad de adquirirla, es decir que mientras el trabajador no cumpla con los requisitos, no existe un derecho cierto; sino más bien una expectativa, en este caso el derecho a la prestación de pensión por vejez; por lo que el legislador no podría sin atender los derechos adquiridos que protege la Constitución de la República y la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, modificar lo relacionado a los requisitos para obtener el derecho a la jubilación con respecto a las personas que tienen una situación jurídica particularmente consolidad;, es decir que ya han adquirido el derecho a disfrutar de la jubilación.-Pero que a contrarii sensu, es viable que el legislador de acuerdo a la facultad prevista en el artículo 205 constitucional que establece: “Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: 1) Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes”; modifique los rangos de edad, tiempo de servicio, cotización; ya sea aumentándolos o disminuyéndolos para adquirir el derecho de pensión por vejez, aun cuando se afecten las expectativas de quienes se encuentren en vías de obtenerlo.-Al tenor de lo expuesto el aumento de parámetros de (edad, tiempo y cotización) para adquirir la prestación de pensión por vejez, no constituye a criterio de la fiscal, motivo de inconstitucionalidad, ya que el legislador está facultado para modificar la situación jurídica general relacionada con los requisitos para adquirir dicho derecho y que corresponde al legislador en su facultad de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; hacerlo dejando por supuesto a salvo los derechos adquiridos por los trabajadores que con anterioridad a la ley cuestionada, hubiesen cumplido con los requisitos previstos, cumpliéndose con el mandato constitucional establecido en el artículo 64.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Examen de colisión entre las normas impugnadas con las normas citadas de la Constitución de la República. Que este alto tribunal de justicia comienza su examen advirtiendo que la garantía de inconstitucionalidad requiere de quien lo presenta, una exigencia muy grande en su argumentación a fin de demostrar sin lugar a dudas que, la norma que impugna colisiona de tal manera a lo dispuesto por la Constitución, que la contraviene.-El propósito de exigir tan alto nivel de argumentación se justifica si se considera que el examen de inconstitucionalidad constituye un ejercicio de control de parte del Poder Judicial en relación con el Poder Legislativo. Es por ello que la responsabilidad del Poder Judicial en ese ejercicio de control deba ser llevada a efecto de manera responsable, tomando en cuenta que toda norma se presume acorde con la Constitución, y por ende demostrar lo contrario al punto de que no exista duda, es una carga procesal para el que acude a solicitar la inconstitucionalidad.-En general, este alto tribunal observa que en el caso sub examine el impetrante en cada uno de los motivos, ataca en forma indiscriminada los artículos siguientes: el preámbulo y numeral 1 del 48, 78, 79, 80, 121, 122, 124 y 132 citados del Decreto legislativo Nº 247-2011; asimismo el artículo 125 de dicho decreto que fue reformado mediante el Decreto legislativo No.267-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,344 de fecha uno de febrero de dos mil catorce. -Teniendo esto en cuenta, este alto tribunal de justicia, establece lo siguiente para cada uno de los motivos de inconstitucionalidad intentados por el garantista. -SOBRE EL PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Sala de lo Constitucional observa que el impetrante para demandar la inconstitucionalidad de los artículos citados utes supra, alega básica y principalmente la aplicación retroactiva de estas disposiciones; provocando el quebranto de lo dispuesto en el artículo 96 constitucional, el cual manda que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.-Para ello el impetrante relaciona lo expresado en la parte final del párrafo primero del artículo 165 constitucional que se refiere al derecho que tienen los profesionales en ejercicio de la docencia a obtener una jubilación justa; asimismo hace relación con los artículos constitucionales 1 y 64; además de normas contenidas en convenios y tratados internacionales, sin mencionar en este caso a cuáles se refiere.-Luego de analizar el material normativo que cita el impetrante y los argumentos que esgrime para demandar la inconstitucionalidad de mérito, la Sala de lo Constitucional estima que el presente motivo no es de recibo.-Para empezar, este alto tribunal coincide con el petente en que la Constitución de la República garantiza como derecho de los docentes, la obtención de una jubilación justa. De igual manera es de la opinión que este derecho, por naturaleza es fundamental; o sea, que es un derecho humano y por ende el Estado hondureño tiene la obligación de garantizarlo proveerlo y protegerlo.-Por otra parte, este alto tribunal está plenamente de acuerdo con el petente sobre el contenido del artículo 96 constitucional, el cual regula la prohibición de aplicación retroactiva de las normas como las contenidas en el decreto impugnado. El alcance de éste precepto constitucional es evitar que se aplique una norma invalidando o alterando derechos adquiridos, hechos cumplidos o efectos producidos bajo leyes anteriores.-No obstante la aparente simpleza de lo anterior, debe aclararse, que para saber si la aplicación de una norma es retroactiva, será necesario determinar de antemano, a partir de cuándo se adquiere un derecho, siendo éste un tema que requiere el análisis profundo de cada supuesto que se pueda suscitar.-Dicho análisis corresponde hacerlo en la vía adecuada, por lo que no corresponde en el asunto sub examine, debido a que el impetrante equivocó la garantía constitucional al denunciar una situación particular. Debe tomarse en cuenta sobre esto que la garantía de inconstitucionalidad es de efectos erga omnes, que incluye todos los supuestos de hecho. -Como se anunció en el párrafo anterior, el planteamiento que hace el reclamante de inconstitucionalidad en el asunto de mérito, no es más que la denuncia de una situación muy particular aplicable únicamente a un sector de los docentes. -La denuncia de inconstitucionalidad únicamente se funda desde la perspectiva de una particular situación de hecho. El caso planteado por el recurrente es el de los cotizantes con cincuenta años de edad o más, que aportaron al sistema un mínimo de diez años (más de veinte años) y que comenzaron sus aportaciones dentro de la vigencia del decreto legislativo número 1026-80. De manera que el examen que sobre este asunto reclama el petente no está dentro del ámbito de la garantía de inconstitucionalidad, puesto que dicho alegato deja por fuera otras situaciones fáctico-jurídicas, las de todas aquellas personas que no se encuentran incluidas en el que fue planteado por el petente.- La garantía de inconstitucionalidad al ser de efectos generales, no permite declarar que una ley es inconstitucional con base a la situación particular de un sector de la población. -Por lo todo lo expuesto, a criterio de la Sala de lo Constitucional el petente erró la vía, no siendo la garantía de inconstitucionalidad la adecuada para hacer su reclamo.-SOBRE EL SEGUNDO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Sala de lo Constitucional observa que el impetrante en este motivo pretende que se declare la inconstitucionalidad de todos los artículos utes supra citados, porque violentan el principio de progresividad que se encuentra contenido en el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos[2] y de esta manera se desconoce la jubilación para todas aquellas personas que cotizaron durante más de veinte años.-Este alto tribunal al estudiar el argumento anteriormente expresado, observa que del contenido literal de la norma convencional citada, es posible colegir que la obligación adoptada por Honduras como estado parte de la convención, en relación con la adopción de providencias orientadas a lograr la plena y progresiva efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, deben reunir tres requisitos esenciales: El primero de ellos es que dicho derecho se encuentra dentro de los contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires; el segundo que lo haga en la medida de los recursos disponibles; y el tercero que lo haga por vía legislativa u otros medios apropiados.-El petente no hizo ningún desarrollo de lo anterior, debiendo hacerlo. Como se expresó desde el inicio de este considerando, la carga procesal de argumentación y de acreditación corresponde a quien solicita la inconstitucionalidad.-Por otra parte, el principio de desarrollo progresivo, en el caso del derecho a la seguridad social y más específicamente al de jubilación, pensión por vejez o cualquier otro nombre que tome, debe cuidar ser siempre un derecho vigente; y para ello, es necesario tomar en cuenta que su desarrollo progresivo está dirigido hacia los siguientes elementos o variables: expansión de servicios prestados, cantidad o proporción de población beneficiada y calidad de prestación.-En el primer elemento o variable puede ocurrir que se sumen servicios al ya prestado, por ejemplo, puede ocurrir que los jubilados únicamente reciban el pago de una cantidad de dinero mensual y luego se sume a esto la atención médica gratuita. En el segundo, siempre tomando el mismo ejemplo, se amplíe la atención médica a su cónyuge; y el tercer elemento sería que se mejore la cantidad de la pensión recibida o se mejore la atención en el hospital.-Se explica lo anterior, para luego señalar que el desarrollo progresivo no siempre es uniforme, de manera que la mejora en un elemento no necesariamente provoca la mejora de los otros; más bien puede ocurrir lo contrario, en el sentido que la mejora de uno puede afectar negativamente en los otros. -Como ejemplo de lo anterior, puede ocurrir que la ampliación de la población beneficiada puede provocar que no se aumente la pensión a los que ya gocen de ella, o lo contrario.-Aparte, en este tema resulta imprescindible tomar en consideración que el sistema de seguridad social se ve afectado por factores de realidad económica como por ejemplo: la inflación y la pérdida de valor monetaria; o de realidad social como el hecho por ejemplo de que ahora la esperanza de vida ha aumentado, haciendo que los ajustes sean necesarios a efecto de preservar la subsistencia del servicio.-
Es por ello que no basta decir que una ley como la de comento atenta contra el desarrollo progresivo, sino que el asunto exige el análisis más detallado por parte de quien acomete contra la legitimidad constitucional de ésta, tomando en consideración que toda ley goza del principio de presunción de constitucionalidad y por ende el ataque que se haga en su contra debe ser contundente, cierto o demostrado.-En refuerzo de lo anterior es importante considerar que todo sistema de seguridad social robusto, debe tender a la autogestión y al autofinanciamiento o sostenimiento propio. En ese sentido las prestaciones de servicio y de atención deben ser acordes con la realidad económica o de lo contrario sería un sistema condenado al fracaso. Esto podría provocar la merma o afectación negativa para las personas que no han adquirido un derecho y que cuenta nada más con una esperanza o expectativa. Es importante para ello subrayar que el mismo artículo 26 de la Convención citada advierte que son derechos que se deben en razón de “la medida de los recursos disponibles.” -Es por estas razones que este alto tribunal estima que el petente, además de enunciar o exponer el asunto, debió desarrollarlo y probarlo de manera más convincente. El no hacerlo causa que el motivo planteado no sea de recibo. -TERCER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD. El petente en este motivo vuelve a mencionar el principio de desarrollo progresivo. En este caso siguen siendo aplicables las razones por las cuales se desechó con anterioridad.- Por otra parte la Sala de lo Constitucional estima que no es de recibo tampoco el alegato del impetrante basado en que las normas citadas del decreto legislativo Nº 247-2011, colisionan con el artículo 1 constitucional, porque le niegan una jubilación justa, a los que han estado cotizando desde hace muchos años, afectando con ello su bienestar económico y social.-El rechazo a este motivo se sustenta en que la argumentación del garantista es de carácter inter partes, o sea que se refiere a la relación existente entre la ley impugnada con los que comparecen en demanda de inconstitucionalidad.-En cambio la inconstitucionalidad es una garantía que tiene efectos erga omnes, eso incluye personas que no se encuentran en la misma situación de los peticionarios. Dicho de otra manera el petente equivocó la vía para hacer los alegatos que sustentan este motivo.-El peticionario incluye otros argumentos en este motivo, para el caso señala que las normas impugnadas conculcan los principios pacta sunt servanda e in dubio pro operario, citando disposiciones del Código Civil en lugar de las contenidas en la Constitución de la República, o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. -Sobre la aplicación de estos principios en el caso de mérito, la Sala de lo Constitucional se pronuncia en contra, en virtud de que no comparte la tesis del petente en cuanto a que el origen del derecho de jubilación es contractual o que tiene fuerza contractual.-En este asunto la autonomía de la voluntad, no tiene absolutamente nada de aplicable. Por lo tanto el principio de buena fe o pacta sunt servanda, fue totalmente descontextualizado por el impetrante. El contrato y la ley como fuentes de derecho que son, tienen sus diferencias y en el caso bajo estudio, baste señalar que el derecho reclamado nace de la ley de conformidad con la Constitución y no de una cláusula contractual. -En relación con el principio in dubio pro operario invocado por el demandante de inconstitucionalidad, este alto tribunal de justicia, observa que éste resulta inaplicable, por cuanto no existe ni se ha planteado un caso de duda.-Finalmente la Sala rechaza que la ley impugnada atenta contra la dignidad humana, debido a que dicho aserto no se sustenta más que en su propia afirmación.-CUARTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el presente motivo el petente fundamenta la inconstitucionalidad en que no es lo mismo, jubilación y pensión por vejez.-La Sala no está de acuerdo con el petente en virtud de que en sus alegaciones indica como diferencias entre ambos, lo siguiente: a) que únicamente la jubilación se encuentra establecida en la Constitución; y b) que la jubilación es un derecho consensuado entre trabajador y patrono, en cambio la pensión por vejez es un acto de gracia unilateral que se otorga según criterio del dador.-Al respecto, la Sala observa que los alegatos anteriores carecen de sustento. Para el caso estima que no es suficiente el nomen iuris, como argumento de diferencia entre uno y otro concepto. De hecho se observa, salvo mejor criterio, que el legislador no pretende con la nueva legislación, crear una institución jurídica ex novo y distinta a la jubilación.-uego el petente pretende establecer una diferencia entre la jubilación y la pensión por vejez, basada en una naturaleza distinta. Sin embargo, este alto tribunal se pronuncia en desacuerdo con esto, pues la jubilación ni es un derecho consensuado, ni la pensión por vejez es un acto de gracia unilateral otorgado de manera discrecional.-Por el contrario, la Sala de lo Constitucional constata que tanto la jubilación como la pensión por vejez son semejantes. Sus diferencias además del nomen iuris radican en relación al tiempo de prestación de servicios, edad para poder optar al derecho y la cantidad de sueldos a calcular. Pero tienen el mismo propósito y responden a los mismos objetivos, según se desprende del contenido de los artículos 68 al 75 del decreto legislativo número 1026-80 en comparación con los artículos 48, 78, 79, 121 y otros del decreto legislativo número 247-2011. -En conclusión, para la Sala de lo Constitucional, tanto la ley anterior como la impugnada, responden a lo que manda el artículo 165 constitucional en cuanto al derecho a percibir una prestación económica para atender las necesidades durante la vejez. -QUINTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD. El petente alega que las prestaciones establecidas por el artículo 76 del decreto legislativo número 1026-80, son derechos adquiridos por los demandantes de inconstitucionalidad, los cuales no pueden ser ignorados ni derogados, porque son de aquellos que son irrenunciables e inalienables, no pudiendo quien lo adquiera ser privado de ellos en todo o en parte, sino en casos que se prescriba lo contrario.-Como se explicó antes, pudiera ser que ocurra una aplicación de la nueva ley y que esta fuera violatoria a la irretroactividad de la ley; sin embargo esto no hace a la ley en si inconstitucional o violatoria del contenido del artículo 96 constitucional. Para expresarlo de una manera llana, una cuestión es la ley y otra su aplicación. -En el asunto de mérito, en el fondo lo que el petente reclama es la aplicación de la ley, lo que no es susceptible de la garantía de inconstitucionalidad, de manera que el petente equívoco la vía. -Si se observa detenidamente el sustento de la garantía bajo estudio, se notará que el reclamo es en relación con un sector determinado del magisterio, lo que no puede tener efectos erga omnes.-Sólo a manera de ilustración o ejemplo, hay otros sectores a los que la ley somete y que no se encuentran dentro del grupo de los actuales demandantes de inconstitucionalidad, a la sazón: los que comenzaron a cotizar con la nueva ley, los que comenzaron con la ley anterior pero que aún no reúnen los requisitos que aquella ley exigía.-De manera que no se debe confundir la irretroactividad de la ley con el fenómeno de la ultractividad de la ley reformada o derogada, siendo estas dos situaciones relacionadas pero que no constituyen lo mismo.-Dentro de este motivo, se repite con algunas variantes el alegato del nomen iuris jubilación y pensión por vejez, sin embargo operan las mismas razones de rechazo. De igual manera ocurre en referencia a lo nuevamente alegado con relación al principio de seguridad jurídica y al principio in dubio pro operario.-SEXTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD. La Sala de lo Constitucional observa que este motivo fue construido con los alegatos que sirvieron de fundamento para los otros motivos ya estudiados.-De manera que este alto tribunal de justicia ratifica los fundamentos ya expresados en relación con: a) el reemplazo del concepto de pensión por vejez por derecho de jubilación; b) disminución en los derechos de los comparecientes en demanda de inconstitucionalidad; c) retroactividad; d) seguridad jurídica; y e) derechos adquiridos.-
PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 96, 184, 185 No.1, 303, 304, 308, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República, 1, 3 No. 3, 4, 5, 8, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89 y 92 de la Ley Sobre Justicia .- Constitucional; preámbulo y numeral 1 del 48, 78, 79, 80, 121, 122, 124, 132 y 125 del decreto legislativo Nº 247-2011; reforma contenida en el decreto legislativo No.267-2013; FALLA: Declarando SIN LUGAR la garantía de inconstitucionalidad en sus seis motivos, interpuesta por vía de acción y por razón fondo por el abogado NELSON EDGARDO CÁLIX MOLINA quien actúa en su propio nombre y en su condición de apoderado legal de los señores MARTHA MARINA MARTÍNEZ, MARIO RAFAEL GÜITY ZAPATA, NOLVIA BARRIENTOS, NANCY LORENA CÁLIX SIERRA, GILBERTO VIDES, GERARDO ENRIQUE VALERIANO REYES, LUCY ONDINA MARTÍNEZ SOLÓRZANO, OSCAR RENÉ PORTILLO, MARCO ANTONIO NUÑEZ REYES, MARÍA MERCEDES ENAMORADO PÉREZ, SAID ALONSO CÁCERES ESTRADA, JUAN DE DIOS ROSALES MALDONADO, CARLOS ALBERTO LANZA CASTILLO, TOMÁS EFRÉN GÓMEZ ORDÓÑEZ y MARÍA DEL CARMEN DERAS LUNA, contra la LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO, contenida en el Decreto legislativo Nº 247-2011 promulgado por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha veintidós de diciembre del año dos mil once; específicamente los artículos preámbulo y numeral 1 del 48, 78, 79, 80, 121, 122, 124, 132 y 125; este último reformado por el artículo 1 del Decreto legislativo No.267-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha uno de febrero de dos mil catorce. Y MANDA: 1. Que la presente sentencia sea notificada al garantista 2. Que una vez que sea firme este fallo, se archiven las presentes diligencias. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. Sin costas. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0824-2015. .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] ARTÍCULO 26. DESARROLLO PROGRESIVO. “Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena actividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
[2] Artículo 26. “Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”