Sentencia RI-539-15 — Registro 9431
Resumen
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía excepción contra el artículo 92 del Código Procesal Penal, mediante el cual se establece que “corresponderá al Ministerio público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la procuraduría general de la república, para ejercitar la acción penal en materias propias de su competencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la sentencia en que se declara la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; SIC: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema. Reglas que al ser aplicadas nos llevan a la conclusión que no se puede aceptar que la independencia de las acciones administrativas y penales viola los preceptos Constitucionales. Seria razonablemente insostenible porque los argumentos se basan principalmente en apreciaciones muy personales, al ver la situación muy particular de un ciudadano hondureño. De lo contrario implícitamente estaríamos reconociendo entonces, que toda la totalidad del ordenamiento legal vigente es inconstitucional, siendo que las personas podemos tergiversar su contenido, al interpretar sus normas sacándolas de su contexto, desconociendo las instancias jurisdiccionales o administrativas a quienes le correspondería conocer de esos asuntos. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que en el presente caso, se puede colegir que el ARTÍCULO 92 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, contenido en el Decreto Legislativo Nº 9-99-E, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y USURPACION DE FUNCIONES, en perjuicio DEL ESTADO DE HONDURAS, no vulnera ningún Artículo constitucional, puesto procura, como ya se dijo, lo que trata de regular el ejercicio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.”cv
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 76, Numeral 4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 79 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que tomando en cuenta lo anterior el principio general del Derecho non bis in idem se refiere a la prohibición de condenar dos veces por el mismo hecho. Se encuentra consagrado en la Constitución de la República. La infracción a una norma administrativa será objeto de la respectiva sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, cuando ambas sean compatibles. El principio non bis in idem no es aplicable cuando se están frente a ámbitos diferentes de responsabilidad –ya sea administrativo o penal, por ejemplo-, esto como resultado de la declarada independencia del Derecho Administrativo en materia sancionatoria. Al respecto es importante recordar que la responsabilidad del funcionario público puede ser penal, civil y/o disciplinaria, las cuales son excluyentes al estar cada una en ámbitos diferentes de responsabilidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el Abogado ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, quien actúa en su condición personal, contra el Artículo 92 del Código Procesal Penal, emitido por el Congreso Nacional de la República, Decreto Legislativo Número 9-99 E, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 29,176, de fecha 20 de mayo del 2000, Artículo, mediante el cual se establece que “Corresponderá al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la Sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República, para ejercitar la acción penal en materias propias de su competencia. Con tal propósito, realizara todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de formalidad con las disposiciones de su respectiva ley y del presente Código”.- Estima el recurrente que los derechos Constitucionales que se estiman violentados están consignados en los Artículos 89, 90 y 222 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES: 1) Que en fecha cinco (5) de Agosto del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KARLA MARCELA ROQUE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el ciudadano ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, a quien se le supone responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA. 2) Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto se pronuncio: “Visto el escrito que antecede presentado por el Abogado ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, en la causa que se le sigue por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÚBLICA, mediante el cual interpone por vía de Excepción de Inconstitucionalidad por razón de contenido, contra el Artículo 92 del Código Procedimientos Penal, Decreto Legislativo No. 9-99-E, y siendo que hasta esta fecha ha estado en suspenso el conocimiento del Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa contra la resolución de fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, mediante la cual se declara Sin Lugar una Acción por falta de Acción planteada por la Defensa, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, por una recusación interpuesta contra una de las Magistrados Propietarias de esta misma Corte, pero en virtud de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta remítanse las diligencias junto con la pieza separada del escrito de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia por ser ésta competente del conocimiento, y una vez devueltas las mismas resuélvase el recurso de apelación antes señalado.- Se ordena a la Secretaría agregar a los autos fotocopia del escrito de inconstitucionalidad.- Artículo 185 de la Constitución de la República y 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Cúmplase” (Folio 18 de la segunda pieza) 3) Que en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil quince (2015), esta Sala, recibió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por el Abogado ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, quien actúa en su condición personal contra el Artículo 92 del Código Procesal Penal, contenido en el Decreto No.9-99 E, emitido por el Congreso Nacional de la República; en relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y USURPACION DE FUNCIONES, en perjuicio DEL ESTADO DE HONDURAS.- En consecuencia al estar el libramiento de la Comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispone a dar traslado de los antecedentes por seis (6) días hábiles al Fiscal del Despacho para que emitiera su correspondiente dictamen en el asunto de mérito. (Folio 25 del expediente contentivo del recurso).
- Que en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil quince (2015), el Ministerio Público, a través de su Fiscal Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que se DECLARE SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado. (Folios 36 al 41 del expediente contentivo del recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintidós de mayo de dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de este Departamento de Francisco Morazán, el Abogado ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, en su condición personal, en el Recurso de Apelación, con número de Ingreso de esa Honorable Corte de Apelaciones 1864-2015, interpuesto contra la Resolución dictada la Juez de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, con fecha 25 de Febrero de 2015 en el Proceso penal incoado en su contra por suponérsele responsable de los delitos de Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública, promovido por el Ministerio Público y registrado en el Juzgado de Letras de lo Penal bajo el número Expediente: 27640-09, compareció, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad por vía de excepción y en razón de su contenido contra el Artículo 92 del Código Procesal Penal contenido en el Decreto Legislativo Número 9-99-E del 20 de Mayo del 2000, para que se declare su inconstitucionalidad y su derogatoria, por ser violatorio de derechos y garantías contenidas en los Artículos 222, 89, y 90 de la Constitución de la República; solicitándole a esa Corte de Apelaciones que suspenda todos los procedimientos, y que se eleven de inmediato las presentes diligencias a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que ésta, como intérprete último y definitivo de la Constitución, y teniendo la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad, le dé el trámite correspondiente a esta acción y en definitiva declare, por razón de su contenido, la inconstitucionalidad y en consecuencia la derogación del Artículo 92 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Abogado ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, manifiesta como primer motivo de inconstitucionalidad, que el Artículo 92 del Código Procesal Penal otorga facultades el Ministerio Público para ejercer la acción penal pública, sin establecer que en los casos de fondos, bienes y recursos públicos o del Estado, debe agotarse previamente la vía administrativa mediante la función fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas- La norma impugnada literalmente prescribe: “Corresponderá al Ministerio Público, por medio de sus funcionarios y órganos auxiliares, investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública en representación de la sociedad, sin perjuicio de la legitimación de la Procuraduría General de la República, para ejercitar la acción penal en materias propias de su competencia. Con tal propósito, realizará todos los actos que sean necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, de conformidad con las disposiciones de su respectiva ley y del presente Código”. Este Artículo 92 del Código Procesal Penal transcrito desconoce lo establecido en el Artículo 222 de la Constitución de la República, violándolo flagrantemente.- En primer lugar, los fondos involucrados en este requerimiento fiscal presentado en mi contra son fondos públicos y según el Artículo 222 de la Constitución de la República el único ente que tiene atribuciones para investigar el buen manejo de los fondos públicos a posteriori es el Tribunal Superior de Cuentas, veamos: “... El Tribunal Superior de Cuentas tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas…”. (lo mismo establece el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en consonancia con este Artículo constitucional). Esta es una razón más que suficiente para dejar claro, que en el orden constitucional, en referencia al derecho de acción, antes del ejercicio de la acción penal pública, debieron esperarse las conclusiones técnicas-científicas del Tribunal Superior de Cuentas en torno a la investigación regular de estos fondos públicos. En otros, términos, que previamente al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público, y al consecuente accionar del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, debió observarse el agotamiento de la vía administrativa, y en base a estas diligencias, de haber mérito suficiente entablar la acción penal pública, cuestión que no se observó en el caso de mérito violando requisitos básicos de procedimiento, por la aplicación fuera de contexto de una norma secundaria como es el Artículo 92 del Código Procesal Penal, que se debe subordinar al carácter jerárquico de la norma constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que como segundo motivo de inconstitucionalidad es la presunción de inocencia lleva implícito el derecho que tiene la persona sometida a juzgamiento de que se le ocasione el menor perjuicio posible, habida cuenta de que aún no ha sido declarada culpable. En tal sentido, las acciones penales o el iuspuniendi, como potestad de persecución que tienen los Estados, solo debe ejercitarse de acuerdo a las normas Constitucionales, que señalan un momento determinado previo a la presentación de una acción criminal que restrinja derechos. El momento para la presentación de la acción es precisamente después de que el Tribunal Superior de Cuentas realiza la potestad fiscalizadora a posteriori, es decir, después de que el servidor público haya cesado en sus funciones, gozado de la presunción de inocencia y ejercido su derecho de defensa, a priori de cualquier acción penal pública. El derecho penal se ejercitaría solo si se encuentran indicios de enriquecimiento ilícito u otro delito que determina la responsabilidad del investigado, en las actuaciones sujetas a fiscalización, y después de observarse las actividades públicas desplegadas, de tal manera que el proceso administrativo que conlleva la función fiscalizadora del Tribunal Superior de Cuentas es ex antes de cualquier acción de deducción de responsabilidad penal para cumplir con las finalidades del proceso. La acción penal pública debe circunscribirse a las normas procesales que fija la Constitución de la República. Sin embargo, el Artículo 92 de la ley secundaria adjetiva del Código Procesal Penal no establece el momento en que debe radicarse la acción penal pública habida cuenta de que existe la norma imperativa constitucional del Artículo 222 que fija tal momento, precisamente después de los resultados de la acción fiscalizadora de los recursos públicos por parte del Tribunal Superior de Cuentas. El bloque de constitucionalidad aplica utilizando los valores y principios en el texto constitucional para asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material del mismo. La radicación de una acción penal pública sin previa fiscalización del Ente Constitucional, es aún peor que la pena misma y viola la presunción de inocencia, pues estigmatiza y termina operando como una condena pero aplicada solo en base a indicios sin sustentación técnica forense. Se aplica mediante la presentación del requerimiento fiscal y la admisión del mismo por la jurisdicción con las primeras pruebas de la etapa preliminar de la investigación, y no luego de un enjuiciamiento técnico forense a través del proceso de fiscalización a posteriori que es ex antes del ejercicio de cualquier acción penal pública. Esta acción fiscalizadora implica intrínsecamente, ejercitar garantías procesales, constitucionales, y el respeto a los criterios legales de procedibilidad. Es decir, conforme a la imperiosidad constitucional y en contra de las condiciones fallidas de la norma secundaria que se impugna, es necesario que de ahora en adelante, la norma secundaria se adecue a la norma constitucional, y se imponga la necesidad de agotar la investigación en vía administrativa a la categoría de obligaciones constitucionales no discrecionales, en lo que se refiere a los requisitos de procedimiento para llevar el proceso penal por la mejor senda, respetando la presunción de inocencia. CONSIDERANDO SIETE (7): Que se señala que como tercer motivo de inconstitucionalidad ya que el Artículo 92 del Código Procesal Penal entra en colisión con otro Artículo Constitucional: El derecho al debido proceso, consagrado en el Artículo 90 de la Constitución de la República. Antes de promoverse la acción penal pública para cumplir con las formalidades legales se debió agotar la vía administrativa.- Porque cuando se involucra el manejo de fondos públicos, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la atribución constitucional de fiscalizar los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado. Es decir, el requisito legal de procedibilidad a que se ha recurrido en el presente caso, exige que ex ante y previamente al ejercicio de la acción penal pública, debe de existir una fiscalización a posteriori del Tribunal Superior de Cuentas, La fiscalización a posteriori, se refiere a que esta se realiza, después de que las personas que por el principio de representación ostentan la administración del Estado cesen en sus cargos, En este caso, no solo no se esperó a que las personas que ejercían el poder público por voluntad soberana del pueblo cesaran en sus cargos, sino que por la fuerza, fue relegado de su cargo, y como la prisa privaba sobre el cumplimiento de las formalidades legales, se ejercitó de forma directa la acción penal sin esperar los resultados del Tribunal Superior de Cuentas; y así, con una norma procesal difusa se vulnera esta formalidad legal a que se refiere el Artículo 90 constitucional, y que está desarrollada en la Constitución de la República en su Artículo 222, y en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en su Artículo 3, acerca de la exigencia de un examen previo como un requisito ineludible de procedibilidad, ex ante del ejercicio de iuspuniendi. El Artículo 92 del Código Procesal Penal colisiona con los Artículos constitucionales, es un derecho procesal penal que en el ejercicio del derecho de acción carece de una previsión normativa clara para guardar la excepción como un mecanismo que se debe resolver antes del ejercicio de la acción penal pública. El derecho al debido proceso se ve conculcado, ya que de acuerdo al pacto constitucional y convencional, sufre una infravaloración profunda al negarse su ejercicio en una fase previa administrativa que daría las bases técnicas y legales para el ejercicio o no del iuspuniendi. La jurisdicción como lo exige la norma constitucional no cuenta con un informe técnico definitivo del Tribunal Superior de Cuentas sino con el enjuiciamiento de un Ministerio Público, que orientando su acción con el ya trillado derecho secundario reprocha penalmente una conducta sin contar con basamento probatorio técnico de carácter financiero, bancario, presupuestario, y en tal caso, la naturaleza y el rango constitucional del órgano como el Tribunal Superior de Cuentas, está siendo fuertemente cuestionado y usurpado por una jurisdicción que agazapándose en el derecho procesal secundario juzga en base a relatos y descripciones asertivas que no se sustentan en pruebas de carácter técnico que solo un ente como el Tribunal Superior de Cuentas, después de un contradictorio, puede sustentar. CONSIDERANDO OCHO (8): Que según el Abogado Enrique Flores Valeriano: “A nuestro juicio, a pesar de que la constitución como de primera intención pareciera, pretende tres nociones (directo, personal y legitimo). Esta terminología debe reducirse a dos personal o directo y legítimo. La razón no puede ser más evidente: Quien tienen un interés de obrar, no puede menos que reconocérsele que tal interés es directo y personal a la vez, ya que no puede concebirse unas idea sin la otra; es por ello que entendemos que el legislador ha unido varios conceptos, para subrayar la necesidad de que el recurrente, tenga en verdad un interés propio, ya que se ve afectado en forma inmediata. En cuanto a lo legítimo, entendemos por tal, que el interés que asiste al recurrente sea jurídico, y que el derecho que invoca, cualquiera que sea su importancia, ha sido vulnerado actualmente por la norma cuya validez impugna” El interés personal y directo en esta causa de inconstitucionalidad es porque se pone en precario una serie de derechos fundamentales de mi persona en el presente proceso penal, y se pretende violentar mi derecho a la aplicación preferente de la norma constitucional (Art.222), del debido proceso (Art.90) y el Estado constitucional de Inocencia (Art.89). En todos los países de América Latina en sus respectivas leyes constitucionales se entiende al recurso de inconstitucionalidad no como una jurisdicción voluntaria sino una litis que se produce entre el derecho subjetivo del recurrente, y la ley parcial o total, la cual es reprochada de inconstitucional, es decir, que se provoca un pugilato legitimo entre la persona humana, fin supremo de la sociedad en el Artículo 59 de la Constitución de la República, que en este caso particular, está representado por la persona de Enrique Flores Lanza contra una norma secundaria que ha producido el poder legislativo (Art.92 del Código Procesal Penal), y que ha colisionado y está en contra de la Constitución. Este interés es directo y legítimo, porque con la vigencia de este Artículo inconstitucional se están vulnerando los derechos y garantías individuales a Enrique Flores Lanza. El interés es directo es porque con la aplicación de esta ley, se causa una afección administrativa que altera el sistema institucional de leyes de protección de derechos humanos, y se soslaya el principio de mínima intervención del derecho penal como la Ultima Ratio, y el principio de máxima taxatividad legal y punitiva. Interés legítimo.- El tema de la legitimación es de extrema importancia, pues tras él subyace la verdadera protección de los derechos e intereses jurídicos y, más al fondo, la filosofía política y jurídica de un ordenamiento. Esta debidamente acreditada, la Consideración de la legitimación como una condicio iuris de orden público procesal cuyo cumplimiento se exige al titular del derecho Enrique Flores Lanza para vincular, en un proceso concreto donde ejercite este derecho, al órgano competente a dictar una sentencia o resolución, que sea favorable al sujeto legitimado. El contenido de la condición de legitimación está debidamente probado con la alegación de un interés jurídicamente relevante: derecho a que se aplique preferentemente el Artículo 222 de la Constitución, agotándose la fiscalización a priori del Tribunal Superior de Cuentas antes de radicarse la acción Penal Pública, derecho a la presunción de inocencia, derecho al debido proceso.- Todos estos derechos se erigen como razón justificativa de las consecuencias jurídicas que se pretenden. En este caso particular, el interés dimana de situación jurídica originadora de perjuicios y privativa de beneficios. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veinticuatro de agosto dos mil quince, pronunciándose en el sentido que en el marco de la función constitucional de investigar y ejercer la acción penal pública, es que el Tribunal superior de Cuentas, en cumplimiento a lo establecido en lo Artículos 222 de la Constitución; 31 numeral 3 de su Ley Orgánica; 62 de su Reglamento, remite su Informe Especial al Ministerio Público para que inicie el análisis correspondiente e inicie acciones de conformidad a la Ley. Por consiguiente, el Artículo 92 del Código Procesal Penal no se contrapone al Artículo 221 Constitucional, puesto que de su simple lectura no se vislumbra que la función fiscalizadora a posteriori por parte del Tribunal Superior de Cuentas sea un requisito previo para que el Ministerio Público ejerza su acción penal pública, por el contrario, el Reglamento de su Ley Orgánica prevé la facultad del ente Contralor de emitir Informes Especiales y ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, sin necesidad de esperar que termine la fiscalización, para que este proceda a ejercer lo pertinente. Con respecto a la supuesta vulneración del derecho de presunción de inocencia consignado en el Artículo 89 Constitucional, entienden que la Constitución hondureña afirma positivamente la inocencia del acusado en tanto no se prueba convincentemente su culpabilidad por un Juez o Tribunal competente, esta llamada presunción de inocencia, como explica FERRAJOLI, es una exigencia lógica del principio de jurisdiccionalidad, por cuanto es necesaria esta actividad jurisdiccional para obtener la prueba de que un sujeto a cometido un delito, hasta que esa prueba no se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena; de la acusación viniendo obligado el Juez o Tribunal a declarar la inocencia si tal prueba no tiene lugar. Por consiguiente, la inviolabilidad del mismo consiste en que cualquier persona contra la que se formule una acusación, tiene derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por autoridad competente; tratamiento que requiere que todas las autoridades que intervengan en el proceso lo tenga como tal en las diferentes instancias, ni que sea presentado ante terceros como culpable. Con fundamento en lo expuesto el Ministerio Público dictamina porque se declare sin lugar el recurso de inconstitucionalidad planteado, por no vislumbrar vicios de Inconstitucionalidad como lo señala el recurrente. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Congreso Nacional el día 16 de enero de 2002 en Decreto No 268-2002, publicado en la Gaceta del 25 de Enero de 2002, ratificado por la siguiente Legislatura Ordinaria el 25 de Enero de 2002, mediante Decreto No 2-2002, publicado en La Gaceta el 6 de junio de 2002, modifica los Artículos 222, 223, 224, 226, 227 y deroga los Artículos 225, 232 y 370 Constitución de la República, y crea el Tribunal Superior de Cuentas, como el ente rector del sistema de control públicos. Con esa reforma constitucional se derogan los organismos denominados Contraloría General de la República y la Dirección de Probidad Administrativa. Mediante Decreto No. 10-2002-E, de fecha 5 de diciembre de 2002, se deroga el Decreto No. 224-93 del 20 de diciembre de 1993, y la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, (Decreto No. 301 del 30 de diciembre de 1975); y se aprueba la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que fue publicado en “La Gaceta” Diario Oficial de la República de Honduras, el día lunes 20 de enero de 2003, fecha en que formalmente inicia sus funciones el Tribunal Superior de Cuentas. El Pleno del Tribunal en uso de sus facultades aprobó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas que entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, lo que ocurrió el día 26 de noviembre de 2003. Siendo entonces el ente constitucional responsable de velar por la correcta gestión de los recursos del Estado, aplicando controles que garanticen la transparencia que debe prevalecer en la administración pública. CONSIDERANDO TRECE (13): Que por su parte el Ministerio Público es una institución ligada estrechamente al proceso, cuya finalidad fundamental es lograr la aplicación irrestricta y correcta de la ley, cuando del comportamiento de cualquier persona se derive una violación al ordenamiento jurídico. Esta ligada al proceso porque solo en función de éste tiene razón de ser el Ministerio Público. No es concebible, para el caso, que investigue a una persona sin que su propósito sea ejercer la acción penal, porque existen evidencias que lo relacionen con la comisión de un delito. Además, monopoliza la acción penal, para garantizar que solamente después de una investigación profesional, haciendo uso de las técnicas apropiadas que ofrece la ciencia de la investigación criminal y de la medicina forense, es posible imputarle responsabilidad a una persona en la comisión de un delito. Su finalidad es la aplicación de la ley exclusivamente, porque si en el curso del proceso se llega a establecer sin duda alguna que el imputado no es el responsable del delito por el que se le acusa, es su responsabilidad solicitar al juez que así lo declare. Asimismo, que la pena que se aplique a quien resulte efectivamente responsable del delito imputado, sea la que en derecho corresponda, aunque ello signifique que sea menos severa a la que originalmente pretendía se aplicase. En definitiva, que se aplique la ley considerando todas las circunstancias que incidan en el hecho delictuoso para determinar su gravedad y el grado de relación con los imputados. En conclusión, el Ministerio Público existe para evitar la impunidad. Su razón de ser se encuentra en la necesidad de que ningún delito quede sin castigo. No importa quien sea el responsable del mismo, acreditada su participación, debe ser castigado, si ello es lo que procede legalmente. Para ello, debe hacer acopio de todos los recursos que la ciencia moderna ofrece y de las técnicas de investigación profesional. Originalmente, la investigación criminal estaba adscrita al Ministerio Público. Pero cuando este organismo logró probar que en el seno de la policía preventiva, todavía bajo el régimen militar, operaban grupos organizados para robar carros, secuestrar personas, asaltar bancos, asesinar por encargo y participar en actividades de narcotráfico, el Congreso Nacional, alegando que estas acciones daban lugar a un conflicto entre las policías (preventiva y de investigación) que podría degenerar en un conflicto mayor de imprevisibles consecuencias, decidió suprimir del Ministerio Público la función de investigar y se la transfirió a la policía, cuando ésta pasó al régimen civil, antes de que ésta fuese sometida a una depuración. No obstante, en la ley respectiva se reservó la dirección técnico- jurídica de la investigación, al Ministerio Público. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que si bien es cierto; desde sus orígenes el Derecho Administrativo Sancionador formó parte del Derecho Penal, por lo cual no se lograba distinguir un procedimiento administrativo por sí mismo. Sin embargo, gracias al grado de desarrollo alcanzado por el Derecho Administrativo, especialmente a través de la interpretación jurisprudencial, en la actualidad resulta posible hablar de un procedimiento administrativo sancionador, el cual, se rige por principios y preceptos que le son propios. Es fundamental comprender que en cualquier etapa del procedimiento se deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona, de forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real de los hechos investigados. Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas conductas contrarias a las políticas del ente estatal. Un sector de la doctrina define el poder sancionador dado a la Administración como aquel en virtud del cual “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada caso”. El Derecho Administrativo Sancionador es, ante todo, de índole administrativa, siendo lo sancionador una rama la misma, por lo que la aplicación de principios básicos del Derecho Penal debe estar orientado a garantizar derechos fundamentales de la persona, de lo cual debe entenderse que no existe una relación de subordinación del Derecho Administrativo hacia el Derecho Penal, sino que ambos se encuentran en un mismo plano, siendo su única diferencia el grado de desarrollo alcanzado en materia sancionadora por el segundo. El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual hace necesario la conformación de un expediente donde se constaten todas las actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente. Entendiéndose por procedimiento el conjunto de trámites y formalidades que debe observar la Administración Pública cuando desarrolla las actividades a ella encomendadas, todo en relación a la emisión de un acto final. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que tomando en cuenta lo anterior el principio general del Derecho non bis in idem se refiere a la prohibición de condenar dos veces por el mismo hecho. Se encuentra consagrado en la Constitución de la República. La infracción a una norma administrativa será objeto de la respectiva sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, cuando ambas sean compatibles. El principio non bis in idem no es aplicable cuando se están frente a ámbitos diferentes de responsabilidad –ya sea administrativo o penal, por ejemplo-, esto como resultado de la declarada independencia del Derecho Administrativo en materia sancionatoria. Al respecto es importante recordar que la responsabilidad del funcionario público puede ser penal, civil y/o disciplinaria, las cuales son excluyentes al estar cada una en ámbitos diferentes de responsabilidad. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el Artículo 62 Constitucional manda: “Artículo 62. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que el Artículo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.” CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la sentencia en que se declara la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; SIC: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema. Reglas que al ser aplicadas nos llevan a la conclusión que no se puede aceptar que la independencia de las acciones administrativas y penales viola los preceptos Constitucionales. Seria razonablemente insostenible porque los argumentos se basan principalmente en apreciaciones muy personales, al ver la situación muy particular de un ciudadano hondureño. De lo contrario implícitamente estaríamos reconociendo entonces, que toda la totalidad del ordenamiento legal vigente es inconstitucional, siendo que las personas podemos tergiversar su contenido, al interpretar sus normas sacándolas de su contexto, desconociendo las instancias jurisdiccionales o administrativas a quienes le correspondería conocer de esos asuntos. CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que en el presente caso, se puede colegir que el ARTÍCULO 92 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, contenido en el Decreto Legislativo Nº 9-99-E, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y USURPACION DE FUNCIONES, en perjuicio DEL ESTADO DE HONDURAS, no vulnera ningún Artículo constitucional, puesto procura, como ya se dijo, lo que trata de regular el ejercicio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 1, 18, 63, 64, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FALLA: Declarar SIN LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Artículo 92 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, contenido en el Decreto Legislativo Nº 9-99-E, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, en relación a la causa instruida contra el señor ENRIQUE ALBERTO FLORES LANZA, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y USURPACION DE FUNCIONES, en perjuicio DEL ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de enero de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad Vía Excepción registrado en este Tribunal con el número 0539-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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