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Sentencia RI-511-15 — Registro 9442

Resumen

En primera instancia se declaró inadmisible la demanda contra la Corte Suprema de Justicia, por falta de jurisdicción. La Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió “abstenerse de dictar el fallo correspondiente en la presente causa en virtud de la existencia de un precepto de procedimiento de carácter inconstitucional contenido en el artículo 3 inciso c) de la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo que impide dictar el mismo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO DIECISIETE (17): De lo anterior, siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de las mismas encontramos que no existe una contradicción con el derecho de la Constitución, en consecuencia encontramos que el contenido promovido contra el artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo DECRETO LEGISLATIVO No. 189-1987, es constitucional al no existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, por lo cual resulta la aplicabilidad de los artículos del Decreto en mención.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del dos mil dieciséis.

VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto de Oficio, por los Abogados CARLOS EDUARDO CASTELAR LOPEZ, VIANEY CRUZ RECARTE y ROXANA NINOSKA CALIX ZUNIGA, quienes actúan en su condición de MAGISTRADOS de la Corte Primera de Apelaciones Seccional de la Ceiba, Atlántida, contra el artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación a un recurso de apelación interpuesto en la demanda ordinaria promovida por la señora MARIA SUYAPA GONZALES ROMERO, contra la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada MARIA SUYAPA GONZALES ROMERO, en su condición PERSONAL, interponiendo demanda ordinaria de primera instancia para el reintegro al trabajo en las mismas condiciones en que se encontraba, para el pago de salarios caídos y costas del juicio, siendo en fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil quince (2015), que el Juzgado antes referido resolvió (sic): PRIMERO: Que se declara INADMISIBLE la Demanda Ordinaria Laboral para el REINTEGRO al puesto de trabajo en las mismas condiciones, pago de salarios caídos y costas del juicio, promovida por la Abogada MARIA SUYAPA GONZALES ROMERO, contra LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a través del Abogado JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, en su condición de Representante Legal y Presidente de dicha institución, por falta de Jurisdicción de este Juzgado para conocer de la presente causa.- SEGUNDO: Tiénese por conferido el poder en la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, con número de colegiación 02682, tal como lo dispone el artículo 81 numeral 1) norma supletoria aplicable del Código Procesal Civil y en ese sentido se tiene como representante procesal de la parte demandante.- TERCERO: Notifíquese esta resolución a la Abogada CRISTINA ISABEL MORALES, tal como lo dispone el artículo 719 numeral 1), inciso a) del Código de Trabajo”. (Folio 6 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil quince (2015), la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, resolvió (sic): PRIMERO: “Abstenerse de dictar el fallo correspondiente en la presente causa en virtud de la existencia de un precepto de procedimiento de carácter inconstitucional contenido en el artículo 3 inciso c) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que impide dictar el mismo.- SEGUNDO: Remitir a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en aplicación al artículo 77 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la certificación correspondiente y las actuaciones principales para la tramitación del recurso de inconstitucionalidad incoado de oficio por esa Corte Primera de Apelaciones.- TERCERO: Manténgase en suspenso la sentencia que deba proferir este Ad-quem, hasta la resolución sobre la inconstitucionalidad…” (Folio del 11 al 16 de la segunda pieza de sus antecedentes) 3) Que el veintidós (22) de junio de año dos mil quince (2015), la Sala de lo Constitucional admitió el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto de oficio por los Abogados CARLOS EDUARDO CASTELAR LÓPEZ, VIANEY CRUZ RECARTE y ROXANA NINOSKA CÁLIX ZUNIGA, en su condición de Magistrados de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el Artículo 3 inciso c) de la Ley de jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contenida en el Decreto No. 189-87, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, el cual según los recurrentes, violenta disposiciones contenidas en la Constitución de la República. En consecuencia, al dirigirse el mismo contra el citado artículo, se omite el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se ordena conceder traslado de los autos al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles, para que emita su correspondiente opinión en el presente asunto. (Folio 12 de la Pieza de la Sala de lo Constitucional) 4) Que en fecha doce (12) de agosto del año dos mil quince (2015), se tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscal del Despacho para la Defensa de la Constitución, Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto de oficio. CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los requirentes en su condición de Magistrados de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, indican en la resolución emitida en fecha veintiuno (21) de de mayo del dos mil quince (2015), de conformidad al artículo 87 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los órganos jurisdiccionales podrán solicitar de oficio a la Sala Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una ley o de uno de sus preceptos y su derogación cuando conociendo cualquier procedimiento judicial, consideren que la ley o alguno de sus preceptos aplicables al caso es contrario a la Constitución de la República y que dicho precepto depende del fallo que deban dictar, para lo cual se señala con precisión el precepto inconstitucional visible en el artículo 3 inciso c) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que impide dictar el mismo, contenida en el Decreto Legislativo Número 189-87 el cual expresa que la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo conocerá también de: a)…; b)…; c)La ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones; ch)…; d)…”. Para que la Honorable Sala de lo Constitucional si lo tiene bien declare la inaplicabilidad de este precepto en su parte que menciona “ejecución”, manifestando que a su juicio que esta normativa contiene flagrantemente violaciones a normas constitucionales contenidas en los artículos 64 y 82 la Constitución de la República. CONSIDERANDO CINCO (5): Aducen los recurrentes que el artículo 3 literal c) del Decreto 189-87, que contiene la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, vulneró los preceptos Constitucionales contenidos en los artículos siguientes: Artículo 64: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Artículo 82: “El Derecho de Defensa es inviolable”. Los habitantes de lo República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. Honduras es un Estado de Derecho, en donde el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente, y por ende el imperio de la ley suprema sobre las demás leyes, y el respeto al principio de división de poderes, bajo la estructura del sistema democrático que asegure a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, a fin de otorgar a los ciudadanos confianza en el Estado y sus tres poderes y de manera especial en un poder judicial independiente, imparcial y transparente, donde se les respeten las garantías y derechos constitucionales a todos los hondureños y hondureñas por igual. CONSIDERANDO SEIS (6): Que se deriva que del texto de la norma achacada de inconstitucionalidad artículo 3 inciso c), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se lee: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conocerá también de: a)…; b)…; c)La ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones; ch)…; d)…”. Por tal consideración los recurrentes alegan que dicho precepto al mencionar la palabra "La Ejecución" restringe el libre acceso a los Tribunales de los empleados y funcionarios judiciales que pretenden demandar por resoluciones disciplinarias como el despido que dictó el Consejo de la Carrera Judicial, lo cual según su criterio vulneró lo prescrito en los artículos 64 y 82 constitucional. A lo cual, luego de examinar dicha disposición se estima lo siguiente: De la lectura del contenido del artículo 3 inciso c) hoy tachado de inconstitucional, se desprende que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer la ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones; y en el presente caso se observa que de acuerdo a la Ley de la Carrera Judicial aplicable en aquel entonces, el Consejo de la Carrera Judicial era la instancia última para impugnar una sanción disciplinaria de despido tal como se señala en los artículos siguientes de la LEY DE LA CARRERA JUDICIAL DECRETO 95-80, en su artículo 65 establece lo siguiente: “La sanción de despido no podrá aplicarse sino mediante información sumaria y audiencia del interesado, realizando las investigaciones pertinentes y evacuando las pruebas que corresponden. El despido quedará firme una vez agotados y fallados los recursos interpuestos por el inculpado”. En adición el artículo 66 del mismo cuerpo legal expresa: “Todo despido de un servidor del Poder Judicial que se haga por alguna de las causales establecidas en el artículo 64 de la presente ley se entenderá justificada y sin responsabilidad alguna para el Poder Judicial; cuando agotado el procedimiento de defensa de parte del servidor afectado recaiga resolución firme declarando la procedencia del despedido. Relacionamos el presente recurso de inconstitucionalidad con el artículo 67 de la ley en referencia la que versa: “El servidor judicial afectado por una medida disciplinaria o por un despido, podrá en el término improrrogable de 10 días hábiles o contar de la fecha de la notificación de lo medida disciplinaria o del despido, en su caso, ocurrir ante el Consejo de la Carrera Judicial. Si no lo hiciere en el plazo indicado quedará firme la sanción impuesta, salvo que compruebe no haber sido notificado debidamente o haber estado impedido por justa causa para presentar el reclamo. Si el interesado se hubiere personado dentro del plazo legal, el Consejo dictará resolución señalando audiencia de trámite para que el recurrente y la Dirección concurran a presentar pruebas, las cuales deberán ser evacuadas dentro de los quince días posteriores a la fecha en que fueron ofrecidas. Evacuadas las pruebas el Consejo dictará resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes. Asimismo se ilustra el artículo 68 del mismo texto Decreto 953-80: “Las sanciones del Consejo de la Carrera Judicial que sean consecuencia de un reclamo contra un despido, podrán consistir en la confirmación del despido o en el reintegro al servicio del funcionario o empleado judicial afectado, ya sea a su mismo cargo, o a otro de igual categoría, con derecho o percibir los sueldos devengados desde el retiro del puesto. El fallo del consejo podrá contener además, cuando procediere, de conformidad con los hechos probados una sanción disciplinaria de los que señala el Artículo 56 de esta Ley. CONSIDERANDO SIETE (7): Que del contenido de los artículos enunciados en consonancia con el artículo 3 inciso c) hoy tachado de inconstitucional, se desprende que la Jurisdicción

de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer la ejecución de los resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones; y en el presente caso se observa que de acuerdo a la Ley de la Carrera Judicial aplicable en aquel entonces era la última instancia para impugnar una sanción disciplinaria de despido por tener sus resoluciones el carácter de firmes, una vez agotados y fallados los recursos interpuestos por el inculpado, no teniendo en este caso la parte que se considera afectada la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que la Ley vigente en aquel entonces es decir la Ley de la Carrera Judicial contenido en el decreto numero 953-80 no le atribuía competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (excepto en el caso de ejecución de las resoluciones en aplicación de esa ley), por lo que tampoco le es aplicable el contenido del artículo 3 literal d) de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: “Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de:… d) Las cuestiones que una ley le atribuya especialmente”.

CONSIDERANDO OCHO(8): Por tal razón, como se ha señalado la Ley de la Carrera Judicial vigente en aquel entonces, cuando la funcionaria judicial se le impuso la sanción de despido, era recurrible tal sanción ante el Consejo de la Carrera Judicial teniendo el carácter de firmes las resoluciones que tal organismo dictara. Por lo que el conflicto de competencia suscitado en el presente caso no puede suponer disminución de las garantías y derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen a las partes, puesto que como se señaló la sanción impuesta era impugnable ante el Consejo de la Carrera Judicial. Para lo que la Ley de la Carrera Judicial, aplicable señala taxativamente el procedimiento legal acoplable en el caso de imposición de sanciones disciplinarias a los empleados y funcionarios del Poder Judicial, así como también mención específica de los requisitos, etapas, términos del procedimiento disciplinario, los derechos del servidor y los recursos que disponía dicho servidor; garantizándose con ello la efectividad de los principios derechos y garantías que enumera la Constitución de lo República. Por lo que no se refleja una vulneración de las disposiciones constitucionales previstas en los artículos 64 y 82 constitucionales; ya que al contrastar el contenido del artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con las normas de la Constitución de la República que refieren a las declaraciones derechos y garantías que enumera la Constitución y a la inviolabilidad del Derecho de Defensa, por consiguiente no se observa vulneración a dichos principios constitucionales invocados por los impetrantes, en consecuencia encontramos que el artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es constitucional al no existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, por lo tanto dicho artículo de la referida ley es procedente aplicarlo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el Artículo 63 de la Constitución establece: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "Que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; (sic): “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema”. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): De lo anterior, siendo que la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la determinación del respeto a las garantías constitucionales de las normas sometidas al examen, al realizar el estudio de las mismas encontramos que no existe una contradicción con el derecho de la Constitución, en consecuencia encontramos que el contenido promovido contra el artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo DECRETO LEGISLATIVO No. 189-1987, es constitucional al no existir un conflicto entre la norma primaria y la norma secundaria, por lo cual resulta la aplicabilidad de los artículos del Decreto en mención. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 64, 82, 185 numeral 3), 205 numeral 1, 303, 304, 313 numeral 5), 316 numeral 1), 321, de la Constitución de la República; 56, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 95-801; 1, 2, 3 numeral 3), 4, 5, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: Declarar NO HA LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad por razón de forma y contenido, promovido contra el artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo DECRETO LEGISLATIVO No. 189-87, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 25,416 en fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Y MANDA: Que se ponga en conocimiento de las partes el presente fallo. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el numero 0511-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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